Vicente Toral Castañeda
Expediente 455/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Vicente Toral Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron al auto dictado el cinco de julio del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y la parte quejosa, fueron notificadas en primero y último orden el cinco y once de julio del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del siete al veintiséis de julio del presente año, en la inteligencia de que el plazo de las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Así mismo, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible en un lapso de tres años, debido a que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Visto el estado de los autos, se desprende que el acto reclamado en el presente sumario se hizo consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos contra la Familia Región Sur, con sede en esta ciudad, de proveer el escrito de uno de agosto de dos mil veinte, presentado por el aquí quejoso en la carpeta de investigación MAZATL/AEDFAM/002533/2020/CI, de su índice. Atento a lo anterior, a lo manifestado por la autoridad responsable y a las constancias remitidas por esta última junto con su informe con justificación, quien esto provee estima que, en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;(.)" De los dispositivos transcritos se desprende que, se surte la causa de improcedencia ahí prevista cuando el acto reclamado cesa en sus efectos, de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de que se violara el derecho correspondiente, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. En el caso, como se precisó con anterioridad, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos contra la Familia Región Sur, con sede en esta ciudad, de proveer el escrito de uno de agosto de dos mil veinte, presentado por el aquí quejoso en la carpeta de investigación MAZATL/AEDFAM/002533/2020/CI, de su índice. . Luego, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos contra la Familia Región Sur, con sede en esta ciudad, mediante oficio 194/2022, remitió copia certificada del auto de siete de junio del año en curso, en el cual proveyó el escrito de uno de agosto de dos mil veinte, a través del cual nombró como asesores jurídicos a los licenciados en derecho Gilberto Sánchez Moreno y Héctor Alfonso Godínez Alatorre; dando respuesta en el sentido de que si bien es cierto designó a dichos profesionistas como sus autorizados, también lo es que en ningún momento se presentaron ante la Fiscalía identificándose, aceptando o protestando el cargo conferido, tampoco acudieron a recoger las copias certificadas que solicitó Vicente Toral Castañeda; destacando además que en la diligencia de lectura de derechos de treinta de julio de dos mil veinte, el aquí quejoso estuvo asistido por el defensor público Víctor Rafael Guerra Sánchez, al igual que en la audiencia inicial y su continuación el uno y seis de agosto de dos mil veinte, respectivamente, presididas por la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en esta ciudad, estuvo asistido por su defensor Ignacio José Torres Magaña, haciendo hincapié que en la propia diligencia de seis de agosto de dos mil veinte, el propio quejoso manifestó su conformidad con que el defensor señalado en orden final lo representara. Finalmente, hizo de su conocimiento que en la carpeta de investigación consta que en distintas fechas se le han proporcionado copias de la carpeta de investigación a su defensa en turno; e incluso la carpeta de investigación ha estado a su disposición en todo momento. Documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; y de las cuales se colige que cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues en auto de siete de junio del año en curso, la autoridad responsable dio contestación a su petición de uno de agosto de dos mil veinte. En esa tesitura, es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión reclamada, de manera tal como si se hubiere concedido el amparo a la parte quejosa, pues dejó de existir el motivo por el cual la solicitante de amparo acudió en busca de la protección constitucional. Por tanto, y al ser patente y manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede entonces decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Apoya lo anterior, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, octubre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 210237, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, mediante el cual en síntesis se acordó: Visto el estado de los autos, se desprende que el acto reclamado en el presente sumario se hizo consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos contra la Familia Región Sur, con sede en esta ciudad, de proveer el escrito de uno de agosto de dos mil veinte, presentado por el aquí quejoso en la carpeta de investigación MAZATL/AEDFAM/002533/2020/CI, de su índice. Atento a lo anterior, a lo manifestado por la autoridad responsable y a las constancias remitidas por esta última junto con su informe con justificación, quien esto provee estima que, en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;(.)" De los dispositivos transcritos se desprende que, se surte la causa de improcedencia ahí prevista cuando el acto reclamado cesa en sus efectos, de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de que se violara el derecho correspondiente, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. En el caso, como se precisó con anterioridad, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos contra la Familia Región Sur, con sede en esta ciudad, de proveer el escrito de uno de agosto de dos mil veinte, presentado por el aquí quejoso en la carpeta de investigación MAZATL/AEDFAM/002533/2020/CI, de su índice. . Luego, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos contra la Familia Región Sur, con sede en esta ciudad, mediante oficio 194/2022, remitió copia certificada del auto de siete de junio del año en curso, en el cual proveyó el escrito de uno de agosto de dos mil veinte, a través del cual nombró como asesores jurídicos a los licenciados en derecho Gilberto Sánchez Moreno y Héctor Alfonso Godínez Alatorre; dando respuesta en el sentido de que si bien es cierto designó a dichos profesionistas como sus autorizados, también lo es que en ningún momento se presentaron ante la Fiscalía identificándose, aceptando o protestando el cargo conferido, tampoco acudieron a recoger las copias certificadas que solicitó Vicente Toral Castañeda; destacando además que en la diligencia de lectura de derechos de treinta de julio de dos mil veinte, el aquí quejoso estuvo asistido por el defensor público Víctor Rafael Guerra Sánchez, al igual que en la audiencia inicial y su continuación el uno y seis de agosto de dos mil veinte, respectivamente, presididas por la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en esta ciudad, estuvo asistido por su defensor Ignacio José Torres Magaña, haciendo hincapié que en la propia diligencia de seis de agosto de dos mil veinte, el propio quejoso manifestó su conformidad con que el defensor señalado en orden final lo representara. Finalmente, hizo de su conocimiento que en la carpeta de investigación consta que en distintas fechas se le han proporcionado copias de la carpeta de investigación a su defensa en turno; e incluso la carpeta de investigación ha estado a su disposición en todo momento. Documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; y de las cuales se colige que cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues en auto de siete de junio del año en curso, la autoridad responsable dio contestación a su petición de uno de agosto de dos mil veinte. En esa tesitura, es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión reclamada, de manera tal como si se hubiere concedido el amparo a la parte quejosa, pues dejó de existir el motivo por el cual la solicitante de amparo acudió en busca de la protección constitucional. Por tanto, y al ser patente y manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede entonces decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Apoya lo anterior, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, octubre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 210237, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
- Principal
De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio número 194/2022 signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Delitos contra la Familia, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se reciben las pruebas documentales que adjunta a su comunicado de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
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