Vicente Hernandez Rodriguez
Expediente 56/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Vicente Hernandez Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó electrónicamente a la parte quejosa el quince de octubre de dos mil veintiuno, la cual surtió efectos el mismo día, de conformidad con el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo; y, por ende, el aludido plazo transcurrió del dieciocho de octubre al nueve de noviembre de dos mil veintiuno, previo descuento de los siguientes días: i) dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre, así como seis y siete de noviembre, todos de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) uno y dos de noviembre, declarados inhábiles por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante sesión celebrada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante circular 9/2021 del Secretario Ejecutivo del Pleno. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla -autoridad responsable- como justificación a su informe, se ordena devolverle: ( El duplicado de la causa penal 20/2009 de su índice, con el cual se formó el anexo I del presente juicio. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad responsable se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con la constancia que se anexa. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese electrónicamente al quejoso Vicente Hernández Rodríguez, por conducto de Carlos Ulises León Montés -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia-; por lista a la tercera interesada María Marcela Pérez Pérez -parte ofendida de origen-; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada (a estas autoridades, con excepción del juez, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Zeus Islas González, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio 1802 remitido por la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, y sin mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que la información que emana del mismo fue acordada en autos de veintisiete y veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, aunado a que mediante resolución dictada el ocho de octubre de dos mil veintiuno se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiocho de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El trece de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso Vicente Hernández Rodríguez, respecto del auto de formal prisión dictado en su contra el once de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 20/2009, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de María Marcela Pérez Pérez, así como de su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Mediante acuerdo emitido el dos de septiembre del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de nueve de septiembre del actual, se tuvo al citado juez responsable informando que en acuerdo emitido el seis de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 20/2009 de su índice, realizó -en esencia- lo siguiente: ( Dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso Vicente Hernández Rodríguez el once de diciembre de dos mil veinte, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de María Marcela Pérez Pérez -acto reclamado-; y, ( Señaló las diez horas del veintiuno de septiembre del presente año, para el desahogo de una diligencia de carácter judicial, en donde el licenciado Juan Francisco Morgado Hernández, quien aceptó y protestó el cargo de defensor público del ahora quejoso, acreditaría que contaba con cedula de Licenciado en derecho al momento en que su representado declaró en preparatoria el diez de diciembre de dos mil veinte, en dicho proceso penal. No obstante, este órgano jurisdiccional consideró que la fecha fijada para el desahogo de aludida diligencia se encontraba demasiada lejana, tomando en consideración que se había otorgado a la citada autoridad responsable el plazo de tres días para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y que existían diversas maneras más rápidas, a la comparecencia de Juan Francisco Morgado Hernández, para acreditar que en la fecha de la declaración preparatoria -diez de diciembre de dos ml veinte- era profesional en derecho, como la constatación de su cédula profesional con número de folio 2621090, a través de una consulta a la página de internet del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx), cuya búsqueda y resultado se podía certificar por funcionario con fe pública. En consecuencia, se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días cumpliera con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales. Posteriormente, en auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla realizando lo siguiente: 1. Transcribiendo el acuerdo dictado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 20/2009, en la que dejó insubsistentes el auto de formal prisión de veintinueve de abril de dos mil veintiuno (sic) y el proveído de seis de septiembre del actual; asimismo, insertó la certificación de su secretario de acuerdos, en la cual, se constató, a través de una consulta a la página de internet http://www.cedula.buholegal.com/2621090, que el licenciado Juan Francisco Morgado Hernández, quien aceptó y protestó el cargo de defensor público del quejoso Vicente Hernández Rodríguez, contaba con cédula de Licenciado en derecho al momento en que su representado declaró en preparatoria el diez de diciembre de dos mil veinte, y, 2. Remitiendo copia certificada del auto de formal prisión dictado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la citada causa penal. Sin embargo, este órgano de control constitucional estimó que no se encontraba debidamente cumplida la ejecutoria de amparo, pues las aludidas constancias contenían defectos importantes y sustanciales que debían ser subsanados: A. Primer defecto: El juez responsable, mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, emitido dentro de la causa penal de origen, dejó insubsistente un auto de