Vicente Espinoza Valencia
Expediente 647/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 26 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Vicente Espinoza Valencia
- Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Con Sede En Martínez de la Torre, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del juicio de amparo 647/2020 del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que en esta fecha se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ordenándose el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívese este incidente de suspensión como concluido. ARCHIVO En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso c) del aludido Acuerdo General, debido a que se negó la suspensión solicitada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni billetes pendientes de devolver y que carece de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL INCIDENTE ORIGINAL En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE De Igual forma, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General en mención, se decreta que el duplicado del incidente carece de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo, así como la fecha del presente acuerdo de archivo. Por lo anterior, dicho expediente judicial es susceptible de destrucción, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid- 19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Del estado procesal del expediente y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin que se pronunciaran al respecto; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el trece de julio de dos mil veintiuno (fojas 157-169), se concedió el amparo solicitado a ****************, para el efecto que el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, realizara lo siguiente: Dejará insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente **************** de su índice; y, Con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva determinación en la que resolviera el recurso de reclamación interpuesto por ****************, observando el principio de congruencia contenidos en los numerales 57 y 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, así como en el artículo 17 constitucional. II) En proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno (foja 180), se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. III) Mediante oficio 3972/21 (foja 200), recibido en este órgano jurisdiccional el siete de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias con las que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. IV) En acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno (foja 214) se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que se pronunciaran al respecto. Ahora bien, previo análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la sentencia de amparo SE ENCUENTRA CABALMENTE CUMPLIDA, por las siguientes consideraciones: Mediante acuerdo dictado el trece de septiembre de dos mil veintiuno (foja 201), la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil **************** de su índice, a través de la cual, al resolver el recurso de reclamación, confirmó la pensión alimenticia provisional inicialmente decretada en favor de ****************. Ahora, resulta necesario precisar que el fallo amparador se sustentó en base a que el acto reclamado no atendió el principio de congruencia, puesto que al resolver la reclamación, el juzgado introdujo a una diversa acreedora alimentaria, respecto de la cual no se había otorgado pensión alimenticia provisional en el auto de radicación. Luego, en la nueva resolución de veinte de septiembre del año en curso (foja 202), la autoridad responsable determinó lo siguiente: ? Que el artículo 210, tercer párrafo, de La Ley Adjetiva Civil del Estado de Veracruz, establece el trámite incidental para la inconformidad respecto de la pensión decretada inicialmente. ? Que el deudor alimentario ****************, se inconformó con la pensión alimenticia decretada inicialmente, misma que consistió en dos salarios mínimos diarios que percibiera por cualquier actividad licita que desempeñara, argumentando que dicha medida se fijó tomando en cuenta únicamente lo señalado por su contraparte, sin que ésta presentara pruebas para acreditar los ingresos del demandado; que el salario general es de $**************** (**************** moneda nacional), por lo que la cantidad decretada asciende a $**************** (****************moneda nacional) en forma semanal, cuando sus ingresos semanales únicamente son de $**************** (**************** moneda nacional). ? Que el artículo 242 del Código Civil prevé que los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad de quien deba darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos, por lo que el auto emitido es contrario a derecho, ya que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, aunado a que nadie debe ser sometido a torturas, o tratos crueles e inhumanos o degradantes, siendo iguales ante la ley, refiriendo que con la pensión autorizada en su contra, se le deja en estado de indefensión. ? Que para sustentar sus argumentos, acompañó dos documentos, a los que se concedió valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 266, 327, 261, fracción II, y 265, de la Ley Adjetiva Civil del Estado de Veracruz; con los que se demuestra que no labora desde el mes marzo de dos mil veinte, en la escuela ****************; y, que la negociación "****************", es propiedad de un tercero, quien resulta ser ****************. ? Que la actora **************** al desahogar la vista otorgada, argumentó que la pensión debe dejarse intocada ya que el demandado no se encuentra impedido para realizar actividad alguna; que se ha desatendido de sus obligaciones y que éste no paga renta ni tiene alguna situación que repercuta en su economía. ? Que atendiendo al principio de congruencia, rectificó que en el asunto que se ocupa, se trata de un solo acreedor alimentario y no de dos, como se resaltó en el fallo amparador. ? Que no le asiste razón al señor ****************, al resultar infundados los argumentos que refirió para modificar la medida provisional. ? Que el representado de la ciudadana ****************, goza de la presunción de