Víctor Balbuena Rivera
Expediente 79/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Víctor Balbuena Rivera
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ninguna promoción que indique que la quejosa recurrió el auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda constitucional, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada en diez siguiente, quedando comprendido dicho plazo del catorce al veintidós de los presentes mes y año, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Víctor Balbuena Rivera, por su propio derecho y en representación de los menores de edad de identidad resguardada de iniciales D.B.B. y L.B.B., contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 79/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Expuesto lo anterior, en el caso particular que se atiende se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción IX, de la ley de la materia, que establece que el juicio de amparo es improcedente: "IX. Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." De dicho numeral se desprende que el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución. Sobre el particular, es oportuno precisar que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo, contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el juicio en lo principal. Este criterio está contenido en la tesis 1ª. LXX/2003, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 83 2, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Expuesto lo anterior, es importante acotar que de la lectura íntegra del escrito de demanda que se atiende, se advierte que en el capítulo de antecedentes el promovente Víctor Balbuena Rivera, señala: "1.- Empezamos a vivir en concubinato en el año 2007 entre el aquí quejoso, la tercera interesada, en la vigencia de la relación nacieron mis dos menores hijos de nombres en iniciales D.B.B. y LB.B. (tal y como demuestro mi PERSONALIDAD e INTERÉS JURÍDICO con en el FORMATO DIGITAL DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO número 757, del libro 1 de nacimientos del año 2008 dos mil ocho, de fecha 7 de abril del año 2008 dos mil ocho, número 734, del libro 4 de nacimientos del año 2010 dos mil die de fecha 01 de marzo del año 2010 dos mil diez y que me fuera expedida por la autoridad competente', para ello se exhibe con este escrito de demanda como anexo número #1 y como como anexo número #2. Nos separamos en el aíro 2013, la señora SABINA BELLOSO y/o SABINA BELLOSO MORENO se queda con los niños viviendo en Mazatlán, yo me traslado a vivir a Puebla, como acuerdo particular el aquí quejoso me hago cargo de pagar la colegiatura, y depositarle a la señora; y los visitaba en vacaciones y los gastos corrían por mi cuenta. 2.- Posteriormente en el año 2015 la señora SABINA BELLOSO y/o SABINA BELLOSO MORENO cambia de domicilio y se va a Ensenada y se lleva a mis menores hijas, sin importar la estabilidad emocional y el desarrollo regular de su estudio ji de su sano desarrollo, MAIVIFIESTO BAJO PROTESTA DE PECIR VERDAD QUE LA SENORA SABINA BELLOSO y/o SABINA rfiELLQS0 MORENO, AQUÍ TERCERA SIDERKSÁDA, TIZNE LÁ POBL E NACIONALIDAD: MEXICANA Y NORTEAMERICANA, ASI COMO VIVIENDO FAMILIA EN ESTADOS UNIDOS: 3.-En ENERO del año 2016 en una visita de mis menores hijos a la ciudad de Puebla, la señora SABINA BELLOSO y/o SABINA BELLOSO MORENO, aquí tercera interesada, me avisa que se regresaría a Mazatlán a trabajar, por lo tanto, no puede hacerse cargo de ellos y se quedan a vivir conmigo, en el domicilio de mi madre, en ubicado en Avenida Cipreses, número 1838, de la colonia El Barred de la ciudad de Puebla, Puebla, empiezan a estudiar en el colegio Jabes, ubicado en la Recta a Cholula), el aquí quejoso me hacía cago de ellos al 100%, respecto al pago de colegiaturas, manutención, es decir el total de los alimentos. 4.- Posteriormente en el mes de AGOSTO del año 2017 la tercera interesada llega a Puebla, manifestando que es turno de ella estar con ellos; aquí tercera interesada se los lleva a Mazatlán, a pesar que ellos no quedan estar con ella, llegan a Mazatlán al domicilio ubicado en Calle Río Baluarte, número 113, Fraccionamiento Tellería, Mazatlán, Sinaloa. 