Vicente Escorza Martínez

Expediente 893/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
893/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • Vicente Escorza Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó y negó este juicio de amparo. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada y concedida. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con cincuenta y dos minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 893/2021-IV, promovido por ************, por derecho propio, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente; asimismo, da cuenta con los escritos con registros 11968, 12025 y 12026. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Vistos los escritos del quejoso mediante los cuales ofrece diversas probanzas, relaciónense en la etapa correspondiente. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial y por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Por otro lado, de autos se advierte que en proveído del once de octubre del año en curso, se reservó a acordar lo conducente respecto de las pruebas consistentes en las periciales en materia de dactiloscopia, documentoscopía, grafoscopía y grafometría, hasta en tanto todas las partes estén emplazadas a este juicio, lo que ya aconteció; en consecuencia, se levanta dicha reserva y se provee: Lo procedente es desechar las mismas, toda vez que, conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante ella. Finalmente, se tienen como pruebas del quejoso las documentales que anexa en los escritos de cuenta. Respecto de los videos que solicita sean requeridos a los representante legales del Crit Centro de autismo Teletón, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, porque no son parte en el juicio en que se actúa, además dichas pruebas no se rindieron ante el juez responsable. Sin más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos se hicieron valer. Se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 893/2021-IV; y, R E S U L T A N D O: I. **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otra autoridad. II. El diecisiete de septiembre pasado, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda y la registró con el número 893/2021-IV; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, asimismo señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción I, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto reclamado es privativo de libertad y se ejecuta dentro de la demarcación territorial en que ejerce jurisdicción este órgano federal. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclamó: El auto de vinculación a proceso emitido el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa de control 1204/2021, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción I, 290 fracción I, inciso b), en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Iván Bravo Villegas, así como su ejecución. Tercero. La Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de Ecatepec, Estado de México, al rendir su informe de ley negó los actos a ella reclamados. En las narradas circunstancias, tomando en consideración que la parte quejosa omitió exhibir medios probatorios tendentes a desvirtuar la negativa manifestada por la referida autoridad responsable, no obstante que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, correspondía a ella la carga de la prueba para acreditar la emisión de los actos reclamados; con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del asunto, por lo que hace a dicha autoridad. Tiene aplicación por los motivos que en ella se exponen la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Común, Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917- 2000, que es del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". Cuarto. El Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que le reclama el solicitante del amparo; lo que resulta suficiente para tenerlo plenamente probado. Lo que además se robustece con el contenido de la pieza escrita del auto de vinculación; del que se confirma la existencia del acto reclamado, así como del disco en formato DVD. Quinto. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes en este juicio de amparo que amerite ser estudiada y toda vez que no se advierte de oficio alguna que debiera ser analizada, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida. Conviene precisar que, por cuestión de método y para una mejor comprensión del asunto, al abordar el análisis de los requisitos que debe cumplir el auto de vinculación a proceso impugnado, se dará contestación simultáneamente a los conceptos de violación que así lo ameriten. Antes del análisis, debe decirse que el auto de vinculación a proceso reclamado se emitió acorde con el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, que se rige por los artículos 14, 16, párrafo tercero, 19, párrafos primero, así como el apartado A del numeral 20, todos de la Constitución Federal, a partir de las reformas del dieciocho de junio de dos mil ocho. I. REQUISITOS FORMALES. A. Debe ser emitido por autoridad judicial competente. Este requisito se encuentra satisfecho, pues en la carpeta administrativa de origen se ventilan hechos posiblemente constitutivos de un delito, por lo cual el conocimiento es competencia de un juzgado en materia penal. Asimismo, dada la temporalidad de los hechos (diez de agosto de dos mil veintiuno) y atento a las reformas constitucionales y legales locales, al proceso penal de origen se le debe aplicar el sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial y oral. Ahora, respecto al ámbito territorial es competente un Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, pues los hechos que se atribuyen a la parte quejosa sucedieron el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; por lo tanto, es legal que el asunto en cuestión sea dirimido ante el citado juzgado de control. B. