Vicente Ortiz de la Cruz
Expediente 896/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Vicente Ortiz de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
III. Citatorio. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, el auto del treinta de octubre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la primer certificación para los efectos legales a que haya lugar; y, con relación a la segunda certificación que antecede, así como al estado de autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia veintiuno de septiembre pasado, terminada de engrosar del veintidós de septiembre siguiente, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas, y glósese a este expediente el cuaderno relativo al incidente de suspensión. En ese sentido, sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la legislación de la materia por los motivos que se expondrán más adelante. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que se le apercibe que, en caso de no dar cumplimiento total al fallo protector, se le impondrá, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No obstante lo anterior, téngase al Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tultepec, informando sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dése vista a las partes con el oficio de cuenta y sus anexos para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga; se les apercibe que de no hacerlo en el término indicado, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos y datos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por lista al representante social adscrito, así como por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la primer certificación para los efectos legales a que haya lugar; y, con relación a la segunda certificación que antecede, así como al estado de autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia veintiuno de septiembre pasado, terminada de engrosar del veintidós de septiembre siguiente, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas, y glósese a este expediente el cuaderno relativo al incidente de suspensión. En ese sentido, sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la legislación de la materia por los motivos que se expondrán más adelante. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que se le apercibe que, en caso de no dar cumplimiento total al fallo protector, se le impondrá, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No obstante lo anterior, téngase al Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tultepec, informando sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dése vista a las partes con el oficio de cuenta y sus anexos para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga; se les apercibe que de no hacerlo en el término indicado, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos y datos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por lista al representante social adscrito, así como por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 896/2023-III; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado por ********************, por derecho propio, el once de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, se turnó el ******************** a este Juzgado, quien previa prevención y escrito de desahogo, por auto del veintisiete de julio de dos mil veintitrés admitió la demanda, se registró con el juicio de amparo 896/2023-III, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese juzgado y se señaló fecha para la celebración de audiencia constitucional, la que previos diferimientos se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues los actos reclamados tuvieron verificativo dentro de la demarcación territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, con apoyo además en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de dos mil, que se puede leer en la página treinta y dos, del rubro: "DEMANDA"DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que, de la lectura integral de la demanda, y demás constancias que obran en el expediente, se estima que el quejoso reclama: El acuerdo de inicio de procedimiento de separación emitido en el expediente ********************, del ********************. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Tultepec, Estado de México, ya que así lo manifestó al rendir su correspondiente informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que fueron remitidas durante la tramitación de la presente secuela procesal, relativas al procedimiento administrativo de ********************, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hayan hecho valer las partes en el juicio o que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, deba invocarse de oficio, enseguida se examina la constitucionalidad del acto reclamado. No se trascriben las consideraciones del acto reclamado ni los conceptos de violación, toda vez que la ley de la materia no establece como condición para resolver el juicio de amparo, que se deba reproducir el fallo impugnado y los motivos de agravio que en su contra se expresen; aunado a que tal circunstancia deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir y alegar lo que estime pertinente. Encuentra apoyo lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede leerse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, con registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Expone el quejoso que, con la emisión del acto reclamado, se conculcan sus derechos de audiencia previa, defensa técnica, seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso, que aducen en su favor los artículos 14 y 16 constitucionales; lo anterior, toda vez que la autoridad responsable: Que la Comisión de Honor y Justicia responsable, no recibió el expediente de la Unidad de Asuntos internos, lo cual considera, deriva en la incompetencia de dicha autoridad para emitir el citado acto. Que la propia Comisión de Honor y Justicia, inició el procedimiento administrativo, llevando a cabo la investigación correspondiente, sin mandamiento de autoridad que funde y motive el acto de autoridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley de Seguridad del Estado de México. No funda ni motiva de manera congruente el acto reclamado, ya que no señala de manera pormenorizada la diversidad de hipótesis en que funda su actuación, lo que considera lo deja en estado de indefensión al no tener plena certeza como es que incurrió en todas y cada una de las responsabilidades que citó la responsable en el acto reclamado. Devienen esencialmente fundados los motivos de disenso planteados por el quejoso, mismos que se estudiaran en orden diverso al propuesto, por cuestión de técnica jurídica, acorde a las siguientes consideraciones. En efecto, el artículo 14 constitucional, en su párrafo segundo, dispone: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Del precepto y párrafo transcritos, se deriva, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En ese sentido, se aprecia, previo a todo acto privativo, deberán cumplirse las formalidades del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido, que dichas formalidades, son las siguientes: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3. La oportunidad de alegar. 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Siendo aplicable al respecto, la jurisprudencia que dice: Registro digital: 200234 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 47/95 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 133 Tipo: Jurisprudencia "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Por otro lado, el primer párrafo del artículo 16 constitucional establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". El precepto constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento con las siguientes características: a) Que sea por escrito. b) Que sea emitido por autoridad competente. c) Que se funde y motive la causa legal del procedimiento. La primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 219034 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: V.2o. J/32 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 54, Junio de 1992, página 49 Tipo: Jurisprudencia "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Bajo ese marco constitucional, es de puntualizarse, que la autoridad responsable, a efecto de sustentar su informe justificado, sólo anexó las siguientes constancias: 1. El acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de ********************, al que le fue asignado el número ********************. 2. El oficio ********************, de ********************, dirigido al ahora quejoso, y signado por los integrantes del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Municipio de Tultepec, por el que le hacen saber el inicio del procedimiento administrativo de separación en su contra y, se le citó para llevar a cabo su garantía de audiencia; así como su constancia de notificación. 3. La audiencia de "Garantía de Ley", de ********************, mediante la cual, se otorgó la garantía de audiencia respecto del procedimiento aludido al ahora quejoso Luego, el citado acuerdo de inicio de procedimiento administrativo en contra del quejoso con número ********************, de ********************, en la parte que aquí interesa es del tenor literal siguiente: "Esta se hace consistir en el probable incumplimiento a los deberes de disciplina y al régimen disciplinario que el C. ******************** como integrante de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tultepec, Estado de México tiene la obligación de cumplir, previstos en el artículo 100, apartado B fracción I, incisos l), s), y u) de la Ley de Seguridad del Estado de México, consistentes en las siguientes hipótesis: (Se transcribe).". Siendo este proveído, del que derivan las acciones y omisiones que reclama la parte quejosa en el presente asunto, al constituir la apertura del procedimiento administrativo seguido en contra del peticionario. Asimismo, resulta procedente también destacar, que los artículos 160, 161, del 163 al 169 y el 204 de la Ley de Seguridad del Estado de México, disponen: Ley de Seguridad del Estado de México. "Artículo 160.