VICENTE o JOSE VICENTE ROSALES SANCHEZ
Expediente 1139/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1139/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- VICENTE o JOSE VICENTE ROSALES SANCHEZ
- VICENTE o JOSE VICENTE ROSALES SANCHEZ y Otros.
- JOSE LUIS HERNANDEZ o HERNANDES ROSALES
- Director del Centro de Reinsercion Social de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 261 a 268), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Asimismo, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en copia certificada del proceso 125/2016-6 de su índice, con el cual se formó el anexo I; se ordena devolver dicha documental; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo, toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo citado (1/2009).
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 25 DE abril DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio 1476 del Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de abril de este año (foja 252), remite copia certificada de las notificaciones realizadas a las partes, respecto de la resolución dictada el tres de abril actual, en el proceso 125/2016-6, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a esta data, feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve [foja 239), a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por los peticionarios de amparo, mediante escrito recibido en este juzgado el dieciséis de abril en curso (fojas 247 a 250). En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve [fojas 127 a 154], se concedió el amparo a Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales, para que el Juez Quinto de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, se concede para el efecto que el Juez Quinto de lo Penal de Puebla, Puebla, una vez que esta sentencia cause ejecutoria y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en el proceso penal 125/2016-6 seguido en contra de los quejosos Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales. 2) En su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, funde y motive su competencia (primer vicio formal), resuelva la situación jurídica de los ahora quejosos, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que le afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a. Especificará correctamente los dispositivos legales aplicables a la figura delictiva de despojo y, a la sanción que corresponda (segundo vicio formal). b. Motivará en forma específica e individualizada, cada uno de los elementos integradores del delito de despojo que se le imputa a los quejosos, sin prescindir el estudio de ninguno de ellos, precisará de manera clara con qué medios de prueba se acredita cada uno, así como qué aspectos relevantes se desprenden de las mismas y que resultan útiles para demostrar dichos componentes del delito que nos ocupa, en virtud de lo expuesto en esta resolución (tercer vicio formal). c. Precisará cuál de las conductas delictivas previstas en el artículo 408, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, es la que se le atribuye a cada uno de los inculpados -aquí quejosos-, dado que dicho precepto legal contiene varias hipótesis delictivas distintas entre sí; en el caso que la autoridad judicial responsable determinara que se actualizan todas esos supuestos, razone de manera precisa, por qué se configuran (tercer vicio formal). d. Al pronunciar el auto de término constitucional, dentro del capítulo relativo al estudio de la probable responsabilidad de los inculpados -aquí quejosos-, deberá realizar pronunciamiento en torno al elemento subjetivo genérico [dolo], así como puntualizar con qué medios de convicción se acredita este (cuarto vicio formal). e. Al momento de resolver la situación jurídica de los indiciados Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales -aquí quejosos-, deberá pronunciarse respecto de la totalidad de los medios de convicción aportados por las partes, incluyendo los que éstos aportaron durante la preinstrucción, mediante ocurso recibido por la autoridad responsable, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, para desvirtuar los hechos que se les imputaron (quinto vicio formal). f. Se pronuncie en relación a la admisión y desahogo, o en su caso, desechamiento, de la prueba ofertada por la entonces defensora particular del inculpado José Luis Hernández Rosales, en la diligencia relativa a la declaración preparatoria de su defendido, consistente en la práctica de los estudios socioeconómico, psicológico, victimológico, a su defendido de referencia, y de ser posible su desahogo, dentro del término constitucional, sean tomados en consideración al momento de resolver su situación jurídica, en lo que le resulte benéfico (quinto vicio formal). g. Precise qué grado de participación le atribuye a cada uno de los inculpados Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y, José Luis Hernández Rosales -aquí solicitantes de amparo-, y destaque qué conducta o conductas llevaron a cabo cada uno de los quejosos antes citados, para con ello considerar que se actualiza tal hipótesis. [.]". La resolución protectora emitida el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria el quince de marzo siguiente [fojas 164 a 166], por lo que en esa fecha, se requirió su cumplimiento. Por oficio 1049 [foja 177], el Juez Quinto de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, así como de la resolución emitida en esa misma fecha [fojas 178 a 197], en el proceso penal 125/2016-6, de su índice, instruido contra Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales, como probables responsables de la comisión del delito de despojo; con lo que la autoridad judicial responsable pretendió cumplir con la sentencia de amparo. Sin embargo, como se advierte del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve [fojas 198 a 200], se tuvo a la referida potestad responsable, dando cumplimiento parcial al fallo protector, en virtud que no atendió cabalmente, los vicios formales tercero, cuarto y quinto, destacados; por tanto, acorde a lo establecido en el precepto 192 de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la autoridad judicial responsable, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de ese proveído, diera total cumplimiento a la resolución pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. En ese orden, luego de la prórroga de dos días, autorizada al Juez responsable, en auto de veintinueve de marzo de este año [foja 205], para que cumpliera con la sentencia de amparo dictada en este juicio, mediante el comunicado 1198, recibido el cuatro del mes y año en curso, exhibió el auto de tres de abril de esta anualidad, así como la determinación de la misma data, pronunciados dentro del proceso penal 125/2016-6, de su estadística, con lo que dijo acatar puntualmente dicha ejecutoria. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia, que en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez Quinto de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, realizó lo siguiente: 1. En acuerdo de tres de abril de dos mil diecinueve [foja 211], dejó insubsistente (1) la determinación de trece de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciada dentro de la causa penal número 125/2016-6, en la que decretó auto de formal prisión o preventiva, en contra de los solicitantes de amparo Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y, José Luis Hernández Rosales, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado en los artículos 408, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Eloina González Cóyotl -que constituyó el acto reclamado-, así como a la diversa de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, con la que pretendió acatar el fallo protector. 2. Con libertad de jurisdicción que le fue concedida, la autoridad judicial responsable dictó una nueva resolución en la que decretó auto de formal prisión contra los indiciados Vicente Rosales Sánchez ó José Vicente Rosales Sánchez y, José Luis Hernández Rosales -aquí quejosos-, al considerarlos probables responsables de la comisión del delito de despojo, previsto por el artículo 408, fracción I y sancionado por el 409, en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eloina González Coyotl [fojas 212 a 238], determinación en la que el juez responsable purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, como a continuación se explica: En efecto, al resolver la situación jurídica de los encausados de referencia -aquí quejosos-, la autoridad responsable fundó y motivó la competencia asumida (primer vicio formal), en razón que señaló, que con motivo del cierre de los Juzgados Sexto, Séptimo y Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, decretado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en sesión celebrada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho y en atención a lo dispuesto respecto a la distribución de los expedientes radicados en los juzgados que concluyeron funciones, de acuerdo a su terminación (4 y 5), le correspondió conocer del proceso penal 125/2016-6 (de donde deriva el acto reclamado), anteriormente, del índice del extinto Juzgado Sexto de lo Penal; aunado a lo antes expuesto, el Juez responsable señaló ser competente para resolver la situación jurídica de los aludidos inculpados, en razón que los hechos que dieron origen a la citada causa, sucedieron en la ciudad de Puebla, Puebla, expresamente en la central de abastos. Por otra parte, la potestad señalada como responsable, en el considerando décimo relativo al delito por el que se seguirá el proceso, como en el resolutivo primero, de la determinación que se analiza, precisó que la conducta delictiva -despojo-, que se les atribuyó a los quejosos, se encuentra prevista en el artículo 408, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla y, que aquella se sancionará conforme a la calificativa regulada por el diverso precepto 409, del código sustantivo invocado, consistente en que el ilícito de referencia se cometa materialmente, por cinco o más personas, con lo cual quedó reparado el segundo vicio formal que se resaltó en la sentencia de amparo protectora, en virtud que tal señalamiento preciso, genera certidumbre en los solicitantes de amparo, respecto al delito que se les imputa, como las sanciones que pudiesen imponérseles, en el supuesto de encontrarlos penalmente responsables de su comisión, de ahí, que estarán en condiciones de preparar una defensa adecuada, para desvirtuar esa imputación presuntiva. En otro orden, el juez responsable especificó que los elementos que a su consideración conforman el cuerpo del delito de despojo [tercer vicio formal], son los siguientes: "a). Al que de propia autoridad turbe la posesión pacífica de un inmueble. b) Haciendo violencia. c) Cuando se cometa por cinco o mas personas. [foja 228]. Respecto de los cuales, la autoridad responsable realizó un estudio individual, debidamente motivado, en el que puntualizó con qué medios de prueba demuestra cada elemento conformante del ilícito de despojo, previa valoración que efectuó de tales probanzas, de las que destacó los aspectos que le fueron útiles para acreditar los citados elementos normativos [fojas 228 a 230]. De igual forma, al realizar el análisis del primero de los elementos del cuerpo del delito, el juez responsable precisó que la conducta concreta que le atribuye a los inculpados -aquí quejosos-, es la relativa a "turbar la posesión pacífica de un inmueble", elemento normativo del que hizo el estudio individualizado respectivo [fojas 228 y 229],[tercer vicio formal]; prescindiendo de utilizar de manera indistinta y conjunta, el resto de las hipótesis que prevé el artículo 408, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cumpliendo así la autoridad responsable, con el tercer vicio formal destacado en la ejecutoria de amparo, cuyo cumplimiento se analiza. No pasa inadvertido para este Juzgador Federal, que si bien, en el apartado relativo al estudio de los elementos integradores del delito de despojo, destacados por la autoridad responsable, ésta introdujo como tal, "c) "Cuando se cometa por cinco o más personas", lo cierto es que jurídicamente éste no forma parte de la descripción legal del ilícito mencionado, sino que se trata de una calificativa, que jurídicamente se entiende como aquella circunstancia que no alterando los elementos configurativos del delito se agrega al ilícito típico y agrava la pena establecida para el mismo; como la define el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis visible en la página 531, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación; registro IUS: 211321; del rubro y texto, siguientes: "DELITO. CALIFICATIVA DEL. Por calificativa jurídicamente se entiende aquella circunstancia que no alterando los elementos configurativos del delito se agrega al ilícito típico y agrava la pena establecida para el mismo." Empero, cabe destacar, que el hecho referente a que la autoridad responsable no haya efectuado en un apartado independiente, el estudio de la calificativa contemplada en el artículo 409 del Código Penal del Estado de Puebla -cuando se cometa materialmente por cinco o más personas-, no incide para tener por reparado el tercero de los vicios formales destacados en la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, en razón que tal circunstancia sólo deriva de una falta de técnica en la emisión de la resolución que se analiza, pues el propio juez responsable al abordar su estudio, estableció expresamente que se trata de la calificativa del ilícito de despojo, máxime, que expuso los motivos y enunció los medios de convicción, que tomó en consideración para tener por actualizada la misma; como se advierte de la siguiente transcripción: ".ELEMENTO C. Cuando se cometa por cinco o mas personas. La calificativa del ilícito de despojo a estudio, se justifica en razón de que éste lo cometan cinco o mas personas, lo que se encuentra debidamente justificado con el dicho de la agraviada ELOINA GONZÁLEZ CÓYOTL, en conjunción con lo declarado por los testigos JOSÉ ALBERTO MANUEL HERNÁNDEZ MELÉNDEZ, ELEAZID MORA ACEVEDO, MARIA DE JESÚS LÓPEZ BONILLA y SERGIO MISAEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ (puntos 1 y 2 del apartado de pruebas), a los que se les concedió valor probatorio en términos del artículo 201 del Código Procesal de la Materia, de las cuales se justifica la intervención en los hechos delictivos que originaron la tramitación de la presente causa