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición del juez penal; plazo que se puede prorrogar a ciento cuarenta y cuatro horas, a petición de aquél. En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que se cumplió con este requisito, ya que el quejoso fue puesto a disposición del juez responsable el doce de agosto del presente año a las diecisiete horas con cinco minutos; y su situación jurídica fue resuelta a las nueve horas del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (forma oral), dentro del término ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas que el Juez de Control tenía para resolver la situación jurídica del imputado, debido a la solicitud de ampliación del plazo constitucional. C. Que se haya formulado imputación. Este requisito se encuentra cumplido pues de las constancias que integran la carpeta administrativa, así como de las videograbaciones que remitió el juez responsable, se desprende que la representante social en la audiencia inicial del trece de agosto pasado (minuto 13:28) formuló imputación en contra del quejoso, por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción I, 290 fracción I, inciso b), en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Iván Bravo Villegas; señalando los hechos respectivos, así como los datos de prueba que se contenían en la carpeta de investigación correspondiente y que le fueron atribuibles al imputado. D. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Este requisito se encuentra satisfecho, habida cuenta que en la audiencia inicial del trece de agosto pasado, el juez responsable le hizo del conocimiento a Vicente Escorza Martínez, sus derechos fundamentales, y manifestó que sí los conocía (minuto 03:20), asimismo, designó como su defensora a la licenciada Christian Lucina López Cortes, manifestando su consentimiento para que lo representara en esa audiencia, por lo que en ese acto aceptó y protestó el cargo conferido (minuto 04:49). Luego, el juez responsable preguntó al imputado, Vicente Escorza Martínez, si deseaba rendir declaración, a lo que manifestó que era su deseo guardar silencio (minuto 18:56). E. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este aspecto se encuentra colmado, toda vez que a las nueve horas del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (forma oral), el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Vicente Escorza Martínez, por su probable intervención en el delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción I, 290 fracción I, inciso b), en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Iván Bravo Villegas; lo que hizo dentro del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas; y que es el acto reclamado en este juicio, en correspondencia con el hecho circunstanciado expuesto por la representante social cuando formuló imputación, sin variar los hechos de ésta. F. Debe estar fundado y motivado. Igualmente este aspecto se encuentra satisfecho, no obstante que el proceso se lleve vía oral, en donde se cumplió dicho requisito, pues en su dictado, según se advierte de la reproducción del video, el juez responsable invocó una serie de preceptos legales que consideró aplicables al caso en concreto, entre ellos, los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 287, 289, fracción I, 290 fracción I, inciso b), en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso c), todos del Código Penal vigente del Estado de México; asimismo expresó los argumentos y razones que estimó pertinentes para tener por demostrado el hecho delictuoso y la probable intervención del imputado, hoy quejoso. G. Se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito. De la misma forma, el juez responsable precisó las circunstancias referidas y, en cuanto al lugar indicó que los hechos ocurrieron en avenida Morelos, colonia Santa María Tulpetlac, Ecatepec, Estado de México. Respecto al tiempo precisó que los hechos presumiblemente constitutivos del antijurídico, se suscitaron el diez de agosto de dos mil veintiuno aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y siete minutos. En cuanto al modo de ejecución señaló que: "Que el día diez de agosto del año dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las veinte horas con cuarenta y siete minutos, cuando la víctima Iván Bravo Villegas se encontraba caminando sobre la banqueta sobre la avenida Morelos, en la colonia Santa María Tulpetlac, Ecatepec en el Estado de México, cuando al ir caminando se encontraba un sujeto del sexo masculino, que viste playera de color gris desgastada con pantalón de mezclilla en color azul el cual ahora responde al nombre de Vicente Escorza Martínez, y se para frente a él y se saca con su mano derecha un cuchillo con lo cual le apunta a la altura del pecho y le dice dame todo valió madres, por lo que dicho sujeto revisa sus ropas de su bolsa trasera de su pantalón, una cartera de color café sin marca que contenía la cantidad de trescientos pesos y su credencial de elector, siendo dos billetes de cien pesos y dos billetes de cincuenta pesos, por lo que por miedo de que le fuera a hacer daño, se queda quieto y dicho sujeto le seguía esculcando percatándose que ya no traía nada y me dice no hagas nada puto, se (sic) después observó cómo se va corriendo sin perderlo de vista, sobre la avenida Morelos, cuando me percato que venía circulando los elementos captores Miguel Ángel Velázquez Chávez y José Turrubiates Andrade a bordo de la unidad Ford Fussion, color blanco, modelo 2020 con placas de circulación MTB1131, quienes se encontraban en dicho lugar porque