Victor Hugo Solís Rumbo

Expediente 1061/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1061/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2018

Partes del expediente

  • Victor Hugo Solís Rumbo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo, acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avoca al conocimiento del juicio de amparo 1061/2018. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: El presente cuaderno de antecedentes, formado con motivo de la incompetencia para conocer de la demanda de amparo, encuadra en la clasificación prevista en el punto Segundo, fracción XX, del citado acuerdo, que dispone que son expedientes auxiliares: aquellos tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; por tanto, de conformidad con el diverso punto Vigésimo, fracción I de dicho Acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, será DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este cuaderno de antecedentes no es de relevancia documental histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo enviado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual fue firmado por Víctor Hugo Solís Rumbo, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1061/2018, que legalmente le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: "El auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, por el que no admitió a trámite la demanda oral mercantil" Asimismo, indica que tuvo conocimiento del acto reclamado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho cuando solicitó el expediente 114/2018-I, en el archivo judicial del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta. Atento a lo anterior, el que aquí juzga considera que este juzgado de distrito no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo en estudio. Lo anterior es así, pues el artículo 170, de la Ley de Amparo dispone: "El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por su parte, el artículo 47 de la Ley de Amparo, dispone: ".Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Preceptos que en el caso concreto, nos permiten establecer los siguientes postulados: I. Por sentencias definitivas debe entenderse aquellas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y II. La competencia para conocer del amparo en contra de tales sentencias definitivas, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, desde luego en la vía directa; debiendo incluso ser presentado ante la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 47 de la Ley de Amparo. En tal contexto, se arriba a la convicción de que el auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio 114/2018-I, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, constituye una resolución que puso fin al juicio en razón de dos cuestiones fundamentales: a) Porque sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido, como se advierte de la demanda de amparo, la cual fue formulada bajo protesta de decir verdad; y b) Porque la codificación adjetiva procesal, que es el ordenamiento común que regula el juicio mercantil de donde parte el acto reclamado, no contempla ningún recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificado o revocado. Lo anterior, es así ya que de acuerdo al artículo 1,390 Bis del Código de Comercio, en contra de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno, precepto legal que para mayor apreciación se transcribe: "Artículo 1,390 Bis. Se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno. No obstante, las partes podrán solicitar al juez, de manera verbal en las audiencias, que subsane las omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en la substanciación del juicio oral, para el sólo efecto de regularizar el procedimiento. Asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento. Si las partes estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras, las partes podrán solicitar de manera verbal dentro de la audiencia en que se dicte, la aclaración o adición a la resolución, sin que con ello se pueda variar la substancia de la resolución. Contra tal determinación no procederá recurso ordinario alguno." De ahí que la demanda debe ser examinada mediante el juicio de amparo directo por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, en términos del Acuerdo General 72/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer Circuito. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada con número de registro 2012760, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, página 2976, que a la letra dice: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1390 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL PREVER QUE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE SE PRONUNCIEN EN ÉSTE "NO PROCEDERÁ RECURSO ORDINARIO ALGUNO", NO VULNERA EL DERECHO A UN MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL EFECTIVO. El artículo 1390 Bis del Código de Comercio, al disponer, en su parte conducente: "Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno.", no vulnera los principios de seguridad jurídica y de impartición de justicia contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por el contrario, ante la celeridad que requiere el juicio oral, el legislador consideró dar firmeza a las resoluciones del Juez, para que el procedimiento no se vea detenido ante la eventualidad de la interposición de recursos ordinarios; sin que por ello las partes queden en estado de indefensión, habida cuenta que para el caso de que éstas consideren violados sus derechos, tienen plena aptitud para promover el juicio constitucional de amparo, sin que con ello se impida y retrase el acceso a la impartición de justicia, toda vez que la falta de recursos no genera una violación a la seguridad jurídica en los asuntos, sino que los simplifica; mientras que el juicio de amparo constituye un recurso rápido y sencillo que actualiza la exigencia del citado artículo 25. Acorde con lo anterior, no se viola el derecho a un recurso judicial efectivo, pues el hecho de que las normas que rigen al juicio oral mercantil dispongan que en este tipo de procedimiento "no procede recurso ordinario alguno" contra las resoluciones emitidas en él, no transgrede los derechos fundamentales previstos en la Carta Magna ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que para ello se cuenta con el juicio de amparo directo, previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, así como 170 a 191 de la Ley de Amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa que resulta eficaz para restituir a los gobernados en el goce de los derechos fundamentales que se les hubieren violado." En tal virtud, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda; por consiguiente, se determina remitir el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que en derecho corresponda. Fórmese, cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias del expediente en que se actúa, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO. En otro aspecto, la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado de distrito y toda vez que en la legislación de amparo no se encuentra prevista tal circunstancia; téngase como tal, la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control, constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Vigente. Es aplicable al caso, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con el rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." AUTORIZADOS. En otro orden de ideas, no ha lugar a tener como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su escrito de demanda, toda vez que no proporciona los datos correspondientes o documentos que acrediten que están legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, como lo prevé el citado artículo que dice: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." En tal virtud, sólo se les tiene por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos amplios. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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