Víctor Daniel Guzmán Pérez

Expediente 642/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
642/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Daniel Guzmán Pérez
  • Víctor Daniel Guzmán Pérez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    MESA IV Visto el oficio firmado el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual en atención al proveído de dos de octubre del año en curso, informa que rechazó la competencia declinada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), en funciones de Juez de Control, asimismo, declinó competencia al Juez de Control del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, estimando que es el competente en razón de fuero y territorio, mismo que aceptó la competencia declinada; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2° de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes al expediente electrónico y físicamente a los autos. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, lo anterior es así, pues como se desprende de los autos del juicio en que se actúa, la demanda de amparo se admitió a trámite únicamente por los siguientes actos reclamados y autoridades: ~ Del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la calificación de legal de urgente del caso y el auto de vinculación a proceso. ~ Del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, la omisión de señalar audiencia para determinar la competencia. Al respecto, al rendir su informe justificado el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez informó que en audiencia de seis de abril de dos mil veintitrés se declaró legalmente incompetente por razón de fuero y declinó competencia al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, residencia en Almoloya de Juárez. Por su parte, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, residencia en Almoloya de Juárez, en su respectivo informe justificado, señaló que se encontraba pendiente de celebrar la audiencia de competencia que tendría lugar en ese Centro de Justicia Penal Federal. Posteriormente, en determinación de siete de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, residencia en Almoloya de Juárez, determinó no aceptar la competencia declinada y planteada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, para conocer de la causa penal 60/2023 de su estadística, instruida contra Víctor Daniel González Pérez por los delitos ahí precisados. Asimismo, declinó competencia al Juez que correspondiera del Centro Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl para que se pronunciara si aceptaba o no la competencia planteada. Ahora bien, en el oficio que se provee, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, informa que rechazó la competencia declinada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), en funciones de Juez de Control, asimismo, declinó competencia al Juez de Control del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, al considerar que era el competente en razón de fuero y territorio, el cual aceptó la competencia declinada. En tales consideraciones, toda vez que el acto reclamado consistentes en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la calificación de legal de urgente del caso y el auto de vinculación a proceso, no conllevan ejecución en la jurisdicción de este Juzgado, pues en atención a su naturaleza, sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tendrá su principal impacto y repercusión, es decir, la ejecución del acto reclamado ocurrirá en la jurisdicción del Juez de Distrito ante el cual se sigue la carpeta administrativa de origen. En otras palabras, se afirma que este órgano jurisdiccional carece de competencia en razón de territorio para conocer del presente asunto en virtud de que el acto reclamado conlleva una ejecución material, toda vez que los efectos del mismo implican, entre otros, que la procesada aquí quejosa, continúe a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México; de ahí que, resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que tiene su residencia el Juzgado que conoce del proceso penal de origen (Otumba, Estado de México), por ser el juzgado que va a ejecutar la resolución reclamada. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo, por las razones que informa la jurisprudencia 118/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". De igual forma, es aplicable en lo conducente, la tesis 1a./J. 24/2021 (10a.), Registro digital: 2023548, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, del rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Así también, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, no es competente legalmente para conocer del presente asunto y declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno; habida cuenta que dentro de esa jurisdicción se encuentra el juzgado en el que continuará conociendo del proceso penal. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítasele la demanda y sus anexos para los efectos legales procedentes. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las once horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se deja sin efectos, en razón a la determinación anterior. SE FORMA CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con motivo de lo anterior, con copia certificada de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, evidencian que se encontraban señaladas las doce horas con cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, derivado de la suspensión de labores, se procede a emitir hasta esta fecha el acuerdo correspondiente. En esas condiciones, toda vez que a la fecha el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl no ha informado sí aceptó la competencia declinada el siete de julio del año en curso, por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, se fijas las once horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que resulte necesario notificar de forma personal a las partes, pues la fecha señalada para la audiencia constitucional se ha fijado con tiempo suficiente para que las partes tengan conocimiento de la misma. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en siete de julio del año en curso, se tuvo al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, informando que no aceptó la competencia declinada y planteada, asimismo, declinó competencia al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, sin que a la fecha el mismo haya informado sí aceptó la competencia, en consecuencia, a fin de que se cumplimente lo anterior y no transgredir las reglas procedimentales rectoras del juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y se fijan las doce horas con cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Atento a lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído solicítese al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, que de no tener impedimento legal alguno, informe a la brevedad sobre la competencia declinada a su favor por el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, con relación a la causa penal ******************** Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA IV Vista la comparecencia de cuenta a través de la cual la quejosa Reyna Gloria Sarmiento Lara ratifica el escrito de recibido en éste juzgado en veinte de septiembre de dos mil veintitrés por medio del cual autoriza personas y proporciona usuario electrónico para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, ténganse por autorizados a Gabriel Alejandro Regino García, Alejandro Ponce de León Gómez, Jorge García Meléndez, José Irving Arellano Regino, Abel Carreón Mora, Oscar Vargas Suárez, José Luis Salazar Arévalo, Diana Sofía Cruz Chávez y Adrián Yosef Arellano Regino, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, se tiene por autorizadas en términos restringidos a las restantes personas que menciona, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de autos, y recoger documentos, que se dicten en el presente juicio de amparo, por así solicitarlo la tercera interesada. CONSULTA ELECTRÓNICA. En atención a la certificación de cuenta, en términos del ordinal 3° de la legislación de amparo se autoriza la consulta del expediente electrónico a los usuarios "acarreon" "naomicabada" y "JORGEGARME", y de conformidad con el aludido Acuerdo General 12/2020, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del juicio en que se actúa, dado que se encuentra acreditado su registro en la página del Sistema de Consulta de Expediente Electrónico; en consecuencia, comisiónese al oficial encargado del aludido sistema para que active los campos necesarios a fin de cumplimentar lo anterior. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda "acarreon". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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