iban a realizar el oficio de investigación ECA/ECA/EC2/034/217447/2108 derivado del oficio de investigación de robo con violencia por lo que al ir circulando los elementos captores Miguel Ángel Velázquez Chávez y José Turrubiates Andrade a bordo del vehículo Ford Fussion de color blanco, dos mil veinte, con las luces encendidas a quienes les hago movimientos con las manos, les grite ayuda me acaban de robar, por lo que los oficiales, señalando al sujeto que iba corriendo a una distancias de diez metros por lo que los oficiales señalando al sujeto por lo que los oficiales se dirigen hacia dicho sujeto y le dan alcance de inmediato cerrando el paso sobre avenida Morelos esquina con Oaxaca en Santa María Tulpetlac, a quien le encuentran un cuchillo en la parte trasera de su pantalón, así mismo se le encuentra en la bolsa se le encuentra una cartera tipo vinipiel de color café sin marca que contenía la cantidad trescientos pesos y credencial de elector siendo asegurado reconocimiento de la cartera y el cuchillo con el cual fuera amagado". Conforme lo anterior, se aprecia que el juez responsable acreditó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se suscitaron los hechos, lo que además se relacionó con los datos de prueba reseñados por la fiscalía, como enseguida se verá en el estudio de los requisitos de fondo. II. REQUISITOS DE FONDO. I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Al respecto, se debe establecer en primer término el hecho delictuoso y posteriormente la probable participación del imputado. En esta tesitura, el hecho delictuoso que se imputa al quejoso es el delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción I, 290 fracción I, inciso b), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Iván Bravo Villegas. Los preceptos correspondientes al hecho delictivo disponen: "Artículo 287.- Comete el delito de robo, el que se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él, conforme a la ley. El robo estará consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él. Para estimar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor intrínseco del objeto de apoderamiento. El delito de robo podrá acreditarse cuando se detenga al sujeto en posesión de la cosa ajena mueble desapoderada sin consentimiento y sin derecho de quien legítimamente pueda disponer de él, y el imputado no acredite la adquisición lícita del mismo. Para efectos de este capítulo, se entiende por Unidad de Medida y Actualización, a la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos vigente al momento de cometerse el delito. Artículo 289.- El delito de robo se sancionará en los siguientes términos: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa. (.) Artículo 290.- Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además de las penas señaladas en el artículo anterior con las siguientes: I. Cuando se cometa con violencia sobre persona o personas se impondrán de ocho a doce años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil quinientos días multa. Cuando se cometa violencia sobre un bien o bienes se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil quinientos días multa. Para efectos de este artículo se entenderá por violencia: (.) b) Moral: utilización de amagos, amenazas o cualquier tipo de intimidación que el sujeto activo realice sobre el sujeto pasivo o personas vinculadas a éste, para causarle en su persona o en la de las personas vinculadas a éste o en sus bienes, males o se realice en desventaja numérica sobre el sujeto pasivo o haciendo uso de armas de juguete, utilería o réplicas, aun cuando no sean aptas para causar un daño físico. (.) ." Siguiendo con el estudio, procede señalar que a juicio del suscrito fue acertada la determinación del juez responsable al resolver que existen datos idóneos y pertinentes que establecen que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito, entendido éste como la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. En efecto, como se adelantó, el juez responsable analizó los hechos que se imputan al quejoso, justipreciando los datos de pruebas reseñados por la Fiscal, que a continuación serán enlistados. Datos de prueba descritos por el Ministerio Público: 1. Entrevista de la víctima Iván Bravo Villegas. 2. Entrevista de los primeros respondientes Miguel Ángel Velázquez Chávez y José Turrubiatez Andrade. 3. Informe Policial Homologado realizado por los primeros respondientes. 4. Diligencias de inspección practicadas por los primeros respondientes. 5. Documental consistente en el oficio de investigación relacionado con la carpeta ECA/ECA/EC2/034/217447/2108. 6. Cartera de vinipiel de color café sin marca que contenía en su interior la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional). 7. Cuchillo de aproximadamente 19 centímetros con terminación de punta. 8. Inspección de instrumentos, objeto y persona. 