Vianey Sánchez Domínguez

Expediente 893/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
893/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • Vianey Sánchez Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de referencia para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en la carátula del expediente y archívese el presente asunto como concluido. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito signado por la parte quejosa, y en atención a su solicitud en el sentido que le sean devueltas las pruebas que anexó a su demanda de amparo; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa copia certificada que se deje en autos, devuélvasele las documentales que indica y entréguense a la promovente o a cualquiera de las personas que autoriza, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia. Por otra parte, respecto las copias certificadas de la inspección ocular que solicita dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, en razón que la misma no obra en autos. Finalmente, no pasa desapercibido que el escrito de cuenta esta dirigido a un diverso juicio de amparo; sin embargo, de su contenido se advierte que debe proveerse en los presentes autos.

  3. Principal

    Debido a que la parte quejosa ***********************, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de veinticinco de septiembre del presente año, que en lo conducente dice: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***********************************, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 893/2019 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVAS De la lectura integral al escrito de demanda y los anexos remitidos por la autoridad responsable, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El texto del precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. Lo anterior, significa que si en la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, se establecen iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, el principio de definitividad debe regir y en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar ese medio ordinario. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa previo a la promoción del juicio bi-instancial debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En relación con dicho principio, la interpretación del artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite advertir que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la Ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para ello, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento, además de las disposiciones de la Ley de la materia, aquellas que rigen para el acto reclamado. En ese sentido, atento a la naturaleza de los actos reclamados en la demanda que se provee, conviene traer a contexto diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, referentes al juicio contencioso administrativo, las cuales prevén: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: I. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; (.) Artículo 292. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Autoridad que emitió el acto o ante la Oficialía de Partes del Tribunal, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se impugna, o al en que se haya tenido conocimiento del mismo, (.) La demanda también podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo, y se tomará como fecha de presentación aquella en que se deposite. Artículo 293. La demanda, además de los requisitos previstos en los artículos 21, 22 y 24 de este Código, deberá señalar lo siguiente: (...) IX. La solicitud de suspensión del acto impugnado, sin perjuicio que la misma se solicite hasta antes de la celebración de la audiencia de ley. (.) Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su admisión. En el mismo acuerdo se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo. Tratándose de la suspensión deberá resolverse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda. Artículo 305. Iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias o la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán las medidas cautelares ni la suspensión, si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. (.) La suspensión del acto impugnado se decretará dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y las medidas cautelares se decretarán de plano, ambos casos a cargo de la Sala Unitaria, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Unitaria que conozca el asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 305 Bis. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte en cualquier momento del juicio, mientras no se haya celebrado la audiencia. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes y actos que de llegar a consumarse hagan imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Artículo 306. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a criterio de la sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. (.) Artículo 308. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero otorga, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 309. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. Artículo 310. El acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde la fecha de su otorgamiento y tendrá vigencia incluso durante la substanciación del recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal. El acuerdo en que se niegue la suspensión dejará expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aún cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la Sala Superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, esta surtirá sus efectos de manera inmediata." Acorde con los artículos transcritos, procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones. Asimismo, dentro de dicho juicio se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, sobre la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas y la misma puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva. HECHOS De la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: 1. El acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el Subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, mediante el cual acuerda procedente el retiro de sellos de clausura en el negocio denominado "Las cucharas" ubicado en ***********************************, únicamente para llevar a cabo las gestiones tendientes a solventar las observaciones, sin que pueda efectuar actividad comercial, con el apercibimiento que en caso de contravenir se ordenará la clausura total definitiva sin necesidad de citarla a una nueva audiencia, asimismo se le impone una multa por la cantidad de $3,548.58 (tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos 58/100 M.N.)., y 2. Las posibles consecuencias en el caso que se llegará a dictar la clausura del negocio referido. Al respecto, en los antecedentes la quejosa precisa que pagó la multa impuesta en el auto que impugna; sin embargo, únicamente le fueron retirados los sellos de clausura sin que pueda trabajar en el citado negocio de elaboración de comida denominado "Las cucharas". CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, respetuosamente se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, con motivo que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario respecto de los actos que reclama, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, los requisitos con los que se integra la causa de improcedencia invocada en la presente determinación, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) Que por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado. e) Que para la procedencia de la suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo, ni un plazo mayor para otorgarla. En atención a ello, se colige que en el caso se colman los requisitos precisados, con motivo que: 1. El acto reclamado fue emitido por autoridad administrativa distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como lo es el Subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. 2. Contra el acto reclamado procede un medio ordinario de defensa, como lo es el juicio contencioso administrativo, acorde con lo previsto en el artículo 280, fracción I del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. 3. A través de dicho recurso, el acto reclamado en la demanda que se estudia puede ser revocado o nulificado, porque de conformidad con el artículo 325 del Código aludido, la sentencia que se dicte en el juicio contencioso administrativo podrá declarar la nulidad de la resolución impugnada en forma lisa y llana o para determinados efectos. 4. Dentro del citado juicio contencioso puede solicitarse la suspensión de los efectos del acto reclamado, y para la procedencia de esa medida no se exijen mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo ni plazos mayores a los establecidos en ésta, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones, evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo como en el juicio de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado se exigen requisitos en esencia iguales, como lo son: - Se decretará de oficio o a petición de parte. - Se resolverá sobre la petición de suspensión dentro del término de veinticuatro horas después de presentada la demanda. - Se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. - Podrá tener por efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto el asunto sea resuelto en definitiva. - Surte efectos desde la fecha de su otorgamiento. Aunado a lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama violaciones al artículo 23 del Reglamento para el Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Xalapa, Veracruz; por tanto, no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción para no agotar el medio ordinario de defensa destacado. En consecuencia, al existir un recurso ordinario procedente contra los actos que reclama el quejoso, en el cual puede obtener la suspensión de ellos, se estima que debió agotarlo antes de acudir al amparo en cumplimiento al principio de definitividad rector del mismo, por lo cual procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al caso, por sus consideraciones, las jurisprudencias de la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros siguientes: 2005039 "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." 2020596 "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa donde oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********************************, ya que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital."

  4. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

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