Victor Hugo Luna Guerrero

Expediente 535/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
535/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Victor Hugo Luna Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2 del referido manual, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito del quejoso *******, mediante el cual cumple con la prevención realizada en proveído de tres de abril de los dos mil veintitrés y señala como acto reclamado la resolución del trece de febrero de dos mil veintitrés, emitida por al responsable en los autos del procedimiento de oficio PO39/2019, así como el registro de dicha resolución en su expediente personal. Resolución, de la cual el promovente de amparo manifestó haberse hecho sabedor el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. II. Fijación de la litis. Primeramente, debe establecerse qué es lo reclamado en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, de los que se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: ll. La resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés, por la que se sancionó al peticionario de amparo con la suspensión del cargo por seis meses como Juez del Poder Judicial del Estado de Durango. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento por extemporaneidad. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que por lo que respecta al acto recamado consistente en resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro de los autos del Procedimiento de Oficio PO39/2019 del índice de la responsable, es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Bajo ese contexto, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la ley de la materia, en atención a las siguientes consideraciones. Dichos numerales establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" De los numerales transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que el legislador estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo de dicho lapso para la promoción del juicio de garantías, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que la intención fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de los establecidos en el artículo 17 de la ley en consulta. Sobre el tema en análisis, resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Sirve de contexto a lo anterior el hecho de que la resolución reclamada por el quejoso, fue dictada por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del juicio 1519/2021, del índice administrativo de este Juzgado. Resolución que le fue notificada en dicho juicio mediante aviso del diecisiete de febrero del año en curso, la cual acompañó en original al ocurso que se provee. Por ende, es esta data (diecisiete de febrero de dos mil diecisiete), la que debe valorarse a efecto de computar el plazo que prevé el artículo 17 de la ley de la Ley de Amparo, para establecer la temporalidad del juicio de amparo, máxime que el propio quejoso manifestó dicha fecha como ser la misma en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Por lo anterior, el término de quince días para la interposición del juicio de amparo, le transcurrió del veintiuno de febrero al trece de marzo de dos mil veintitrés, descontando los días veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, así como el cuatro, cinco, once y doce de marzo del mismo año, por ser sábados y domingos; por ende, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley en cita y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que dentro de ese lapso promoviera su demanda de amparo y, al ser el quejoso parte en el procedimiento del que emana el acto reclamado, no puede considerársele como tercero extraño a dichos procedimiento. En consecuencia, si el citado quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés y la demanda de amparo fue presentada hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se advierte que entre ambas fechas transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 17 del ordenamiento legal aplicable para promover la demanda y, por ende, la consintió tácitamente. Cabe precisar que no se actualiza alguna hipótesis de excepción de las previstas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la ley de la materia, en razón de que el acto reclamado no versa sobre la inconstitucionalidad de una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición. Tampoco se trata de una sentencia definitiva condenatoria en materia penal que le hubiese impuesto pena de prisión, ni de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Inclusive, el acto en análisis no es de aquellos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Es aplicable al caso la jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. Es de hacer notar, que incluso en el supuesto de tomar como fecha de referencia para el cómputo de los quince días para la presentación del juicio de amparo el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, data en la que se publicó por lista la notificación realizada al quejoso por aviso del diecisiete de febrero del año en cita, por medio del cual se le notificó la resolución que ahora combate (trece de febrero de dos mil veintitrés); resolución emitida por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 1519/2021; de igual forma su presentación sería extemporánea. VIII. Devolución de documentos. Finalmente y como lo solicita, devuélvansele los documentos que señala, mismos que fueran acompañados en el escrito aclaratorio de cuenta, previa toma de recibo que se deje asentada en autos para constancia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA. ACUERDO DE 19/04/2023. Téngase por recibido el escrito del quejoso *******, mediante el cual cumple con la prevención realizada en proveído de tres de abril de los dos mil veintitrés y señala como acto reclamado la resolución del trece de febrero de dos mil veintitrés, emitida por al responsable en los autos del procedimiento de oficio PO39/2019, así como el registro de dicha resolución en su expediente personal. Resolución, de la cual el promovente de amparo manifestó haberse hecho sabedor el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. II. Fijación de la litis. Primeramente, debe establecerse qué es lo reclamado en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, de los que se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: ll. La resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés, por la que se sancionó al peticionario de amparo con la suspensión del cargo por seis meses como Juez del Poder Judicial del Estado de Durango. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento por extemporaneidad. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que por lo que respecta al acto recamado consistente en resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro de los autos del Procedimiento de Oficio PO39/2019 del índice de la responsable, es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Bajo ese contexto, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la ley de la materia, en atención a las siguientes consideraciones. Dichos numerales establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" De los numerales transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que el legislador estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo de dicho lapso para la promoción del juicio de garantías, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que la intención fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de los establecidos en el artículo 17 de la ley en consulta. Sobre el tema en análisis, resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Sirve de contexto a lo anterior el hecho de que la resolución reclamada por el quejoso, fue dictada por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del juicio 1519/2021, del índice administrativo de este Juzgado. Resolución que le fue notificada en dicho juicio mediante aviso del diecisiete de febrero del año en curso, la cual acompañó en original al ocurso que se provee. Por ende, es esta data (diecisiete de febrero de dos mil diecisiete), la que debe valorarse a efecto de computar el plazo que prevé el artículo 17 de la ley de la Ley de Amparo, para establecer la temporalidad del juicio de amparo, máxime que el propio quejoso manifestó dicha fecha como ser la misma en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Por lo anterior, el término de quince días para la interposición del juicio de amparo, le transcurrió del veintiuno de febrero al trece de marzo de dos mil veintitrés, descontando los días veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, así como el cuatro, cinco, once y doce de marzo del mismo año, por ser sábados y domingos; por ende, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley en cita y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que dentro de ese lapso promoviera su demanda de amparo y, al ser el quejoso parte en el procedimiento del que emana el acto reclamado, no puede considerársele como tercero extraño a dichos procedimiento. En consecuencia, si el citado quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés y la demanda de amparo fue presentada hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se advierte que entre ambas fechas transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 17 del ordenamiento legal aplicable para promover la demanda y, por ende, la consintió tácitamente. Cabe precisar que no se actualiza alguna hipótesis de excepción de las previstas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la ley de la materia, en razón de que el acto reclamado no versa sobre la inconstitucionalidad de una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición. Tampoco se trata de una sentencia definitiva condenatoria en materia penal que le hubiese impuesto pena de prisión, ni de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Inclusive, el acto en análisis no es de aquellos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Es aplicable al caso la jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. Es de hacer notar, que incluso en el supuesto de tomar como fecha de referencia para el cómputo de los quince días para la presentación del juicio de amparo el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, data en la que se publicó por lista la notificación realizada al quejoso por aviso del diecisiete de febrero del año en cita, por medio del cual se le notificó la resolución que ahora combate (trece de febrero de dos mil veintitrés); resolución emitida por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 1519/2021; de igual forma su presentación sería extemporánea. VIII. Devolución de documentos. Finalmente y como lo solicita, devuélvansele los documentos que señala, mismos que fueran acompañados en el escrito aclaratorio de cuenta, previa toma de recibo que se deje asentada en autos para constancia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    I. Quejosa designa perito. Téngase por recibido el escrito signado por *******, apoderado legal de la quejosa Construcciones El Alto, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de dos de marzo del año en curso y, al respecto, propone como perito de su parte a ********************, a fin de que funja como tal en relación con la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía ofrecidas dentro del incidente de falsedad de documento. II. Requiérase a perito para que acepte cargo. En esas condiciones, requiérase al citado profesionista por conducto del actuario judicial adscrito, en el domicilio ubicado en calle *******, número *******Sur, *******, en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, comparezca a este juzgado de Distrito a manifestar si acepta y protesta el cargo conferido. III. Apercibimiento. Se le apercibe que de no hacerlo así, o bien, de no expresar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción. Notifíquese y personalmente al perito

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