9. Credencial de Elector de la víctima Iván Bravo Villegas. Datos de prueba con base en los cuales se estima acertada la determinación del juez de la causa, porque con fundamento en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales son pertinentes por guardar relación directa con los hechos, idóneos por haber sido recabados por la Ministerio Público, quien tiene encomendada esa misión constitucional conforme al artículo 21 de la Carta Magna, y en su conjunto de manera integral y armónica, suficientes y razonables, como lo expuso, para establecer que se ha cometido un hecho delictuoso de robo con la agravante de haberse cometido con violencia, cometido en agravio de la víctima Iván Bravo Villegas, probablemente por parte del hoy quejoso Vicente Escorza Martínez. Así, el Juez de Control determinó que se actualizaba una conducta de acción, de conformidad con los artículos 6, 7 y 8, fracciones I y III del Código Penal del Estado de México, ya que el hecho delictuoso se encontraba sustentado en los datos de prueba relatados por la fiscalía, que por economía procesal tuvo por íntegramente reproducidos como si se insertasen a la letra y de los que únicamente hizo una relación, tomando en consideración que la Ministerio Público ya se había pronunciado respecto a cada uno de ellos en la audiencia inicial del trece de agosto de dos mil veintiuno. Así, determinó que con la conducta del ahora quejoso, se afectó el bien jurídico tutelado por la norma, es decir, el patrimonio de la víctima Iván Bravo Villegas, lo que ocasionó un detrimento en su esfera patrimonial, con lo cual se generó un resultado material, toda vez que la acción de apoderamiento que ejecutó el imputado de acuerdo con la narrativa de la víctima fue apreciable a través de los sentidos, produciendo un cambio en el mundo exterior. Asimismo, precisó que respecto a la circunstancia que agrava el delito resultaba innegable que para ejecutar y consumar el hecho delictuoso en estudio, se utilizó la violencia física y moral; lo anterior, después de valorar conforme a lo establecido en los numerales 132, 222, 223, 261, 265, 267, 272, 360 y 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba expuestos por la Ministerio Público, que a su consideración resultaban idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditarlo, pues de su contenido advirtió su concatenación con el hecho delictuoso y de su apreciación integral y armónica bajo criterios lógicos, le permitieron establecer en forma justificada que lo narrado por la víctima corresponde a la realidad, pues aportaron un conocimiento claro y objetivo respecto a la conducta que dio lugar al apoderamiento del bienes de la víctima cuando se encontraban en su esfera de dominio, es decir, que los $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional), se encontraban en poder de la víctima, y de acuerdo a su narrativa el hoy imputado fue quien se apoderó de dicho numerario. Con lo anterior, la autoridad responsable tuvo por acreditado el hecho delictuoso de robo con la agravante de haberse cometido con violencia, en agravio de la víctima Iván Bravo Villegas, previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción I, 290 fracción I, inciso b), todos del Código Penal vigente en el Estado de México. Datos de prueba que correctamente valoró el Juez de Control responsable, ya que adquieren relevancia demostrativa al haberse emitido por quien resintió el hecho delictuoso, por ser la persona directamente afectada, o sea, la víctima del delito, de quien se advierte, declaró sin dudas ni reticencias acerca del modo en que acontecieron los hechos, por lo que resulta ser pertinente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con registro electrónico 213939, cuyo rubro es: "OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN". De ahí que, los datos de prueba que relacionó se consideren idóneos, al ser adecuados para inferir el hecho investigado; pertinentes, al tener relación íntima con los hechos denunciados, suficientes, al abonarse a la entrevista de la víctima, que permiten deducir la existencia del hecho delictivo que se atribuye al activo, y eficaces, ya que no se trata de datos de prueba que hubieren sido recabados de forma ilícita. Asimismo, como lo refirió la autoridad responsable con tales datos de prueba se puede advertir de manera clara y precisa que el objeto que se señala como materia del apoderamiento consiste en $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que la víctima reconoció dicho numerario como de su propiedad. En relación con la modificativa agravante -haberse cometido con violencia, física y moral- ésta acertadamente se tuvo justificada por el Juez de Control responsable, en virtud de los datos de prueba reseñados, en especial, con lo manifestado por la víctima en señalar que el apoderamiento se realizó mediante el uso de violencia física y moral, conforme a su relato fáctico. En efecto, tomando en consideración que la violencia física implica la utilización de la fuerza material del activo sobre el pasivo, es indudable que se actualizó, porque conforme a la entrevista de la víctima Iván Bravo Villegas, el imputado empleó un cuchillo para someter al ahora tercero interesado, al tiempo que con violencia moral le revisó su bolsa trasera del pantalón para sacar su pertenencias; por tanto, en criterio de este juzgador, tales circunstancias justifican la actualización de la agravante física y moral. De ahí, que resulten infundados los conceptos de violación que expone el quejoso, en los que manifiesta que existe insuficiencia probatoria, así como aquellos en los que manifestó que el juez responsable no fundó ni motivo cómo tuvo por acreditada la violencia en el hecho delictuoso, pues contrario a lo que refiere el promovente del amparo, resultó atinada la conclusión del Juez de Control responsable en el sentido que con los datos de prueba reseñados por la fiscal investigadora, se justifica la existencia del delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción I, 290 fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de México, que consistió en el apoderamiento del bien ajeno y mueble, sin derecho ni consentimiento de la persona, a través del uso de la violencia física y moral ejercida sobre la víctima. Cobra vigencia la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Por tanto, toda vez que para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, es que su determinación se encuentra apegada a derecho. Máxime que este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera el dictado del auto de