penal, de más de cinco personas, pues de la prueba citada claramente podemos desprender la realización de las acciones constitutiva del injusto, por parte de Abundio Aguirre González, Ana María Escalona Tlahuetl, Antonia Ponciano Rosales, Ana María Escalona Tláhuac, Vicente Rosales Sánchez, José Luis Hernández Rosales, Norberto Campillo Fernández, Concepción Núñez Romero, Clara Giménez [sic], González, Merino Cruz Quijano, Otilia Rosales Sánchez, Agustín Espíndola González, José Luis Rosas Vallejo, Gerardo Aponte Rosales, Irma Téllez Rojas, Ubaldo Castillo Ramos, Ruperto Acá Márquez, Genoveva Constantina Coatl Cuaya, Sugie Acá Tlaxcaltecas, David Márquez Tlaxcaltecas, Gustavo Rodríguez Romero. De igual forma, aporta información para justificar lo anterior, la CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE DEL COINDICIADO UBALDO CASTILLO RAMOS, a la que se le concedió valor en términos de los arábigos 124 y 194 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, misma que constituye una testimonial de hechos de la cual se desprende información que abona a la demostración de la comisión de la conducta delictiva denunciada por ELOINA GONZÁLEZ COYOTL, pues de la prueba podemos desprender que el día 27 veintisiete de agosto de 2015 dos mil quince, como a las 11 once de la mañana los empezaron a llamar Vicente Rosales Sánchez, Abundio Aguirre González, Ana María Escalona Tláhuac, José Luis Hernández Rosales, José Luis Rosas Vallejo, Marino Cruz Quijano, Otilia Rosales Sánchez, Gerardo Aponte Rosales, Genoveva Coatl Cuaya, David Márquez Tlaxcalteca, Norberto Campillo Fernández, Gustavo Rodríguez Romero, Antonia Ponciano Rosales, Concepción Núñez Romero, entre otros, quienes les dijeron que estuvieran listos porque irían al puesto de Eloina González Coyotl, que es el número 7 de los de la "subasta chica", y que la sacarían de ahí por las buenas o por las malas, por lo que ya en "bola" se dirigieron al local y al llegar Abundio Aguirre y Ana María Escalona Tláhuac se metieron al puesto de Eloina y le empezaron a gritar exigiéndole que le pagara la renta, a lo que Eloina les dijo que no les pagaría nada a ellos porque ya le pagaba a Manuel Sánchez Castillo, por lo que Abundio Aguirre y Ana María Escalona Tláhuac empezaron a empujar a Eloina hasta que la sacaron del puesto, en ese momento VICENTE ROSALES SÁNCHEZ les dijo "órale cabrones, hay que sacar a esta pinche vieja de su puesto, pa' fuera con todo y sus muebles y mercancía", y pudo ver que Otilia Rosales Sánchez, Gerardo Aponte Rosales, Jorge Hernández Rosales, Genoveva Coatl Cuaya, David Márquez Tlaxcalteca, José Luis Hernández Rosales, el mismo Vicente Rosales Sánchez, José Luis Rosas Vallejo, Marino Cruz Quijano,Clara Jiménez González, Concepción Núñez Romero, David Márquez Tlaxcalteca, Gustavo Rodríguez Romero, Norberto Campillo Fernández, Ruperto Aca Márquez, Agustín Espíndola, Sugui Aca Tlaxcalteca entre otros, empezaron a agarrar la mercancía del puesto de Eloina y a tirarla al piso, que en su puesto había champiñones, pimientos morrones, berenjenas, chile habanero, huitlacoche y otras cosas, que se metieron al puesto y sacaron costales y cajas que aún estaban cerradas y algunas se las llevaron y otras las abrieron y las tiraron al piso, esto mientras Abundio, Ana María y Vicente seguían gritándole y jaloneando a Eloina, siendo que el ateste se acercó y ayudó a cargar uno de los muebles de madera que ya habían sacado del loca entre José Luis Hernández Rosales, José Luis Rojas Vallejo y Norberto Campillo, y lo fueron a aventar a un lado de la calle [.]" (foja 230). En ese orden, es evidente que no obstante que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (conforme al texto anterior a las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho), únicamente prevé como requisitos para el dictado del auto de formal prisión, que se exprese el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado, sin tomar en consideración las modificativas o calificativas del delito. Sin embargo, sobre ese tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2001-PS, entre las sustentadas por el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, que dio origen a la jurisprudencia de rubro "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE AL EFECTO SE DICTE", en esencia, sostuvo que con base en la reforma del artículo 19 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la autoridad judicial al dictar un auto de formal prisión no debe limitar su actividad al estudio de los aspectos relacionados con el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, sino además comprender el análisis de modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso criminal correspondiente, en cuya sentencia se define, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, dado que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa, es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. De ahí, que el Juez del proceso en aras de proteger el legítimo y pleno derecho de defensa del inculpado, así como el que éste tenga íntegra certeza jurídica del proceso que se le habrá de seguir, al emitir el auto de formal prisión, en principio debe establecer con precisión, además del tipo básico o fundamental del delito o delitos que se le atribuyen, las modalidades, agravantes o calificativas correlativas que le sean invocadas por el Ministerio Público, o bien, que dicho juez advierta, siendo factible, que con el desahogo de las pruebas en el procedimiento penal se corrobore la existencia de calificativas distintas a las contenidas en el referido auto, supuesto en el que, previa audiencia del inculpado, podrán expresarse en la sentencia que al efecto se dicte. Sumado a lo antes expuesto, para una mejor comprensión sobre el tema abordado, resulta pertinente señalar, que incluso tratándose del trámite del juicio de amparo directo, conforme lo dispuesto en el precepto 173, apartado A, fracción XIII, se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a la defensa del quejoso, cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito. De ahí, la trascendencia que tiene, que en el auto de formal prisión dictado por el juez responsable, con plenitud de jurisdicción, en contra de los inculpados Vicente Rosales Sánchez ó José Vicente Rosales Sánchez y, José Luis Hernández Rosales se hubiese precisado el delito por el que se seguirá el proceso penal en su contra -despojo-, incluyendo la calificativa prevista en el artículo 409 del Código Penal del Estado de Puebla, pues con ello salvaguarda el derecho de los aludidos quejosos, a ejercer una defensa adecuada, al tener la oportunidad durante la instrucción, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estimen pertinentes; con lo que la autoridad responsable subsanó el tercer vicio formal señalado en la ejecutoria cuyo cumplimiento aquí se analiza, máxime que la concesión del amparo no la vinculaba a resolver en determinado sentido, pues no existió un pronunciamiento de fondo del asunto, sino que sólo se atendió a la falta de fundamentación y motivación; por lo que se arriba a la conclusión, que al emitir el auto de término constitucional de tres de abril pasado, satisfizo los requisitos previstos en el artículo 19 Constitucional, en relación