Vicente García Mendoza
Expediente 797/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 36 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 02/03/2023
Partes del expediente
- Vicente García Mendoza
- Juez Décimo Primero de lo Civil Especializado En Materia Mercantil. Tijuana, Baja California
- JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y al advertirse de autos que ha transcurrido el plazo de seis meses otorgado a la tercero interesada a efecto de promover el incidente de reclamación de daños y perjuicios, con motivo de la concesión de la suspensión definitiva; por tanto, en términos del artículo 156 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se ordena la devolución del billete de depósito N919193, valioso por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos moneda nacional), el cual fue exhibido por el quejoso en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo a efecto de que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional ahí decretada. Bajo el apercibimiento que de no comparecer para la entrega del citado billete de depósito, o bien, dentro del término de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surta efecto la notificación del referido proveído; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declarará prescrito y se hará efectivo a favor del Erario Federal. Finalmente, infórmese a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del dieciséis del mes y año en curso, este juzgado cambió su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido; hágase de su conocimiento que el diecinueve de julio de dos mil veintidós, se recibió en este órgano jurisdiccional el oficio 261/2022-P2, al que se anexó testimonio de la ejecutoria pronunciada en el incidente en revisión civil 15/2022, así como el original del incidente de suspensión en que se actúa. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que no obran en autos las constancias de notificación a las autoridades responsables, ordenadas del proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones, reexpídanse los oficios 16899 y 16900 y recábese el acuse respectivo para debida constancia. Finalmente, infórmese a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del dieciséis del mes y año en curso, este juzgado cambió su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal del quejoso ****; por el cual solicita la devolución del billete de depósito ***, expedido por Banco del Bienestar, valioso por la cantidad de $***(***mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual fue exhibido mediante escrito presentado en el incidente de suspensión el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional que le fue concedida. En atención a lo expuesto, hágase del conocimiento al promovente que una vez que fenezca a la parte tercero interesada el plazo otorgado en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se proveerá lo que en derecho corresponda en relación con el referido billete de depósito. Finalmente, no se soslaya que el ocurso de cuenta presenta la etiqueta con número de folio *** adherida al texto, lo que impide la visibilidad del contenido en su totalidad; sin embargo, toda vez que no se dificulta el entendimiento de la petición, no es necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 287/2022-P-I, que remite el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa en un tomo, los autos del juicio de amparo en que se actúa, un tomo de pruebas y testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión civil 148/2022, de su índice, en el que se resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Vicente García Mendoza por conducto de su apoderado legal Martín Perea Rembao, respecto de los actos que reclamó a las autoridades responsables, en atención a las razones expuestas en el último considerando del fallo que se revisa." Atento a ello, gírese el acuse de recibo correspondiente, háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, téngase por recibido el diverso oficio 291/2022-P-I, que remite el Secretario del aludido Tribunal Colegiado, al que anexa testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja civil 20/2022, de su índice, en el que se resolvió: "ÚNICO. Se desecha el recurso que queja interpuesto por Vicente García Mendoza por conducto de su apoderado legal Martín Perea Rembao, en contra del auto de cinco de enero de dos mil veintidós, acordado por Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 797/2021." En virtud de ello, gírese el acuse de recibo correspondiente, háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.1.1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se indica que toda vez que en el cuaderno incidental derivado del expediente principal en que se actúa, mediante determinación judicial de nueve de noviembre de dos mil veintiuno se concedió la suspensión provisional; luego por resolución incidental de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; asimismo, mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional solicitada con motivo de la ampliación de demanda; y, por resolución interlocutoria de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva respecto de la citada ampliación; esta última que, al ser recurrida fue confirmada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito. Por tanto, se obtiene el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 21 penúltimo párrafo del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Y por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido. Se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Al advertirse que obran documentos originales en el cuaderno en que se provee, y en cumplimiento al artículo 20 segundo párrafo del multicitado acuerdo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este órgano jurisdiccional a realizar las gestiones necesarias para la devolución de dichos documentos, apercibiéndole que de no hacerlo así, serán destruidas junto con el expediente. Por otra parte, cabe precisar que de autos también se obtiene que por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo promovida por Vicente García Mendoza, en la que señaló como acto reclamado orden de desposesión respecto del bien inmueble materia de la litis, y en atención a su solicitud, se ordenó la apertura del incidente de suspensión. Asimismo, se tiene que en audiencia incidental de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo el billete de depósito N919193, expedido por Banco del Bienestar, valioso por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), en atención a la garantía que se le fijó en auto de nueve de noviembre del mismo año, a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional que le fue concedida en este último proveído. De igual modo, que en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa, se reconoció el carácter de tercero interesado a Ramón Raymundo Arnaiz Rosas, también conocido como Raymundo Arnaiz Rosas, a quien en proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo apersonándose al presente juicio de amparo, por conducto de su apoderado legal Ahora bien, al respecto cabe precisar que el numeral 156 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De lo anterior se obtiene que, cuando se haya concedido la suspensión de los actos reclamados, se haya recibido la garantía para que ésta surta efectos, exista el acto y tercero interesado, y la resolución firme que culmine el amparo no sea favorable a la parte quejosa, entonces, para ordenar la devolución de las garantías, se debe dar aviso a la parte tercero interesada de que el juicio ha concluido, para que en un plazo de seis meses siguientes pueda acudir a reclamar vía incidental, el pago de daños y perjuicios que la suspensión le haya podido causar, so pena de que, vencido tal plazo, pueda ordenarse la entrega de la garantía a la parte que la exhibió. En el entendido de que, por un lado, la vista a la parte tercera interesada debe hacerse en forma personal, para asegurar que tiene pleno conocimiento que el plazo correrá en su contra; y por el otro lado, si esa tercera interesada expresa claramente que no ha sufrido daños ni perjuicios o que no tiene inconveniente con que se devuelva la garantía antes de que venza el señalado plazo, la garantía podrá devolverse antes de concluido tal plazo. Además que el auto por medio del cual se realiza un requerimiento, debe ser notificado de forma personal para el interesado en términos del numeral 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.C.21 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto disponen; "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS, POR EL SOLO HECHO DE QUE SE ADMITA CONTRAGARANTÍA AL TERCERO INTERESADO, PUES, POR REGLA GENERAL, DEBEN TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE EN DEFINITIVA PONGA FIN AL JUICIO. De los artículos 132, 133, 134 y 156 de la Ley de Amparo, se advierte que si bien es cierto que para que surta efectos la suspensión debe otorgarse garantía suficiente para cubrir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el otorgamiento de dicha medida cautelar, como que el tercero interesado puede otorgar contragarantía que dejará sin efectos aquélla, para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar el detrimento ocasionado al quejoso en caso de que se conceda el amparo, también lo es que la devolución de la garantía no procede por la sola admisión de la contragarantía ofrecida por el tercero interesado, sino que está condicionada a que transcurran seis meses a partir del día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio, o bien, que exista la voluntad expresa del que hubiere resentido daños y perjuicios por la ejecución o por la suspensión de los actos reclamados, sea el tercero interesado o el quejoso, según corresponda." (Lo resaltado es propio). De igual forma, sustenta lo anterior la diversa tesis V.2o.P.A.9 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con el rubro y texto siguientes:. "GARANTÍA EXHIBIDA PARA QUE CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EN CASO DE QUE ÉSTE NO RESULTE CIERTO O NO EXISTA EL TERCERO INTERESADO, ES INNECESARIO ESPERAR A QUE TRANSCURRA EL PLAZO DE SEIS MESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO PARA PROVEER SU DEVOLUCIÓN. De conformidad con el precepto citado, cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión del acto reclamado, las partes deben promover el incidente de reclamación de daños y perjuicios, dentro del plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio de amparo; sin embargo, la necesidad de esperar el transcurso de ese plazo, antes de proveer de conformidad la devolución o cancelación de las garantías, sólo opera cuando se cumplan los siguientes requisitos, que: a) se haya concedido la suspensión -provisional o definitiva- del acto reclamado; b) éste o sus consecuencias jurídicas, efectivamente se hayan paralizado, suspendido o, incluso, cuando se haya restablecido provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en razón de la suspensión otorgada por el juzgador de amparo; y, c) el quejoso o el tercero interesado hubiese exhibido garantía o contragarantía, según sea el caso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado, o bien, para que aquélla dejara de tener efectos y pudiera ejecutarse el acto reclamado; de suerte que, en aquellos supuestos en los que no resulte cierto el acto reclamado o no exista tercero interesado, es innecesaria esa espera, al resultar incuestionable que no existieron efectos que pudieron haberse visto paralizados en razón de la suspensión del acto reclamado decretada por el Juez de amparo; o bien, por no existir alguna persona a quien se le pudo parar perjuicio y que tenga legitimación para promover el incidente mencionado." (Lo resaltado es propio de este órgano jurisdiccional) Al igual que lo previsto en la jurisprudencia 2a./J. 138/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN. GARANTÍA OTORGADA PARA QUE CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS. AL RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE SU DEVOLUCIÓN, CUANDO ESTÉ TRANSCURRIENDO EL TÉRMINO DE 6 MESES PREVISTO POR EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ATENDER A LO MANIFESTADO POR EL TERCERO PERJUDICADO. Cuando se plantee la solicitud para la devolución de la garantía exhibida por el quejoso para que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva, cuando esté transcurriendo el término de 6 meses previsto por el artículo citado, a fin de que el tercero perjudicado tramite el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de tal garantía, el Juez de Distrito, previo a resolver lo que en derecho corresponda, deberá dar vista a aquél para que manifieste lo que a su interés convenga, aun cuando el quejoso no lo haya solicitado, en respeto a los derechos fundamentales de debido proceso y de acceso a la justicia, y sólo en el caso de que el tercero perjudicado manifieste su conformidad con tal devolución o señale expresamente que no resintió daños y perjuicios con el otorgamiento de la suspensión, de no encontrar otro impedimento para hacerlo, el juzgador acordará de conformidad lo solicitado." Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que le haga saber a dicha parte procesal que si en seis meses contados a partir de que le surta efectos la notificación de este proveído, no hace valer el derecho que le da el referido numeral 156 de la legislación en cita, se pondrá la garantía a disposición de la parte quejosa; así como que, si en el acto de la notificación o antes de que venza el plazo citado, expresamente manifiesta su negativa a hacer valer el derecho previsto en aquel precepto 156, se proveerá lo relativo a la devolución a la impetrante de la garantía, sin esperar el vencimiento del citado plazo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado.
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