- La Comisión de Honor y Justicia, es un órgano colegiado que tendrá como atribución llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, los procedimientos en los que se resuelva la suspensión temporal, separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los elementos policiales de conformidad con lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal y la Ley General, cuando incumplan: I. Con los requisitos de permanencia que se establecen en la Ley General, esta Ley y demás disposiciones legales aplicables; II. Con las obligaciones establecidas en la Ley General, esta Ley y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar; y III.Con el régimen disciplinario establecido en esta Ley. La Comisión de Honor y Justicia implementará una base de datos en la que se registrarán las sanciones impuestas a los integrantes de las Instituciones Policiales." Artículo 161.- Las Instituciones Policiales establecerán una Comisión de Honor y Justicia, que estará integrada por: I. Un presidente que tendrá voto de calidad; II. Un secretario que será el titular del jurídico de la Institución y contará con voz y voto; y III. Un representante de la unidad operativa de investigación, prevención o reacción según sea el caso. El presidente y el representante serán designados por el titular de la dependencia." "Artículo 163. Cuando un integrante de las instituciones de seguridad pública incumpla con alguno de los requisitos de permanencia, las obligaciones establecidas en la Ley General, esta Ley y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar o con el régimen disciplinario establecido en este ordenamiento, la Unidad de Asuntos Internos integrará el expediente que sustente dicha irregularidad y lo remitirá a la brevedad a la Comisión de Honor y Justicia." "Artículo 164. La Comisión de Honor y Justicia, cuando le sea remitido un expediente a que se refiere el artículo anterior, abrirá un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente." "Artículo 165. Antes, al inicio o durante la tramitación del procedimiento administrativo, la Comisión de Honor y Justicia, podrá determinar, como medida precautoria, la suspensión temporal del elemento policial de que se trate, hasta en tanto se resuelva el procedimiento correspondiente, con el objetivo de salvaguardar el interés social, el interés público o el orden público derivado de las funciones que realiza, de así convenir para el mejor cumplimiento del servicio de seguridad pública." La medida precautoria aludida en el párrafo anterior, no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. Durante el período de la suspensión el servidor público no tendrá derecho a percibir su salario y demás prestaciones que le correspondan. "Artículo 166. De ser procedente, la Comisión de Honor y Justicia, iniciará procedimiento administrativo al elemento policial, asignándole al expediente correspondiente un número progresivo e incluirá el año que se inicia. El número se anotará en todas las promociones y actuaciones que se produzcan con el mismo." "Artículo 167. La Comisión de Honor y Justicia otorgará al elemento policial sujeto a procedimiento garantía de audiencia a efecto de que conozca la irregularidad que se le imputa, ofrezca pruebas y alegue en su favor. " "Artículo 168. En el citatorio de garantía de audiencia se expresará: I. El nombre de la persona a la que se dirige; II. El lugar, fecha y hora en la que tendrá verificativo la audiencia; III. El objeto o alcance de la diligencia; IV. Las disposiciones legales en que se sustente; V. El derecho del interesado a aportar pruebas y alegar en la audiencia por sí o por medio de defensor VI. Que podrá comparecer por sí o apoderado legal; y VII. El nombre, cargo y firma autógrafa de las autoridades que lo emiten." "Artículo 169. El citatorio a garantía de audiencia deberá ser notificado personalmente al interesado, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha señalada para su desahogo, a efecto de que prepare su defensa. "Artículo 204. Se crea el organismo público descentralizado denominado Unidad de Asuntos Internos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría, el cual tiene por objeto supervisar y vigilar que los integrantes de la Secretaría, cumplan con los deberes y normas establecidas en los ordenamientos legales y disposiciones que rigen su actuación, integrando el expediente correspondiente y remitiéndolo a la Comisión de Honor y Justicia para los efectos conducentes; su organización y funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en su Reglamento Interior, así como en los demás ordenamientos aplicables. Los municipios establecerán instancias colegiadas encargadas de supervisar y vigilar que los integrantes sus instituciones policiales, cumplan con los deberes y normas establecidas en los ordenamientos legales y disposiciones que rigen su actuación, observando lo dispuesto en el presente capítulo. (.)". De dichos preceptos legales, se desprende, en cuanto a lo que interesa, lo siguiente: Que la Comisión de Honor y Justicia, es competente para tramitar los procedimientos administrativos en los que se resuelva sobre la suspensión