Victor Hugo Gómez Fernández
Expediente 1572/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1572/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Victor Hugo Gómez Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
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CITATORIO: PARTE TERCERA INTERESADA. SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. AVISO: PARTE QUEJOSA. SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. S E R E S U E L V E : Se sobresee en el presente el juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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S E R E S U E L V E : Se sobresee en el presente el juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en auto que antecede e informa lo solicitado. Notifíquese.
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Visto el estado que guardan los presentes autos, se hace constar que de la demanda de amparo se obtiene que se señaló como autoridad ejecutora a la empresa ***, a quien se le reclamó la retención del monto de la pensión fijada por el Juez responsable; al respecto, si bien al admitir la demanda a trámite se omitió proveer respecto de tal señalamiento, esa ausencia de pronunciamiento no incide en la correcta integración del presente asunto, puesto que a la misma no le asiste el carácter de autoridad responsable, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de la Materia, por lo que se regulariza el procedimiento y se determina que a tal empresa solamente le asiste el carácter de particular. Al respecto, se cita la tesis de rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD CIVIL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO APLICA UN DESCUENTO A UNO DE SUS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL. Una sociedad civil, como particular, no reúne las condiciones extraordinarias y específicas que establece el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para considerarla autoridad responsable. Ello, en virtud de que dicho artículo contempla el supuesto en el que se considere a un particular como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pero sólo cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, es decir, mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas -o fácticas- en forma unilateral y obligatoria; siempre que las funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general. Así, para que un particular sea considerado como autoridad, se requiere que: 1) El acto que se le atribuye sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Con su actuar afecte derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3) Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En consecuencia, cuando a una sociedad civil se le reclama la retención de un porcentaje de las percepciones de uno de sus empleados en cumplimiento a una resolución judicial emitida para ejecutar el descuento que se ordenó aplicar al deudor alimentario por concepto de pensión alimenticia, no se trata de un acto de autoridad para fines del juicio de amparo, pues esa sociedad civil no goza de facultades para unilateralmente aplicar o no, en los términos que se le ordenó, el descuento o retención. Además, tampoco es quien haya dictado, ordenado o ejecutado en forma unilateral el acto reclamado, pues no goza de imperio alguno para fijar una pensión alimenticia, ni para dejar de acatar o modificar unilateralmente la instrucción judicial recibida. Asimismo, la sociedad civil con su conducta no es quien afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, pues únicamente cumple la orden recibida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones, sin que tenga injerencia en los términos en que se emitió dicha instrucción por parte del Juez de origen y, en su caso, se hará acreedora a la consecuencia legal que corresponda en caso de incumplimiento. De ahí que una sociedad civil no tenga el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando aplica un descuento a uno de sus empleados por concepto de pensión alimenticia en cumplimiento de una resolución judicial". Por otra parte, requiérase al Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días computado legalmente, informe a este juzgado si ya dictó resolución en el incidente de ejecución de sentencia y, de ser así, remita copia certificada de dicha resolución, apercibido que de no hacerlo en el término otorgado, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), lo anterior con fundamento en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para la presente fecha y en su lugar, se señalan las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del nueve de junio de dos mil veintidós. Notifíquese.
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