con el diverso 212 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. En otro aspecto, por cuanto hace al cuarto vicio formal indicado en la ejecutoria de amparo, cuyo cumplimiento se analiza, en el capítulo relativo a la probable responsabilidad de los inculpados Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales, la potestad judicial responsable determinó que éstos desplegaron una conducta dolosa, en virtud que quisieron y aceptaron el resultado ilícito de su conducta. Sumado a ello, el juez responsable realizó un estudio pormenorizado respecto del citado elemento subjetivo, formuló argumentos jurídicos en relación a éste y reseñó con qué medios de convicción se acreditó el mismo, de manera presuntiva [fojas 235 y 236]. Luego, del contenido del auto de término constitucional de tres de abril de dos mil diecinueve, se advierte que el juez responsable se pronunció respecto a las pruebas documentales aportadas por los inculpados Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales, [quinto vicio formal], consistentes en la ejecutoria de catorce de junio de dos mil doce, emitida por los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en los autos del juicio de amparo directo D-250/2012, promovido por Manuel Sánchez Castillo, Jorge de Jesús Miranda; y la diversa resolución de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dictada en el toca de revisión R-308/2014 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, promovido por Gabriel Hernández Díaz; en el sentido que las citadas documentales, si bien cuentan con valor probatorio en términos de los artículos 168 y 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, las mismas resultan insuficientes para desvirtuar los elementos de prueba que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito, por las consideraciones vertidas en el apartado respectivo [fojas 236 vuelta y 237]; con lo que quedó satisfecho el quinto vicio formal. En ese orden, por lo que se refiere a la prueba ofertada por la defensora particular del indiciado José Luis Hernández Rosales, en la diligencia relativa a su declaración preparatoria, llevada a cabo el once de noviembre de dos mil dieciocho, consistente en la práctica de los estudios socioeconómico, psicológico, victimológico, en la persona del aludido Hernández Rosales, con la finalidad que fueran tomados en consideración al resolver su situación jurídica, en lo que le resultara benéfico; al respecto, el juez responsable, en acuerdo de tres de abril del año en curso, pronunciado en la causa penal 125/2016-6, de donde deriva el acto reclamado [foja 211 vuelta], determinó que ese medio de convicción no sería tomado en consideración al emitir el auto de término constitucional, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, debido a la imposibilidad que tuvo para obtener los estudios propuestos por la defensa del referido inculpado. Finalmente, el juez responsable determinó que la probable responsabilidad de los quejosos Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales, en la comisión del delito de despojo, se encuentra demostrado bajo el grado de coautoría material, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, esgrimiendo los motivos que lo llevaron a esa conclusión, asimismo, fijó los medios de convicción con los cuales a su consideración, sustentó la probable responsabilidad de los inculpados de referencia [fojas 233 vuelta a 235], bajo esa calidad y fijó la coparticipación de éstos en la comisión del ilícito de despojo, de la siguiente manera: ".el 27 de agosto del 2015 aproximadamente a las 12:00 horas acuden al inmueble que tenía en posesión la sujeto pasivo e [sic] Abundio Aguirre González junto con su esposa Ana María Escalona Tlahuetl al local de la pasivo del delito, gritándole que se saliera del local, y la inculpada Ana María empieza a empujar a la agraviada para sacarla de su puesto y le decía "que tenía la culpa por no pagarles a ellos que ese local les pertenecían", mientras que Antonia Ponciano Rosales le día a los demás comerciantes que se apuraran a sacar todas las cosas e inclusive ayudó a cargar la mercancía junto con Vicente Rosales Sánchez -aquí quejoso-, quien es dirigente de su grupo, además iban José Luis Hernández Rosales, y otras mas; el indiciado Vicente Rosales Sánchez le dice a los comerciantes que quien no participara se les iba a hacer lo mismo y se les iba a quitar su lugar, por lo que entre todos empiezan a sacar la mercancía que tenía en su puesto la agraviada, pasándosela unos a otros y alguna mercancía la avientan al piso, y las ponen a un costado de local y en la calle donde la aventaban posteriormente los hombres encabezados por Vicente Rosales y otros sacan un mueble metálico de forma rectangular y dos muebles de madera, los que aventaban para un costado de local de la pasivo del delito, con lo que justifica la violencia que utilizan los indiciados para sacar del inmueble a la pasivo, puesto que la sacan a empujones, además de sacar todas sus pertenencias entre ellas la mercancía que en dicho lugar tenía la pasivo." Así, el juez responsable arribó a la conclusión que los aquí quejosos, junto con otras personas, se pusieron de acuerdo para la realización del hecho delictuoso que dio origen a la causa penal 125/2016-6, de la que deriva el acto reclamado en este juicio, y que su participación fue consciente y ejecutada de manera voluntaria, actualizándose así la figura de coparticipación de los inculpados en la ejecución del ilícito de despojo, por el que decretó auto de formal prisión; con lo que se reparó el sexto vicio formal. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. No resulta óbice para arribar a tal determinación, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en ocurso recibido en este órgano de control constitucional, el dieciséis de abril del año en curso, registrado con el folio 7198 [fojas 247 a 250], relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, las cuales esencialmente hizo consistir, en que la autoridad responsable no precisó cuál fue la conducta desplegada por cada uno, en el ilícito que se les pretende imputar, ni puntualizó con qué medios de convicción tuvo por acreditado el elemento subjetivo genérico (dolo), como tampoco consideró las pruebas aportadas por los quejosos, durante la preinstrucción, mediante escrito recibido por la autoridad responsable, el trece de noviembre de dos mil dieciocho; sin embargo, tales afirmaciones resultan infundadas, pues como se estableció en los párrafos que preceden, contrario a lo que señalan los peticionarios de amparo, la autoridad responsable atendió cada uno de los vicios formales destacados en la determinación de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve [fojas 127 a 154]. Asimismo, debe destacarse, que en la ejecutoria, cuyo cumplimiento ahora se analiza, no se abordaron cuestiones de fondo, como la legalidad de la posesión ejercida por la parte ofendida en el proceso penal 125/2016-6, del que deriva el acto reclamado, que hizo valer la parte quejosa, sino que se analizaron aspectos meramente formales, de ahí que este resolutor no se encuentre en condiciones de realizar pronunciamiento alguno sobre las manifestaciones que al respecto vertieron los quejosos..."
