Verónica Lizeth Sarabia González

Expediente 491/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
491/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Andrea Ilkay Patiño Oropeza
  • Rocio Cynthia Tascon Aguilera
  • Verónica Lizeth Sarabia González
  • Titular de la Secretaria de Salud de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Queja

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de precisar el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto CONSERVABLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracción II y 17, fracción I, inciso d, del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente quedará en resguardo documental de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto transcurra el plazo de tres años a partir de esta fecha; después será transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Juicio de Amparo Directo

    ... se tiene por DILIGENCIADO en sus términos el despacho 555/2022. En consecuencia, se ordena al Analista Jurídico SISE, haga las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, a efecto de dar de baja el referido despacho. De la citada comunicación oficial se obtiene que el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dictado en los autos del amparo directo 491/2022, del índice de este tribunal, se notificó por lista a la parte quejosa, Rocío Cynthia Tascón Aguilera, el veintisiete de octubre de la presente anualidad. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se le concedió a la parte quejosa, para que señalara domicilio, para oír y recibir notificaciones, dentro de la residencia de este órgano colegiado, sin que a la fecha haya formulado promoción al respecto; en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en acuerdo de diecinueve de octubre del presente año; y, se ordena que ésta y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realicen por medio de lista, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad de Naucalpan de Juárez. También de la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo para interponer recurso de reclamación contra el auto mencionado en el punto anterior, con el que, esta presidencia desechó por improcedente el amparo directo promovido por la citado quejosa, contra la el proveído dictado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en los autos del juicio administrativo 571/2022, del índice de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; en consecuencia, ha transcurrido el plazo de tres días previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, para hacer valer la reclamación respectiva, por lo que se declara que el proveído de referencia ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de establecer el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 14, 21 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, último párrafo, del mencionado Acuerdo General; y de conformidad con la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que el expediente electrónico y físico coinciden íntegramente, para los efectos legales conducentes.

