Vicente Vargas Rodriguez
Expediente 342/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/10/2023
Partes del expediente
- Vicente Vargas Rodriguez
- Elizabeth Jiménez Raya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Queja
Visto el escrito electrónico de cuenta suscrito por Gustavo Adolfo Sánchez Blancas, autorizado de Elizabeth Jiménez Raya, representante de la parte quejosa de identidad reservada de iniciales A.I.S.J., en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de reclamación contra el acuerdo de seis de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el presente recurso de queja, al cual debe darse el trámite de turno correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remítase el escrito de cuenta a la Oficina de correspondencia común de los tribunales colegiados en materia administrativa del segundo circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que dé el trámite de turno correspondiente y devuelva ese documento a este órgano colegiado; por lo que será en el cuaderno de reclamación que se forme donde se proveerá lo que en derecho corresponda respecto del citado recurso. Se tiene a la parte recurrente proporcionando el correo electrónico y números telefónicos que indica en el escrito de cuenta, para establecer el contacto respectivo, en caso de que este tribunal estime necesario localizarla por ese medio de comunicación.
- Queja
Se tienen por recibidas la papeleta y el oficio de cuenta, con éste último el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remite, por una parte, los escritos de presentación y de expresión de agravios con el que la parte quejosa, ahora recurrente, Elizabeth Jiménez Raya, representante de la parte quejosa de identidad reservada de iniciales A.I.S.J., por conducto de Gustavo Adolfo Sánchez Blancas, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, (personalidad que le fue reconocida en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés), interpone recurso de queja contra el auto de siete de septiembre del año que corre, dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 736/2023-II, del índice del juzgado aludido; por otra, copia certificada de diversas constancias que integran el expediente del referido sumario constitucional. Acúsese recibo, vía interconexión al juzgado del conocimiento; con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos numerales 3 de la Ley de Amparo y 99 del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese el expediente electrónico respectivo y regístrese en el libro de control electrónico como recurso de queja 342/2023. Ahora, del análisis de las constancias recibidas del juicio de amparo de origen, se advierte que, el presente recurso de queja debe desecharse por notoriamente improcedente. El artículo 97, fracción I, del inciso e, de la Ley de Amparo, contiene un supuesto normativo genérico, conforme al cual, el medio de impugnación precisado procede en el juicio de amparo indirecto, contra las resoluciones, lato sensu, dictadas durante su tramitación, que no admitan expresamente el recurso de revisión; y que por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes. Además, existe un supuesto adicional de procedencia y es cuando, con las mismas características, se emitan resoluciones después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional. Los supuestos de que se tratan, contienen requisitos de procedibilidad, que atienden a la intención evidente de garantizar la expeditez del amparo, dada su naturaleza de juicio concentrado y sumario, en función de lo cual el órgano legislativo previó la manera de evitar que dicho medio de impugnación fuera utilizado en forma desmedida y con el propósito de retrasar, innecesariamente, el desarrollo del procedimiento constitucional; por tanto, de manera especial, sujetó la procedencia del medio impugnativo referido a la satisfacción de requisitos específicos, consistentes en que: Se trate de resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio de amparo indirecto o del incidente de suspensión; y/o después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional. No sean impugnables a través del recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Amparo. Sean de naturaleza trascendental y grave, de modo que causen daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; esto es, se precisa que tales resoluciones afecten considerablemente los intereses de las partes en el procedimiento principal o incidental de que se trate. En este contexto, es improcedente el recurso de queja de que se trata, ya que, aun cuando se satisfacen los requisitos previamente identificados en los incisos a y b, no se actualiza el diverso señalado en el inciso c, relativo a que, por su naturaleza trascendental y grave, el acuerdo recurrido pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable con posterioridad. En la especie, la parte recurrente interpone el citado medio de impugnación contra el proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 736/2023-II, del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el que, se determinó lo siguiente: "Vista la certificación y cuenta que antecede se agrega a los presentes autos, el escrito enviado vía electrónica por Gustavo Adolfo Sánchez Blancas, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de uno de septiembre del año en curso y solicita se autorice la derivación de la toma de agua a que hizo alusión la responsable, ello con la finalidad de dar cumplimiento a la suspensión