Vicente Hernández Mendoza

Expediente 904/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
904/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Vicente Hernández Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, informando sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibido que de no formular pronunciamiento alguno, este juzgado de Distrito tomará en consideración las constancias de mayor relevancia que obran en el juicio de amparo y resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se titula: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, informando las gestiones realizadas tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y solicita una prórroga de tres para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga la prórroga solicitada, por lo que una vez que transcurra la misma la autoridad oficiante deberá informar el resultado de la diligencia gestionada, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, y de conformidad con la circular 28/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores signado por el Coordinador de Jueces de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, se declararon como inhábiles los días del dieciséis al veintisiete de octubre de la presente anualidad; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto, vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; glósese el cuaderno incidental y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Se requiere a la autoridad responsable, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida de actualización vigente a esta fecha, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 904/2023-IV; y, R E S U L T A N D O I. Presentación de demanda. El doce de julio de dos mil veintitrés, se ingresó al buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el escrito de demanda de amparo signado por ***********, por propio derecho, contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán de Morelos, Estado de México, mismo que fue turnado a este Juzgado de Distrito el catorce siguiente. II. Tramite de la demanda de amparo. En proveído del dieciocho de julio del año en curso, se radicó la demanda de amparo bajo el número 904/2023-IV, se formuló auto de prevención, una vez desahogados los requerimientos, por acuerdo de veintiocho de julio de la anualidad que transcurre, se admitió a trámite la demanda; se requirió el informe justificado a la responsable, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional y se emplazó como tercero interesado a la víctima de identidad reservada de iniciales V.D.H.J., así como al Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Grupo Cuautitlán, México. Así, previos diferimientos la audiencia constitucional, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto reclamado es privativo de libertad y se ejecuta dentro de la demarcación territorial en que ejerce jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la demanda de amparo, se hacen consistir en: -La imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del quejoso Vicente Hernández Mendoza, en audiencia de diecisiete de junio del año en curso, decretada dentro de la causa de control 1025/2023. -El auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso el veintiuno de junio del año en curso, en la causa de control 1025/2023. TERCERO. El Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados. Al caso se invoca la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, cuyo valor probatorio es pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, página 153, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 158, en el Apéndice de 1985, Tomo VIII, página doscientos sesenta y dos, Quinta Época, con número de registro 395571, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente asunto, las partes no hacen valer alguna de ellas, ni este Juzgador observa que se actualice una causa de improcedencia. QUINTO. Para una mejor comprensión del asunto se considera necesario relatar los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados, los cuales se desprenden del disco versátil en formato digital, remitido por la autoridad responsable y son los siguientes: 1. El diecisiete de junio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación, por cumplimiento de la orden de aprehensión del aquí quejoso Vicente Hernández Mendoza, por su probable intervención en el hecho delictuoso de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja en grado de tentativa, ilícito que se encuentra previsto y sancionado por los artículos 241, párrafo primero, 242 fracción II, 245 fracción II, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, así como 10, 11, fracción I, inciso c) y 59 del Código Penal del Estado de México; decretándose la detención del aquí quejoso imponiéndose como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. 2. Posteriormente en audiencia de veintiuno de junio del año en curso, se dictó auto de vinculación a proceso a Vicente Hernández Mendoza, ordenando que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa tendría vigencia durante el tiempo de duración del proceso. Las anteriores determinaciones constituyen los actos reclamados en la presente sede constitucional. SEXTO. Los conceptos de violación que fueron formulados se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En ese sentido, el quejoso esencialmente expone en sus conceptos de violación, lo siguiente: a) Refiere que la autoridad responsable al decretar el diecisiete de junio del año en curso, en su contra la medida cautelar de prisión preventiva en la causa de control 1025/2023, vulnera en su perjuicio los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, tutela judicial efectiva, principios pro persona y presunción de inocencia, previstos en los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 24 y demás relativos y aplicables de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 3, 5, 9, 14, 15, 26 y demás relativos y aplicables al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la representación social no fundó ni motivó la necesidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. b) Arguye que la autoridad responsable al vincular a proceso al quejoso el veintiuno de junio de la anualidad que transcurre, transgrede