Vicente García Mendoza
Expediente 593/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/08/2022
Partes del expediente
- Vicente García Mendoza
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y del contenido de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de doce de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente para que obre como corresponda, la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, para notificar el proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, a la parte quejosa Vicente García Mendoza. Atento a lo anterior, se ordena notificar el proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes actuaciones que en el presente asunto se provean, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa el proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, así como el presente auto, y cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Vicente García Mendoza, por conducto de su apoderado legal Martín Perea Rembao, contra actos del Juez Décimo Primero Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana y otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 593/2022-A. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, en el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en atención a las siguientes consideraciones: Es menester destacar lo establecido por el artículo 61, fracción XI (en relación con la fracción X), de la Ley de Amparo, precepto que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria dictada en diverso juicio de amparo, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien de la certificación secretarial de cuenta se advierte que la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 797/2021, promovida por Vicente García Mendoza, fue presentada en fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, a las doce horas con cuarenta y seis minutos. De igual forma, como se anticipó, en la referida demanda que dio origen al juicio de amparo 797/2021, se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: ? Juez Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. ? Actuario adscrito al Juzgado Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California A quienes reclamó: "IV.- La norma general, acto u omisión que se reclama. - Se reclama de las responsables la orden y los actos de desposesión de mi propiedad identificada como lote de terreno número 10, de la manzana 68, del fraccionamiento Terrazas de la Presa, en esta ciudad, ubicado en Avenida Terrazas número 10935, del fraccionamiento Terrazas de la Presa en esta ciudad, con clave catastral PZ-068-010." En relación con la tramitación del expediente 1034/2018 del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; así como que en veintiuno de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en aquél expediente y que con motivo de dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Documentales que pueden ser consultables en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), del Consejo de la Judicatura Federal; las cuales se invoca como hecho notorio, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en consonancia con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.). Luego, de la demanda que se atiende, la cual fue presentada en fecha once de agosto de dos mil veintidós, a las ocho horas con treinta y siete minutos y radicada con el arábigo 593/2022-A, se señalaron como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: Juez Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. ? Actuario adscrito al Juzgado Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California A quienes reclamó: "IV.- La norma general, acto u omisión que se reclama. - Se reclama de las responsables la orden y los actos de desposesión que pretenden ejercer sobre mi propiedad y por ende desposeerme de mi propiedad identificada como lote 10 de la manzana 68, del Fraccionamiento Terrazas de la Presa de la ciudad de Tijuana, Baja California, ubicado en Avenida Terrazas número 10935 del fraccionamiento Terrazas de la Presa de esta ciudad, con clave catastral PZ-068-010, con una superficie total de 231.825 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: NOROESTE: 11.706 metros con Lote 11, NOROESTE: Lc9.299 metros con Lote 4, Lc9.299 metros con Lote 5, SURESTE: Lc19.195 metros con Avenida Terrazas y SUROESTE: 12.150 metros con Lote 6, sin tener derecho a ello dichas autoridades, máxime que el suscrito quejoso no he sido oído, ni vencido en el juicio en el cual se trata de desposeerme." En relación con la tramitación del expediente 1034/2018 del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana. Dicho lo anterior, el motivo de improcedencia aludido se actualiza respecto de los actos reclamados consistente en la orden de desposesión respecto del bien inmueble identificado como lote 10 de la manzana 68, del Fraccionamiento Terrazas de la Presa de la ciudad de Tijuana, Baja California, ubicado en Avenida Terrazas número 10935 del fraccionamiento Terrazas de la Presa de esta ciudad, con clave catastral PZ-068-010, con motivo de la falta de emplazamiento al juicio 1034/2018 del índice del Juez Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, y como consecuencia todo lo actuado, ya que dichos actos fueron materia del juicio de amparo 797/2021 del índice de este órgano jurisdiccional toda vez que el veintiuno de enero de dos mil veintidós se dictó sentencia definitiva en la que se determinó sobreseer en dicho asunto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; resolución que fue recurrida por la parte quejosa y por razón de turno conoció al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el expediente de recurso de revisión civil 148/2022, de su índice, la cual se encuentra pendiente de resolver. Todo esto, con anterioridad a la presentación del escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa en la que el aquí quejoso por conducto de su representante legal intenta reclamar de nueva cuenta, los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables; de ahí que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre los actos reclamados planteados en el presente asunto, al haberse determinado en una sentencia anterior, la cual -como se anticipó-, se encuentre pendiente de resolver en el Tribunal de Alzada; de ahí que contrario a lo manifestado por el apoderado de la parte quejosa, es inconcuso que ésta tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen, al menos desde el dos de noviembre de dos mil veintiuno, fecha manifestada bajo protesta de decir verdad en el capítulo de hechos de la demanda que dio origen al precitado juicio de amparo 797/2021. Intentando de nueva cuenta que dichos actos reclamados sean materia de estudio en el presente asunto, además de que es claro que la identidad entre el "objeto" de lo ahora sostenido y lo previamente resuelto, impide nuevamente abordar aquél tema. Asumir una posición contraria implicaría que dicha persona pueda válidamente promover tantos amparos como actos posteriores de las autoridades que llegaren a verificarse en el futuro, en total detrimento no sólo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Además de que la Ley de amparo señala que declarar hechos falsos ante autoridad judicial constituye la comisión de un delito en términos de la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo que establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la tesis IV.1o.C.23 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro 177720 de rubro y texto siguiente: Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y uno, volumen 181-186, tercera parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 237445 de rubro y texto siguiente: Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XCIV/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011384 de rubro y texto siguiente: Así como la tesis 1a. XCV/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011383 de rubro y texto siguiente: Así, de acuerdo a los razonamientos expuestos con anterioridad, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo por las razones ya expuestas; lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Eduardo González Rodríguez, cuenta con su cédula profesional 6422964, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Consulta de expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico; por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema respecto del usuario "egonzalez01", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico a fin de establecer contacto por esa vía en los casos que se estime necesario. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionalesn dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que a partir del diez de agosto de dos mil veinte podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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