VICENTE GUTIERREZ MÁRQUEZ y Otros.

Expediente 745/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 25 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
745/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • VICENTE GUTIERREZ MÁRQUEZ y Otros.
  • Vicente Gutierrez Márquez
  • GLORIA CUELLAR HERNÁNDEZ y Otros.
  • Gloria Cuellar Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, informa que dio cumplimiento al requerimiento de quince de marzo de la presente anualidad, adjuntando diversas constancias para tal efecto; no obstante, como se observa en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidas las constancias a que hace referencia...

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal del expediente y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubieran hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable la sentencia protectora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el veintiséis de enero de dos mil veintidós (fojas 192 a 207), se concedió el amparo solicitado por ***** para el efecto que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, realizara lo siguiente: 1. Dejará insubsistente la resolución de ocho de julio glde dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil *** de su índice, al resolver el recurso de reclamación interpuesto contra la pensión alimenticia provisional decretada en dicho expediente; y, 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, dictara otra en la que subsanara los vicios de forma señalados en dicha sentencia, la cual podría ser en el mismo sentido o en uno diverso. II) Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. III) Mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el dos de diciembre de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente 634/2022-I, en cumplimiento al fallo protector (fojas 219-225). IV) Por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se concluyó que la sentencia se encontraba en vías de cumplimiento, por lo que se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que cumpliera con el fallo protector (foja 229). V) Mediante la promoción 3848, recibida el quince de marzo del año en curso, ante este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tales efectos las constancias conducentes (foja 252-263). VI) Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que realizaran manifestación alguna (foja 265). Ahora bien, previo análisis de las constancias de autos se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA, debido a lo siguiente: Por resolución de ocho de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la determinación de ocho de julio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil ****, a través de la cual se resolvió la reclamación interpuesta por los deudores alimentarios contra la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente a favor del menor de iniciales **** representada por su progenitora **** asimismo dejó insubsistente la diversa resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con la que pretendió dar cumplimiento al fallo protector. También se constata, que dictó una nueva determinación de la que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: - Que se procedió al análisis de la capacidad económica de ***** señalando que estos acreditaron padecer una enfermedad crónica degenerativa, lo que se acreditó con el certificado médico expedido por la Secretaria de Salud, al que se otorgó valor probatorio pleno, en términos del artículo 262 del Código Procesal Civil del Estado, pero que de dicha prueba no se desprendía que se encontraran impedidos para realizar alguna labor específica y que sus ingresos se vieran mermados, aunado que ésta fue expedida por una dependencia pública de salud, por lo que tal padecimiento no les generaba gasto alguno que les impidiera cumplir con la obligación alimentaria contraída, de ahí que dicho medio de prueba no fuera suficiente para reducir la medida provisional. Que respecto a los recibos de luz y agua exhibidos por ****, a los cuales se les otorgó valor probatorio pleno, con sustento en el artículo 262 antes indicado, se precisó que no generaban una afectación a su patrimonio que les impidiera cumplir con la obligación alimentaria, y que si bien se desprendía un gasto, también lo era que en la manutención del menor de iniciales ***** también se tenían gastos similares de vivienda, por lo que se trataba de un gasto corriente que ambas partes erogaban, por lo que no podían considerarse para reducir la pensión provisional decretada; y respecto del ticket ofertado, no podía considerarse una prueba suficiente para acreditar que era un gasto que se sostiene cada mes, ni que fuera solventado por el oferente. En relación a la constancia de dependencia económica de **** no podía estimarse por el juzgador, toda vez que el Agente Municipal no tenía facultades para expedirla, dado que no se encuentra dentro de las funciones establecidas en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. - Que de las actas de nacimiento de *****, únicamente se desprendía que los reclamantes contaban a esa fecha con la edad de sesenta y tres años, y sesenta y dos años, respectivamente, ubicándose como personas de la tercera edad, "sin embargo, ésta no es una situación que los sitúe como personas en grado de vulnerabilidad y/o insolventes y/o imposibilitadas a desempeñar un empleo, cargo y/o comisión, ya que se encuentran en el margen de personas económicamente activas en México según el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por lo que dicho medio de convicción no es óbice para que la pensión alimenticia provisional decretada se reduzca, ya que su situación de adulto mayor no constituye una justificación válida para reducir la pensión decretada." Que debía considerarse que el progenitor del menor de edad se encontraba en prisión, lo que implicaba una disminución de su condición económica al encontrarse limitada su actividad