en su perjuicio el derecho humano de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, tutela judicial efectiva, principios pro persona y presunción de inocencia, previstos en los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 24 y demás relativos y aplicables de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 3, 5, 9, 14, 15, 26 y demás relativos y aplicables al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que los datos de prueba aportados por el Ministerio Publico acreditan la existencia del hecho que la ley señala como delito. c) Que la autoridad responsable vulneró sus derechos fundamentales al no atender los principios de presunción de inocencia y pro persona al no valorar debidamente los datos de pruebas que fueron aportados por su defensa. d) Precisa que la autoridad responsable al otorgar valor probatorio a los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, referente a una lesión en el abdomen de la víctima (cuando de la entrevista realizada a la víctima y al testigo de los hechos señalan una lesión realizada en la espalda baja del lado izquierdo), recae en una inexacta aplicación de la legislación procedimental violentando su garantía de legalidad. e) Que el juez responsable conculcó sus derechos fundamentales al realizar una suplencia a la deficiencia de la representación social al establecer que en el caso se acreditaba la calificativa de ventaja- f) Señala que el juez de control excedió de sus facultades al suplir la deficiencia del Ministerio Público al fundar y motivar los datos de prueba para acreditar el grado de tentativa, aún y cuando el aquí impetrante no tuviera el ánimo de privar de la vida al activo. En ese orden de ideas, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos, los cuales se estiman fundados, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción lll, inciso a) de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes: I. ANÁLISIS DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. Respecto del acto reclamado consistente en la vinculación a proceso, se advierte una violación de carácter formal; lo anterior en razón de que la pieza escrita emitida por el Juez de Control responsable es un relato sucinto de lo acontecido en la audiencia del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, emitida en la causa de control 1025/2023, dado que no contiene el relato contradictorio ni las consideraciones por las que la autoridad judicial vinculó a proceso al imputado ahora quejoso; es decir, no se advierten los datos de prueba con los cuales basó su resolución, ni con base en que fincó su probable responsabilidad, de ahí que la pieza escrita no sea una narración de lo acontecido en la audiencia en la que se les vinculó a proceso. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone en su artículo 67, segundo párrafo, fracciones IV, de forma expresa e inequívoca, que la resolución de vinculación a proceso es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; entonces, ya desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto. Así en la especie el contenido del artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, abona a la seguridad y certeza jurídicas del vinculado a proceso, sobre todo como en el caso, el quejoso se encuentra privado de su libertad, por lo que el hecho de que el documento escrito no contenga la totalidad de las consideraciones que sirvieron como base para decretar su vinculación a proceso, lo coloca en desventaja para conocer los fundamentos y motivos de la correspondiente resolución, ya que si bien existe una videograbación de dicha audiencia y de la cual pudiera solicitar copia, también lo es que en muchas ocasiones, por las condiciones del lugar de reclusión, no tienen medios tecnológicos para enterarse del contenido del auto de vinculación, aunque el propio imputado haya estado presente en la audiencia inicial, virtud a que puede ser que no entienda conceptos jurídicos, en ese sentido, aun la adición al artículo 16 constitucional, se llega a la certeza de que como lo prevé el Código Nacional Adjetivo, debe constar por escrito, para en su caso, el imputado pueda solicitar copia del auto de vinculación a proceso (por escrito) con lo cual se da certeza jurídica y avala de manera amplia su garantía de defensa, en el supuesto de querer consultar a diverso abogado o hacer valer lo que a su derecho corresponda. De lo anterior que la omisión de la autoridad responsable, de emitir la resolución escrita sin que ella contenga la totalidad de las consideraciones que sirvieron como base para decretar su vinculación a proceso, ello en aplicación de la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción lll, inciso a) de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cuarenta y cuatro, julio de dos mil diecisiete, tomo I, décima época, página doscientos sesenta y tres, del tenor siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Así las cosas, debe decirse que la versión escrita emitida por el Juez de Control responsable, dista por mucho de la resolución oral, pues el hecho de que carezca de la totalidad de los elementos que sirvieron de base al a quo para emitirla, genera como ya se puntualizó un estado de indefensión al quejoso, dado que al encontrarse éste privado de su libertad, si bien pudiera allegarse de la videograbación que contiene el dictado del auto de vinculación emitido verbalmente, también lo es que éste se encuentra en desventaja, al no contar con los medios tecnológicos para consultar el contenido de la resolución jurisdiccional en comento, a diferencia de que constara por escrito, pues así estaría en aptitud de conocer sus fundamentos y motivos, sin que para ello requiera forzosamente de algún dispositivo electrónico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PC.II.P. J/12 P (11ma.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3908, registro 2023192, del rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CONFORME AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 67, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEBE EMITIRSE DE MANERA ORAL Y POSTERIORMENTE POR ESCRITO (PIEZA PAPEL). Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de diversos recursos de revisión, en aquellos asuntos se ocuparon del estudio de la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso en su versión oral concluyendo que satisfacían los requisitos de fondo; no obstante, sostuvieron un criterio distinto respecto de la emisión del auto de vinculación a proceso, pues uno sostuvo que es suficiente el registro de videograbación, mientras que otro dijo que también debe constar por escrito (pieza papel). Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, atendiendo al derecho al debido proceso, a la naturaleza del proceso penal acusatorio y oral, así como a los instrumentos a través de los cuales deben desahogarse las actuaciones judiciales que conforman sus etapas procesales, delimitados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 506/2019, considera que conforme al artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso debe emitirse de manera oral y por escrito (pieza papel) dentro de las veinticuatro horas siguientes. Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame como acto, la vinculación a proceso y ésta solo se emitió oralmente y no por escrito; entonces, analizará esta última versión y de no advertir transgresión a derechos fundamentales, concederá la protección constitucional solicitada para el único efecto de que sin dejar insubsistente el auto de plazo constitucional emitido oralmente, no implique se realice una nueva audiencia, sino únicamente el Juez de Control deberá emitir la versión escrita de aquél, la cual no podrá exceder los alcances de la pronunciada oralmente." Al realizar el estudio en cuestión de la violación formal advertida, debe señalarse que existe pronunciamiento expreso dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de los requisitos y formalidades que debe seguir la autoridad judicial al momento de dictar determinadas resoluciones, siendo que, entre otra, el auto de vinculación a proceso exige, precisamente, un tratamiento especial para su expedición. En ese sentido, el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes:(.) IV. La de vinculación a proceso; (.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. (.)" De dicho artículo se puede advertir lo siguiente: 1. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se realizó una precisión respecto de las resoluciones que emite la autoridad judicial, y se dividieron las mismas en sentencias y autos. 2. Dichas resoluciones deben cumplir con requisitos formales que el propio legislador citó en el ordenamiento en comento. 3. Se estableció una obligación respecto de algunas resoluciones orales, las cuales deben constar por escrito. 4. Entre otras, las resoluciones que, obligatoriamente deben constar por escrito, se encuentra el auto de vinculación a proceso. 5. Además, se precisó que la resolución escrita, jamás debe exceder el alcance de lo establecido en la resolución oral. De este precepto se desprende la obligación expresa que tienen las autoridades judiciales en materia penal, para emitir una versión escrita de los autos de control de la detención y de vinculación a proceso, después de su emisión oral, con la restricción de que la versión escrita no deberá exceder el alcance de lo emitido en forma oral. De esta manera, se concluye que la omisión en la que incurrió la autoridad responsable constituye una infracción que, en forma directa, vulnera lo previsto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello en razón de que no deja de ser un requisito formal establecido en la legislación procesal penal aplicable a nivel nacional que debe ser satisfecho, pues el legislador estableció que la prerrogativa contenida en el artículo 16 constitucional debe estar complementada con la exigencia prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual constituye un acto de reforzamiento y ampliación de los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, que de forma paralela garantizan el diverso de defensa. En caso de no hacer lo anterior, ningún sentido tendría la distinción efectuada y precisada en el Código Nacional de Procedimientos Penales por el legislador, es decir, precisar que cierto tipo de acuerdos y resoluciones, por su trascendencia y grado de afectación que causan al imputado, por excepción, deberán constar por escrito. Por tanto, no se puede dejar de cumplir con el requisito de forma, previsto en el artículo 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la expresa restricción de que no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, de ahí que, debe concederse el amparo solicitado. Se precisa que, al advertir tal violación formal, no se estudió de fondo el asunto, ya que, atendiendo al principio de mayor beneficio, una vez que la versión escrita del auto de vinculación a proceso contra Vicente Hernández Mendoza sea emitida, el quejoso podrá hacer valer los medios de defensa que consideren pertinentes contra tal determinación. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para los efectos que se precisaran en el considerando último de este fallo. II. ANÁLISIS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Ahora, en diverso aspecto, el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro en la causa de control de origen, así como su ejecución. En ese sentido, el quejoso refiere que la autoridad responsable al decretar el diecisiete de junio del año en curso, en su contra la medida cautelar de prisión preventiva en la causa de control 1025/2023, vulnera en su perjuicio los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, tutela judicial efectiva, principios pro persona y presunción de inocencia, previstos en los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 24 y demás relativos y aplicables de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 3, 5, 9, 14, 15, 26 y demás relativos y aplicables al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la representación social no fundó ni motivó la necesidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Son fundados los motivos de disenso formulados por el peticionario de amparo y suficientes para conceder la protección federal solicitada, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Es aplicable, la jurisprudencia VII.4o.P.T. J/1 (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, página 1253, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. PROCEDE