formal prisión de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, cuando el auto de término constitucional reclamado data del once de diciembre de dos mil veinte, sin que pasara desapercibido que dicha autoridad en diverso auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno -el cual se tuvo a la vista del suscrito juzgador federal en proveído de nueve de septiembre del actual- sí dejó sin efectos la resolución combatida en este juicio de derechos fundamentales; sin embargo, el juez responsable, en dicho acuerdo de trece de septiembre del año en curso, dejó insubsistente tal auto de seis de septiembre pasado, por lo que se dijo que la declaratoria respectiva debió realizarse nuevamente y de forma correcta. B. Segundo defecto: En el citado auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal de origen, el juez de la causa insertó la certificación de su secretario de acuerdos, en la cual, se constató que el licenciado Juan Francisco Morgado Hernández, quien aceptó y protestó el cargo de defensor público del quejoso Vicente Hernández Rodríguez, contaba con cédula de Licenciado en derecho al momento en que su representado declaró en preparatoria el diez de diciembre de dos mil veinte. No obstante, se advirtió que esa información fue derivada de la página de internet http://www.cedula.buholegal.com/2621090; es decir, de un sitio que no provenía de una autoridad competente para constatar la calidad de un profesional en derecho. Justamente, se dijo que en los efectos del fallo protector, se precisó que la información de la cédula del mencionado defensor debía derivar de autoridades competentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas. Entonces, la autoridad responsable, para la constatación de la cédula profesional del defensor (con número de folio 2621090), debía realizar una consulta a la página de internet del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx), cuya búsqueda y resultado se podía certificar por funcionario con fe pública. C. Tercer defecto: En el auto de término constitucional de trece de septiembre de dos mil veintiuno -emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo-, la autoridad presentó consideraciones que, en la sentencia de amparo, se dijo, carecían de congruencia jurídica en relación con las modalidades del delito de violación, que los artículos 267 y 272 del Código Penal del Estado de Puebla establecen; lo cual, significaba que la autoridad responsable no atendió las consideraciones plasmadas en el Apartado C del considerando octavo del fallo protector, ya que prácticamente repitió la fundamentación y motivación del acto reclamado. En virtud de ello, se requirió nuevamente a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla para que dentro del plazo de tres días cumpliera sin excesos ni defectos con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, para lo cual, además debía dejar insubsistentes las determinaciones dictadas el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal de origen -anteriormente referidas-. Finalmente, por auto de veintiocho de septiembre pasado se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo el oficio 1851, tanto vía ordinaria como correo electrónico, por el cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó diversas documentales derivadas de la causa penal de origen. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el trece de agosto de dos mil veintiuno, se declaró inconstitucional el auto de formal prisión dictado el once de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 20/2009, por violar el derecho de defensa adecuada, el debido proceso y el principio de legalidad, consagrados en los artículos 14, 16 y 20, Apartado A, fracciones II y IX, Constitucionales, por lo que se concedió al quejoso Vicente Hernández Rodríguez el amparo y la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, con base en las siguientes premisas: A. Que se cumplieron de manera parcial algunas las formalidades esenciales del procedimiento, como que el auto de formal prisión se dictó por un órgano judicial competente previamente establecido, que el Ministerio Público ejerció acción penal en contra del aquí quejoso, como probable responsable de realizar una conducta tipificada en la ley penal como delito (violación), que no se dio efecto retroactivo a Ley alguna en perjuicio de aquéllos y que la declaración preparatoria fue firmada por todos sus intervinientes. B. Que no se apreció constancia fehaciente de que Juan Francisco Morgado Hernández, persona que asistió como defensor público al quejoso en su declaración preparatoria, fuera profesional en derecho, en contravención al derecho de defensa consagrado en el artículo 20, apartado A, fracciones II y IX, Constitucional, en su vertiente en la obligación de las autoridades jurisdiccionales y ministeriales de indagar que la persona que funge como defensor del imputado realmente sea licenciado en derecho. C. Que el auto de formal prisión se encontraba motivado de forma incongruente, en contravención con el artículo 16 Constitucional, ya que el juez instructor interpretó de forma incorrecta los artículos 267 y 272, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, así como el criterio jurisprudencial 1a./J. 123/2008 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, pues dio a entender que para la configuración del delito de violación equiparada, previsto en el artículo 272, fracción I, del código penal, se requería la acreditación de la utilización de la violencia física o moral como medio comisivo, a través de la suministración de un medicamento, droga, o en general un agente químico o biológico; el cual, al no haberse probado, -consideró- resultaba en la configuración del delito básico de violación, mismo que sí exige el citado medio comisivo para su actualización. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, una vez que quedara firme el fallo y se le requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado. 2. Dictara un proveído en el que ordenara practicar cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica. Por mencionar algunos ejemplos, i) requerir a Juan Francisco Morgado Hernández para que acreditara que durante el desahogo de la declaración preparatoria de diez de diciembre de dos mil veinte contaba con cédula de licenciado en derecho; o, (ii) derivar información de las autoridades competentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas, para adminicularla con la copia simple de la cédula profesional con número de folio 2621090, la cual obra en autos. 3. Derivado del resultado de dicha diligencia, se abrirían dos supuestos o caminos -excluyentes entre sí-, uno en el que apareciera que efectivamente el defensor era licenciado en derecho y que contara con la aludida especialidad y otro en el que no, por lo que el juez debía seguir sólo uno de los caminos que se exponen a continuación. "(.) Primer camino: en el que aparezca que el defensor sí es licenciado en derecho y que cuenta con la aludida especialidad. Segundo camino: en el que aparezca que el defensor público no es licenciado en derecho ni cuenta con la aludida especialidad 3.1 Con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior de este fallo, dicte una diversa resolución con libertad de jurisdicción en la que: ( Confirme la clasificación jurídica que propuso el fiscal; es decir, el tipo penal de violación equiparada, previsto en el artículo 272, fracción I, del código penal; para ello, tendrá que precisar que para la actualización de dicha conducta no se requiere como medio comisivo la violencia física o moral sino una calidad específica del sujeto pasivo, que en el caso pudiera ser el estado inconsciente o cuasi inconsciente transitorio en el que se encontraba, derivado del estado de ebriedad que fue relatado y descrito en las declaraciones que efectuaron tanto la propia víctima como la testigo Laura García Pérez; o, ( Reclasifique la conducta que propuso el fiscal -como lo hizo en la resolución reclamada-; esto es, cambiar el tipo de violación equiparada señalado por el de violación simple o genérica, previsto en el artículo 267 del código penal; sin embargo, para tal efecto, tendrá que precisar que para su actualización sí se requiere de la violencia física o moral como medio para imponer la cópula a la víctima, señalando en qué consistió dicha violencia y los medios de prueba con los que se acredita. ( En cualquiera de los anteriores supuestos -mismos que son excluyentes entre sí-, deberá considerar que los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, tienen que valorarse con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo juzgar una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas; asimismo, deberá ser muy específico en establecer los elementos del cuerpo del delito que estime acreditado, así como los elementos de prueba con los que considere probados dichos elementos. ( Tome en cuenta que no se requiere de dictámenes especializados para, por ejemplo, tener por acreditado un estado cualificado transitorio del sujeto pasivo como la incapacidad de comprender el significado de la cópula o de no poder resistirla -para la actualización del delito de violación equiparada, previsto en el artículo 272, fracción I, del código penal- o para comprobar el uso de la violencia física o moral -para la actualización del delito de violación simple o genérica, previsto en el artículo 267 del código penal-. ( Se pronuncie sobre la probable responsabilidad del quejoso. 3.1 En caso de que no se pueda acreditar o no esté acreditado que el aludido defensor era licenciado en derecho, deberá reponer el procedimiento al momento al que se presentó la violación para que se vuelva a llevar a cabo la diligencia de declaración preparatoria, en la que deberá acreditarse que el inculpado sea asistido por un licenciado en derecho. -- 3.2 Hecho lo anterior, procedería dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la etapa de preinstrucción con base en la información derivada de la nueva declaración preparatoria. -- 3.3 Luego, con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior de este fallo y en la nueva información (incluyendo material probatorio) aportada en la etapa de preinstrucción, dicte una diversa resolución con libertad de jurisdicción, en la que si decide dictar nuevamente auto de formal prisión, deberá:: ( Confirmar la clasificación jurídica que propuso el fiscal; es decir, el tipo penal de violación equiparada, previsto en el artículo 272, fracción I, del código penal; para ello, tendrá que precisar que para la actualización de dicha conducta no se requiere como medio comisivo la violencia física o moral sino una calidad específica del sujeto pasivo, que en el caso pudiera ser el estado inconsciente o cuasi inconsciente transitorio en el que se encontraba, derivado del estado de ebriedad que fue relatado y descrito en las declaraciones que efectuaron tanto la propia víctima como la testigo Laura García Pérez; o, ( Reclasificar la conducta que propuso el fiscal -como lo hizo en la resolución reclamada-; esto es, cambiar el tipo de violación equiparada señalado por el de violación simple o genérica, previsto en el artículo 267 del código penal; sin embargo, para tal efecto, tendrá que precisar que para su actualización sí se requiere de la violencia física o moral como medio para imponer la cópula a la víctima, señalando en qué consistió dicha violencia y los medios de prueba con los que se acredita. ( En cualquiera de los anteriores supuestos -mismos que son excluyentes entre sí-, deberá considerar que los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, tienen que valorarse con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo juzgar una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas; asimismo, deberá ser muy específico en establecer los elementos del cuerpo del delito que estime acreditado, así como los elementos de prueba con los que considere probados dichos elementos. ( Tome en cuenta que no se requiere de dictámenes especializados para, por ejemplo, tener por acreditado un estado cualificado transitorio del sujeto pasivo como la incapacidad de comprender el significado de la cópula o de no poder resistirla -para la actualización del delito de violación equiparada, previsto en el artículo 272, fracción I, del código penal- o para comprobar el uso de la violencia física o moral -para la actualización del delito de violación simple o genérica, previsto en el artículo 267 del código penal-. ( Se pronuncie sobre la probable responsabilidad del quejoso. Tabla 2. (.)" Finalmente, se señaló que la concesión del amparo no implicaba que se dejara en libertad al quejoso -a través de un auto de libertad- ni tampoco el de anular actuaciones diversas a la precisada, sino únicamente que la responsable se ciñera a los efectos de la concesión apuntados, así como a las consideraciones que los sustentaban. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, en acuerdo emitido el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 20/2009, realizó lo siguiente: i) Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado -de once de diciembre de dos mil veinte-, así como las actuaciones emitidas el seis y el trece de septiembre de la presente anualidad, con las cuales que pretendió acatar el fallo protector de forma de infructuosa. ii) Insertó la certificación de su secretario de acuerdos, en la cual, se constató, a través de una consulta a la página de internet del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx), que el licenciado Juan Francisco Morgado Hernández, quien aceptó y protestó el cargo de defensor público del quejoso Vicente Hernández Rodríguez, contaba con cédula de Licenciado en derecho al momento en que su representado declaró en preparatoria el diez de diciembre de dos mil veinte. Una vez verificado ello, mediante nuevo auto de formal prisión del propio veintiuno de septiembre de este año, emitido dentro de la causa penal de origen, el juez responsable, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia de amparo y con la libertad de jurisdicción concedida, efectuó lo siguiente: i) Confirmó la clasificación jurídica que propuso el fiscal; es decir, el tipo penal de violación equiparada, previsto en el artículo 272, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; para ello, precisó que para la actualización de dicha conducta no se requería como medio comisivo la violencia física o moral sino una calidad específica del sujeto pasivo, que en el caso, precisó que fue el estado inconsciente o cuasi inconsciente transitorio en el que se encontraba, derivado del estado de ebriedad que fue relatado y descrito en las declaraciones que efectuaron tanto la propia víctima como la testigo Laura García Pérez. ii) Para arribar a la anterior decisión, tomó en cuenta que los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucran actos de violencia sexual contra la mujer, tienen que valorarse con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo juzgar una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas; asimismo, estableció los elementos del cuerpo del delito acreditado, así como los elementos de prueba con los que estimó probados dichos elementos. iii) No requirió de dictámenes especializados para tener por acreditado un estado cualificado transitorio del sujeto pasivo como la incapacidad de comprender el significado de la cópula o de no poder resistirla. iv) Se pronunció sobre la probable responsabilidad del quejoso. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de once de diciembre de dos mil veinte; ii) dictó un auto en el que practicó una diligencia, por conducto de su secretario, para determinar que no hubo violación al derecho de defensa técnica del quejoso, al derivar información del Registro Nacional de Profesionistas, para constatar que el licenciado Juan Francisco Morgado Hernández, quien aceptó y protestó el cargo de defensor público del quejoso, contaba con cédula de Licenciado en derecho al momento en que su representado declaró en preparatoria el diez de diciembre de dos mil veinte; y, iii) ajustándose a los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia de amparo y con la libertad de jurisdicción concedida, dictó nuevamente auto de formal prisión en del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada, previsto en el artículo 272, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese electrónicamente al quejoso Vicente Hernández Rodríguez, por conducto de Carlos Ulises León Montés -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia-; por lista a la tercera interesada María Marcela Pérez Pérez -parte ofendida de origen-, en cumplimiento a lo acordado en audiencia de trece de agosto de dos mil veintiuno; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada (a estas autoridades, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 1851 remitido tanto vía correo electrónico como vía ordinaria por la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla; y, en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con el contenido del oficio de cuenta y su anexo; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese electrónicamente al quejoso Vicente Hernández Rodríguez, por conducto de Carlos Ulises León Montés -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia-; por lista a la tercera interesada María Marcela Pérez Pérez -parte ofendida de origen-, en cumplimiento a lo acordado en audiencia de trece de agosto de dos mil veintiuno; y, por oficio a autoridad tercera interesada (a ésta, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción). Se ordena correrles traslado con copia autorizada de los registros 16980 y 17016 ambos de 2021, con sus respectivos anexos, con excepción de la parte quejosa, quien tiene a su disposición dichos registros en el expediente electrónico...
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