Víctor Hugo Galeana Román

Expediente 318/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
318/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Galeana Román

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse sobreseído el presente juicio respecto a todos los acto reclamados. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el alegato ministerial de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; mismo que fue recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y de conformidad con el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tiene por reproducido en sus partes, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas certificadas que refiere. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Procurador Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual solicita se le conceda una prórroga de treinta días para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Atento a ello, dado que no expone los motivos, ni acredita los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la sentencia de amparo se estima que no es factible otorgar una prórroga por el término que indica. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se concede un plazo adicional a la autoridad responsable, consistente de diez días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que remita las constancias que denoten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual quedan vigentes los apercibimiento contenidos en proveído de tres de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, sin que haya lugar a dar vista con su contenido por las razones que en seguida se exponen. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se advierte que remite el auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ***********, documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su informe justificado, se advierte que el acto reclamado no es de aquellos de imposible reparación por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Víctor Hugo Galeana Román, por conducto de su apoderado Hiram Espinoza Casarrubias, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: ".II. AUTORIDAD RESPONSABLE: H TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO... III. ACTOS RECLAMADOS: Del H TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO, se reclama la dilación injustificada en que incurre la autoridad responsable en sus funciones de administrar justicia consistente en omitir emplear todas y cada una de las medidas necesarias para el eficaz dictado del laudo en el juicio laboral en los términos y plazos fijados por la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en los autos del Juicio Laboral Número de Expediente *************, del índice del ese H. Tribunal responsable promovido por el C. *****************************, en contra de la SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO." Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo. Así, del análisis de lo anterior, la suscrita juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, concatenada con la IV, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, concatenada con la IV, de la Ley de Amparo, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Este último precepto legal, interpretado en sentido contrario, conduce a determinar que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no son de imposible reparación. Luego, ordinariamente las omisiones son de naturaleza procesal; consecuentemente, por regla general el amparo indirecto resulta improcedente contra ellas. Ahora bien, del artículo 107, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que la jueza de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una excepción a esa regla de improcedencia resulta cuando la omisión se traduce en una abierta dilación o paralización total del procedimiento; de esta manera se tutela el derecho a la justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional. Ese criterio se sustentó en la siguiente jurisprudencia2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, libro 30, mayo de 2016, tomo II, materia constitucional visible en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580 que establece : "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Sin embargo, en ese criterio jurisprudencial no se señalaron los parámetros para calificar una abierta dilación procesal y fue hasta el uno de marzo de dos mil diecinueve, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época con número de registro: 2019400, de 01 de marzo de 2019 materia(s): (común, laboral), de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". No pasa desapercibido por la suscrita que la anterior jurisprudencia está dirigida a las dilaciones procesales que ocurren, respecto de asuntos donde es aplicable de manera prioritaria la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, el plazo de cuarenta y cinco días naturales que estableció la sala de la suprema corte -con independencia del precepto legal que le sirvió de base- en consideración de este órgano jurisdiccional encuentra su base principal en un criterio de razonabilidad. De este modo, por analogía, se adopta ese plazo de cuarenta y cinco días como parámetro para determinar si una dilación procesal puede ser calificada como abierta dilación al procedimiento. Por esa razón, el hecho de que una promoción no se acuerde dentro del término que marca la ley de la materia, no se considera como único requisito para estimar que se actualiza una abierta dilación. Dicho de modo diverso, se debe diferenciar la dilación procesal, en estricto sentido, traducida en que una actuación no se emita dentro de los plazos legales, de la dilación abierta para efectos de procedencia del juicio de amparo, que acontece cuando la determinación esperada no se emite dentro de los cuarenta y cinco días naturales. Esa fijación no violenta el principio de justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional porque se ajusta a un aspecto de razonabilidad; pues, si se considerara como único parámetro los plazos legales, entonces la dilación abierta se abordaría como un tema de legalidad y no de razonabilidad que es la esencia del precepto constitucional de mérito. Debe destacarse que en el caso concreto la demanda de amparo se presentó el catorce de marzo de dos mil veintitrés (reclamando la omisión de dictar laudo) y de la constancia remitida por la autoridad responsable se advierte que en auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, declaró cerrada la instrucción y ordenó se proceda a la elaboración del proyecto de laudo dentro del juicio laboral de origen, entre esas fechas transcurrieron trece días naturales y ocho días hábiles, descontados que fueron los días cuatro, cinco, once y doce de marzo de dos mil veintitrés, tomando en consideración que son días sábados y domingos; en consecuencia, el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia laboral, incluso, en relación con el tiempo que existe entre ambas fechas. Lo anterior, en razón de que lo aquí determinado se sustenta en lo establecido en la jurisprudencia 2ª.J.48/2016 (10ª.), precitada de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, y la cual señala que por regla general el amparo interpuesto contra actos relativos a la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de violaciones intraprocesales no afectan derechos sustantivos, y por tanto resulta improcedente, a menos que el juez de amparo, de la propia demanda advierta que existe una abierta dilación en el procedimiento, o la paralización total del mismo, hipótesis que a juicio de la suscrita no se actualiza conforme a lo expuesto con antelación. Ello guarda congruencia con el hecho de que, a nada jurídicamente práctico llevaría la prosecución del juicio, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado del análisis de las constancias que obran en autos y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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