5.- En NOVIEMBRE del año 2017 contraigo matrimonio con mi actual esposa, el aquí quejoso voy por mis menores hijos para que asistan a la boda y los regreso a los 3 días de haber estado en Puebla. Estando, así las cosas, sigo haciendo viajes a Mazatlán para visitarlos ji traerlos a Puebla en vacaciones. 6.- En el VERANO del año 2018, la señora SABINA BELL OSO y/o SABINA BELL OSO MORENO, aquí tercera interesada ya no me deja ver a mis menores hijos manifestando que, hasta no arreglar el tema de pensión, no más visitas, ni comunicación, los niños pocas veces logran comunicarse a escondidas de su madre. Hasta que en el mes de NOVIEMBRE del año 2018 me llega la demanda por pensión de alimentos; la tercera interesada promueve Juicio Sumario por Otorgamiento de una Pensión Alimenticia, bajo el Expediente 1755/2018; del índice del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA, y a pesar del Juicio, yo sigo cumpliendo en pagar colegiaturas, depositándoles, en AGOSTO del año 2019 llegamos a un acuerdo en el juzgado y se le está dando el 35 % de mi salario, y las convivencias en vacaciones y en el mes de OCTUBRE del año 2019 empiezan las deducciones vía nómina en mi centro de trabajo. 7.- En el mes de MARZO del año 2020, empezaron las clases en línea, y la señora SABINA BELL OSO y/o SABINA BELL OSO MORENO, aquí tercera interesada ya no les permite estar en clases, contraviniendo su derecho a la educación; el suscrito tuve comunicación con la escuela, donde me apoyaban con las tareas y les pasaba las tareas a mis hijos, ellos a i y yo a la escuela, y así no perdieran el ciclo escolar. 8.- En el VERANO del año 2020, la tercera interesada al enterarse de lo que había estado apoyando a mis menores hijos, decide ya de forma unilateral que la no los iba a ver, ni por video llamadas, la comunicación era muy poca y a escondidas. En el mes de AGOSTO del año 2020 la tercera interesada no los inscribe .72 r ninguna escuela, manifestando que 'paraqué" por lo tanto, pierden un ciclo escolar 2020-2021, ATENTANDO CONTRA SU DERECHO A LA EDUCACIÓN. 9.- El aquí quejoso preocupado por mis menores hijos en todos sus aspectos, por su sano desarrollo, y para queja no perdieran de nueva cuenta el ciclo escolar, en el VERANO del año 2021 decidí venir por mis menores hijos de nombre en iniciales D.B.B. y LB.B. a esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa y llevo conmigo a la ciudad de Puebla, por estar gozando del periodo de vacaciones, y me dicen que quieren vivir en mi domicilio familiar ubicado en la Calle 18 "A", número 30, Antigua Cementera, de la ciudad de Puebla, Puebla. Después de escucharlos de todo lo que la tercera interesada (la mamá) les hacía, los dejaba sin comer, les generaba maltratos físicos, psicológicos, mis menores hijos me piden que querían quedarse a vivir con el quejoso. 10.- El aquí quejoso preocupado por el bienestar de mis menores hijos los inscribo en el COLEGIO EURO LICEO, mi menor hija de nombre en iniciales L.B.B. comienza a cursar el 5° grado de primaria y mi menor hijo de nombre en iniciales L.B.B. comienza a cursar en el 1° de secundaria, ambos en el COLEGIO EURO LICEO, S. C. con domicilio e Boulevard Hermanos Serdán, colonia Aquiles Serdán, de la ciudad de Puebla. Actualmente siguen inscritos en el ciclo escolar 2022-2023, tal y como lo demuestro con el pago de las colegiaturas del mes de noviembre. 11.- Me llegó una INVITACIÓN por parte de la CLÍNICA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO del SISTEMA ESTATAL DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTATAL (DIF), respecto del reporte número 711/2021, en la que me citaron el día 19 de mayo del año 2022,y quien nos atendió a la Trabajadora Social María Angélica Escobedo González, en las entrevistas y las valoraciones realizadas a mis menores hijos de nombres en iniciales D.B.B. y L.B.B. manifestaron estar viviendo en Puebla, en el domicilio de aquí quejoso y que deseaban que así continuara. 12.