Verónica Terrazas Parra
Expediente 274/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Verónica Terrazas Parra
- Verónica Terrazas Parra y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, a través de la cual se por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se negó el amparo en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, una vez transcurridos tres años. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA TERCERO INTERESADA , LA SENTENCIA DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS S E N T E N C I A Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 274/2022, promovido por *** y su acumulado 275/2022, promovido por ***, contra actos de la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y,R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de las demandas. *Juicio de amparo 274/2022* Por escrito recibido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con domicilio en esta ciudad y remitido por cuestión de turno a este juzgado al día siguiente hábil uno de abril del año en curso, *** promovió el juicio amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y el acto que a continuación se precisa:III).- AUTORIDADES RESPONSABLES:Tienen tal carácter en el presente juicio de garantías las siguientes autoridades:AUTORIDADES ORDENADORAS:1).- EL C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, con domicilio en la Ciudad Judicial, ubicada en Calle Barranco Azul s/n número, Colonia Toribio Ortega, en esta ciudad.AUTORIDADES EJECUTORAS:1).- EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE ROBO, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, en las instalaciones que ocupa la Fiscalía General del Estado Zona Norte.IV.- ACTOS RECLAMADOS1). DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS, reclamo el auto de vinculación a proceso por el delito de Robo Agravado dictado en mi contra, el día 11 de marzo del presente año.2).- DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS, reclamo la ejecución del auto de vinculación a proceso por el delito de Robo Agravado dictado en mi contra, el día 11 de marzo del presente año.* *Juicio de amparo 275/2022* Por su parte, mediante escrito recibido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con domicilio en esta ciudad y remitido por cuestión de turno a este juzgado el uno de abril del año en curso, *** promovió juicio el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y acto que a continuación se precisa: *AUTORIDAD RESPONSABLE- Señalo, como Autoridad Responsable al Licenciado Lorenzo Armando Villar Chavarría; quien tiene el adjetivo de Juez de Primera Instancia para este Distrito Judicial Bravos, y su domicilio en la Calla Barranco Azul sin número de la Colonia Toribio Ortega de esta Ciudad, pero precisamente en la denominada *Ciudad Judicial*. ACTO RECLAMADO.- Reclamo de dicha Autoridad Judicial Local, el Auto de Vinculación a Proceso por El emitido en mi contra en la Audiencia de fecha once del presente mes y año y dentro de la Causa Ordinaria 1755/2013 al considerarme, según dijo, probable responsable en la comisión del delito de robo dizque cometido en perjuicio de la empresa mercantil denominada ***, S.A. de C.V." Las quejosas señalaron que se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, relataron los antecedentes del caso que estimaron pertinentes. SEGUNDO. Admisiones de las demandas. Por acuerdos de cuatro de abril de dos mil veintidós, se admitió demanda de amparo promovida por ***, bajo el número estadístico 274*2022; así como su acumulado 275/2022, promovido por ***, se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos, se emplazó a la parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Acumulación de juicios. Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 275*2022, se ordenó acumular dicho juicio al diverso juicio de amparo 274/2022, por ser éste el más antiguo; la audiencia se inició el día de hoy al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclama un auto de vinculación a proceso considerado acto privativo de libertad, que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de las demandas, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa reclama, lo siguiente: Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso de once de marzo de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 1755/2013, por el delito de robo agravado; así como la ejecución de dicho acto al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la vinculación a proceso de once de marzo del año en curso, dictado en la causa penal 1755/2013; por ello, se tiene por cierto dicho acto a la citada autoridad responsable. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: *INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Mientras que la diversa autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo, Fiscalía General del Estado Zona Norte, a pesar de que negó el acto reclamado, de las constancias que remitió el juez responsable se advierte la existencia de la resolución reclamada; por ello, se desvirtúa la negativa y se tiene por cierto el acto reclamado a la referida autoridad responsable.Información que se corrobora con las documentales respectivas que el Juez responsable anexó a su informe, consistentes en registros audiovisuales compulsados en dos discos en formato DVD (disco versátil digital, por sus siglas en inglés), en el que se contiene video grabación de las audiencias reclamadas, y copia certificada de la transcripción de la citada audiencia reclamada, llevadas a cabo dentro de la causa penal de origen. Medios de prueba que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2* de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse de registros audiovisuales, en formato DVD, considerados descubrimientos de la ciencia, en tanto que las documentales son públicas, por contener trascripciones certificadas, realizadas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable el criterio 43/2013 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.* Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice lo siguiente: *DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.* CUARTO.- Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO*. El estudio del expediente demuestra que no le asiste la calidad de autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo, Fiscalía General del Estado Zona Norte y, por tanto, se actualiza el motivo inejercitabilidad previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales mencionan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: * XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de esta Ley.* *Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo:*** II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuto o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los dispositivos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Respecto de estos actos, es indispensable tener en cuenta que una autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que tiene la potestad para dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Dicho de otro modo, para que una autoridad pueda considerarse como responsable, es necesario que al emitir el acto establezca una relación de supra a subordinación con un particular, que esta tenga su nacimiento en la ley y que con motivo de ella emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Para una mejor comprensión a lo expuesto, es necesario establecer lo que dispone el numeral 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual precisa: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.* Del dispositivo legal transcrito se desprende, en lo que interesa, que el Ministerio Público, es un sujeto del procedimiento y tendrá el carácter de parte en los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, de los diversos artículos 157, 158, 166 y 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte, en lo que interesa, que las medidas cautelares serán resueltas por el juez de control y que el Ministerio Público es la única parte que puede solicitar la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar; que también podrá solicitar el resguardo domiciliario, cuando las diversas medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa. De lo hasta aquí expuesto se concluye, que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo, Fiscalía General del Estado Zona Norte, no es autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, dado que actúa en un plano de igualdad dentro del procedimiento penal de origen, tal y cómo ha quedado establecido. Lo que se corrobora con el informe justificado rendido por el juez de control responsable, al que anexó copia de la audiencia reclamada, audiencia de la que se advierte, que la representación social actuó en su carácter de parte dentro del procedimiento de origen y que quien emitió el acto reclamado lo fue el juez antes citado. En consecuencia, se actualiza el motivo de inejercitabilidad que de oficio se invoca, previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5º fracción II, ambos de la Ley de Amparo, motivo por el cual debe de sobreseer el presente juicio, respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo. Al no advertirse diversa causal de improcedencia, se procede al estudio de los motivos de queja expuestos por el solicitante de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. En primer lugar, cabe precisar que no es necesario trascribirlos, ya que, al constar en la demanda, se tienen por reproducidos en esta parte, además, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de dos mil diez, con registro 164618, del rubro y texto siguientes:"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.* SEXTO. Análisis del acto reclamado. Previo al estudio del acto reclamado, debe precisarse que a las quejosas les resulta el carácter de imputadas; y, por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se debe aplicar en su favor el principio de suplencia de la queja, en la deficiencia de la formulación de los conceptos de violación; incluso ante la ausencia de los mismos. No obstante, en el caso, se estima que no procede aplicar la institución mencionada en beneficio de las quejosas, en atención a que del análisis de las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, y que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, se advierte que no existe materia para su aplicación. Sin que ello signifique una violación de las normas que rigen el procedimiento, ya que la aplicación de esa figura, no es absoluta, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador lo considere útil para favorecer al beneficiado; y, para que resulte procedente el amparo. Además, esto se corrobora, ya que si se aplica la referida figura jurídica, sin haber materia para ello, tal situación implica que se incluya dicho estudio en la motivación del fallo, a pesar de que, ese análisis, lejos de beneficiar a los impetrantes, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna, dado que su estudio mejora la motivación que ya contiene el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 263, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." La quejosa ***, en lo conducente, señala que la audiencia de vinculación a proceso reclamada carece de falta de fundamentación y motivación respecto a la valoración de las pruebas; que no se acredita