EN CUALQUIERA DE SUS INSTANCIAS, CUANDO EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA DEL DELITO CONCURREN EN EL JUICIO CON EL CARÁCTER DE QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO." Lo anterior es así, ya que de las constancias que remitió el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en apoyo a su informe justificado, se advierte que omitió realizar la versión escrita de la audiencia de diecisiete de junio de dos mil veintitrés, en la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del quejoso Vicente Hernández Mendoza, en la causa de control 1025/2023; lo cual, configura una violación formal, respecto de la obligación que tenía la autoridad responsable para emitir dicha pieza escritural. Tal deficiencia formal, advertida es suficiente para otorgar la protección de la Justicia Federal al quejoso, por la transgresión al artículo 16 de la Constitución Federal, que refiere: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.". Aunado al referido marco constitucional, se encuentra la norma adjetiva, la cual en el artículo 67, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice: "Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (.) V. La de medidas cautelares. (.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo." Del precepto y fracción transcritos se advierte la obligación expresa que tienen las autoridades judiciales en materia penal, para emitir una versión escrita de las determinaciones sobre medidas cautelares, después de su emisión oral, con la restricción de que la versión escrita no deberá exceder el alcance de lo emitido en forma oral. Ahora bien, la autoridad responsable en el presente juicio, únicamente remitió en apoyo a su informe justificado, un disco compacto en formato D.V.D., que contienen diversas audiencias, entre ellas la relativa a la audiencia de diecisiete de junio del año en curso (en la cual obra la imposición de la prisión preventiva), misma que fue remitida, en cumplimiento a lo que establece el párrafo tercero del artículo 117, de la Ley de Amparo; sin embargo, no consta por escrito la resolución en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en la causa de control 1025/2023, que constituye el acto reclamado, en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador, el acta mínima de diecisiete de junio de dos mil veintitrés; sin embargo, ésta no puede sustituir a la resolución que, por escrito, debió dictar la juez responsable, en virtud de que no cumple con las formalidades necesarias para considerarse pieza escrita del acto que se reclama, cuanta habida que, difiere en su contenido con el audio y video de la propia audiencia e incluso, con el índice cronológico que remitió el juez responsable en cumplimiento al numeral de la ley de la materia que se citó con antelación. Maxime si se toma en consideración que de la visualización de ese disco compacto, se observa que previo al dictado de la resolución, el juez de control precedió debate de la fiscal investigadora y de la defensa privada del ahora quejoso, sin que al efecto, se insiste, la constancia de referencia, que remitió el juez responsable pueda hacer las veces de la resolución escrita de la resolución reclamada, a que se refiere el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tal acta, sólo es un relato sucinto de lo acontecido en la audiencia, que no contiene el relato del contradictorio ni las consideraciones del porque la autoridad judicial finalmente resolvió imponer al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva. Al respecto, cabe puntualizar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diverso criterio, determinó que la videograbación de la audiencia en que se emite una determinación en el proceso penal acusatorio, es suficiente para respetar la fundamentación y motivación del acto de autoridad. Sin embargo, una situación muy diferente se presenta en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone en su artículo 67, segundo párrafo, fracción V, de forma expresa e inequívoca, que la resolución sobre medidas cautelares, es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral, entonces ya desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la puede pasar por alto. No se inadvierte que mediante decreto publicado el quince de septiembre de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, se adicionó al artículo 16 el texto que dice: "En los procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." Sin embargo, dicha adición, no contiene prohibición que no deba ser también por escrito, siendo que la legislación secundaria, en el caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que determinadas resoluciones queden plasmadas por escrito de forma adicional a su emisión oral en audiencia. Luego si bien la mencionada disposición constitucional es más reciente que el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe tenerse presente que el contenido del artículo 67 de dicho ordenamiento contiene una regla especial que debe prevalecer sobre la regla general, pues si un precepto secundario amplía la garantía, habría que estar a esa garantía. Lo anterior, ya que la Constitución Federal, prevé garantías mínimas, que pueden ser ampliadas por la legislación secundaria; y en la especie el contenido del artículo 67, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, abona a la seguridad y certeza jurídicas del proceso, por lo que la falta de documento escrito, lo coloca en desventaja para conocer los fundamentos y motivos de la resolución que decretó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. En ese sentido, aun la adición al artículo 16 constitucional, se llega a la certeza de que como lo prevé el Código Nacional Adjetivo, la resolución dictada respecto la medida cautelar de prisión preventiva debe constar por escrito, para en su caso, el imputado pueda solicitar copia de ésta (por escrito) con lo cual se da certeza jurídica y avala de manera amplia su garantía de defensa, en el supuesto de querer consultar a diverso abogado o hacer valer lo que a su derecho corresponda. En tales circunstancias, la deficiencia formal apuntada del acto reclamado, impide a este juzgador Federal pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que