Vicente Paez Magaña

Expediente 906/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
906/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Vicente Paez Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia emitida en este asunto el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y las autoridades responsables fueron notificados en primer y último lugar, esto es, el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno y tres de enero del presente año, quedando comprendido dicho plazo del treinta de diciembre de dos mil veintiuno al diecisiete de los que cursan. En consecuencia, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Por otro lado, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en el ordinal 21, inciso c), del acuerdo invocado en el párrafo anterior, provéase lo conducente en la referida incidencia para que se realice su valoración documental conforme a los lineamientos contenidos en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las diez horas del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados en auto de diecinueve de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 906/2021. La licenciada Rocío Osuna Lizárraga, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, encargada del despacho por vacaciones concedidas al titular de este órgano jurisdiccional, mediante oficio CCJ/ST/3842/2021, firmado electrónicamente por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ante el licenciado Osmar Abraham Lara Piñón, secretario con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo de "Agenda de Visita a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya generado cita para comparecer a esta audiencia ni que hayan solicitado estar presentes por medio de videoconferencia. Enseguida, se procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos: demanda de amparo presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno; auto admisorio de diecinueve siguiente; e informes justificados rendidos por las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, y Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, todos con sede en esta ciudad. Acto seguido, el Juez acuerda: se tienen relacionadas las constancias que obran en el presente sumario y de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados de mérito. Abierto el periodo de pruebas: la secretaria da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidos y desahogados en razón de su propia naturaleza los medios de convicción aludidos, los que serán tomados en consideración en su oportunidad. Al no haber probanzas pendientes que desahogar, se cierra el periodo que nos ocupa. Abierto el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que las partes no ejercieron dicho derecho, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento, por lo que concluye la presente etapa. No habiendo diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 906/2021-I, promovido por Vicente Páez Magaña; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Vicente Páez Magaña, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, que hizo consistir esencialmente en el ilegal emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario de origen, y como consecuencia, la pretensión de ejecutar la orden de desposesión desalojo respecto del inmueble que tiene en posesión, ubicado en calle Villa Unión, número 18139, fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad. SEGUNDO. Radicación de la demanda. Correspondió conocer del expresado libelo constitucional, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, donde se registró con el número de expediente 906/2021-I, y por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se requirió a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente compete, quien no formuló pedimentos. Seguido el juicio por sus demás etapas legales, las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de este fallo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; así como, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución dentro de los límites territoriales en los que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el ilegal emplazamiento al juicio sumario civil, y como consecuencia, la orden de desalojo respecto del inmueble que tiene en posesión ubicado en calle Villa Unión, número 18139, fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al respecto, las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, y Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. En ese contexto, del análisis practicado a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que no existe medio probatorio que vincule a las autoridades antes precisadas con los actos que les son imputados o con los que se desvirtúen las negativas de que se da noticia, siendo que la parte quejosa tiene la carga procesal de aportar aquellos medios de convicción encaminados a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para afirmar que las responsables transgredieron su esfera jurídica. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 310, sustentada por el Pleno de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1621, del Apéndice de 1995, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es óbice lo anterior, lo informado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, en el sentido de que existió el juicio sumario civil hipotecario 452/2010, sin embargo, en auto de dos de febrero de dos mil once se decretó la caducidad de la instancia antes de que, incluso, se haya emplazado al demandado, ahora quejoso; de ahí la inexistencia de los actos reclamados en la presente demanda de amparo. Por lo tanto, al no haberse allegado al presente sumario ninguna prueba con la cual se acredite que los acto de los que se dio noticia sean imputables a las autoridades señaladas en este considerando, lo que procede es SOBRESEER en el juicio, respecto de éstass y por los actos que se les reclaman, en los términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que la aplicación de los criterios contenidos en las tesis invocadas en la presente resolución, no es contraria a lo previsto en el ordinal sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece Sin que obste a lo anterior, el hecho de que aún no se encuentra en este juzgado la constancia de notificación del oficio 21162/2021, dirigido al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en la Ciudad de México, dado el sentido en el que se resuelve, resulta innecesario su emplazamiento. CUARTO. Transparencia y acceso a la información pública. Tomando en consideración que las partes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 61 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Vicente Páez Magaña contra el acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente determinación. SEGUNDO. Cúmplase con lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio 2644/2021, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; memorial que, se ordena agregar al presente sumario para que obre como corresponda. Con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad mencionada, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen recibidos los oficios 2667/2021 y 3096/2021, signados por las Juezas Primera y Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por medio de los cuales rinden informe justificado; memoriales que, se ordenan agregar al presente sumario para que obren como corresponda. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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