temporal, baja, cese, separación o cualquier otra forma de terminación de la relación laboral de los elementos policiales ante el incumplimiento de los requisitos de permanencia, así como las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad y los ordenamientos internos correspondientes. Que las Instituciones Policiales establecerán una Comisión de Honor y Justicia, que estará integrada por: un presidente que tendrá voto de calidad; un secretario que será el titular del jurídico de la Institución y contará con voz y voto; y, un representante de la unidad operativa de investigación, prevención o reacción según sea el caso; en tanto que, el presidente y el representante serán designados por el titular de la dependencia. Que la Comisión de Honor y Justicia, cuando le sea remitido un expediente a que se refiere el artículo anterior, abrirá un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente. Disponen también que antes, al inicio o durante la tramitación del procedimiento administrativo, la Comisión de Honor y Justicia, podrá determinar, como medida precautoria, la suspensión temporal del elemento policial de que se trate, hasta en tanto se resuelva el procedimiento correspondiente, con el objetivo de salvaguardar el interés social, el interés público o el orden público derivado de las funciones que realiza, de así convenir para el mejor cumplimiento del servicio de seguridad pública; la medida precautoria aludida en el párrafo anterior, no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute; y, durante el período de la suspensión el servidor público no tendrá derecho a percibir su salario y demás prestaciones que le correspondan. Que la Unidad de Asuntos internos es un organismo público descentralizado de la Secretaria de Seguridad Pública, el cual, tiene por objeto supervisar y vigilar que los integrantes de la Secretaría, cumplan con los deberes y normas establecidas en los ordenamientos legales y disposiciones que rigen su actuación, integrando el expediente correspondiente que sustente la irregularidad atribuida al funcionario y, hecho lo anterior, remitirlo a la Comisión de Honor y Justicia para los efectos conducentes. Por su parte, los artículos 1.8 y 1.10 del Código Administrativo del Estado de México, establecen lo siguiente: Código Administrativo del Estado de México. "Artículo 1.8. Para tener validez, el acto administrativo deberá satisfacer lo siguiente: I. Ser expedido por autoridad competente y, en caso de que se trate de órgano colegiado, se deberá cumplir con las formalidades previstas al efecto en el ordenamiento que lo faculta para emitirlo; II. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o fin del acto; III. Ser expedido sin que existan dolo ni violencia en su emisión; IV. Que su objeto sea posible de hecho, determinado o determinable y esté previsto en el ordenamiento que resulte aplicable; V. Cumplir con la finalidad de interés público señalada en el ordenamiento que resulte aplicable, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; VI. Constar por escrito o de manera electrónica indicando la autoridad de la que emane y contener la firma autógrafa, electrónica avanzada o el sello electrónico en su caso del servidor público; Tratándose de un acto administrativo de molestia, estar fundado y motivado, señalando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias generales o especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo constar en el propio acto administrativo la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso concreto; VIII. Expedirse de conformidad con los principios, normas e instituciones jurídicas que establezcan las disposiciones aplicables; IX. Guardar congruencia en su contenido y, en su caso, con lo solicitado; X. Señalar el lugar y la fecha de su emisión, así como los datos relativos a la identificación precisa del expediente, documentos, nombre y domicilio físico o correo electrónico de las personas de que se trate; XI. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, se hará mención expresa de la dependencia emisora, la oficina en la que se encuentra dicho expediente o el portal electrónico a través del cual puede realizar la consulta del expediente respectivo; XII. Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, deberá hacerse mención del derecho y plazo que tienen para promover el recurso administrativo de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; XIII. Resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos en las disposiciones aplicables." "Artículo 1.10.