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San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio 1476 del Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de abril de este año (foja 252), remite copia certificada de las notificaciones realizadas a las partes, respecto de la resolución dictada el tres de abril actual, en el proceso 125/2016-6, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a esta data, feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve [foja 239), a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por los peticionarios de amparo, mediante escrito recibido en este juzgado el dieciséis de abril en curso (fojas 247 a 250). En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve [fojas 127 a 154], se concedió el amparo a Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales, para que el Juez Quinto de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, se concede para el efecto que el Juez Quinto de lo Penal de Puebla, Puebla, una vez que esta sentencia cause ejecutoria y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en el proceso penal 125/2016-6 seguido en contra de los quejosos Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales. 2) En su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, funde y motive su competencia (primer vicio formal), resuelva la situación jurídica de los ahora quejosos, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que le afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a. Especificará correctamente los dispositivos legales aplicables a la figura delictiva de despojo y, a la sanción que corresponda (segundo vicio formal). b. Motivará en forma específica e individualizada, cada uno de los elementos integradores del delito de despojo que se le imputa a los quejosos, sin prescindir el estudio de ninguno de ellos, precisará de manera clara con qué medios de prueba se acredita cada uno, así como qué aspectos relevantes se desprenden de las mismas y que resultan útiles para demostrar dichos componentes del delito que nos ocupa, en virtud de lo expuesto en esta resolución (tercer vicio formal). c. Precisará cuál de las conductas delictivas previstas en el artículo 408, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, es la que se le atribuye a cada uno de los inculpados -aquí quejosos-, dado que dicho precepto legal contiene varias hipótesis delictivas distintas entre sí; en el caso que la autoridad judicial responsable determinara que se actualizan todas esos supuestos, razone de manera precisa, por qué se configuran (tercer vicio formal). d. Al pronunciar el auto de término constitucional, dentro del capítulo relativo al estudio de la probable responsabilidad de los inculpados -aquí quejosos-, deberá realizar pronunciamiento en torno al elemento subjetivo genérico [dolo], así como puntualizar con qué medios de convicción se acredita este (cuarto vicio formal). e. Al momento de resolver la situación jurídica de los indiciados Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales -aquí quejosos-, deberá pronunciarse respecto de la totalidad de los medios de convicción aportados por las partes, incluyendo los que éstos aportaron durante la preinstrucción, mediante ocurso recibido por la autoridad responsable, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, para desvirtuar los hechos que se les imputaron (quinto vicio formal). f. Se pronuncie en relación a la admisión y desahogo, o en su caso, desechamiento, de la prueba ofertada por la entonces defensora particular del inculpado José Luis Hernández Rosales, en la diligencia relativa a la declaración preparatoria de su defendido, consistente en la práctica de los estudios socioeconómico, psicológico, victimológico, a su defendido de referencia, y de ser posible su desahogo, dentro del término constitucional, sean tomados en consideración al momento de resolver su situación jurídica, en lo que le resulte benéfico (quinto vicio formal). g. Precise qué grado de participación le atribuye a cada uno de los inculpados Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y, José Luis Hernández Rosales -aquí solicitantes de amparo-, y destaque qué conducta o conductas llevaron a cabo cada uno de los quejosos antes citados, para con ello considerar que se actualiza tal hipótesis. [.]". La resolución protectora emitida el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria el quince de marzo siguiente [fojas 164 a 166], por lo que en esa fecha, se requirió su cumplimiento. Por oficio 1049 [foja 177], el Juez Quinto de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, así como de la resolución emitida en esa misma fecha [fojas 178 a 197], en el proceso penal 125/2016-6, de su índice, instruido contra Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales, como probables responsables de la comisión del delito de despojo; con lo que la autoridad judicial responsable pretendió cumplir con la sentencia de amparo. Sin embargo, como se advierte del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve [fojas 198 a 200], se tuvo a la referida potestad responsable, dando cumplimiento parcial al fallo protector, en virtud que no atendió cabalmente, los vicios formales tercero, cuarto y quinto, destacados; por tanto, acorde a lo establecido en el precepto 192 de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la autoridad judicial responsable, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de ese proveído, diera total cumplimiento a la resolución pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. En ese orden, luego de la prórroga de dos días, autorizada al Juez responsable, en auto de veintinueve de marzo de este año [foja 205], para que cumpliera con la sentencia de amparo dictada en este juicio, mediante el comunicado 1198, recibido el cuatro del mes y año en curso, exhibió el auto de tres de abril de esta anualidad, así como la determinación de la misma data, pronunciados dentro del proceso penal 125/2016-6, de su estadística, con lo que dijo acatar puntualmente dicha ejecutoria. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia, que en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez Quinto de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, realizó lo siguiente: 1. En acuerdo de tres de abril de dos mil diecinueve [foja 211], dejó insubsistente (1) la determinación de trece de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciada dentro de la causa penal número 125/2016-6, en la que decretó auto de formal prisión o preventiva, en contra de los solicitantes de amparo Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y, José Luis Hernández Rosales, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado en los artículos 408, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Eloina González Cóyotl -que constituyó el acto reclamado-, así como a la diversa de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, con la que pretendió acatar el fallo protector. 