el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad, indispensables para la conformación de todo auto de formal prisión; además, que no cumplimiento las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, no se le hizo saber la causa de la acusación, ni se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que mediaron la ejecución del delito y modalidades que se le imputa, y que no se le respectaron los derechos que otorga el artículo 20 de la Constitución Federal; aunado a que el peritaje contable se realizó un año después de la supuesta comisión del delito; asimismo, que en el acta de cadena de custodia y eslabones de evidencia de trece de febrero de dos mil trece, falta la firma de Víctor del Valle Fernández, quien al entregar el día catorce de febrero de dos mil doce, la evidencia al Agente del Ministerio Público, Cynhia Frayre Grandos, omitió estampar su firma de entrega, que únicamente existe la de la persona que recibió dicha evidencia. También, que hubo un peritaje contable que no se le dio la oportunidad de objeción ni combatirlo con otro peritaje o en su caso que el fiscal nombre otro peritaje para no basarse en uno solo. Por su parte, la quejosa ***, también refiere que la vinculación a proceso reclamada carece de fundamentación y motivación dado que no se encuentran acreditados los elementos del delito de robo, ni analizó el tiempo y las circunstancias de ejecución de dicho delito; aunado a que los elementos de pruebas no resultan idóneos para el dictado de la resolución reclamada, además de que no se acreditó el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad; que el juez responsable no analizó las causales de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Previo a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio de la declaración de legalidad del auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Control responsable en contra de las aquí quejosas, dentro de los autos de la causa penal 1755/2013. En tal virtud, de la reproducción en tiempo real de los discos ópticos que acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: 1.- Audiencia de siete de marzo de dos mil veintidós, realizada en la causa penal 1755/2013, el licenciado ***, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en la cual pidió a las partes que se identificaran ante el tribunal, entre ellos la Representante Social, licenciadas ***, así mismo los defensores particulares de las imputadas, licenciados ***, designados previamente, respectivamente, por las imputadas ***, profesionistas anteriores que fueron debidamente identificados ante el juez responsable, mostrando ante ella las cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho, siendo exhibida por los defensores particulares, copia certificada de dicho documento, con número de registros de la S.E.P. 91418183 y 5121614, respectivamente. 2. Acto seguido, la responsable cuestionó a las imputadas ***, si tenían conocimiento de sus derechos, a lo que manifestaron que sí. Asimismo, preguntó si deseaba nombrar como defensores particulares a los citados licenciados, respectivamente, manifestando las imputadas que sí era su deseo; en el mismo acto los profesionistas en comento aceptaron y protestaron el cargo conferido. 3. Posteriormente, el Juez de Control declaró aperturada la audiencia inicial, y previa autorización, la Representación Social formuló imputación en contra de las imputadas ***, haciéndoles saber los hechos por los cuales se siguió una investigación en su contra, indicándoles lo siguiente: - Que las imputadas, ***, se desempeñaban como cajera y auxiliar contable, respectivamente, empleadas del negocio denominado, Madeiras S.A de C.V., dentro del periodo comprendido de un año (enero de dos mil diez al citado mes del dos mil once), Verónica manipuló el sistema de cómputo conocido como micro chips, a fin de realizar modificaciones a los movimientos y reimpresión de tickets de venta de dicha negociación para reflejar una venta menor del material a la que en realidad se realizó, apoderándose del dinero sobrante y no reflejado en los tickets; mientras que Dora, fue la que autorizó en el sistema el usuario, desde su computadora para que se pudiera realizar los referidos movimientos y a su vez alterar la documentación y registros contables de esa empresa, para que no se descubriera las alteraciones realizadas en las venta en efectivo y créditos. - Hechos consumados de manera instantánea, a título de dolo, en calidad de autor material y se le informó de las personas que depusieron en su contra y los datos de pruebas. Clasificación jurídica. Los hechos que se le atribuyen a las imputadas constituyen el delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 208, fracción III, en relación con el precepto 211, fracción III, ambos de Código Penal para el Estado de Chihuahua, en agravio del negocio Madeiras S.A de C.V. 4. Posteriormente, el juez natural dio oportunidad a las imputadas para declarar, quienes desestimaron hacerlo, luego se otorgó el uso de la voz a la representación social quien solicitó vincular a proceso a las aquí quejosas, por lo que la responsable la conminó a que narrara los antecedentes obrantes en la carpeta de investigación a fin de cuestionar a las imputadas respecto cuándo era su deseo resolver su situación jurídica. 5. Acto seguido, la Representación Social narró los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación. 6. Se preguntó a las imputadas, respecto al término para resolver su situación jurídica, a lo cual indicaron que solicitaban la duplicidad del término constitucional, para lo cual se señalaron las once horas del diez de marzo de dos mil veintidós para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. 