- Todo acto administrativo se presumirá válido mientras no haya sido declarada su invalidez, y será eficaz y exigible desde el momento en que la notificación del mismo surta sus efectos, salvo cuando el acto tenga señalada una fecha de vigencia, en cuyo supuesto se estará a la fecha de inicio de dicha vigencia, siempre y cuando haya surtido efectos la notificación respectiva, o cuando haya operado la afirmativa o negativa ficta. (.)" En los numerales citados, se establecen los requisitos para que un acto administrativo sea válido, así como la regla relativa a que los actos administrativos se presumirán válidos mientras no haya sido declarada su invalidez. Bajo ese contexto jurídico, del análisis de la actuación tildada de inconstitucional, es decir, el auto de inicio del procedimiento administrativo en contra del quejoso, se desprende que en su emisión, la autoridad responsable efectuó actos y omisiones, que se traducen en violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la garantía de legalidad, establecida en el numeral 16, párrafo primero, del mismo ordenamiento, en perjuicio del peticionario. Así se considera, en principio, porque como ha quedado de manifiesto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Seguridad del Estado de México, cuando un integrante de las instituciones de seguridad pública incumpla con alguno de los requisitos de permanencia, las obligaciones establecidas en la citada Ley y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar o con el régimen disciplinario ahí establecido, la Unidad de Asuntos Internos deberá integrar el expediente que sustente dicha irregularidad y remitirlo a la brevedad a la Comisión de Honor y Justicia respectiva. En ese sentido, de la revisión de las constancias que integran el procedimiento administrativo que nos ocupa, es posible advertir que el auto de inicio de procedimiento administrativo del ******************** (acto reclamado), tuvo su origen en: La presentación del oficio ********************, de ********************, suscrito por el licenciado ********************, Jurídico de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tultepec, Estado de México, por el que informó el incumplimiento del ahora quejoso, de los deberes de disciplina y/o régimen disciplinario. Con motivo de lo anterior, el ********************, realizó la radicación y apertura de periodo de información previa, mismo que se dio por concluido el ********************al establecer en este último acuerdo que ".toda vez que no se encuentran diligencias pendientes por practicar debido a que se recabaron todas las probanzas, este Órgano Colegiado, se ordena cerrar el período de información previa.". Sin embargo, de las referidas constancias, no es posible a advertir la integración de expediente alguno, correspondiente a la intervención de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tultepec, o en su defecto, y con independencia de su denominación, del organismo que haya sido designado para cumplir las funciones a ésta atribuidas. Por otro lado, la responsable en el acto que por ésta vía se reclama, únicamente le informó al impetrante del amparo que su conducta transgredió el artículo 100, apartado B, fracción I, incisos l), s), u) de la Ley de Seguridad del Estado de México, sin exponer los motivos por los cuales se actualiza cada una de las hipótesis: es decir, sin hacer razonamiento alguno del por qué con un solo acontecimiento, el quejoso probablemente vulneró cada una de las obligaciones que le atribuyen su transgresión; habiendo tenido la responsable, que explicar con puntualidad tales circunstancias, a efecto de otorgar al quejoso seguridad jurídica, y con ello la oportunidad de ejercer oportuna y adecuadamente su derecho de defensa. Se afirma lo anterior, ya que, si bien la responsable hace referencia a los hechos que se suscitaron, en una sola fecha y en un solo momento, de lo que estima que se actualizaron diversas hipótesis previstas en el artículo 100, apartado B, de la Ley de Seguridad del Estado de México; sin embargo, únicamente se concreta en reiterar los hechos y refiere que se transgredieron diversas contenida en los incisos del artículo invocado, sin motivar en forma alguna, por cada hipótesis atribuida, las razones por las cuáles un acontecimiento o conducta realizada por el quejoso, vulneró todas las obligaciones contempladas en esos supuestos. Con lo cual se deja en estado de indefensión al quejoso, ya que si bien se le otorgó la garantía de audiencia para que ofrezca pruebas y alegue lo que a su interés convenga, también lo es que para ello debe estar especificada la conducta que dio origen al procedimiento iniciado en su contra y las normas específicas que transgredió con su actuar, con la exposición de los motivos por los que se estima que el quejoso incumplió con la o las obligaciones que tenía conforme el artículo 100 invocado. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia PC.I.A. J/62 A (10a.), sustentada por el Pleno de este Primer Circuito en Materia Administrativa, que señala: Registro digital: 2010814 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: PC.I.A. J/62 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 2448 Tipo: Jurisprudencia "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL POR INCUMPLIR LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY RELATIVA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SU ACUERDO DE INICIO. El Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, para fundar y motivar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación referido, así como para garantizar la adecuada defensa del incoado, debe indicar la causa por la que