2. Con libertad de jurisdicción que le fue concedida, la autoridad judicial responsable dictó una nueva resolución en la que decretó auto de formal prisión contra los indiciados Vicente Rosales Sánchez ó José Vicente Rosales Sánchez y, José Luis Hernández Rosales -aquí quejosos-, al considerarlos probables responsables de la comisión del delito de despojo, previsto por el artículo 408, fracción I y sancionado por el 409, en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eloina González Coyotl [fojas 212 a 238], determinación en la que el juez responsable purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, como a continuación se explica: En efecto, al resolver la situación jurídica de los encausados de referencia -aquí quejosos-, la autoridad responsable fundó y motivó la competencia asumida (primer vicio formal), en razón que señaló, que con motivo del cierre de los Juzgados Sexto, Séptimo y Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, decretado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en sesión celebrada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho y en atención a lo dispuesto respecto a la distribución de los expedientes radicados en los juzgados que concluyeron funciones, de acuerdo a su terminación (4 y 5), le correspondió conocer del proceso penal 125/2016-6 (de donde deriva el acto reclamado), anteriormente, del índice del extinto Juzgado Sexto de lo Penal; aunado a lo antes expuesto, el Juez responsable señaló ser competente para resolver la situación jurídica de los aludidos inculpados, en razón que los hechos que dieron origen a la citada causa, sucedieron en la ciudad de Puebla, Puebla, expresamente en la central de abastos. Por otra parte, la potestad señalada como responsable, en el considerando décimo relativo al delito por el que se seguirá el proceso, como en el resolutivo primero, de la determinación que se analiza, precisó que la conducta delictiva -despojo-, que se les atribuyó a los quejosos, se encuentra prevista en el artículo 408, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla y, que aquella se sancionará conforme a la calificativa regulada por el diverso precepto 409, del código sustantivo invocado, consistente en que el ilícito de referencia se cometa materialmente, por cinco o más personas, con lo cual quedó reparado el segundo vicio formal que se resaltó en la sentencia de amparo protectora, en virtud que tal señalamiento preciso, genera certidumbre en los solicitantes de amparo, respecto al delito que se les imputa, como las sanciones que pudiesen imponérseles, en el supuesto de encontrarlos penalmente responsables de su comisión, de ahí, que estarán en condiciones de preparar una defensa adecuada, para desvirtuar esa imputación presuntiva. En otro orden, el juez responsable especificó que los elementos que a su consideración conforman el cuerpo del delito de despojo [tercer vicio formal], son los siguientes: "a). Al que de propia autoridad turbe la posesión pacífica de un inmueble. b) Haciendo violencia. c) Cuando se cometa por cinco o mas personas. [foja 228]. Respecto de los cuales, la autoridad responsable realizó un estudio individual, debidamente motivado, en el que puntualizó con qué medios de prueba demuestra cada elemento conformante del ilícito de despojo, previa valoración que efectuó de tales probanzas, de las que destacó los aspectos que le fueron útiles para acreditar los citados elementos normativos [fojas 228 a 230]. De igual forma, al realizar el análisis del primero de los elementos del cuerpo del delito, el juez responsable precisó que la conducta concreta que le atribuye a los inculpados -aquí quejosos-, es la relativa a "turbar la posesión pacífica de un inmueble", elemento normativo del que hizo el estudio individualizado respectivo [fojas 228 y 229],[tercer vicio formal]; prescindiendo de utilizar de manera indistinta y conjunta, el resto de las hipótesis que prevé el artículo 408, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cumpliendo así la autoridad responsable, con el tercer vicio formal destacado en la ejecutoria de amparo, cuyo cumplimiento se analiza. No pasa inadvertido para este Juzgador Federal, que si bien, en el apartado relativo al estudio de los elementos integradores del delito de despojo, destacados por la autoridad responsable, ésta introdujo como tal, "c) "Cuando se cometa por cinco o más personas", lo cierto es que jurídicamente éste no forma parte de la descripción legal del ilícito mencionado, sino que se trata de una calificativa, que jurídicamente se entiende como aquella circunstancia que no alterando los elementos configurativos del delito se agrega al ilícito típico y agrava la pena establecida para el mismo; como la define el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis visible en la página 531, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación; registro IUS: 211321; del rubro y texto, siguientes: "DELITO. CALIFICATIVA DEL. Por calificativa jurídicamente se entiende aquella circunstancia que no alterando los elementos configurativos del delito se agrega al ilícito típico y agrava la pena establecida para el mismo." Empero, cabe destacar, que el hecho referente a que la autoridad responsable no haya efectuado en un apartado independiente, el estudio de la calificativa contemplada en el artículo 409 del Código Penal del Estado de Puebla -cuando se cometa materialmente por cinco o más personas-, no incide para tener por reparado el tercero de los vicios formales destacados en la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, en razón que tal circunstancia sólo deriva de una falta de técnica en la emisión de la resolución que se analiza, pues el propio juez responsable al abordar su estudio, estableció expresamente que se trata de la calificativa del ilícito de despojo, máxime, que expuso los motivos y enunció los medios de convicción, que tomó en consideración para tener por actualizada la misma; como se advierte de la siguiente transcripción: ".ELEMENTO C. Cuando se cometa por cinco o mas personas. La calificativa del ilícito de despojo a estudio, se justifica en razón de que éste lo cometan cinco o mas personas, lo que se encuentra debidamente justificado con el dicho de la agraviada ELOINA GONZÁLEZ CÓYOTL, en conjunción con lo declarado por los testigos JOSÉ ALBERTO MANUEL HERNÁNDEZ MELÉNDEZ, ELEAZID MORA ACEVEDO, MARIA DE JESÚS LÓPEZ BONILLA y SERGIO MISAEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ (puntos 1 y 2 del apartado de pruebas), a los que se les concedió valor probatorio en términos del artículo 201 del Código Procesal de la Materia, de las cuales se justifica la intervención en los hechos delictivos que originaron la tramitación de la presente causa penal, de más de cinco personas, pues de la prueba citada claramente podemos desprender la realización de las acciones constitutiva del injusto, por parte de Abundio Aguirre González, Ana María Escalona Tlahuetl, Antonia Ponciano Rosales, Ana María Escalona Tláhuac, Vicente Rosales Sánchez, José Luis Hernández Rosales, Norberto Campillo Fernández, Concepción Núñez Romero, Clara Giménez [sic], González, Merino Cruz Quijano, Otilia Rosales Sánchez, Agustín Espíndola González, José Luis Rosas Vallejo, Gerardo Aponte Rosales, Irma Téllez Rojas, Ubaldo Castillo Ramos, Ruperto Acá Márquez, Genoveva Constantina Coatl Cuaya, Sugie Acá Tlaxcaltecas, David Márquez Tlaxcaltecas, Gustavo Rodríguez Romero. De igual