Victor Hugo Luna Guerrero

Expediente 1519/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 36 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1519/2021
Año
2021
Actuaciones
36
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Victor Hugo Luna Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que con fecha ocho de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y, se ordenó su archivo, sin que se remitieran las copias certificadas enviadas a este órgano jurisdiccional como parte del informe con justificación de la autoridad responsable. En atención a lo anterior, resulta innecesario que obren las referidas copias certificadas constantes de tres tomos de pruebas que el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango, remitió como complemento a su informe con justificación; por tanto, devuélvanse a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el quejoso ******, en el que solicita copia certificada de diversos documentos que acompañó en su escrito inicial de demanda. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, expídasele, a su costa, la copia certificada de las constancias que indica. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el treinta de junio de dos mil veintidós, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "Del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango: La resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el procedimiento de oficio ********************, donde se impuso como sanción suspensión de seis meses, en el cargo de juez del Poder Judicial del Estado de Durango. Al Departamento de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango: El registro en el expediente personal del quejoso de la resolución emitida el veintidós de octubre de dos mil veintiuno." En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "Deje sin efectos la resolución de veintiuno de octubre dos mil veintiuno, emitida en el de oficio ********************, en la que se impuso al impetrante del amparo suspensión por seis meses, en el cargo de juez del Poder Judicial del Estado, emita una nueva determinación, en la que reitere todo lo que no fue materia de la concesión y de manera y fundada imponga la sanción que estime pertinente acorde a la responsabilidad que le resulto al impetrante del amparo. Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Departamento de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, por no reclamarse por vicios propios." Dicho fallo fue recurrido por la parte quejosa, por lo que en resolución dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión ******************** el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, modificó la sentencia, para los siguientes efectos: "1. Como lo precisó el juzgador de amparo, deje sin efectos la resolución de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el procedimiento administrativo oficioso ********************, en la que se impuso al impetrante del amparo suspensión por seis meses en el cargo de Juez del Poder Judicial del Estado y, en su lugar, emita una nueva en la que reitere todo lo que no fue materia de la concesión del amparo. 2. Luego, con plenitud de jurisdicción, al decretar la sanción a imponer dentro del abanico legal de posibles sanciones contempladas en las fracciones I, II, III o IV, del 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango, imponga la sanción que estime pertinente, acorde a la responsabilidad que le resultó al impetrante del amparo, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria y, en caso de reiterar la sanción de suspensión del cargo, debe acatar los precisados en el fallo de amparo impugnado." A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Ejecutiva del Pleno, Carrera Judicial y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado, adjuntó copia certificada de la resolución dictada el veinticuatro de octubre del año en curso, en el procedimiento de oficio ********************, se dio vista a la parte quejosa con dicha documental. Posteriormente, en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se determinó que no se encontraba cumplido el fallo protector, por lo que se ordenó a las autoridades responsables que emitieran una nueva determinación en la que acatara la sentencia de amparo. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio de trece de febrero de dos mil veintitrés, signado por la Secretaría Ejecutiva del Pleno, Carrera Judicial y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado, adjuntó copia certificada de la resolución esa misma fecha dictada en el procedimiento de oficio ********************; documentales con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con dichas documentales, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento emitido por las autoridades responsables. Al respecto, el impetrante adujo los siguientes argumentos: a). Que la nueva resolución es reiterativa en las omisiones, que únicamente se ordenó de mejor manera los diferentes párrafos que la contienen. b). Que la concesión del amparo fue para que se realizara la adecuación correspondiente, entre la conducta, la norma trasgredida, que la autoridad responsable cita el artículo que prevé las distintas sanciones, luego impone la punición, sin embargo, no tomó en cuenta lo que le beneficia, sino sólo lo que le perjudica. c). Que tampoco realizó un juicio de ponderación del porqué no se le imponía alguna sanción de las previstas en las fracciones I, II, o III del artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Estado de Durango. d) Igualmente, que no realizó juicio del porque no se imponía como sanción un mes, dos o tres, sino que le impuso seis meses, no obstante que la fracción IV de dicho dispositivo contempla hasta seis. En principio, conviene señalar