necesitar los alimentos ya que se encuentra debidamente registrado por el deudor y cuenta con aproximadamente cinco años de edad. ? Que en lo referente a que la actora no había acompañado documento con el que demostrara sus pretensiones y en especial su capacidad económica; debía decirse que en efecto, **************** únicamente acompañó con su escrito de demanda, la partida de nacimiento de su menor hijo; sin embargo, el demandado tampoco exhibió documento con el que justificara que su capacidad económica se encontraba reducida, toda vez que los documentos que allegó para tal fin, demostraban únicamente que había laborado en una escuela y que el negocio de lavado de autos mencionado por la actora estaba a nombre de tercera persona, situaciones que por sí solas no podían servir de sustento para reducir la pensión, pues desde que se fijó la pensión provisional, la parte actora indicó que -el deudor alimentario- es maestro de educación física en el **************** y que tiene un lavado de autos denominado "****************"; y, las negociaciones que indicó el reclamante, eran diversas a éstas; por lo que aún valoradas dichos documentos en términos de los numerales 327, 266, fracción I, y 275 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, resultaban insuficientes para demostrar la capacidad económica del inconforme. ? En cuanto al argumento del deudor en el sentido que los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos; y que con la pensión alimenticia provisional decretada se le deja en estado de indefensión, e inclusive, se puede generar una violación a sus derechos humanos, alegando además discriminación y tortura; debía indicarse que no le asistía la razón al inconforme, ya que en el caso concreto el representado de la actora ****************, goza de la presunción de necesitar alimentos ya que se encuentra debidamente registrado por el deudor y cuenta con aproximadamente cinco años de edad, por lo que sus requerimientos son considerables, tanto más que como lo señaló la actora, aquél no demostró que tenga que pagar renta o algunos compromisos que traigan como consecuencia la reducción del factor alimentario. ? Que en esas condiciones, tomando como base el numeral 242 del Código Civil y como se trata de un acreedor alimentario, quien tiene el carácter de descendiente y que los pleitistas se desenvuelven dentro de este distrito judicial, por lo que el alto costo de la zona les perjudica por igual, y que pertenecen a un estatus social medio y que le demandado al ser el motor que produce los ingresos tiene que soportar las deducciones oficiales y sus propios requerimientos y por ello, sin perjuicio de lo que se llegue a resolver en la sentencia de fondo, deja firme la pensión alimenticia decretada inicialmente. De lo anteriormente señalado, se evidencia que el Juez responsable dejó insubsistente el acto reclamado; asimismo, subsanó los vicios formales destacados en el fallo protector. En ese sentido, lo procedente es TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que se concedió el amparo, carece de relevancia documental y no obran documentos originales. DEPURACIÓN Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que conforman el expediente civil **************** de su índice, mismas que obran en dos tomos por separado; ello en razón que resulta innecesario seguirlas conservando al haberse ordenado el archivo del presente asunto. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Debido a que la parte quejosa ******* no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Del estado procesal del expediente y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin que se pronunciaran al respecto; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el trece de julio de dos mil veintiuno (fojas 157-169), se concedió el amparo solicitado a ****************, para el efecto que el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, realizara lo siguiente: Dejará insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente **************** de su índice; y, Con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva determinación en la que resolviera el recurso de reclamación interpuesto por ****************, observando el principio de congruencia contenidos en los numerales 57 y 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, así como en el artículo 17 constitucional. II) En proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno (foja 180), se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. III) Mediante oficio 3972/21 (foja 200), recibido en este órgano jurisdiccional el siete de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias con las que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. IV) En acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno (foja 214) se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que se pronunciaran al respecto. Ahora bien, previo análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la sentencia de amparo SE ENCUENTRA CABALMENTE CUMPLIDA, por las siguientes consideraciones: Mediante acuerdo dictado el trece de septiembre de dos mil veintiuno (foja 201), la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil **************** de su índice, a través de la cual, al resolver el recurso de reclamación, confirmó la pensión alimenticia provisional inicialmente decretada en favor de ****************. Ahora, resulta necesario precisar que el fallo amparador se sustentó en base a que el acto reclamado no atendió el principio de congruencia, puesto que al resolver la reclamación, el juzgado introdujo a una diversa acreedora alimentaria, respecto de la cual no se había otorgado pensión alimenticia provisional en el auto de radicación. Luego, en la nueva resolución de veinte de septiembre del año en curso (foja 202), la autoridad responsable determinó lo siguiente: ? Que el artículo 210, tercer párrafo, de La Ley Adjetiva Civil del Estado de Veracruz, establece el trámite incidental para la inconformidad respecto de la pensión decretada inicialmente. ? Que el deudor alimentario ****************, se inconformó con la pensión alimenticia decretada inicialmente, misma que consistió en dos salarios mínimos diarios que percibiera por cualquier actividad