- El quejoso preocupado por la certeza jurídica de mis menores hijos, con fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, presente Juicio de Guarda y Custodia, mismo que recayó en el JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, bajo la Carpeta Digital JOF/DJP/3 759/2022/GC, y el Juez ordenó que se mantuviera la custodia de hecho de mis menores hijos de nombre en iniciales D.B.B. y LB.B. 13.- El día 10 de noviembre del año 2022, se llevó a cabo la diligencia de Cateo en el domicilio del quejoso, por el C. Diligenciario adscrito al Juzgado de Exhortos Zona Metropolitana de Puebla, ordenada en el Exhorto número 7043/2021, y posteriormente al cateo realizado en mi domicilio fuimos trasladados a las instalaciones en el Centro de Convivencia del Poder Judicial del Estado de Puebla, con domicilio ampliamente conocido en Ciudad Judicial Siglo XXI, sito en Periférico Arco Sur sin número de San Andrés Cholula, Puebla. 14.- Consistente en las COPIAS CERTIFICADAS del Exhorto número 7043/2021, y que conoció el C. Juez de Exhortos Zona Metropolitana de Puebla, por lo que solicito se sirva girar atento oficio al C. Juez de Exhortos Zona Metropolitana de Puebla con domicilio ampliamente conocido en Ciudad Judicial Siglo XXI, sito en Periférico Arco Sur sin número de San Andrés Cholula, Puebla, para que remita COPIAS CERTIFICADAS de todas las actuaciones y sobre todo de la diligencia de cateo llevada a cabo así como las entrevistas y valoraciones realizadas a mis menores hijos de nombres en iniciales D.B.B. y L.B.B. por la psicóloga adscrita al CECOFAM, manifestaron mis menores hijos de nombre en iniciales D.B.B. y L.B.B. estar viviendo en Puebla, en el domicilio del aquí quejoso y que deseaban que así continuara, así como las razones por las duales no quieren ir a vivir al domicilio de la aquí tercera interesada, en razón de la escucha de los menores, y las observaciones realizadas por la psicóloga, la C. Juez de Exhortos Zona Metropolitana de Puebla, acordó que deberían permanecer incorporados al domicilio del aquí quejosos. 15.- El día 10 de NOVIEMBRE del año 2022 se llevó a cabo la audiencia de conciliación entre las partes ante el Juez Gustavo Torres Porras, Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, quien determina que necesita a mis menores hijos a las 14:00 horas en el Centro de Convivencia del Poder Judicial del Estado de Puebla; regresé con ellos son atendidos a las 14:30 p.m. por la psicóloga, MP y Juez, mis menores hijos de nombres en iniciales D.B.B. y LB.B. manifiestan que tienen viviendo un año y cuatro meses en el domicilio en Puebla y que es su deseo quedarse en el domicilio del aquí quejoso, le hicieron referencia de los maltratos de la mamá, además de hacerle saber al Juez que se encuentran inscritos en el COLEGIO EURO LICEO, S.C. de la Ciudad de Puebla. La Responsable sin fundar, ni motivar, ordenó la entrega de mis menores hijos de nombres en iniciales D.B.B. y LB.B. a la tercera interesada para que se los llevara a la ciudad de Mazatlán. 16.- El día 15 de noviembre del ario en 2022, pues en el transcurso de trasladarlos a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por parte de su progenitora la C SABINA BELLOSO MORENO, fue que mis menores hijos decidieron encerrarse en los sanitarios de la terminal de AUTOBUSES PASEO DESTINO en la Ciudad de Puebla, Puebla, con domicilio ampliamente conocido en Av. Las Torres 1923, Reserva Territorial Allixcayotl, 72450 Puebla, Puebla, ante dichas Circunstancias se les brindo atención por parte del PROCURADOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA (DIF). 17.- Desde el día 16 de noviembre del año 22 mis menores hijos, permanecieron en la " CASA DEL ADOLESCENTE" del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Puebla, con domicilio ubicado en Avenida 33 Poniente, número 4510, Colonia Emiliano Zapata, de la Ciudad de Puebla, Puebla, código Postal 72160, VIOLANDO SU DERECHO A LA EDUCACIÓN, hasta los primeros días de diciembre del año 2022, ficha en que fueron restituidos con la hoy Tercero Interesada a esta Ciudad de Mazatlán. 18.- Mediante acuerdo de fecha trece de diciembre del año dos mil veintidós, dictado dentro del juicio de amparo indirecto número 152/2022 DEL Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, promovido por la hoy Tercero Interesado, la C. SABINA BELL OSO MORENO, se ordenó tomarlas medidas necesarias para escuchar a los menores, puesto que hasta esa fecha los menores tenían más de un mes sin ir a la escuela. 