vinculación a proceso, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada. Además, cabe precisar que a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley; de ahí que devengan infundados los argumentos en estudio. Expuesto lo anterior, procede abordar el segundo requisito de fondo, a saber: la probable participación del imputado, hoy quejoso, en el hecho delictivo en examen. Probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del hecho delictuoso. De conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para vincular a proceso a una persona, dentro del sistema acusatorio de corte adversarial y oral, no basta que se acredite la existencia de un hecho delictuoso, sino que además deben existir datos de intervención reprochables del imputado; es decir, elementos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión del hecho, pues sólo así se cumple con los principios de fragmentariedad e intervención necesaria del derecho penal, y el de la función garantizadora del tipo, relativo este último a la exacta aplicación de la ley penal. En la especie, el juez responsable estimó que la forma de la probable intervención del hoy quejoso, Vicente Escorza Martínez, en la comisión del hecho delictuoso en estudio se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 11, fracción I, inciso c) del Código Penal del Estado de México, toda vez que con la narrativa y el señalamiento de la víctima Iván Bravo Villegas, existía la probabilidad de que el imputado fue quien llevó a cabo los actos tendentes al apoderamiento violento del numerario propiedad de la víctima, hecho verificado bajo las circunstancias de modo lugar y modo de ejecución ya anteriormente precisadas. Lo anterior, pues consideró que en la entrevista de la referida víctima de identidad resguardada existían señalamientos claros y directos en contra del hoy quejoso, Vicente Escorza Martínez; lo que corroboró con la entrevista de los primeros respondientes, el informe policial homologado, las diligencias de inspección practicadas por los policías de investigación, los que estimó idóneos y pertinentes por las razones ya expuestas, y que por su apreciación conjunta, integral y armónica permiten conocer la identidad del sujeto autor de la conducta, pues la víctima describió cuáles fueron las acciones que el imputado llevó a cabo para desapoderarlo del numerario referido cuando se encontraban en su esfera de dominio. En ese tenor, resulta importante citar lo que refiere precisamente el artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal en vigor en el Estado de México; precepto que dispone: "Artículo 11. La responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y participación: I. La autoría; y . c) Los que lo ejecuten materialmente;.". Clasificación la anterior que se estima acertada, pues la autoridad responsable consideró que los datos de prueba expuestos por la representante social generaron convencimiento para llegar a la consideración que la forma de intervención del imputado en los hechos que se examinan fue como autor, pues fue quien ejecutó de forma directa y materialmente la conducta atribuida. Por todo lo anterior, de los datos probatorios aportados a la carpeta administrativa, hasta este momento procesal, se puede inferir que probablemente, Vicente Escorza Martínez, intervino como autor, en relación con el hecho delictivo de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, en agravio de la víctima Iván Bravo Villegas. En este orden de ideas, como lo consideró el Juez de Control responsable, de los datos de prueba recabados que fueron ya relacionados, no se acreditó ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente de responsabilidad. Con lo anterior se colige que, de conformidad con lo establecido en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba sumaron convicción para establecer de manera razonada la forma de intervención del quejoso en el delito que se le atribuye, por lo cual, también se colma el requisito atinente a la probable intervención del imputado en el hecho delictuoso que se le imputa. Ello, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí, para llegar a una conclusión y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada; lo que en el caso acontece, debido a que en la carpeta administrativa existen indicios suficientes sustentados en datos de prueba legalmente ponderados por la autoridad responsable a través de las reglas de la sana crítica y de la valoración de la prueba. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia con registro electrónico 171660, de epígrafe: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO". En ese sentido, se estima que el auto de vinculación a proceso dictado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en la causa de control 1204/2021, satisface los presupuestos de forma y fondo para su dictado, sin que en el caso se advierta demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de responsabilidad. En ese sentido, resulta infundada la alegación del quejoso en el sentido de que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra no cumple con los requisitos constitucionales y legales para su emisión, habida cuenta que, como se vio, en la especie se acreditaron los supuestos tanto de forma como de fondo para la emisión de ese tipo de actos, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, toda vez que contrario a lo que argumenta el quejoso, de lo expuesto se concluye que el auto de vinculación a proceso cumplió las formalidades del procedimiento al emitir el acto reclamado, pues quedó constancia de su dictado como se advierte de la reproducción del disco óptico enviado, lo que genera certeza de su contenido; asimismo, la representación social formuló