  3. Juicio de Amparo Directo

    1. Téngase por recibido la boleta de turno y el oficio de cuenta del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con el que, en cumplimiento a su proveído de treinta de septiembre del año en curso, dictado en el amparo indirecto 1416/2022-II, remite esos autos originales de su estadística, al haberse, el titular del Juzgado Federal aludido, declarado legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por Rocio Cynthia Tascón Aguilera, por propio derecho, y determinó que quien debía conocer del asunto era un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, en razón de que el acto reclamado constituye una resolución que puso fin al juicio de origen. Acúsese de recibo, vía interconexión, al Juzgado del conocimiento. 2. Con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el diverso numeral 3°, de la Ley de Amparo, fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como amparo directo 491/2022. Hágase del conocimiento de las partes que no se integrarán al expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, carpeta, "micas" o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio Tribunal que, evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados, que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este tribunal deba guardarse sigilo en relación con una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las que se conservarán en este Tribunal sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte correspondiente; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 6º, de los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil catorce, a prudente arbitrio de esta Presidencia, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a su disposición en el expediente impreso. Se instruye a las personas servidoras públicas adscritas a la actuaría de este Órgano Colegiado a dar fe de que las promociones, documentos, autos y resoluciones coincidan en su totalidad en el expediente impreso y en el electrónico, de conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. 3. De las constancias recibidas se advierte que el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante proveído de treinta de septiembre del año en curso, determinó que debía ser un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, el que legalmente es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Rocío Cynthia Tascón Aguilera, contra el acuerdo de diecisiete de agosto del año que transcurre, dictado en el juicio administrativo 571/2022 del índice de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a través del cual, desechó el recurso de revisión interpuesto contra el laudo arbitral de veintisiete de junio de dos mil veintidós, por el que la Síndica Municipal y Presidente de la Mesa arbitral, del Ayuntamiento de Metepec, de aquella entidad federativa, al resolver el expediente SIN/ARB/017/2021, sobre distintas transgresiones que hizo valer aquella promovente a las disposiciones de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, resolvió condenar al condominio demandado a integrar el libro de actas relacionado con ese complejo habitacional, así como, entre otras cuestiones, a entregar el estado de cuenta de ese condominio a cada condómino, y a la citada promovente a pagar la cantidad mensual de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de cuotas de mantenimiento, desde enero de dos mil diecinueve hasta la fecha del laudo referido y bajo la condición que ahí se indicó; laudo que fue aclarado por resolución de cinco de julio de dos mil veintidós; ello, al considerar que el acto reclamado citado en primer término constituye una resolución que pone fin al juicio, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, a partir de lo manifestado por el demandante, esto es que promovía recurso de revisión, sin que esa sala fuera competente para conocer, admitir, tramitar y resolver tal medio de defensa. En efecto, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio administrativo aludido, del índice estadístico de la mencionada Sala Regional, que constituye el acto reclamado en el presente asunto, se determinó desechar el recurso de revisión de la parte quejosa, por considerar carecer de competencia; por consiguiente, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado referido, con fundamento en el artículo 47, de la Ley de Amparo, esta Presidencia acepta la competencia planteada y continúa con el conocimiento del presente asunto. Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el diez de abril de dos mil quince, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." 4. Sin embargo, la presente demanda de amparo deviene notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, y 62 en relación con la fracción I, tercer párrafo, del artículo 170, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. [.]" Como se ve, el precepto legal transcrito en primer término, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se trate de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Principio de definitividad previsto en el tercer párrafo, de la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo, al establecer que, previamente al juicio de amparo, deberán promoverse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales la sentencia, laudo o resolución reclamada pueda ser modificada o revocada. Esto es, la exigencia de instar previamente los recursos ordinarios está prevista como un requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo. Por lo cual, al no cumplirse con el referido principio, por disposición expresa del artículo 170, fracción I, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de amparo, en relación con la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del precepto 61, del citado ordenamiento jurídico. En la especie, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, a través de la cual, la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México desechó la demanda del juicio administrativo radicado con el expediente 571/2022, por carecer de competencia para conocer de ella, al considerar que, a partir de lo manifestado por el demandante, promovía recurso de revisión, sin que esa sala fuera competente para conocer, admitir, tramitar y resolver tal medio de defensa, esto es, se trata de una resolución que pone fin al juicio, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, toda vez que desechó la demanda, que se instó denominándola como recurso de revisión. Por lo expuesto en el párrafo que antecede cabe traer a colación el contenido del artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que textualmente dispone: "Artículo 285.- Procede el recurso de revisión en contra de: I. Los acuerdos que desechen la demanda; II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; IV. Las sentencias que decidan la cuestión planteada, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento del juicio, en este último caso cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trascienden al sentido de las sentencias; y V. Las resoluciones que se emitan en el juicio sumario; VI. Las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia;(sic)". En efecto, dicho dispositivo, entre otros supuestos, establece que contra los acuerdos que desechen la demanda, procede el recurso de revisión y, por tanto, antes de acudir al amparo directo contra la sentencia dictada en el juicio administrativo de origen, se debió interponer el recurso antes mencionado, ello en atención a que el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a agotar, previamente a su presentación, el recurso o medio de defensa que, dentro del procedimiento, concede la ley aplicable, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo que se reclamen y por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, pues el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Puntualizado lo anterior, se destaca que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque contra el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo directo, procedía el recurso de revisión en términos del antes transcrito artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; lo anterior, sin soslayar que a la demanda, la parte quejosa la denominó como recurso de revisión, siendo que de las constancias enviadas el ocurso respectivo corresponde al primer ocurso presentado ante la referida sala a fin de combatir el laudo arbitral ya mencionado, esto es, de una demanda ante la sala responsable. Máxime que la parte quejosa no se ubica en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, menos se refiere a una persona extraña al procedimiento. Asimismo, el numeral en comento señala que el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, siempre y cuando se actualice alguna de las hipótesis siguientes: a) Que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o b) Que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Pues bien, esta presidencia estima que el alcance que debe darse a los términos de las hipótesis de excepción para observar el principio de definitividad, esto es, "que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional", o "que su fundamento legal sea insuficiente", debe entenderse para el caso de que amerite cualquier discusión sobre su interpretación; cuando la norma no es clara y explícita porque su contenido amerite más de una conclusión o deducción; y que a la postre