laboral. Que una vez analizada la capacidad económica de **** quien manifestó percibir la suma de mil doscientos pesos mensuales por parte de su hijo mayor, y que **** era ama de casa y nunca había trabajado, lo que no fue debatido por la parte contraria, pues la accionante no refirió que en su escrito de demanda y/o contestación que los codemandados tuvieran una fuente de ingreso certera, sino que basó su argumento en su relación con el padre de su hija, entonces, al justificarse que los deudores alimentarios contaran con una fuente de ingresos más allá de la suma mencionada, la cual servía a ***, pues esta última dijo dedicarse al hogar, lo que generaba la presunción de necesitar alimentos y no estar en condiciones de proveerlos, debía concluirse que la capacidad económica de los codemandados no llegaba al extremo de soportar la carga alimentaria fijada originalmente, por lo que debía replantearse. - Asimismo, señaló que la parte actora al promover su demanda acreditó "la apariencia del buen derecho" mediante el acta de nacimiento del menor de iniciales **** de la que se desprendía que los demandados tienen el carácter de abuelos paternos de dicho infante, así como que Vicente Gutiérrez Cuéllar se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Misantla, Veracruz, razón por la cual se estimó pertinente fijar una medida provisional, dada su edad y los gastos de manutención, el incremento en la inflación según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el mes de agosto de dos mil veintidós que era de ocho punto siete por ciento, siguiendo una tendencia a la alza; además, que acorde con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la canasta básica alimentaria en marzo de este año, tuvo un incremento de catorce por ciento, por lo que actualmente se necesitaba "$2,086.00 pesos mensuales por persona para cubrir las necesidades básicas alimentarias en un "barrio" urbano, y $1,600.00 pesos cada mes en una colonia rural"; asimismo, refirió que dichos elementos no eran suficientes para mantener el monto de la pensión alimenticia original, pues ese índice de precios impacta a las dos partes del juicio, sin desatender que se encontraba en discusión derechos de un menor de edad al cual debía privilegiarse, además de no dejar de lado que los alimentos eran exigibles en un primer término a ambos padres, al margen que uno de ellos estuviera privado de su libertad. Así, el Juez responsable dijo atender los hechos esgrimidos por la accionante en su escrito inicial, acorde a sus circunstancias personales, a fin de evitar cualquier situación de riesgo y priorizando los derechos del menor, sin que con ello se vulneraran los derechos que correspondían a los codemandados. - Asimismo, destacó que la pensión provisional decretada en el auto de inicio ocasionaba perjuicio a los codemandados ****, pues no se ajustaba a su capacidad económica, razón por la cual resultaba procedente la reclamación planteada, considerando también que los alimentos reclamados serían destinados a saciar las necesidades alimentarias de un acreedor que cuenta con la edad de cinco años, por lo cual en apoyo a los artículos 234, 239, 240, 242 y 244 del Código Civil para el Estado de Veracruz, lo procedente era reducir la medida alimentaria inicialmente fijada a favor del menor de iniciales **** hijo de la actora y nieto de los demandados, consistente en el veinte por ciento (20 %) de un salario mínimo vigente; para quedar en el diez por ciento 0 (10 %) del salario mínimo vigente diario. En consecuencia, atento a lo expuesto, se estima que la autoridad responsable, acató el fallo protector en sus términos, realizó una ponderación del principio de proporcionalidad, además de valorar las pruebas y argumentos señalados por las partes, fundando y motivando su determinación; por lo que resulta procedente TENER POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; hágase el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.), así como en la etiqueta respectiva. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. DEPURACIÓN Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaría para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo

  3. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívese este incidente de suspensión como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo, toda vez que en encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso c) del aludido Acuerdo General, debido a que se negó la suspensión solicitada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni billetes pendientes de devolver y que carece de relevancia documental. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar los registros correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). De Igual forma, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General en mención, se decreta que el duplicado del incidente carece de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo, así como la fecha del presente acuerdo de archivo. Por lo anterior, dicho expediente judicial es susceptible de destrucción, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. FIRMAS ELECTRÓNICAS.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la autoridad responsable, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, en virtud que consta en autos que la autoridad responsable ya remitió las constancias relativas al cumplimiento al fallo protector, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a las partes, a fin que en el acto de la notificación de este acuerdo o bien por escrito y dentro del término de tres días, computado legalmente, manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado proveerá respecto del cumplimiento del fallo amparador con base en los datos que obren en el expediente y los aportados por las autoridades responsables. Para tal fin, entréguesele copia de las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

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