que si bien es cierto de la lectura integral a la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, se advierte que existe una diversa redacción en relación con la primigenia determinación con la que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, empero, como se explicara más adelante no se estima que sea reiterativa de las deficiencias que fueron destacadas por este Juzgado de Distrito en el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós. Por otra parte no le asiste la razón al impetrante del amparo cuando señala que la responsable no tomó en cuenta lo que le beneficia al momento de imponer la sanción en el procedimiento oficioso, se afirma lo anterior, porque al momento de valorar las particularidades del infractor estableció: "I. Respecto a los daños y perjuicios", la responsable señaló que de autos no se advertía que las conductas desplegadas por el aquí quejoso, hubieran generado consecuencias cuantificables en el patrimonio de las partes, "V. Respecto a la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones", se estableció que en los archivos del Consejo de la Judicatura, ni en la visitaduría, durante un periodo anterior a tres años, se tenía antecedente que ********************, fuera reincidente, por haber sido sancionado con anterioridad; "VI Respecto al beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable", que no existía indicio de que el funcionario público hubiera obtenido algún beneficio económico derivado de las infracciones que se habían acreditado. Como se puede advertir, sí existe un pronunciamiento de la autoridad responsable sobre las circunstancias que le benefician, como son que no generó consecuencias patrimoniales con su actuar, que no era reincidente y no obtuvo beneficio económico con la conducta desplegada. En otro orden de ideas, resulta desacertado el argumento que señala que no se realizó un juicio de ponderación de por qué no se le imponía una sanción diversa (suspensión del cargo), como pudiera ser las que prevén las fracciones I, II o III, del artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Estado. Al respecto, se tiene que en la resolución que aquí se analiza, se obtiene la responsable sí realizó un ejercicio de punición pues citó el numeral 80 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa que señala: "Articulo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 78 de esta Ley se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes: I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; II.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; III.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y VI.- El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable." De igual forma, analizó cada uno de esos puntos para determinar cuál era la sanción aplicable al caso sometido a su consideración, concluyendo que era una suspensión en el cargo por seis meses sin goce de sueldo; de ahí que no le asista la razón al impetrante en ese aspecto. Finalmente, se considera que sí se realizó un ejercicio ponderación para imponer la suspensión por el plazo de seis meses, no obstante que el numeral 155, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, prevé que podrá ser hasta ese lapso de tiempo o bien pudiera ser menor. Es decir, de la resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés se advierte que la autoridad responsable determinó que no era procedente imponer una sanción menor a seis meses, porque el servidor público incurrió en infracciones previstas en el artículo 143, fracciones III, IV y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango, las cuales se catalogaban como graves por el diverso 145 de esa legislación. Además, señaló que su conducta impactó en los derechos de los niños involucrados en el procedimiento de origen; y finalmente, que con una suspensión menor, no se lograría que se suprimieran las prácticas que infringen disposiciones legales. Con base en la argumentación desplegada por la autoridad responsable, se considera que colmó los efectos de la sentencia amparatoria porque al imponerle la sanción que estimó pertinente, de entre las posibles contempladas en el artículo 155, fracciones I, II, III o IV de la Ley de Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango, justificó porqué aplicó la suspensión del quejoso, y también motivó por qué esa suspensión debería ser de seis meses y no menor, para lo cual el Tribunal Colegiado revisor le dejó libertad de jurisdicción, de modo que no puede ser materia de análisis en este asunto si los motivos desplegados para tal efecto se apegan a la constitución, ya que en todo caso, ello sería materia de diverso juicio constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2009651 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 55/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , página 406 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE FUNDADO CUANDO SE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE AMPARO SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA ACATADO LOS LINEAMIENTOS Y LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN EL FALLO PROTECTOR. Conforme a la regulación del recurso de inconformidad en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, si se concede el amparo para determinados efectos, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales colegiados de circuito deben analizar exhaustiva y oficiosamente la sentencia dictada en cumplimiento a dicho fallo, pues si de los autos se advierte que los tribunales colegiados de circuito o los juzgados de distrito dieron por cumplida una ejecutoria de amparo y la autoridad responsable no la acató en sus términos, resulta evidente que el fallo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad interpuesto debe declararse fundado. Lo anterior es así, aun cuando el tribunal de amparo haya otorgado libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, ya que ésta no debe obviar los lineamientos y las consideraciones señalados en la ejecutoria, en tanto que éstos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la decisión de la potestad jurisdiccional federal". En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido de los oficios como de sus anexos que las autoridades responsables remitieron con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA. ACUERDO 08/03/2023. Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el treinta de junio de dos mil veintidós, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "Del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango: La resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el procedimiento de oficio ********************, donde se impuso como sanción suspensión de seis meses, en el cargo de juez del Poder Judicial del Estado de Durango. Al Departamento de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango: El registro en el expediente personal del quejoso de la resolución emitida el veintidós de octubre de dos mil veintiuno." En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "Deje sin efectos la resolución de veintiuno de octubre dos mil veintiuno, emitida en el de oficio ********************, en la que se impuso al impetrante del amparo suspensión por seis meses, en el cargo de juez del Poder Judicial del Estado, emita una nueva determinación, en la que reitere todo lo que no fue materia de la concesión y de manera y fundada imponga la sanción que estime pertinente acorde a la responsabilidad que le resulto al impetrante del amparo. Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Departamento de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, por no reclamarse por vicios propios." Dicho fallo fue recurrido por la parte quejosa, por lo que en resolución dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión ******************** el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, modificó la sentencia, para los siguientes efectos: "1. Como lo precisó el juzgador de amparo, deje sin efectos la resolución de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el procedimiento administrativo oficioso ********************, en la que se impuso al impetrante del amparo suspensión por seis meses en el cargo de Juez del Poder Judicial del Estado y, en su lugar, emita una nueva en la que reitere todo lo que no fue materia de la concesión del amparo. 2. Luego, con plenitud de jurisdicción, al decretar la sanción a imponer dentro del abanico legal de posibles sanciones contempladas en las fracciones I, II, III o IV, del 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango, imponga la sanción que estime pertinente, acorde a la responsabilidad que le resultó al impetrante del amparo, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria y, en caso de reiterar la sanción de suspensión del cargo, debe acatar los precisados en el fallo de amparo impugnado." A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Ejecutiva del Pleno, Carrera Judicial y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado, adjuntó copia certificada de la resolución dictada el veinticuatro de octubre del año en curso, en el procedimiento de oficio ********************, se dio vista a la parte quejosa con dicha documental. Posteriormente, en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se determinó que no se encontraba cumplido el fallo protector, por lo que se ordenó a las autoridades responsables que emitieran una nueva determinación en la que acatara la sentencia de amparo. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio de trece de febrero de dos mil veintitrés, signado por la Secretaría Ejecutiva del Pleno, Carrera Judicial y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado, adjuntó copia certificada de la resolución esa misma fecha dictada en el procedimiento de oficio ********************; documentales con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con dichas documentales, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento emitido por las autoridades responsables. Al respecto, el impetrante adujo los siguientes argumentos: a). Que la nueva resolución es reiterativa en las omisiones, que únicamente se ordenó de mejor manera los diferentes párrafos que la contienen. b). Que la concesión del amparo fue para que se realizara la adecuación correspondiente, entre la conducta, la norma trasgredida, que la autoridad responsable cita el artículo que prevé las distintas sanciones, luego impone la punición, sin embargo, no tomó en cuenta lo que le beneficia, sino sólo lo que le perjudica. c). Que tampoco realizó un juicio de ponderación del porqué no se le imponía alguna sanción de las previstas en las fracciones I, II, o III del artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Estado de Durango. d) Igualmente, que no realizó juicio del porque no se imponía como sanción un mes, dos o tres, sino que le impuso seis meses, no obstante que la fracción IV de dicho dispositivo contempla hasta seis. En principio, conviene señalar que si bien es cierto de la lectura integral a la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, se advierte que existe una diversa redacción en relación con la primigenia determinación con la que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, empero, como se explicara más adelante no se estima que sea reiterativa de las deficiencias que fueron destacadas por este Juzgado de Distrito en el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós. Por otra parte no le asiste la razón al impetrante del amparo cuando señala que la responsable