Víctor Humberto Hernández Ávila
Expediente 385/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2018
Partes del expediente
- Víctor Humberto Hernández Ávila
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa Víctor Humberto Hernández Ávila y las autoridades terceras interesadas Presidenta y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no formularon inconformidad alguna respecto de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 202 de la nueva Ley de Amparo, se declara que la resolución de treinta de enero de dos mil dieciocho ha quedado firme. Por otra parte, vistos los autos, de los que se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar, en consecuencia, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En su oportunidad, depúrese el presente expediente
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los presentes autos de los que se advierte que que ha transcurrido el plazo de diez días concedido al quejoso Víctor Humberto Hernández Ávila, por propio derecho, y a las autoridades terceras interesadas Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su presidenta, en proveído de diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 76 y 77 de autos), de conformidad con lo establecido en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con base en las constancias de autos, se procede a verificar, de oficio, si la ejecutoria dictada en el presente asunto se encuentra o no cumplida, y si hay o no exceso o defecto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Es importante puntualizar que desde la sentencia de amparo se precisó que esa ejecutoria se regía por las disposiciones de la actual Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en razón de que el presente juicio de amparo directo inició su trámite conforme al anotado ordenamiento legal; por tanto, para determinar sobre el cumplimiento del fallo protector, también resultan aplicables las disposiciones contenidas en la anotada ley. En ese sentido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, la suscrita magistrada presidenta procede a determinar oficiosamente si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si los actos realizados por la responsable cumplen los lineamientos fijados en la sentencia de amparo emitida por el pleno de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, o si incurrió en exceso o defecto, es preciso tomar en cuenta las consideraciones siguientes: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO En sesión de cinco de octubre de dos mil diecisiete, se resolvió el amparo directo 385/2017, promovido por Víctor Humberto Hernández Ávila, por propio derecho, donde se otorgó la protección constitucional para los efectos siguientes: "a) Que la sección responsable deje insubsistente la sentencia reclamada de siete de abril de dos mil diecisiete. b) En su lugar emita otra en la que declare la invalidez de la concesión de pensión contenida en el oficio CP/24909/16, de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, para el efecto de que la autoridad demandada emita otra en la que aplique lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios vigente, otorgando el porcentaje correspondiente por los años adicionales que el actor cotizó al mencionado instituto, en atención a las consideraciones vertidas en el último considerando de esta ejecutoria, esto es, para que incremente la pensión en quince por ciento, dado que cotizó treinta y cinco años tres meses y catorce días." (foja 54 vuelta ídem). En relación con el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable remitió el oficio número TJA/SGA/11546/2017 de siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual exhibió la copia certificada de la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete en el recurso de revisión 2991/2016 (fojas 64 a 75 ídem), de la cual se advierte lo siguiente: En el considerando sexto, la resolutora dejó insubsistente la sentencia de siete de abril de dos mil diecisiete, dictada en el referido recurso de revisión; por ende, se tiene por cumplido el inciso a), de la ejecutoria federal. En el considerando séptimo, analizó los argumentos del agravio propuesto en el recurso de revisión y los declaró fundados y suficientes para revocar la resolución dictada en primera instancia. En efecto, la autoridad responsable determinó que con fundamento en el artículo 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, lo procedente era revocar la sentencia del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el magistrado de la séptima sala regional en el juicio administrativo 4700/2016, para el efecto de declarar la invalidez de la resolución contenida en el oficio número CP/24909/16, de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que consistente en el dictamen de pensión por jubilación otorgado a favor de Víctor Humberto Hernández Ávila, a través del cual se determinó como monto diario de pensión la cantidad de $719.95 (setecientos diecinueve pesos 95/100 moneda nacional), ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.8, fracciones VII y VIII, y 1.11, fracción I, del Código Administrativo del Estado de México, así como el diverso 273, fracción VII, del código procedimental de la materia. Por tal motivo, ante la declaratoria de invalidez del acto combatido, en términos de lo estipulado por el artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y con la finalidad de restituir al recurrente en el pleno goce de sus derechos afectados, condenó a las autoridades demandadas a que emitieran en la próxima sesión que celebre el comité de pensiones, un nuevo dictamen en el que aplicando lo establecido en el numeral 69 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se incrementara a favor de Víctor Humberto Hernández Ávila, respecto del monto diario de pensión otorgado, el quince por ciento adicional, en virtud de los años adicionales que cotizó al Instituto de Segundad Social del Estado de México y Municipios, dado que cotizó treinta y cinco años, tres meses y catorce días. Asimismo, condenó a la autoridad demandada a que en el plazo de tres días, informara al magistrado de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, sobre el cumplimiento dado a la sentencia de mérito, con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo, se impondría alguna de las medidas de apremio contempladas en los artículos 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. De lo antes narrado, se tiene por acatado el efecto señalado en el inciso b), de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, acorde al análisis efectuado a las consideraciones realizadas por la autoridad responsable en la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete en el recurso de revisión 2991/2016, se tienen por satisfechos los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. Así las cosas, de un estudio de la sentencia que remitió la referida autoridad responsable, en cumplimiento del fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal se encuentra acatada, sin que se advierta que exista exceso o defecto en su cumplimiento. Ello, pues de la confrontación entre los efectos del fallo constitucional con las acciones que realizó la responsable para acatarlo, se obtiene que ésta no incurrió en defecto, dado que con su actuación atendió a todos los lineamientos establecidos por el pleno de este órgano colegiado en la ejecutoria de que se trata, sin que haya omitido observar algún aspecto para los cuales se concedió la protección federal. Tampoco cometió un exceso, ya que no rebasó los límites y alcances fijados en el fallo protector, pues no fue más allá de lo que se ordenó en éste, es decir, su resolución se ajustó a lo estrictamente establecido en la ejecutoria de amparo. Por tales razones se afirma que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que acató en sus términos los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria emitida por el pleno de este tribunal colegiado en el presente asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; con el que en cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remite copia certificada de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, de la que se obtiene que: dejó insubsistente la sentencia de siete de abril de dos mil diecisiete, dictada por la sección de la sala oficiante en el recurso de revisión 2991/2016; revocó la diversa de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el magistrado de la séptima sala regional del referido tribunal en el juicio administrativo 4700/2016; declaró la invalidez de la resolución contenida en el oficio CP/24909/16, que contiene el dictamen de pensión por jubilación del quejoso Víctor Humberto Hernández Ávila, a través del cual se determinó como monto diario de pensión la cantidad de $719.95 (setecientos diecinueve pesos 19/100 moneda nacional), emitida por la presidenta del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; y, condenó a la autoridad demandada a dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de cumplimiento de la sentencia de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, así como 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista a la parte quejosa Víctor Humberto Hernández Ávila, así como a las autoridades terceras interesadas Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su presidenta, con la sentencia recibida para que en el término de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan ante este tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibidos que de ser omisos, esta presidencia determinará lo procedente, en términos de la circular 11/2017-AGP suscrita por el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, toda vez que el referido artículo 196 no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal a la quejosa ni al tercero interesado (o por oficio en el caso de que este último carácter recaiga en una autoridad) la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse a las partes en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahoguen la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista que para tal efecto se fije en los estrados de este órgano colegiado; por tanto, queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentra glosada la copia certificada de la sentencia en comento. Notifíquese y cúmplase.
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