forma, aporta información para justificar lo anterior, la CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE DEL COINDICIADO UBALDO CASTILLO RAMOS, a la que se le concedió valor en términos de los arábigos 124 y 194 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, misma que constituye una testimonial de hechos de la cual se desprende información que abona a la demostración de la comisión de la conducta delictiva denunciada por ELOINA GONZÁLEZ COYOTL, pues de la prueba podemos desprender que el día 27 veintisiete de agosto de 2015 dos mil quince, como a las 11 once de la mañana los empezaron a llamar Vicente Rosales Sánchez, Abundio Aguirre González, Ana María Escalona Tláhuac, José Luis Hernández Rosales, José Luis Rosas Vallejo, Marino Cruz Quijano, Otilia Rosales Sánchez, Gerardo Aponte Rosales, Genoveva Coatl Cuaya, David Márquez Tlaxcalteca, Norberto Campillo Fernández, Gustavo Rodríguez Romero, Antonia Ponciano Rosales, Concepción Núñez Romero, entre otros, quienes les dijeron que estuvieran listos porque irían al puesto de Eloina González Coyotl, que es el número 7 de los de la "subasta chica", y que la sacarían de ahí por las buenas o por las malas, por lo que ya en "bola" se dirigieron al local y al llegar Abundio Aguirre y Ana María Escalona Tláhuac se metieron al puesto de Eloina y le empezaron a gritar exigiéndole que le pagara la renta, a lo que Eloina les dijo que no les pagaría nada a ellos porque ya le pagaba a Manuel Sánchez Castillo, por lo que Abundio Aguirre y Ana María Escalona Tláhuac empezaron a empujar a Eloina hasta que la sacaron del puesto, en ese momento VICENTE ROSALES SÁNCHEZ les dijo "órale cabrones, hay que sacar a esta pinche vieja de su puesto, pa' fuera con todo y sus muebles y mercancía", y pudo ver que Otilia Rosales Sánchez, Gerardo Aponte Rosales, Jorge Hernández Rosales, Genoveva Coatl Cuaya, David Márquez Tlaxcalteca, José Luis Hernández Rosales, el mismo Vicente Rosales Sánchez, José Luis Rosas Vallejo, Marino Cruz Quijano,Clara Jiménez González, Concepción Núñez Romero, David Márquez Tlaxcalteca, Gustavo Rodríguez Romero, Norberto Campillo Fernández, Ruperto Aca Márquez, Agustín Espíndola, Sugui Aca Tlaxcalteca entre otros, empezaron a agarrar la mercancía del puesto de Eloina y a tirarla al piso, que en su puesto había champiñones, pimientos morrones, berenjenas, chile habanero, huitlacoche y otras cosas, que se metieron al puesto y sacaron costales y cajas que aún estaban cerradas y algunas se las llevaron y otras las abrieron y las tiraron al piso, esto mientras Abundio, Ana María y Vicente seguían gritándole y jaloneando a Eloina, siendo que el ateste se acercó y ayudó a cargar uno de los muebles de madera que ya habían sacado del loca entre José Luis Hernández Rosales, José Luis Rojas Vallejo y Norberto Campillo, y lo fueron a aventar a un lado de la calle [.]" (foja 230). En ese orden, es evidente que no obstante que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (conforme al texto anterior a las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho), únicamente prevé como requisitos para el dictado del auto de formal prisión, que se exprese el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado, sin tomar en consideración las modificativas o calificativas del delito. Sin embargo, sobre ese tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2001-PS, entre las sustentadas por el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, que dio origen a la jurisprudencia de rubro "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE AL EFECTO SE DICTE", en esencia, sostuvo que con base en la reforma del artículo 19 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la autoridad judicial al dictar un auto de formal prisión no debe limitar su actividad al estudio de los aspectos relacionados con el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, sino además comprender el análisis de modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso criminal correspondiente, en cuya sentencia se define, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, dado que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa, es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. De ahí, que el Juez del proceso en aras de proteger el legítimo y pleno derecho de defensa del inculpado, así como el que éste tenga íntegra certeza jurídica del proceso que se le habrá de seguir, al emitir el auto de formal prisión, en principio debe establecer con precisión, además del tipo básico o fundamental del delito o delitos que se le atribuyen, las modalidades, agravantes o calificativas correlativas que le sean invocadas por el Ministerio Público, o bien, que dicho juez advierta, siendo factible, que con el desahogo de las pruebas en el procedimiento penal se corrobore la existencia de calificativas distintas a las contenidas en el referido auto, supuesto en el que, previa audiencia del inculpado, podrán expresarse en la sentencia que al efecto se dicte. Sumado a lo antes expuesto, para una mejor comprensión sobre el tema abordado, resulta pertinente señalar, que incluso tratándose del trámite del juicio de amparo directo, conforme lo dispuesto en el precepto 173, apartado A, fracción XIII, se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a la defensa del quejoso, cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito. De ahí, la trascendencia que tiene, que en el auto de formal prisión dictado por el juez responsable, con plenitud de jurisdicción, en contra de los inculpados Vicente Rosales Sánchez ó José Vicente Rosales Sánchez y, José Luis Hernández Rosales se hubiese precisado el delito por el que se seguirá el proceso penal en su contra -despojo-, incluyendo la calificativa prevista en el artículo 409 del Código Penal del Estado de Puebla, pues con ello salvaguarda el derecho de los aludidos quejosos, a ejercer una defensa adecuada, al tener la oportunidad durante la instrucción, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estimen pertinentes; con lo que la autoridad responsable subsanó el tercer vicio formal señalado en la ejecutoria cuyo cumplimiento aquí se analiza, máxime que la concesión del amparo no la vinculaba a resolver en determinado sentido, pues no existió un pronunciamiento de fondo del asunto, sino que sólo se atendió a la falta de fundamentación y motivación; por lo que se arriba a la conclusión, que al emitir el auto de término constitucional de tres de abril pasado, satisfizo los requisitos previstos en el artículo 19 Constitucional, en relación con el diverso 212 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. En otro aspecto, por cuanto hace al cuarto vicio formal indicado en la ejecutoria de amparo, cuyo cumplimiento se analiza, en el capítulo relativo a la probable responsabilidad de los inculpados Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales, la potestad judicial responsable determinó que éstos desplegaron una conducta dolosa, en virtud que quisieron y aceptaron el resultado ilícito de su conducta. Sumado a ello, el juez responsable realizó un estudio pormenorizado respecto del citado elemento subjetivo, formuló argumentos jurídicos en relación a éste y reseñó con qué medios de convicción