Viannely Canela (Extranjero)

Expediente 456/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
456/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Viannely Canela (Extranjero)
  • VIANNELY CANELA (EXTRANJERO) y Otros.
  • Jose Martin Michel (Extranjero)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada, no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de tres de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, se establece que el expediente principal es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite vía electrónica el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa; por el cual en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, remite las constancias que integran el juicio de amparo ******************** de su índice. Admisión. Ahora bien, tomando en consideración de que el veinticuatro de abril del año en curso, ante la presencia de la actuaria adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, los quejosos ********************, ratificaron el escrito inicial; con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio INM/ORBC/JDAJ/2666/2023, firmado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; por el cual, rinde informe respecto al cumplimiento de suspensión de plano decretada en autos, con el contenido del mismo dese vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese sentido, del comunicado de cuenta se advierte que los quejosos ********************, al momento de la presentación de la demanda -veintitrés de abril de dos mil veintitrés- se encontraban alojados en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad; sin embargo, que el veinticuatro de abril del año en curso obtuvieron los oficios de salida respectivos -********************, ******************** y ********************- al autorizarse la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, mismos que se adjuntaron en copia. Por ello, al tomar en consideración que los quejosos ya no se encuentran a disposición de esa autoridad migratoria; resulta evidente que actualmente se encuentran en libertad, por lo que se estima que han cesado los efectos de los actos reclamados; pues éstos se dejaron sin efecto, como si no hubieran invadido su esfera jurídica, con lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así las cosas, tomando en consideración que los actos reclamados en el presente juicio lo constituyen la orden de detención, deportación o repatriación e incomunicación y prohibición de libre tránsito, y de las constancias referidas se evidencia que dichas personas ya no se encuentran físicamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, es evidente que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Al ser claro que, para los efectos del amparo los actos reclamados han cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera las hipótesis de las siguientes jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de los agraviados ********************; comuníquese lo anterior a las partes, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, ténganse como delegados y domicilio de la autoridad oficiante, los que indica en su informe, de conformidad con los artículos 9 y 28 fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la constancia actuarial que antecede, de la cual se advierte que los directamente agraviados **********, ********** y **********, no están alojados en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad; asimismo, que al constituirse en el área jurídica de dicha estación, fue informada que al realizar una búsqueda en la base de datos de ingresos y egresos, no encontró registro de los nombrados, por lo que procedió a vocearlos sin obtener respuesta favorable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente **********, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, informe si conoce el lugar en el que pueden ser localizados los directos agraviados, o bien, los presente en las instalaciones que ocupa este Juzgado para que ratifiquen o no la demanda promovida a su favor. Asimismo, se le requiere para que bajo formal protesta de decir verdad, manifieste si los directos agraviados obtuvieron oficio de salida; y en caso de ser así, informe si es de su interés continuar con la tramitación del presente juicio de amparo. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, ambos de la ley de la materia, se hará acreedor a una multa consistente en cincuenta veces la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $ 5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés. Además, se apercibe al directo promovente que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Con independencia de lo anterior y efecto de seguir agotando los medios para la localización de los directos agraviados, con fundamento en los artículos 28, fracción III, 15 y 160, de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, legalmente computado, informe si en sus bases de datos o archivos, cuenta con registro de retención de los agraviados V**********, ********** y **********, el domicilio, lugar en el que se encuentran alojados y/o teléfono cierto y actual, a efecto de localizarlos, lograr la comparecencia en este Juzgado de Distrito, y dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintisiete de abril del año en curso, donde se les requirió a efecto de que manifiesten si ratifican la demanda promovida a su favor, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para dar cumplimiento a lo requerido. Se apercibe a dicha autoridad, que de no informar lo anterior, o bien, omitir informar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 259, ambos de la ley de la materia, se hará acreedor a una multa consistente en cincuenta veces la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $ 5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés. Notifíquese; personalmente a Juan Luis Alberto Entebi Hernández.

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