Víctor Avelino Martínez
Expediente 263/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/06/2019
Partes del expediente
- Víctor Avelino Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
MESA I CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el quejoso no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, el acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la carátula del presente juicio y, al no existir más por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, ya que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, en atención a lo ordenado en el segundo y tercer párrafo de la fracción III, del referido acuerdo. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 5. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora bien, se hace la precisión que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal, los cuales contendrán la determinación emitida en esta fecha. Finalmente, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
MESA I. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se evidencia que el quejoso no cumplió con el requerimiento formulado mediante proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 147 a 150), a través del cual se le requirió que se presentara en este órgano jurisdiccional a recoger los edictos respectivos, acreditara haberlos entregado para su publicación y exhibiera el pago, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en el periódico de mayor circulación en la República, con la finalidad de emplazar a juicio a la tercera interesada *****, tal como lo señalan los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la primera de las legislaciones invocadas por disposición expresa de su artículo 2. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de mérito y, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo y 5, fracción III del propio ordenamiento, así como en el 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, debido a la falta de notificación y emplazamiento de una de las partes y al desinterés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. A mayor abundamiento, se precisa que la notificación del juicio de amparo a la tercera interesada, que permita tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que la parte quejosa recoja y pague la publicación de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercera interesada en relación con el acto reclamado, debía estimarse que su notificación al juicio constituía un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, al tomar en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio biinstancial pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por no acreditar el pago y publicación los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio, pues no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Lo anterior, porque al quedar paralizado el juicio constitucional por no exhibir la parte solicitante del amparo los edictos correspondientes para lograr la notificación de los terceros interesados, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, del agraviado, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Atento a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita tal y como lo ordena el artículo 17 Constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo se supedite al arbitrio de la parte quejosa, quien omitió manifestar su imposibilidad de recoger o cubrir el pago de los edictos. Se hace hincapié en que este Juzgado agotó los medios a su alcance para lograr la notificación y emplazamiento a la tercera interesada ****, ya que se giraron oficios a diversas dependencias con el fin de investigar algún domicilio en el cual pudiera ser localizada, sin que se lograra su emplazamiento pese a la información proporcionada. Consecuentemente, como se dijo con anterioridad, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo en los términos antes indicados; ante ello se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.
- Principal
MESA I Visto el estado procesal de los autos de los cuales se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy; sin embargo, se advierte que está en transcurso el plazo de veinte días otorgado en auto de dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 147 a 150) para que la parte quejosa exhiba los edictos a efecto de emplazar a la tercera interesada de identidad reservada de iniciales ** En esas condiciones, a efecto de que se cumplimente lo anterior la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil diecinueve para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
MESA I INFORMES DE LOCALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, los oficios signados por el Gerente del Área Jurídica de la Delegación Regional Estado de México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y por el Gerente Integral Área Toluca de Teléfonos de México, mediante los cuales desahogan el requerimiento formulado en auto de diez de los cursantes e informan que en dichas instituciones no se encontró información relacionada con la tercera interesada de identidad reservada de iniciales I. A. C.. Atento a lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento con el cual fueron conminadas. SE REQUIERE EDICTOS. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que a la fecha, se han agotado los medios de localización previstos en la Ley de Amparo, sin que se haya logrado obtener información sobre el domicilio en el que pueda llevarse a cabo el emplazamiento de la tercera interesada de identidad reservada de iniciales I. A. C; por tanto, en obvio de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 27, fracción IIl, inciso b), de la Ley de Amparo, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procédase a emplazar a la tercera interesada en cita por medio de edictos, que correrá a costa de la parte quejosa, el cual de acuerdo con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, deberá contener una relación sucinta de la demanda, el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional; se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la República; se hará saber a la citada tercera interesada que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente del último de su publicación; se fijará en la puerta de este Juzgado de Distrito una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento; se hará hincapié además, que de no comparecer por sí misma o a través de apoderado (a) o representante en el plazo señalado, se continuará la tramitación del presente juicio constitucional, y las notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fija en este Juzgado Federal. Es aplicable la tesis P./J.22/2015, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, número de registro 2009913, que establece "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Así como, la tesis 492/2013, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en la página 25, del Semanario Judicial de la Federación de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, número de registro 2009914, que establece "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en local de este Juzgado a recoger los edictos respectivos, acredite haberlos entregado para su publicación y exhiba el pago que ampare lo anterior, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en el periódico de mayor circulación en la República; apercibido que en caso de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en el 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Es aplicable la tesis XXVII.3o.33 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 27, del Semanario Judicial de la Federación de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo III, con número de registro 2009915, que establece. "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 4/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro 5, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2006232, que establece "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." Notifíquese, y por lista a la parte quejosa en cumplimiento al auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve.
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