imputación, en la que estableció la circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución; el imputado, Vicente Escorza Martínez, previa consulta con su defensora, en ese momento público, manifestó que no era su deseo declarar, una vez que el Juez de Control verificó que conocieran sus derechos fundamentales dentro del proceso penal; asimismo el Juez de Control responsable dictó auto de vinculación a proceso en la continuación de audiencia inicial del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por haber solicitado el referido imputado la duplicidad del plazo constitucional de setenta y dos a ciento cuarenta y cuatro horas; también sustentó debidamente su competencia; finalmente, el acto reclamado se dictó por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación; asimismo, se desprende que el juez responsable externó las razones, motivos y circunstancias que tuvo para concluir en el sentido en que lo hizo, citando para ello las disposiciones legales aplicables al caso, según así fue razonado. En ese sentido, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, contrario a lo que asevera el quejoso, al emitir el auto de vinculación a proceso tomó en consideración los datos de prueba que la fiscalía expuso al formular imputación, los cuales, como se señaló, efectivamente resultaron idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer el hecho delictuoso de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, así como su probable participación en la comisión de ese hecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS)." Lo anterior es así, ya que bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado (imputado) lo cometió o participó en su comisión. Ello, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos de prueba; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el reformado artículo 20, apartado A, fracción III, constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral). Cabe señalar que esta determinación de ningún modo implica un estado de indefensión para el impetrante del amparo, toda vez que, la emisión del acto reclamado únicamente implica la sujeción del imputado al proceso penal que se sigue en su contra, no así una determinación sobre su responsabilidad penal, pues incluso, durante el proceso se abrirá una etapa de investigación complementaria en la que el quejoso tendrá la oportunidad de ofertar los medios de prueba que estime pertinentes con el fin de desvirtuar los datos de pruebas expuestos en la investigación y acreditar su inocencia. En esa línea, se puede establecer como acertadamente lo estableció el Juez de Control responsable que hasta este estadio procesal, la entrevista de la víctima Iván Bravo Villegas, adminiculados con los diversos datos de prueba precisados, se estiman idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido el delito robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y que existe la probabilidad de que el hoy quejoso lo cometió. Asimismo, es necesario acotar que el Juez de Control responsable respetó el derecho constitucional que tiene el ahora quejoso para ofrecer medios de convicción aptos y suficientes para desvirtuar la imputación que obra en su contra; por tales motivos, este juzgador federal considera que no se le vulneró ningún derecho fundamental, ya que se aprecia que la autoridad señalada como responsable respetó sus derechos humanos, porque la circunstancia de que el acto de molestia dictado en su contra haya sido adverso a sus intereses, no significa que aquéllos se vulneraron; de ahí que devenga lo infundado del argumento en estudio. Por otro lado, el peticionario de amparo aduce que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Lo que resulta infundado en razón que, en el sistema penal acusatorio predomina la desformalización de la investigación, además del principio de contradicción, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente y aportar pruebas al respecto, al decidir sobre la procedencia del auto de vinculación a proceso. En efecto, el sustento probatorio para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo requiere que se haya hecho referencia al contenido de determinados medios de prueba aún no desahogados ante el juez, que se adviertan idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado, esto es, resulta innecesario, en esta etapa procesal, una constatación fáctica, con las exigencias y rigorismos establecidos para aquellas que deberán sustentar en su caso una sentencia. De ahí que, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es indispensable establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base a los datos de prueba que haya expuesto el fiscal investigador al juez, los cuales no tiene éste en su poder al resolver dentro del término constitucional, ni el tribunal responsable al resolver el recurso de apelación, sino únicamente la mención que realiza la agente del Ministerio Público al hacer la imputación. Pues bien, en cuanto al motivo de inconformidad en que el quejoso aduce que con el dictado del auto de vinculación a proceso en su contra se le causa un daño de imposible reparación en su persona y su libertad, a consecuencia de la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra. Al respecto debe decirse que efectivamente, conforme a la clasificación jurídica del hecho ilícito que se le reprocha, esto es, el de violación, previsto y sancionado en el artículo 273 párrafo primero y quinto, del Código Penal vigente en el Estado de México, el juez responsable estaba compelido a imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el procedimiento penal seguido en su contra; ello en acato a lo dispuesto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que si