licita que desempeñara, argumentando que dicha medida se fijó tomando en cuenta únicamente lo señalado por su contraparte, sin que ésta presentara pruebas para acreditar los ingresos del demandado; que el salario general es de $**************** (**************** moneda nacional), por lo que la cantidad decretada asciende a $**************** (****************moneda nacional) en forma semanal, cuando sus ingresos semanales únicamente son de $**************** (**************** moneda nacional). ? Que el artículo 242 del Código Civil prevé que los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad de quien deba darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos, por lo que el auto emitido es contrario a derecho, ya que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, aunado a que nadie debe ser sometido a torturas, o tratos crueles e inhumanos o degradantes, siendo iguales ante la ley, refiriendo que con la pensión autorizada en su contra, se le deja en estado de indefensión. ? Que para sustentar sus argumentos, acompañó dos documentos, a los que se concedió valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 266, 327, 261, fracción II, y 265, de la Ley Adjetiva Civil del Estado de Veracruz; con los que se demuestra que no labora desde el mes marzo de dos mil veinte, en la escuela ****************; y, que la negociación "****************", es propiedad de un tercero, quien resulta ser ****************. ? Que la actora **************** al desahogar la vista otorgada, argumentó que la pensión debe dejarse intocada ya que el demandado no se encuentra impedido para realizar actividad alguna; que se ha desatendido de sus obligaciones y que éste no paga renta ni tiene alguna situación que repercuta en su economía. ? Que atendiendo al principio de congruencia, rectificó que en el asunto que se ocupa, se trata de un solo acreedor alimentario y no de dos, como se resaltó en el fallo amparador. ? Que no le asiste razón al señor ****************, al resultar infundados los argumentos que refirió para modificar la medida provisional. ? Que el representado de la ciudadana ****************, goza de la presunción de necesitar los alimentos ya que se encuentra debidamente registrado por el deudor y cuenta con aproximadamente cinco años de edad. ? Que en lo referente a que la actora no había acompañado documento con el que demostrara sus pretensiones y en especial su capacidad económica; debía decirse que en efecto, **************** únicamente acompañó con su escrito de demanda, la partida de nacimiento de su menor hijo; sin embargo, el demandado tampoco exhibió documento con el que justificara que su capacidad económica se encontraba reducida, toda vez que los documentos que allegó para tal fin, demostraban únicamente que había laborado en una escuela y que el negocio de lavado de autos mencionado por la actora estaba a nombre de tercera persona, situaciones que por sí solas no podían servir de sustento para reducir la pensión, pues desde que se fijó la pensión provisional, la parte actora indicó que -el deudor alimentario- es maestro de educación física en el **************** y que tiene un lavado de autos denominado "****************"; y, las negociaciones que indicó el reclamante, eran diversas a éstas; por lo que aún valoradas dichos documentos en términos de los numerales 327, 266, fracción I, y 275 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, resultaban insuficientes para demostrar la capacidad económica del inconforme. ? En cuanto al argumento del deudor en el sentido que los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos; y que con la pensión alimenticia provisional decretada se le deja en estado de indefensión, e inclusive, se puede generar una violación a sus derechos humanos, alegando además discriminación y tortura; debía indicarse que no le asistía la razón al inconforme, ya que en el caso concreto el representado de la actora ****************, goza de la presunción de necesitar alimentos ya que se encuentra debidamente registrado por el deudor y cuenta con aproximadamente cinco años de edad, por lo que sus requerimientos son considerables, tanto más que como lo señaló la actora, aquél no demostró que tenga que pagar renta o algunos compromisos que traigan como consecuencia la reducción del factor alimentario. ? Que en esas condiciones, tomando como base el numeral 242 del Código Civil y como se trata de un acreedor alimentario, quien tiene el carácter de descendiente y que los pleitistas se desenvuelven dentro de este distrito judicial, por lo que el alto costo de la zona les perjudica por igual, y que pertenecen a un estatus social medio y que le demandado al ser el motor que produce los ingresos tiene que soportar las deducciones oficiales y sus propios requerimientos y por ello, sin perjuicio de lo que se llegue a resolver en la sentencia de fondo, deja firme la pensión alimenticia decretada inicialmente. De lo anteriormente señalado, se evidencia que el Juez responsable dejó insubsistente el acto reclamado; asimismo, subsanó los vicios formales destacados en el fallo protector. En ese sentido, lo procedente es TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S. I. S. E.). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que se concedió el amparo, carece de relevancia documental y no obran documentos originales. DEPURACIÓN Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que conforman el expediente civil **************** de su índice, mismas que obran en dos tomos por separado; ello en razón que resulta innecesario seguirlas conservando al haberse ordenado el archivo del presente asunto. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, once de octubre de dos mil veintiuno. Visto el telegrama de cuenta, remitido por la autoridad responsable, agréguense a los presentes autos sin mayor pronunciamiento, en razón que, por acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se proveyó lo conducente respecto de la información que proporciona, máxime que en ese mismo acuerdo se dio vista a las partes con el cumplimiento que pretende dar a la ejecutoria de amparo. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Cúmplase.
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