tanto la emisión oral de la medida cautelar de prisión preventiva en audiencia, como su auto escrito, conforman una unidad, como lo prevé el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en el caso, como no existe la resolución escrita, el acto no está debidamente integrado y se impone que sea subsanada tal violación adjetiva, ya que atendiendo al principio de mayor beneficio, una vez que la versión escrita de la audiencia de diecisiete de junio de la presente anualidad, donde se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa de control instruida en contra de Vicente Hernández Mendoza, sea emitida, el quejoso podrá hacer valer los medios de defensa que considere pertinentes contra tal determinación. De esta manera, se concluye que la omisión de la autoridad judicial responsable constituye una infracción que, en forma directa, vulnera lo previsto en el artículo 67, párrafo segundo, fracción V, y penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, no se puede dejar de cumplir con el requisito de forma, previsto en el numeral referido del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la expresa restricción de que no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, de ahí que, debe concederse el amparo solicitado. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia PC.II.P. J/11 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3910, Undécima Época, Materias(s): Penal, cuyo rubro es: "LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO JUSTIFICA LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DEVINCULACIÓN A PROCESO QUE SE EMITE CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". Igualmente es aplicable, por analogía, la jurisprudencia PC.II.P. J/12 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3908, Undécima Época, Materias(s): Penal, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CONFORME AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 67, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEBE EMITIRSE DE MANERA ORAL Y POSTERIORMENTE POR ESCRITO (PIEZA PAPEL)." Asimismo, es aplicable por analogía, la tesis I.5o.P.79 P (10a.) (registro 2022928), del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA EXIGENCIA DE QUE DEBE CONSTAR POR ESCRITO DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE PREVALECER SOBRE LA REGLA GENERAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, MÁXIME SI EL IMPUTADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD." Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Vicente Hernández Mendoza, por su propio derecho, para los efectos que se precisaran en el considerando último de este fallo. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la quejosa respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, realice lo siguiente: Sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta 1025/2023 y sin que se requiera verificar nueva audiencia, deberá emitir la versión escrita de dicha determinación la que deberá contener la totalidad de las consideraciones en las que se base la autoridad judicial para vincular a proceso a los imputados, atendiendo a los lineamientos del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no podrá exceder los alcances de las ya emitidas oralmente. Ordene notificar el auto de vinculación a proceso, de manera inmediata, debiendo indicar que la misma surte sus efectos en el momento mismo en que se emitió, para que en su caso las partes se impongan de su contenido y estén en condiciones de combatir esas decisiones, sin que implique dejar al quejoso libre o afecte la validez de posteriores actuaciones. En ese sentido, respecto al diverso acto destacado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva decretada en audiencia de diecisiete de junio del año en curso, en la causa de control de origen, para que el juez responsable: Sin dejar insubsistente la determinación de diecisiete de junio del año en curso, dentro de la causa de control 1025/2023, y sin que se requiera verificar nueva audiencia, observe lo que dispone el artículo 67, párrafo segundo, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, emita por escrito y de manera íntegra la audiencia de diecisiete de junio del año en curso, dentro de la causa de control 1025/2023, en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva que decretó oralmente, la cual no podrá exceder los alcances de la ya emitida oralmente. Al subsanar el mencionado vicio formal, tomando en cuenta que tanto la emisión oral de audiencia en la que impuso la medida cautelar de prisión preventiva, como el auto escrito, conforman una unidad; deberá notificarla nuevamente al quejoso. Con lo anterior se tendrá por cumplido el fallo protector. Cabe señalar que ante vulneración formal de garantías individuales, el examen de fondo que se realizara en este juicio de amparo a los actos reclamados, equivaldría a sustituir a la responsable ordenadora en la apreciación de la justificación de la necesidad de cautela, lo que no permite la técnica del juicio de amparo; motivo por el que se hace innecesario el análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, que de manera directa o inmediatamente haga con relación a dichas cuestiones; pues al haberse advertido la existencia de violaciones formales, ello impide legalmente estudiar tales aspectos, porque los mismos serán objeto de análisis en los nuevos actos que con plenitud de jurisdicción emita el juez responsable purgando los vicios formales del anterior. Tiene aplicación al caso el criterio jurisprudencial número 110, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo VI - Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, que a la letra señala: "CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO.- (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO EN CITA)".- Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege al quejoso *********, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el sexto considerado de este fallo y para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente al tercero interesado de identidad reservada y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, hasta hoy veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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