19.- Mediante Audiencia de escucha de menor dé FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, se escuchó a los menores de nombres en iniciales D.B.B., LB.B. y se DECRETÓ LA GUARDA Y CUSTODIA A FAVOR DEL HOY QUEJOSO, concediéndole régimen de visita y convivencia a la Hoy Tercero Interesada, la C. SABINÁ BELLOSO MORENO, consistente en el periodo vacacional, por lo cual los menores permanecieron en el domicilio de la progenitora NO CUSTODIA, debiéndolos regresar al domicilio del hoy quejoso, una semana antes del inicio del periodo escolar, el cual dio inicio el da !nueve de enero del año 2023. 20.- Mediante escrito de fecha 9 de enero del año 2023, acuse la rebeldía a la hoy responsable, en que había incurrido la hoy Tercero interesada, por no restituir a mis menores 150s con el progenitor custodio, manifestando que la C. SABINA BELL OSO MORENO había vuelta a obstruir el acceso a la educación de mis menores hijos, a lo que la hoy responsable hizo caso omiso." SIC. Por lo anterior, se invoca el juicio de amparo 152/2022 del índice de este juzgado, promovido por la quejosa Sabina Belloso Moreno por su propio derecho y en representación de los menores D.B.B. y L.B. B., específicamente el incidente de suspensión que deriva del mismo y que se tiene a la vista al momento de emitir esta determinación, por constituir un hecho notorio para el suscrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que de éste se desprende que en auto de siete de marzo de dos mil veintidós, se concedió a Sabina Belloso Moreno por su propio derecho y en representación de los menores de edad de identidad resguardada de iniciales D.B.B. y L.B. B., la suspensión provisional de los actos reclamados, y el catorce de marzo siguiente, la suspensión definitiva de los actos reclamados, advirtiéndose que los efectos de la citada medida fueron los siguientes: "EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA Tomando en consideración que el acto reclamado implica un no actuar de la autoridad judicial del ramo familiar respecto a la omisión de hacer efectivas las medidas de apremio decretadas en proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno a fin de que los infantes quejosos de iniciales D.B.B y L.B.B. sean devueltos a su progenitora en el domicilio que ocupan en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa; hechos denunciados que en sí mismos son de carácter urgente y no admiten dilación con formalismos procedimentales; atento a que la buena fe se presume y basta lo informado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la medida cautelar se concede para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de su atribuciones, de inmediato provean las diligencias que resulten pertinentes para que los menores de identidad resguardada bajo las iniciales D.B.B y L.B.B. sean devueltos a su progenitora en el domicilio que ocupan en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, toda vez que no obstante le fue otorgada la guardia y custodia de los mismos, no han sido devueltos por su padre Víctor Balbuena Rivera, al domicilio en el que habitaban con la aquí quejosa. Lo anterior, obedece a que conforme a las manifestaciones expresadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, los efectos concedidos para la suspensión de mérito constituyen el extremo más benéfico para garantizar el interés superior de los infantes quejosos; lo anterior, sin perjuicio de lo que en su momento se resuelva respecto de la suspensión definitiva, con base en el informe previo que rindan las responsables y las pruebas que adjunten a dichos informes, bajo la óptica, se reitera, del interés superior de los menores, reconocido en el artículo 4° constitucional." Luego, se advierte que con posterioridad a la emisión de la suspensión definitiva pronunciada en la incidencia de que se trata, la autoridad responsable informó las gestiones realizadas a fin de acatarla, ello, particularmente mediante oficio 