7. Luego, la Agente del Ministerio Público solicitó la imposición de medidas cautelares, escuchadas las partes, el Juez de Control resolvió imponer la medida cautelar de presentarse de manera mensual a plasmar su firma ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio, durante el tiempo que dure el procedimiento, prevista en el artículo 169 fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos. 8. El once de marzo de dos mil veintidós, en continuación de la audiencia inicial señalada para efecto de resolver la situación jurídica de las imputadas, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a ***, por el delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 208, fracción III, en relación con el precepto 211, fracción III, ambos de Código Penal para el Estado de Chihuahua, en agravio del negocio Madeiras S.A de C.V. Reseñados los antecedentes, y con el objeto de dar mayor ilustración a la decisión asumida en este juicio de control constitucional, es indispensable fijar la litis radicada en este asunto, la que, a la luz de la pretensión perseguida por la parte quejosa, en función de los actos reclamados, es dable determinar la legalidad del auto de vinculación a proceso. Lo anterior es así, porque analizadas las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y lo resuelto por la autoridad responsable, no se advierte motivo para suplir la deficiencia de la queja, porque el acto reclamado se emitió siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento y de manera correcta se tuvo por demostrado el hecho delictivo que encuadra en el delito de robo agravado, previsto en el numeral 208, fracción III, en relación al 211, fracción III, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua; asimismo, determinó que también se acreditaba la probabilidad de que las ahora quejosas lo cometieron o participaron en su comisión. Sobre tal punto conviene traer a cita el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, establece lo siguiente:"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. *** De la disposición transcrita, se advierte que para dictar auto de vinculación a proceso, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito; y, que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo que debe resolver el juzgador, únicamente con base en los datos de investigación a que haga referencia el Ministerio Público en su respectiva solicitud. Mientras que el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicado al caso que nos ocupa dispone: "Artículo 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos". De lo transcrito, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, como elementos de forma los siguientes: a. Se haya verificado imputación (formalización o judicialización del procedimiento) y escuchado la declaración del imputado o que éste haya manifestado su deseo de abstenerse a declarar. I. Precisión del delito que se imputa. II. Las circunstancias de ejecución, tiempo y lugar. III. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación. Asimismo, deben considerarse como elementos de fondo, los siguientes: Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. La ley señale como delito a ese hecho. Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos del arábigo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos del tipo penal, es decir, el doctrinalmente denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado, lo cometió o participó en su comisión. De ello se colige, que el Juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad de los factores expuestos por las partes, para concluir si se justifican o no las consecuencias que aducen, teniendo siempre como factor principal la duda razonable. Expuesto lo anterior, conviene señalar que de la reproducción de los discos ópticos remitidos por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que se cumplió con los requisitos formales aludidos, ya que de manera previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, en audiencia de siete de marzo de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público formuló imputación a las quejosas, por su probable participación en la comisión del ilícito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 208, fracción III, en relación con el precepto 211, fracción III, ambos de Código Penal para el Estado de Chihuahua, en agravio del negocio Madeiras S.A de C.V. De igual modo, se constató por parte del Juez de Control, que las imputadas conocieran los derechos que establece a su favor el artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que asimismo contaran con defensa técnica por parte de profesionales en derecho, quienes se identificaron con copia certificada de su cédula profesional, se le dieron a conocer los hechos que se les imputaron y se les dio oportunidad de rendir su declaración, asimismo, previo conocimiento de los datos de prueba que obran agregados en la carpeta de investigación, la Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. En cuanto a los requisitos de fondo, se estima que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que las imputadas lo cometieron o participaron en su comisión, concretamente el delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 208, fracción III, en relación con el precepto 211, fracción III, ambos de Código Penal para el Estado de Chihuahua. Porciones normativas que en lo conducente establecen: "Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrá: *** III. Cuando exceda de mil veces el salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el salario. Para estimar la cuantía del robo se atenderá al valor comercial de la cosa robada, al momento del apoderamiento, pero si por alguna circunstancia no fuera estimable en dinero o si por su naturaleza no fuera posible fijar su valor, se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el salario. En los casos de tentativa de robo, cuando no fuera posible determinar el monto, la pena será de seis meses a dos años de prisión.