Víctor Castillo Colín
Expediente 1901/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1901/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2019
Partes del expediente
- Víctor Castillo Colín
Actuaciones
- Principal
MESA IV Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el cual comunica a esta potestad federal el auto de quince de noviembre de este año, de cuyo contenido se advierte que admitió el conflicto competencial suscitado entre éste órgano jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, el cual se registró en su índice con el número de expediente 3218/2019; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está en espera del testimonio de la resolución que emita dicho órgano colegiado en el expediente en cita. Notifíquese.
- Principal
MESA IV Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agregan a los autos los oficios signados por el Secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito con residencia en la Ciudad de Mérida, Yucatán, mediante los cuales informa que en sesión de nueve de octubre de dos mil diecinueve, los magistrados manifestaron su intención de declararse impedidos para conocer del conflicto competencial 1/2019 entre el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán y este órgano jurisdiccional. Asimismo, hacen del conocimiento que atendiendo a dicho impedimento, en acuerdo de diez de octubre siguiente determinaron remitir dicho conflicto competencial a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiofusión, Telecomunicaciones y del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está en espera de la resolución que emita dicho órgano en el expediente en cita. Notifíquese.
- Principal
Mesa IV. Toluca, Estado de México; veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. DECLINAN COMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 49316, signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, mediante el cual comunica que por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dicho Órgano Jurisdiccional determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de garantías promovida por *** contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad; y, remite los autos del juicio de amparo 1480/2018-I, de su índice. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1901/2018-IV. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 37 y 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, este juzgador respetuosamente no comparte las consideraciones vertidas por el homólogo; y, por ende, no se acepta la competencia declinada. En efecto, a fin de sustentar tal determinación, resulta pertinente destacar que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, en esencia, bajo el argumento de que las normas que se controvierten por el justiciable en la demanda de garantías, requieren de ejecución material, motivo por el cual se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Por tanto, si el quejoso *** se ostenta como Actuario Judicial de base adscrito al Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, la ejecución material de las normas controvertidas tendrían lugar en dicha demarcación territorial (Estado de México), pues sus efectos se traducen en que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año dos mil diecinueve, sus percepciones pueden verse disminuidas, con el riesgo que ello representa para la independencia de su función judicial. Por lo que dicho juzgador estimó que la competencia para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa, se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en turno. Al respecto, este Órgano de Control Constitucional no comparte el criterio sustentado por la Autoridad Judicial Federal declinante, en razón de los motivos siguientes: En cuestiones de competencia, para conocer de las demandas de amparo, los Juzgados de Distrito se rigen por las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo, y se caracteriza porque con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera regla deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, de la lectura íntegra de la demanda de garantías que nos ocupa, se advierte que el quejoso *** reclama: "1. La discusión, aprobación, expedición, órdenes de publicación (atribuido a la cámara de origen), circulación, observación y debido cumplimiento del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de noviembre de 2018, en vigor a partir del martes 6 de noviembre de 2018, en particular: a. Artículos Primero y Segundo Transitorios de ese Decreto. b. Artículo Primero por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley de Remuneraciones reclamada), por consiguiente la totalidad de disposiciones normativas que derivan de ese ordenamiento (artículos 1,2,3,4,5,6 y demás conforme a los conceptos de violación). c. Artículo Segundo por el que se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", en relación con los artículos 217 Bis y 217 Ter (en adelante Código Penal reclamado), por consiguiente ambas disposiciones normativas que derivan de ese acto legislativo. 2. Las omisiones legislativas del Congreso de la Unión, por desatención al mandato constitucional que para legislar imponen los artículos tercero transitorio de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, 127, fracción VI, en relación con los numerales 1°, tercer párrafo, 14, primer párrafo, 17, 49, 75 y 94, décimo primer párrafo, este último reiterado en el 116, fracción III, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular. a. Para expedir las normas generales transitorias del Decreto reclamado, que resultaban necesarias para evitar la aplicación retroactiva en perjuicio, salvaguarda de la independencia judicial y garantías jurisdiccionales, y conservar la división de poderes del Estado, con especial referencia a la irreductibilidad salarial durante el ejercicio del encargo y la no sumisión del Poder Judicial de la Federación a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal; en términos de lo que al efecto establece el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve al numeral 127, en donde armónicamente con los preceptos referidos en el párrafo inmediato anterior se estableció la forma de operación de la reforma. b. Atentos al principio de reserva de ley que el constituyente impuso para la reglamentación de la ley de remuneraciones reclamada, las reglas concretas que fijen los parámetros de control y límites de actuación en la propuesta del Presupuesto de Egresos que formule el Presidente de la República y consiguiente aprobación por parte de la Cámara de Diputados, en lo concerniente a la imposibilidad de reducción a las remuneraciones totales que percibe el Presidente de la República en funciones, y por ende, respecto a la totalidad de servidores públicos. 3. Los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que derivan de los anteriores actos reclamados, de entre los que destacan: a. No se apliquen en mi perjuicio los efectos y consecuencias del Artículo Primero por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente se impida se apliquen en mi perjuicio los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de las disposiciones normativas de ese ordenamiento legal, de manera enunciativa más no limitativa, los artículos 1, 2, fracción II, 3, primer y segundo párrafos, 4, 5, 6, fracciones I, II y III, 12, 13 a 17. b. No se apliquen en mi perjuicio los efectos y consecuencias del Artículo Segundo por el que se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, concretamente se impida se apliquen en mi perjuicio los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de las disposiciones normativas de ese ordenamiento legal, de manera enunciativa más no limitativa, los artículos 217 Bis y 217 Ter. Lo anterior a efecto de que prevalezca la situación jurídica, financiera económica, personal, laboral, fáctica, familiar, de entorno social e institucional que impera para mi calidad de ciudadano y servidor público, con especial referencia: c. A que se paguen en mi beneficio las remuneraciones nominales y adicionales que actualmente percibo en mi calidad de servidor público federal conforme al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2018, bajo la vigencia de los montos, conceptos, términos y plazos previo a la entrada en vigor el Decreto reclamado, y se impida que se vean menoscabadas, reducidas o alteradas en mi perjuicio, que de manera enunciativa más no limitativa, consisten: Remuneraciones nominales y adicionales a las nominales, en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, como son seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, incluyendo cualquier contribución fiscal causada por esos conceptos y que el Estado eroga a mi favor como concepto de prestación, percepción extraordinaria u otro análogo. d. Respecto al ejercicio fiscal de 2019 y subsiguientes, se apliquen los incrementos que correspondan sobre la totalidad de mis remuneraciones, teniendo como referente cuando menos, el porcentaje o índice inflacionario con el que se incrementaron beneficiosamente mis remuneraciones según Decreto de Egresos del ejercicio fiscal de 2018, en relación con los montos percibidos según Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2017. Lo anterior, porque también esos incrementos forman parte de mi derecho humano de propiedad privada en términos del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y al constituir un derecho adquirido, están salvaguardados por la garantía jurisdiccional prevista en el artículo 94, decimoprimer párrafo, constitucional. e. Se exima de responsabilidad penal o administrativa por el cobro que se reciba sobre esos conceptos, tal y como inconstitucional e inconvencionalmente lo disponen las disposiciones que derivan del Decreto reclamado. Por lo que, se estima pertinente que al no constituir esa circunstancia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se esté a la regla de análisis que prevé la jurisprudencia 1a./J.25/2003, de la Primera Sala de Suprema Corte, en cuanto a que ello acontezca hasta el dictado de la sentencia en audiencia constitucional." De lo anterior se advierte que el quejoso combate dichas normas generales atribuyéndoles el carácter de autoaplicativas, argumentando que se ubica en los supuestos establecidos en las normas reclamadas, lo cual implica que no controvierte las normas por su aplicación, sino por su entrada en vigor, en abstracto, es decir, no por su aplicación o su ejecución material sino que cuestiona su constitucionalidad para evitar precisamente que le sean aplicadas. De ahí que al impugnarse como autoaplicativa no existe ejecución material de las mismas ni siquiera en principio, por lo cual debe de concluirse que se surte la hipótesis de competencia prevista en el inciso c), en virtud de que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional no requieren o carecen de ejecución material. Razón por la cual se estima que la competencia para conocer de la demanda de garantías se surte en favor del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ante quien se presentó la demanda. No se soslaya lo manifestado por el órgano jurisdiccional declinante, en el sentido de que el quejoso actualmente se encuentra adscrito al Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, lugar donde se desempeña y recibe el pago respectivo; sin embargo, dicha circunstancia no condiciona la competencia de un Juez de Distrito residente en esta entidad, porque las reglas de la competencia en materia de amparo indirecto, no se rigen por el domicilio donde actualmente se encuentre laborando o en su caso, del lugar donde radique la parte quejosa. Ante tales circunstancias, de acuerdo a la tercera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, en razón de que no existe acto de ejecución con relación a los actos reclamados, este órgano jurisdiccional se ve imposibilitado para aceptar la competencia planteada. Precisado lo anterior, se estima que en el caso a estudio, quien debe conocer de la demanda de garantías promovida por *** lo es el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por los motivos antes expuestos. Es aplicable la tesis 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional no acepta la competencia declinada, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena devolver la demanda de amparo promovida por *** contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad, al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, para que proceda conforme a derecho corresponda. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, y devuélvanse los autos originales y anexos remitidos al Juzgado de Distrito declinante, para que proceda conforme a derecho corresponda; solicitándose el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción II, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado la parte quejosa. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Ahora, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario *** para que pueda realizar la consulta del expediente electrónico en la página de internet correspondiente; por tanto, comisiónese al Oficial de SISE para que realice las gestiones correspondientes para dar de alta a dicho usuario en el sistema correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se habilitan horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y por medio de lista a la parte quejosa.
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