4360/2022, suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, al que anexó entre otras constancias, diligencia de recuperación de los menores de edad quejosos, de la que en lo aquí interesa, se advierte que una vez iniciada la diligencia cuestionaron a los menores de que se trata a fin de que expresaran si estaban de acuerdo en vivir con su progenitora Sabina Belloso Moreno, quienes respondieron que preferían vivir con su papá, y solicitaron ser escuchados por el Juez exhortante, ubicado en la Zona Metropolitana de Puebla, diligencia que fue desahogada el diecinueve de agosto de la anualidad en curso, y en la que los menores de edad quejoso manifestaron su voluntad de seguir viviendo con su progenitor. Posteriormente, en auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, y como consecuencia de lo anterior, se modificó la suspensión definitiva para concederla en para los siguientes efectos: "Efectos de la medida cautelar solicitada Tomando en consideración que el acto reclamado implica un no actuar de la autoridad familiar respecto dado la fecha tan lejana para escuchar a los menores su sentir en relación a quien ejerza su guardia y custodia, y en emitir la resolución que en derecho corresponda, la que al tener precisamente ese carácter de urgente, no admite dilación con formalismos procedimentales; atento a que la buena fe se presume y basta lo informado en las constancias allegadas por la autoridad ordenadora responsable para establecer que los menores de edad quejosos podrían encontrarse en situación de riesgo, dado el daño moral que podría ocasionarles el hecho de que habiten con uno de sus progenitores, no obstante su renuencia a hacerlo, por tanto, la medida cautelar se concede para el efecto de que la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad: i) De inmediato deje insubsistente el acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, únicamente respecto de la fecha señalada para la diligencia de escucha de los menores de edad quejosos, y fije una nueva, la cual deberá desahogar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. ii) Una vez terminada dicha diligencia (en la misma data de su desahogo), con las pruebas aportadas en autos, provea lo relativo a cuál de sus progenitores ejercerá la guardia y custodia de los menores de edad quejosos y, de ser el caso el régimen de convivencia que pudieran tener los adolescentes quejosos con el progenitor que no ejerza dicha guarda y custodia. iii) En caso de estimar que los menores de edad quejosos requieren tratamiento psicológico, durante y posterior a la recepción de su testimonio, gestionen ante las instancias correspondientes, en el lugar que se determine la residencia de los adolescentes quejoso, que éstos reciban dicha atención." En auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, mediante oficio 6187/2022, el juez responsable en cumplimiento a lo ordenado, el trece del citado mes y año, informó que el quince de ese mes resolvió en definitiva la Litis que integra el incidente de incumplimiento de convenio admitido en el juicio de origen, en el que otorgó la guardia y custodia al papá Víctor Balbuena Rivera de los menores de edad de identidad resguardada de iniciales D.B.B. y L.B.B., y el régimen en torno a la convivencia a la mamá Sabina Belloso Moreno, así como el tema de los alimentos. En proveído de dieciocho de enero del año en curso, el aquí quejoso realizó diversas manifestaciones relativas al cumplimiento del régimen de guardia y custodia, de quince de diciembre del año en curso, en lo que interesa, que Sabina Belloso Moreno incumplió con el régimen de convivencias dictado en la determinación de quince de diciembre de dos mil veintidós, al no haber reintegrado a los menores de edad de iniciales D.B.B. y L.B.B., en el domicilio del tercero un fin de semana antes del inicio de clases, tal como ahí se estableció, por tal motivo, en la incidencia de que se trata se requirió al juez responsable, por el debido cumplimiento de la suspensión. Finalmente, en atención al requerimiento indicado, mediante oficio 917/2023, el juez de origen informó que por auto de veinte de enero de la presente anualidad, tuvo por