otorgada en autos. En ese sentido, no ha lugar acordar de conformidad su petición, en virtud de que mediante interlocutoria de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión definitiva para los siguientes efectos: ".CUARTO. EFECTOS. Por tanto, con fundamento en el artículo 139, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVIA, para el efecto de que el Subdirector de Comercialización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlalnepantla, cumpla con la obligación correlativa de garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para su consumo personal y doméstico y se le permita realizar descargas al drenaje de forma normal. Lo anterior, específicamente, para que realice las gestiones necesarias para que se habilite la toma de agua y el servicio de drenaje en el inmueble donde habita la menor quejosa, esto es, el ubicado en 16 de septiembre, número 6, colonia El Mirador, Tlalnepantla, Estado de México, pues así se desprende de su escrito inicial de demanda." Asimismo, el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se llevó a cabo una inspección por la autoridad responsable Director General Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, en el domicilio de la quejosa ubicado en calle 16 de septiembre número 6, Colonia el Mirador, Tlalnepantla, Estado de México, en la que se percató que sí existe una toma de agua por la que se proporciona el suministro de la misma a dicho inmueble, además que éste se encuentra dividido en cinco viviendas y que la falta del líquido no es por falta de servicio proporcionado por la responsable, sino derivado de una disputa legal, por lo que precisó que sería factible una derivación de la toma principal y acotó que no estaba facultado para realizar una toma nueva hasta que el predio se encuentre legalmente dividido mediante un ordenamiento judicial. De ahí lo improcedente de su petición, en principio porque no es materia de la suspensión el otorgamiento de dicha derivación, sumado que para su realización se necesita la realización de diversos trámites administrativos y no sólo el pago de derechos a que hace alusión, pues inclusive de ordenarse dicha derivación de la toma de agua y servicio de drenaje independiente, al no encontrarse subdividido legalmente dicho inmueble, se ocasionarían daños y perjuicios a la parte tercera interesada, por tanto, el núcleo esencial de la obligación se encuentra satisfecho, al establecerse que en el inmueble materia de la Litis sí existe una toma de agua y servicio de drenaje, por lo que se considera que se encuentra totalmente cumplida la suspensión definitiva dictada en el presente asunto.". En esas condiciones, contra esa determinación no procede el recurso de queja, en razón de que el agravio planteado por la parte recurrente contra la resolución recurrida, puede ser reparado con posterioridad por el titular del juzgado del conocimiento, por medio de un incidente nominado previsto en el artículo 206 del citado ordenamiento legal, esto es, a través de un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Ello es así, puesto que, por medio del mencionado incidente, la parte recurrente podría en su caso demostrar que la autoridad responsable no acató la suspensión definitiva en los términos en que fue otorgada, así como el exceso o defecto en que incurrió con el cumplimiento de esa medida suspensiva; de manera que, el agravio que pudiera sufrir con dicho auto, puede ser reparado, como se dijo, con posteridad por el titular del juzgado del conocimiento en el incidente aludido en líneas precedentes. De donde se sigue, que el recurso de queja no es medio idóneo, para acreditar que la autoridad responsable no cumplió con la suspensión definitiva otorgada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 736/2023-II, del índice del juzgado aludido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente el recurso de queja interpuesto por Elizabeth Jiménez Raya, representante de la parte quejosa de identidad reservada de iniciales A.I.S.J., por conducto de Gustavo Adolfo Sánchez Blancas, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra el auto de siete de septiembre del año que corre, dictado en el incidente aludido en párrafo que antecede. En adición a lo anterior, la suscrita magistrada presidenta no se encuentra legalmente facultada para reencauzar la vía y admitir el medio de defensa que resulte procedente, porque la Ley de Amparo establece con claridad la procedencia y el trámite que debe darse a los recursos y medios de defensa; por ello, el hecho de que una de las partes interponga un recurso que no es el idóneo para impugnar la determinación que le agravia, no da lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija su error, ya que para ejercer el derecho de acceso a la justicia se deben de cumplir con los presupuestos procesales de procedencia de los medios de defensa, lo que brinda certeza jurídica a las partes; de ahí que las reglas de procedencia no puedan alterarse mediante una pretendida protección a los derechos humanos; por lo que si el recurso interpuesto no es el idóneo, la persona juzgadora no puede subsanar el error, dado que ello atentaría contra la seguridad jurídica. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 60/2017 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro reza: "RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA. No existe base legal para sostener que cuando el recurso interpuesto no fuera el indicado deba reencauzarse la vía y admitirse el que resulte procedente, porque la Ley de Amparo establece con claridad la procedencia y el trámite que debe darse a los recursos de revisión y de queja; por ello, si el recurrente expresamente interpone el de revisión contra el auto que desechó su demanda de amparo, la actuación del Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso debe limitarse a determinar sobre su procedencia, admitiéndolo o desechándolo, según corresponda, sin que pueda reencauzar la vía y tramitar un recurso distinto. Este proceder no vulnera el derecho humano de a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado de presentar el recurso efectivo". No pasa inadvertido para esta presidencia, que el normativo 213 de la ley de la materia, señala: "En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente"; sin embargo, la suplencia en la deficiencia de la vía, conforme a dicho numeral, únicamente es permisible para el recurso e incidentes contemplados en el título tercero de la citada ley, esto es, tratándose del recurso de inconformidad y lo relacionado al cumplimiento y ejecución de sentencias. Se autoriza a Gustavo Adolfo Sánchez Blancas, para consultar el expediente electrónico que con motivo del presente asunto se generó; por consiguiente, se instruye a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano colegiado, a fin de que asocie el nombre de usuario que se proporciona al citado expediente y con el cual se registró en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. No ha lugar a permitir el acceso al expediente electrónico a los demás usuarios que se proporcionan y, por consiguiente, a llevar a cabo las notificaciones por vía electrónica, del presente asunto por conducto de éstos, porque atendiendo a la certificación de cuenta, los nombres de usuarios que proporciona la promovente, no pertenecen a Elizabeth Jiménez Raya, representante de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales A.I.S.J, ya que, el artículo 40 del Acuerdo general 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece que, si bien las personas autorizadas que cuenten con facultades expresas para ello podrán solicitar en cualquier momento la autorización para ingresar al expediente electrónico, lo cierto es que no pueden solicitar esa autorización para terceras personas, en razón de que, únicamente, las partes y sus representantes legales puede llevar a cabo esa autorización. Como lo solicita expresamente la parte recurrente, las notificaciones, aun las de carácter personal, se deberán realizar por vía electrónica a la parte recurrente, únicamente a través del usuario siguiente: gusasb82. La presente autorización sólo surtirá sus efectos respecto del asunto en que se actúa. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "Juicio en Línea", por medio del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se instruye a la secretaría de acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, los acuses de recibo se ingresen al expediente electrónico, sin dar cuenta a la presidencia, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de esas constancias sólo tendrá como efecto ordenar su integración al citado expediente. Se autoriza a la actuaría adscrita a este tribunal para que pueda emplear, de manera excepcional, el uso del teléfono y del correo electrónico, para llevar a cabo una comunicación oficial procesal a una autoridad responsable o tercera interesada, incluso para notificar a las demás partes distintas a las indicadas, siempre que no tenga acceso para actuar desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de Federación, para lo cual deberá certificar la confirmación de la comunicación respectiva. Se da la intervención que corresponda a la fiscalía adscrita a este tribunal. Hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales.
- Juicio de Amparo Directo
1. Visto el oficio de cuenta signado por José Francisco Garduño Gómez, en su carácter de jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México; con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, téngase por apersonada a la citada autoridad tercera interesada; por formuladas sus manifestaciones, las cuales serán consideradas en el momento procesal oportuno, de resultar procedente. 2. Como su domicilio, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el oficio de cuenta. 3. Por autorizados, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a los profesionales que refiere. 4. Finalmente, se tiene a la autoridad tercero interesada proporcionado el correo electrónico que indica en el oficio de cuenta, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Tribunal estime necesario localizarla por el citado medio de comunicación.
- Juicio de Amparo Directo
1. Visto el oficio de cuenta suscrito por Mario Torres López, en su carácter de titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en representación de la autoridad tercero interesada Secretaría de Seguridad del Estado de México; con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, téngase por apersonada a la autoridad tercera interesada; por formulados sus alegatos, los cuales serán considerados en el momento procesal oportuno, de resultar procedente. 2. Se tiene como su domicilio, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el oficio de cuenta. 3. Se tiene como autorizados, para oír y recibir notificaciones, a las personas que menciona, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo.
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