no tomó en cuenta lo que le beneficia al momento de imponer la sanción en el procedimiento oficioso, se afirma lo anterior, porque al momento de valorar las particularidades del infractor estableció: "I. Respecto a los daños y perjuicios", la responsable señaló que de autos no se advertía que las conductas desplegadas por el aquí quejoso, hubieran generado consecuencias cuantificables en el patrimonio de las partes, "V. Respecto a la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones", se estableció que en los archivos del Consejo de la Judicatura, ni en la visitaduría, durante un periodo anterior a tres años, se tenía antecedente que ********************, fuera reincidente, por haber sido sancionado con anterioridad; "VI Respecto al beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable", que no existía indicio de que el funcionario público hubiera obtenido algún beneficio económico derivado de las infracciones que se habían acreditado. Como se puede advertir, sí existe un pronunciamiento de la autoridad responsable sobre las circunstancias que le benefician, como son que no generó consecuencias patrimoniales con su actuar, que no era reincidente y no obtuvo beneficio económico con la conducta desplegada. En otro orden de ideas, resulta desacertado el argumento que señala que no se realizó un juicio de ponderación de por qué no se le imponía una sanción diversa (suspensión del cargo), como pudiera ser las que prevén las fracciones I, II o III, del artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Estado. Al respecto, se tiene que en la resolución que aquí se analiza, se obtiene la responsable sí realizó un ejercicio de punición pues citó el numeral 80 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa que señala: "Articulo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 78 de esta Ley se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes: I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; II.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; III.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y VI.- El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable." De igual forma, analizó cada uno de esos puntos para determinar cuál era la sanción aplicable al caso sometido a su consideración, concluyendo que era una suspensión en el cargo por seis meses sin goce de sueldo; de ahí que no le asista la razón al impetrante en ese aspecto. Finalmente, se considera que sí se realizó un ejercicio ponderación para imponer la suspensión por el plazo de seis meses, no obstante que el numeral 155, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, prevé que podrá ser hasta ese lapso de tiempo o bien pudiera ser menor. Es decir, de la resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés se advierte que la autoridad responsable determinó que no era procedente imponer una sanción menor a seis meses, porque el servidor público incurrió en infracciones previstas en el artículo 143, fracciones III, IV y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango, las cuales se catalogaban como graves por el diverso 145 de esa legislación. Además, señaló que su conducta impactó en los derechos de los niños involucrados en el procedimiento de origen; y finalmente, que con una suspensión menor, no se lograría que se suprimieran las prácticas que infringen disposiciones legales. Con base en la argumentación desplegada por la autoridad responsable, se considera que colmó los efectos de la sentencia amparatoria porque al imponerle la sanción que estimó pertinente, de entre las posibles contempladas en el artículo 155, fracciones I, II, III o IV de la Ley de Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango, justificó porqué aplicó la suspensión del quejoso, y también motivó por qué esa suspensión debería ser de seis meses y no menor, para lo cual el Tribunal Colegiado revisor le dejó libertad de jurisdicción, de modo que no puede ser materia de análisis en este asunto si los motivos desplegados para tal efecto se apegan a la constitución, ya que en todo caso, ello sería materia de diverso juicio constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2009651 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 55/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , página 406 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE FUNDADO CUANDO SE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE AMPARO SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA ACATADO LOS LINEAMIENTOS Y LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN EL FALLO PROTECTOR. Conforme a la regulación del recurso de inconformidad en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, si se concede el amparo para determinados efectos, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales colegiados de circuito deben analizar exhaustiva y oficiosamente la sentencia dictada en cumplimiento a dicho fallo, pues si de los autos se advierte que los tribunales colegiados de circuito o los juzgados de distrito dieron por cumplida una ejecutoria de amparo y la autoridad responsable no la acató en sus términos, resulta evidente que el fallo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad interpuesto debe declararse fundado. Lo anterior es así, aun cuando el tribunal de amparo haya otorgado libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, ya que ésta no debe obviar los lineamientos y las consideraciones señalados en la ejecutoria, en tanto que éstos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la decisión de la potestad jurisdiccional federal". En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido de los oficios como de sus anexos que las autoridades responsables remitieron con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano