Vicente Alfredo Garrido Castañeda

Expediente 422/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
422/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
10/08/2017

Partes del expediente

  • Vicente Alfredo Garrido Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes, razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. No es obstáculo para lo anterior, que a la fecha no obre en autos el acuse de recibo del oficio 0504-C-2, mediante el cual se ordenó notificar la referida resolución a la autoridad responsable 2. Jefe de Grupo Encargado de la Agencia Estatal de Investigación en Chignahuapan, Puebla, toda vez que el sentido de la misma no le causa algún agravio y, por lo mismo, no se encuentra legitimada para interponer recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otro lado, se hace la observación que debido a que se negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental y es susceptible de depuración transcurridos cinco años a partir de esta fecha, de conformidad con la fracción IV del punto Vigésimo Primero fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, intégrese a los autos el escrito del tercero interesado Carlos Garrido Guevara, visto su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en este proveído.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a VICENTE ALFREDO GARRIDO CASTAÑEDA en contra del acto que reclamó al 1. Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla y su ejecución que se atribuyó al 2. Jefe de Grupo encargado de la Agencia Estatal de Investigación en Chignahuapan, Puebla, y 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación descatamentado en Zacatlán, Puebla, en virtud de lo expuesto en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Carlos Garrido Guevara, progenitor de la menor tercero interesada K.N.G.F. y, atento al contenido del mismo, téngase al ocursante apersonándose al presente juicio, y autorizando con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el escrito de cuenta, por así haberlo solicitado. Por otro lado, téngasele señalando como domicilio para oír notificaciones los estrados de este Juzgado; sin embargo, toda vez que éstos técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y con apoyo en la fracción II del numeral citado, realícense las notificaciones personales por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Así mismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al ocursante realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en relación con las pruebas que oferta el tercero interesado en mención, consistentes en la inspección y verificación del domicilio del quejoso Vicente Alfredo Garrido Castañeda; con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, toda vez que dicho medio de convicción no fue ofertado ante el juez responsable, ni mucho menos fue tomado en consideración para la emisión del acto aquí reclamado, consistente en la orden de aprehensión, se desecha la misma por notoriamente improcedente. Para explicar lo anterior, conviene señalar el contenido del artículo 75 de la Ley de Amparo: (.) Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. (.) En efecto, dicho numeral dispone que el acto reclamado se debe apreciar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y que no se tomarán en consideración los medios de convicción que no se hubiesen rendido ante el Juez responsable para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, por lo que al admitirse llevaría a tomar en cuenta constancias que no sirvieron de sustento para la emisión del acto reclamado, sustituyendo a la autoridad responsable al analizar la legalidad de un acto a la luz de cuestiones que no fueron planteadas ante ella, lo cual no es acorde a la técnica del juicio de derechos fundamentales, que indica que el Juez de amparo debe constreñirse a la litis planteada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.9o.P.2 K (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos rubro, texto y datos de localización: "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, AL SEÑALAR QUE EN LAS SENTENCIAS QUE SE DICTEN EN LOS JUICIOS, NO SE ADMITIRÁN NI SE TOMARÁN EN CONSIDERACIÓN AQUELLAS QUE NO SE HUBIESEN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 17 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 8 Y 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, al señalar que en las sentencias que se dicten en los juicios no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad responsable, no vulnera los artículos 1o., 14, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 8 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello es así, porque de la citada porción normativa no deriva que el juicio de amparo impida ejercer los derechos de audiencia y acceso a la justicia y, por tanto, que sea un recurso inefectivo o ilusorio, pues no constituye un procedimiento ordinario para acreditar hechos en lo general, sino que su objeto principal es verificar la constitucionalidad o convencionalidad o, en su caso, la legalidad del acto de autoridad frente a la situación y circunstancias que concurrieron en el momento en que se emitió la resolución impugnada; ya que de lo contrario, se llegaría al absurdo de establecer que en el juicio de amparo puede ofrecerse cualquier medio probatorio sin algún control, lo cual traería como consecuencia, su desnaturalización, y se generaría una inestabilidad en relación con los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales; máxime que el párrafo primero del artículo en estudio, no es absoluto, pues su párrafo segundo establece una excepción, al permitir al quejoso ofrecer pruebas siempre y cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable." Así como los siguientes criterios: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda". "PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE PRUEBAS EN EL AMPARO. SUS EFECTOS. El artículo 78 de la Ley de Amparo contiene, como regla general, el llamado principio de "limitación de pruebas" inherente al juicio de garantías, el cual constituye un medio de control constitucional que tiene la naturaleza de un procedimiento impugnativo autónomo y no una instancia o recurso ordinario adicional. Por tales motivos, la limitación de pruebas o de análisis probatorio, da lugar a una limitante con dos diversos efectos; por un lado, el relativo a que para juzgar el acto reclamado y su constitucionalidad, la autoridad de amparo no puede comprender en materia de prueba, aspectos o cuestiones ajenos a los que la responsable estuvo en aptitud de considerar, de ahí que se establezca la obligación de apreciar el acto "tal y como aparezca probado ante la responsable"; y por otro, se produce una limitación, la cual consiste en evitar que el juzgador de amparo al sustituirse en la competencia exclusiva de aquella autoridad llegue al extremo opuesto de justificar o mejorar el contenido del acto reclamado". Así mismo, no ha lugar a tenerle como ofrecidas las pruebas consistentes en los informes previos rendidos por las autoridades responsables, toda vez que dichas documentales obran agregadas en el cuaderno incidental derivado del controvertido constitucional en que se actúa, el cual se tramita por cuerda separada. Sin perjuicio de lo anterior, en términos del artículo 119, en relación con el diverso 123, ambos de la Ley de Amparo, téngase al ocursante ofreciendo como pruebas las documentales privadas que adjunta al escrito de cuenta, así como la instrumental pública de actuaciones, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil diecisiete. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se giró el despacho 386/2017 al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Alatriste, con sede en Chignahuapan, Puebla para que en auxilio de las labores de este juzgado emplazara a la menor tercero interesada K.N.G.F., por conducto de su progenitor Carlos Garrido Guevara, por lo que se está en espera de las constancias atinentes a la comunicación oficial aludida. En consecuencia, a efecto de respetar los derechos de la citada parte tercero interesada, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y se fija como nueva fecha para su celebración las trece horas con diez minutos del treinta de junio de dos mil diecisiete. Ahora bien, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, requiérase al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Alatriste, con sede en Chignahuapan, Puebla para que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente auto, remita las constancias atinentes al despacho 386/2017 del índice de este juzgado, haciendo de su conocimiento que en caso de ser omiso al presente requerimiento, se le hará efectivo el apercibimiento con que fue conminado mediante auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete.

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