Víctor Hugo García Castro

Expediente 83/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
83/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Víctor Hugo García Castro
  • Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de los Bravo (Eber Fernández Nava)
  • Víctor Hugo García Castro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de las certificaciones secretariales que anteceden, se aprecia que mediante oficio S-664/2021 de siete de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió la audiencia de revisión de medida cautelar de siete de mayo de dos mil veintiuno, celebrada en la Carpeta Judicial C-10/2019. Luego, mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído de referencia, se notificó personalmente a la parte quejosa y tercero interesada el trece de mayo de dos mil veintiuno, sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Víctor Hugo García Castro, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de doce de abril de dos mil veintiuno, emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de revisión de la prisión preventiva oficiosa emitida en la audiencia de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno en la carpeta de investigación C-10/2019. Con libertad de jurisdicción, emitiera otra determinación, en la que, analizara de manera fundada y motivada la revisión de la prisión preventiva oficiosa de Víctor Hugo García Castro, conforme a lo establecido en esta sentencia. Una vez que por auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia amparadora, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, remitió la audiencia de revisión de medida cautelar de siete de mayo de dos mil veintiuno, celebrada en la Carpeta Judicial C-10/2019. III. Verificativo de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que en la audiencia de revisión de medida cautelar de siete de mayo de dos mil veintiuno, celebrada en la Carpeta Judicial C-10/2019 dio razones suficientes para estimar que cumplió con los efectos de la presente ejecutoria. En la sentencia de este juicio, una vez que se analizó lo que se entiende por "plazo razonable", se estableció que el juez responsable había sido omiso en motivar la resolución reclamada por no dar argumentos de lo ocurrido desde el treinta de abril de dos mil veinte hasta el momento de la revisión de la medida cautelar. En síntesis, para acatar la ejecutoria, el juez primario motivó la nueva determinación, en el sentido de que, a partir del treinta de abril en mención solo podrían llevarse a cabo audiencias de carácter urgente, por mandato del Consejo de la Judicatura del Estado para evitar la propagación del virus COVID-19, por lo que consideró como no urgente la audiencia preliminar. Posteriormente, del dieciocho de marzo al cinco de julio de dos mil veinte el mismo Consejo determinó suspender los plazos y términos procesales. Señaló que del seis al quince de julio del mismo año sólo se podían atender casos urgentes y que, a partir del tres de agosto de dos mil veinte empezarían a correr tales plazos. Que del diecinueve al tres de noviembre del año mencionado no correrían plazos ni términos procesales los que empezarían a partir del cuatro de noviembre siguiente. Menciona que del veinte de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno por disposición del Consejo de la Judicatura del Estado no se celebrarían audiencias, solo en casos urgentes. Es por lo narrado que el juez responsable estableció el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar (acto reclamado). En ese sentido, como se advierte, el juez primario dio pleno cumplimiento a los efectos de la ejecutoria en virtud que estableció los motivos por los que no fue posible celebrar la audiencia intermedia desde el treinta de abril de dos mil veinte hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno en la carpeta judicial de origen. Razones por las que fue concedido la protección de la Justicia Federal. A ello se agrega que el quejoso no desahogó la vista otorgada en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que no existen manifestaciones en contra de lo establecido por el juez primario. IV. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad responsable efectuó exactamente lo que le fue ordenado. V. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto; En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por Marley Selena Aguilera Carballar, toda vez que no tiene reconocida personalidad alguna en el presente asunto. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el oficio, anexos y disco compacto DVD que remite el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite la audiencia de revisión de medida cautelar de siete de mayo de dos mil veintiuno, celebrada en la Carpeta Judicial C-10/2019. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de abril de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Jurisdicción y Competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, cuyos efectos son los siguientes: Deje insubsistente la resolución de revisión de la prisión preventiva oficiosa emitida en la audiencia de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno en la carpeta de investigación C-10/2019. Con libertad de jurisdicción, emita otra determinación, en la que, analice de manera fundada y motivada la revisión de la prisión preventiva oficiosa de ******************, conforme a lo establecido en esta sentencia. En el entendido que, una vez vencido el plazo, debe remitir las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria, sin necesidad de ulterior requerimiento. Apercíbase a Hever Fernández Nava, Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Jurisdicción y Competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto es que, los jueces de primera instancia deben ser atendidos como órganos jurisdiccionales plenamente autónomos, en concordancia con lo dispuesto en la jurisprudencia PC.I.C.J/3K(10.a), consultable en la Décima Época, con número de registro 2007295, sustentada por los Plenos de Circuito, publicada el veintinueve de agosto de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Por lo antes expuesto, se establece que los Jueces de Primera Instancia, deben ser clasificados como órganos jurisdiccionales que cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, por ende, no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que tienen facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por tanto, no cuentan con superior jerárquico alguno. Por lo antes expuesto, se establece que el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Jurisdicción y Competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, debe ser clasificado como órgano jurisdiccional que cuenta con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, ya que cuenta con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno. Notifíquese, y personalmente a las partes.

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