se acreditó el mismo, de manera presuntiva [fojas 235 y 236]. Luego, del contenido del auto de término constitucional de tres de abril de dos mil diecinueve, se advierte que el juez responsable se pronunció respecto a las pruebas documentales aportadas por los inculpados Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales, [quinto vicio formal], consistentes en la ejecutoria de catorce de junio de dos mil doce, emitida por los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en los autos del juicio de amparo directo D-250/2012, promovido por Manuel Sánchez Castillo, Jorge de Jesús Miranda; y la diversa resolución de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dictada en el toca de revisión R-308/2014 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, promovido por Gabriel Hernández Díaz; en el sentido que las citadas documentales, si bien cuentan con valor probatorio en términos de los artículos 168 y 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, las mismas resultan insuficientes para desvirtuar los elementos de prueba que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito, por las consideraciones vertidas en el apartado respectivo [fojas 236 vuelta y 237]; con lo que quedó satisfecho el quinto vicio formal. En ese orden, por lo que se refiere a la prueba ofertada por la defensora particular del indiciado José Luis Hernández Rosales, en la diligencia relativa a su declaración preparatoria, llevada a cabo el once de noviembre de dos mil dieciocho, consistente en la práctica de los estudios socioeconómico, psicológico, victimológico, en la persona del aludido Hernández Rosales, con la finalidad que fueran tomados en consideración al resolver su situación jurídica, en lo que le resultara benéfico; al respecto, el juez responsable, en acuerdo de tres de abril del año en curso, pronunciado en la causa penal 125/2016-6, de donde deriva el acto reclamado [foja 211 vuelta], determinó que ese medio de convicción no sería tomado en consideración al emitir el auto de término constitucional, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, debido a la imposibilidad que tuvo para obtener los estudios propuestos por la defensa del referido inculpado. Finalmente, el juez responsable determinó que la probable responsabilidad de los quejosos Vicente Rosales Sánchez o José Vicente Rosales Sánchez y José Luis Hernández Rosales, en la comisión del delito de despojo, se encuentra demostrado bajo el grado de coautoría material, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, esgrimiendo los motivos que lo llevaron a esa conclusión, asimismo, fijó los medios de convicción con los cuales a su consideración, sustentó la probable responsabilidad de los inculpados de referencia [fojas 233 vuelta a 235], bajo esa calidad y fijó la coparticipación de éstos en la comisión del ilícito de despojo, de la siguiente manera: ".el 27 de agosto del 2015 aproximadamente a las 12:00 horas acuden al inmueble que tenía en posesión la sujeto pasivo e [sic] Abundio Aguirre González junto con su esposa Ana María Escalona Tlahuetl al local de la pasivo del delito, gritándole que se saliera del local, y la inculpada Ana María empieza a empujar a la agraviada para sacarla de su puesto y le decía "que tenía la culpa por no pagarles a ellos que ese local les pertenecían", mientras que Antonia Ponciano Rosales le día a los demás comerciantes que se apuraran a sacar todas las cosas e inclusive ayudó a cargar la mercancía junto con Vicente Rosales Sánchez -aquí quejoso-, quien es dirigente de su grupo, además iban José Luis Hernández Rosales, y otras mas; el indiciado Vicente Rosales Sánchez le dice a los comerciantes que quien no participara se les iba a hacer lo mismo y se les iba a quitar su lugar, por lo que entre todos empiezan a sacar la mercancía que tenía en su puesto la agraviada, pasándosela unos a otros y alguna mercancía la avientan al piso, y las ponen a un costado de local y en la calle donde la aventaban posteriormente los hombres encabezados por Vicente Rosales y otros sacan un mueble metálico de forma rectangular y dos muebles de madera, los que aventaban para un costado de local de la pasivo del delito, con lo que justifica la violencia que utilizan los indiciados para sacar del inmueble a la pasivo, puesto que la sacan a empujones, además de sacar todas sus pertenencias entre ellas la mercancía que en dicho lugar tenía la pasivo." Así, el juez responsable arribó a la conclusión que los aquí quejosos, junto con otras personas, se pusieron de acuerdo para la realización del hecho delictuoso que dio origen a la causa penal 125/2016-6, de la que deriva el acto reclamado en este juicio, y que su participación fue consciente y ejecutada de manera voluntaria, actualizándose así la figura de coparticipación de los inculpados en la ejecución del ilícito de despojo, por el que decretó auto de formal prisión; con lo que se reparó el sexto vicio formal. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. No resulta óbice para arribar a tal determinación, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en ocurso recibido en este órgano de control constitucional, el dieciséis de abril del año en curso, registrado con el folio 7198 [fojas 247 a 250], relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, las cuales esencialmente hizo consistir, en que la autoridad responsable no precisó cuál fue la conducta desplegada por cada uno, en el ilícito que se les pretende imputar, ni puntualizó con qué medios de convicción tuvo por acreditado el elemento subjetivo genérico (dolo), como tampoco consideró las pruebas aportadas por los quejosos, durante la preinstrucción, mediante escrito recibido por la autoridad responsable, el trece de noviembre de dos mil dieciocho; sin embargo, tales afirmaciones resultan infundadas, pues como se estableció en los párrafos que preceden, contrario a lo que señalan los peticionarios de amparo, la autoridad responsable atendió cada uno de los vicios formales destacados en la determinación de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve [fojas 127 a 154]. Asimismo, debe destacarse, que en la ejecutoria, cuyo cumplimiento ahora se analiza, no se abordaron cuestiones de fondo, como la legalidad de la posesión ejercida por la parte ofendida en el proceso penal 125/2016-6, del que deriva el acto reclamado, que hizo valer la parte quejosa, sino que se analizaron aspectos meramente formales, de ahí que este resolutor no se encuentre en condiciones de realizar pronunciamiento alguno sobre las manifestaciones que al respecto vertieron los quejosos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que en proveído de cuatro de abril de la presente anualidad, se tuvo al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el tres de abril actual, en el proceso 125/2016-6, en cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, requiérase al aludido juez responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la notificación realizada a todas las partes, respecto de tal determinación, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 164 a 166), para el caso de que incumpla con lo aquí ordenado.
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