recibido el escrito presentado por el tercero Víctor Balbuena Rivera, donde manifestó que la quejosa Sabina Belloso Moreno incumplió con el régimen de convivencias dictado en la determinación de quince de diciembre de dos mil veintidós, al no haber reintegrado a los menores de edad de iniciales D.B.B. y L.B.B., en el domicilio del quejoso un fin de semana antes del inicio de clases, tal como ahí se estableció. En consecuencia, hizo efectivo el apercibimiento realizado en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, aplicando a Sabina Belloso Moreno, una multa consistente en veinte valores diarios de Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $1,924.40 (mil novecientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos moneda nacional). Asimismo, en dicho auto, comisionó al actuario judicial adscrito a ese juzgado, a fin de requerir a Sabina Belloso Moreno, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas entregue a los menores de edad de iniciales D.B.B. y L.B.B, a Víctor Balbuena Rivera, en el domicilio ubicado en Dieciocho A, número 30, Fraccionamiento La Antigua Cementedra, en Puebla, con apercibimiento de que en caso de no cumplir con dicho requerimiento se le impondría una multa de cuarenta valores diarios de Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual podría derivar en la suspensión de la convivencia fijada en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós. En esa tesitura, queda acreditado que los actos reclamados consistentes en la falta de aplicación de medidas de apremio en contra de Sabina Belloso Moreno, a fin de llevar a cabo la ejecución de la resolución de quince de diciembre del año próximo pasado, emitida en el juicio de origen, esto con la finalidad de que se realice la entrega inmediata de los menores de identidad resguardada de iniciales D.B.B. y L.B.B., y sus consecuencias, respecto de los cuales el quejoso pretende promover una nueva demanda, fueron emitidos en ejecución de la suspensión definitiva modificada y emitida en el incidente de suspensión derivado de ese juicio principal, ya que en cumplimiento a dichos efectos la responsable ordenó la entrega inmediata de dichos menores a su progenitor aquí quejoso Víctor Balbuena Rivera y le hizo efectivo una multa a la aquí tercera interesada Sabina Belloso Moreno. Por tanto, resulta incuestionable que en el caso se actualiza la invocada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados en cuestión, provienen de una determinación dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 152/2022, y no sería jurídico estimar que contra determinaciones en el propio juicio de amparo o en ejecución del mismo procediera otro amparo, pues de ser así, se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Así pues, la prohibición de ejercer la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los procedimientos de la misma naturaleza prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no se limita a la resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también a cualquier determinación u omisión inmersa en su trámite o del incidente de suspensión que derive, ya que ello originaria juicios interminables en demerito de la seguridad jurídica. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 8293, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. La improcedencia de la demanda es extensiva a las omisiones que refiere el quejoso, y que hace depender de los actos previamente analizados y que además constituyen la materia de reclamo en el juicio 152/2022, de manera de que, no se puede considerar que derivado de la presente determinación se vulneren en contra de la parte quejosa los derechos fundamentales que ahora aduce. DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo en vigor, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." Hágase la aclaración a los peticionarios de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, quienes tienen sus cédulas profesionales ******************** autorizadas en el Registro Único de Profesionales de Derecho. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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