estima que se incumplió con los requisitos de permanencia, esto es, debe señalar el examen o los exámenes no aprobados y hacer del conocimiento del indiciado las pruebas en que se sustenta el inicio del procedimiento, lo que conlleva la obligación de verificar que éstas estén previstas en la ley, esto es, que sean legales y resulten adecuadas para demostrar el hecho que motivó el inicio de aquél, es decir, que sean idóneas, pues si bien la citada autoridad no está legalmente obligada a efectuar el análisis y valoración de las pruebas aportadas por la Unidad de Asuntos Internos solicitante, para determinar presuntivamente si se encuentra o no acreditada la conducta que motivó esa solicitud, sí está constreñida a verificar que la referida Unidad funde y motive su solicitud, y remita el expediente correspondiente, en el que necesariamente deben obrar las pruebas que sirven de sustento; lo que conlleva la obligación de verificar que ésas sean legales e idóneas, pues sólo así cumplirán las obligaciones constitucionales de fundar y motivar sus actuaciones, así como de garantizar una adecuada defensa al incoado, al permitirle ofrecer pruebas con las que desvirtúe la imputación en su contra.". En esas condiciones, es claro que el acto reclamado transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica que constituyen los elementos fundamentales que debe cumplir todo acto de autoridad, pues al no cumplir esos requisitos, se torna en un acto arbitrario. En consecuencia, al no estar debidamente fundado y motivado el acto reclamado, crea incertidumbre e inseguridad jurídica al quejoso, lo cual, a su vez, se traduce en dejarlo en estado de indefensión por desconocer las causas adecuadas que lo sustentan, pues no basta que la responsable realice determinado pronunciamiento, sino que es su obligación hacerlo citando los preceptos aplicables al caso, así como las razones correctas que lo justifiquen y que ambos aspectos se relacionen entre sí, contrario a lo sucedido en el caso. Como consecuencia de las violaciones apuntadas y, ante lo fundado de los conceptos de violación planteados por el peticionario del amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado por el quejoso. Por lo que, el otorgamiento de la protección constitucional en el presente asunto, es para el efecto de que la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia de Tultepec, Estado de México, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de inicio de procedimiento de ********************, en el expediente ********************, así como las órdenes o actuaciones posteriores. En caso de que considere procedente emitir otra determinación, deberá dar cumplimento a lo destacado en la sentencia que se dicta. Así se considera, porque la concesión anterior, también implica que la autoridad responsable deje sin efectos todos los actos que se hubiesen originado con la emisión del acuerdo de ********************, ya que aquéllos, se tratan de actos derivados de otros viciados de inconstitucionalidad. Cabe precisar que la presente concesión de amparo, no se traduce en prejuzgar de manera favorable sobre la responsabilidad del ahora impetrante del amparo en las conductas que le son atribuidas; y se emite sin perjuicio de que la autoridad municipal que corresponda, en ejercicio de sus atribuciones y de estimarlo procedente, de conformidad con la legislación aplicable y los medios de prueba que tenga a su alcance, emitan con posterioridad nuevos acuerdos en los que en relación a las conductas atribuidas y determine en su oportunidad, la apertura de un periodo de Información Previa, al igual que, en su caso, el inicio de un procedimiento administrativo en contra del peticionario. En la inteligencia de que la presente determinación se tendrá por cumplida, una vez que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo de ********************, que dio origen al procedimiento administrativo disciplinario bajo el número ********************, así como las ordenes o actuaciones posteriores; sin que el actuar de la responsable fuera de esos lineamientos, deba ser motivo de análisis por esta autoridad, quedando de ser así, a salvo los derechos del peticionario de amparo, para hacer valer en contra de los mismos, los medios de defensa en la vía y forma que estime pertinentes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76, 77, fracción II y, demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tultepec, Estado de México, por los motivos y para los efectos expuestos en último considerando de la presente sentencia. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por lista al representante social adscrito, así como por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hasta hoy veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. aviso. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, que en su punto resolutivo dice: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tultepec, Estado de México, por los motivos y para los efectos expuestos en último considerando de la presente sentencia.
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