deje al gobernado en un estado de incertidumbre por cuanto hace a conocer si debe agotar o no el medio de impugnación previamente a acudir al juicio de amparo, lo que no ocurre en la especie. Cierto, se considera que la norma en análisis es clara porque indica que contra la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, a través de la cual, la Magistrada de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México desechó la demanda del juicio de administrativo radicado con el expediente 571/2022, por carecer de competencia para conocer de ella, al considerar que, a partir de lo manifestado por la demandante en el sentido de que promovía recurso de revisión, sin que esa sala fuera competente para conocer, admitir, tramitar y resolver tal medio de defensa, esto es, se trata de una resolución que pone fin al juicio, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, toda vez que desechó la demanda, que se instó denominándola recurso de revisión; en contra de la cual procedía sin ninguna restricción el recurso de revisión previsto en el artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 5. En consecuencia, con fundamento en los artículos 179, 61, fracción XVIII, y 62 en relación con la fracción I, tercer párrafo, del artículo 170, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Rocío Cynthia Tascón Aguilera, contra el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio administrativo 571/2022 por la magistrada de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 6. No es obstáculo a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, toda vez que el diverso 179 faculta al presidente a desechar por un motivo manifiesto de improcedencia la demanda de derechos fundamentales, máxime que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa en razón de que contra la presente determinación procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la ley de la materia, medio de impugnación en el que podría alegar la procedencia del presente juicio de amparo. "VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO QUE LA OTORGUE EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL PROVEER SOBRE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. Es innecesario que el Presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito dé vista a la parte quejosa con la actualización de una causa de improcedencia prevista en la Ley de Amparo cuando, en ejercicio de su labor jurisdiccional y a fin de depurar el procedimiento a partir del análisis de la demanda de amparo directo -por ser el momento idóneo para ello- aquél suscribe un auto en el que resuelve desecharla respecto de uno o varios actos reclamados, pues en tal caso el justiciable tiene a su alcance el recurso de reclamación, cuyo conocimiento corresponde al respectivo Tribunal de manera colegiada y en el cual se pueden exponer las razones que se consideren pertinentes para desvirtuar las consideraciones del propio Magistrado Presidente, con lo que se satisfacen los derechos de acceso a la jurisdicción y de defensa del quejoso". 7. Dese la intervención que corresponda a la Fiscalía Federal adscrita a este Tribunal. 8. Como sus autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales que señala para tales efectos, siempre que tengan debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, de lo contrario sólo se les tendrán por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto realicen el registro correspondiente en el referido sistema. 9. Cabe destacar que el domicilio, para oír y recibir notificaciones, que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, se encuentra fuera de la residencia de este tribunal colegiado. Ahora bien, a efecto de brindar una justicia pronta y expedita, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo, prevé atribuciones a favor de las y los juzgadores, con el fin de dar cumplimiento a esas prerrogativas. Tal es el caso de las notificaciones que deben realizarse en lugar distinto, al en que se encuentra la sede del órgano jurisdiccional que tiene conocimiento del asunto, pues, tratándose de las y los particulares (parte quejosa, tercera interesada y particulares señalados como autoridades responsables), el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia, prevé que la diligencia se realizará por despacho. Bajo esos términos, a efecto de evitar dilaciones y lograr la eficacia de las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, 138, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo, además, en los artículos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo general 12/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, gírese atento y comedido despacho número 555/2022 mediante el módulo de Interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, remitiéndole para tal efecto el documento digital con la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas de la suscrita magistrada presidenta y del secretario de acuerdos con quien se actúa, como lo establece el artículo 6 del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas y, además, por así haberse comunicado en la circular SECNO/3/2017, de veintisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el secretario ejecutivo de creación de nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal; solicitando al juez mencionado realice las diligencias que considere necesarias para cumplir lo encomendado en términos del citado código adjetivo federal; la notificación motivo del despacho deberá realizarse: A la parte quejosa: Lo anterior, para que en auxilio de las labores de este tribunal colegiado se sirva ordenar a quien corresponda lleve al cabo la notificación, en forma personal, del presente proveído a las citadas partes y les requiera para que, en el plazo de tres días contados a partir de aquel al en que surta efectos la notificación, señalen domicilio, para oír y recibir notificaciones, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, bajo el apercibimiento que de ser omisas, las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se les practicarán por medio de lista. Solicitándole atentamente a ese juzgado, en términos del Acuerdo general 12/2020 antes referido, devuelva esta comunicación oficial en esa vía. 10. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". 11. ACUSES DE RECIBO. Se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, las constancias de notificación y los acuses de recibo de autos, testimonios y demás anexos recibidos por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, así como de autoridades responsables y terceras interesadas, se agreguen a los autos del expediente en que se actúa, para que obren como corresponda, sin dar cuenta a la suscrita Magistrada Presidenta para el dictado de una resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y 6°, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el primero de octubre de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, ya que no se consideran actuaciones indispensables, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de los acuses recibidos, sólo tendrá como efecto ordenar su integración a los autos referencia, excepción hecha de los casos en los que se adjunte algún documento original o copia certificada respecto de los que se deba proveer, así como aquellas comunicaciones oficiales relacionadas con el cumplimiento a una ejecutoria de amparo, dictada en un juicio uniinstancial; sin embargo, los acuses recibidos se deberán registrar en el libro de registro de ingresos de oficios varios, a fin de que el número de promoción con los que se registre, sirva para su vinculación en el expediente electrónico. 12. AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. De conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 67, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte; y, por tratarse de una situación de emergencia sanitaria, se autoriza que las notificaciones que no puedan practicarse por oficio se lleven a cabo por medio de correo electrónico institucional a la autoridad responsable o tercera interesada, con oficio digitalizado y con la utilización de la firma electrónica. En este caso, se deberá obtener confirmación de la recepción del correo electrónico, la cual se certificará por parte de la personas servidora pública adscrita a la actuaría de este Tribunal; y, para el caso, de que no pueda lograr la confirmación de la recepción del correo electrónico, deberá notificar por medio de lista a la citada autoridad, previa razón de imposibilidad, en la que haga constar los motivos por los cuales no logró notificar la presente determinación por ese medio electrónico.

  4. Amparo en revisión

    ... se declara que el proveído de referencia ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. 2. En atención a lo anterior, devuélvase al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 759/2022-VI; solicitando a la referida autoridad, se sirva acusar de recibo. 3. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de establecer el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 14, 21 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, último párrafo, del mencionado Acuerdo General; y de conformidad con la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que el expediente electrónico y físico coinciden íntegramente, para los efectos legales conducentes.

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