bien el acto reclamado resulta restrictivo de su libertad personal, como se ha visto a lo largo de este fallo, la resolución emitida resultó apegada a los requisitos constitucionales y procesales aplicables al caso, y por ende, la medida cautelar impuesta se encuentra justificada; máxime que ese aspecto se encuentra previsto legalmente, razón por la cual la autoridad responsable estaba obligada a acatar la disposición invocada. Por otro lado, el quejoso señala que en el caso no se respetó el principio de presunción de inocencia. Lo que resulta infundado, toda vez que hasta este momento no ha sido juzgado, ni declarado culpable, pues en este estadio procesal únicamente se dictó un auto de vinculación a proceso, lo que sólo le obliga a sujetarse al proceso en el que desde luego estará en aptitud de aportar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar la imputación efectuada en su contra; máxime que en la etapa procesal en que se encuentra el procedimiento de origen, los datos de prueba analizados por el juez responsable son aptos y eficaces para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y sustentar la vinculación a proceso del demandante del amparo. En ese sentido objetiva y fundadamente se advierten datos que por ahora, involucran al hoy quejoso en su probable intervención en el hecho que la ley señala como ilícito y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente dejarlo de someter a un proceso penal, en virtud del principio de presunción de inocencia que estima fue violado; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando con los elementos de prueba que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores datos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no; ya que, por regla general, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos de prueba expuestos en la audiencia de control de detención sirvan de apoyo para justificar el hecho que la ley castiga con pena corporal y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; claro, probabilidad, con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad, que, en el caso, conforme a las constancias que fueron expuestas y tomadas en consideración por el juez responsable, se estima por este juzgador queda satisfecha. Sirve de apoyo, la tesis 1a. I/2012 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal en el país, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." Por otra parte, en relación con las manifestaciones que expone el quejoso respecto de que no tuvo una defensa adecuada por la defensora de oficio que se le asignó, debe decirse que es infundado ya que la profesional en derecho Christian Lucina López Cortes exhibió su cédula profesional 5407803 que la acreditaba como técnico en derecho, por lo que tiene la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra, lo cual no se satisface si la asistencia fuera proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado. Ahora, con la finalidad de cerciorarse que el aquí quejoso haya contado durante el proceso penal, con el asesoramiento requerido por profesional en el ramo, procedió a consultar la página de internet http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/, de quien se advierte la existencia de cédula profesional de licenciada en derecho. De igual forma, de las viograbaciones remitidas por la responsable se advierte que el imputado estuvo de acuerdo en todo lo que su defensora manifestó, ya que el juez de origen le preguntó si estaba de acuerdo con lo que su defensora argumentaba a lo que en repetidas ocasiones contestó que sí. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 26/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO". Consecuentemente, se reitera, la decisión impugnada en esta vía constitucional debe estimarse ajustada a la ley. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Vicente Escorza Martínez. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia que al día de la fecha esté transcurriendo el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para que el tercero interesado Iván Bravo Villegas se imponga del contenido de los informes justificados y anexos, dado que la presente resolución no le es adversa, ni tampoco medio petición de el sobre su diferimiento. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Vicente Escorza Martínez, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********* contra el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por los motivos precisados en el último considerando del propio fallo. Notifíquese, por lista electrónica al quejoso. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Téngase al Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento con que se le previno en caso de incumplimiento. Se tiene por emplazado al tercero interesado. Con los informes que obran en autos y anexos, dése vista a dicha parte para que manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, de las constancias que se reciben se desprende que feneció el plazo de tres días concedido al tercero interesado para que señalara domicilio dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y háganse las notificaciones por lista electrónica de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el treinta de septiembre del presente año, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Iván Bravo Villegas, por conducto de la autoridad responsable, sin que a la fecha obre constancia de dicha diligencia; en tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan para que tenga verificativo las doce horas con cincuenta y dos minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese y por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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