* "Artículo 211. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de seis meses a tres años, cuando el robo: *** III. Se cometa quebrantando la fe o seguridad existente entre el sujeto activo y su víctima, en virtud de vínculos de trabajo, hospitalidad, servicio, o enseñanza, habidos entre ellos. ** En efecto, los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso, arrojaron una evidencia razonable de que aconteció un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que las imputadas lo cometieron, conducta cuya descripción típica se encuentra en los numerales anteriormente reproducidos. Ahora bien, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación, y que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso que se analiza, son específicamente los siguientes: Denuncia de la persona moral denominada Madeiras S.A. de C.V. Testimoniales a cargo de *** contador externo de la empresa de la víctima* Documentales consistentes en carta de renuncia de sus empleos por parte de las imputadas. Informe de la existencia de bienes materiales en patios de la persona moral donde prestaban sus servicios las imputadas. Documentales de clientes de la persona moral víctima denominados, ***. Diversas notas de pago. Diversos tickets de pago derivados de las operaciones de clientes, ante la persona moral víctima de este hechos. Notas modificadas relativas a cada una de estas operaciones de que quedaron registradas ante la persona moral. Ampliación de la denuncia interpuesta por ***. Pericial contable a cargo de ***, Contador Público. Documentales consistentes en diversas cartas de clientes de la víctima, en específico, *** y Bloquera **. Carta diversa de Benito Morales en representación de Madeiras y Carpintería Génesis. Ampliación de la denuncia interpuesta por ***, en representación de la moral víctima. Documental consistente en aviso de la subdelegación de Servicios Jurídicos donde da cuenta del registro patronal de la empresa, así como la fecha de alta y baja de las imputadas. En esa tesitura, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que las imputadas lo cometieron. Para evidenciar lo anterior, en principio, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es: *** Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 360, Agosto de 2017, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2014800, que dispone lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE *NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL*. Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2* la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones *comprobar* por *establecer* y *cuerpo del delito* por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado *cuerpo del delito*, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por ello -en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- lo que se busca es dar cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Así, de los datos narrados por la fiscalía y de las pruebas ofrecidas y desahogadas en la audiencia de vinculación a proceso por parte de la defensa, que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control, se estiman suficientes, para considerar que se cometieron los hechos que se atribuyen a la parte quejosa y la probabilidad de que cometió el ilícito o participó en su comisión. Es así, toda vez que contrario a lo vertido por la parte quejosa, se considera que el auto de vinculación a proceso emitido el once de marzo de dos mil veintidós, se encuentra ajustado a derecho, pues satisface los requisitos de fondo que derivan del arábigo 19 constitucional, al advertirse que el Juez responsable, al evaluar los datos reseñados y el desahogo de las pruebas, todos en la audiencia de vinculación a proceso, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 330, 331, 332, 333 y 347 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos. Dispositivos legales que norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica, y de esa valoración expuso los razonamientos correctos que la condujeron a estimar que los datos expuestos, son eficaces y suficientes para tener por demostrado en términos de los artículos 275, 276 y 280 del ordenamiento procesal aludido la existencia del hecho delictivo tipificado por las leyes ordinarias como robo agravado, imputado a las hoy quejosas ***, así como la probable participación de éstas en su comisión. Lo anterior, aunado a la circunstancia que ciertamente los hechos por los que se decretó su vinculación a proceso, se adecuan a esa figura delictiva, pues, como se dijo, hasta este momento procesal está acreditado que de manera probable las quejosas lo cometieron, desplegando los hechos que constituyen un delito Ello es así, dado que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, valoró en su conjunto y adminiculó entre sí, en su enlace lógico y natural concatenado, los datos reseñados por el agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, en específico la denuncia del representante legal de la persona moral denominada Madeiras S.A. de C.V, en lo conducente, señaló que por motivos personales salió de la ciudad y dejó a cargo del negocio a ***, quien auxiliaba con la contabilidad, ya que sabía el manejo de la empresa, así como el sistema cibernético de manejo y operaciones contables, llamado "Micro Chip", en el cual no pueden realizarse modificaciones de las notas de compra, una vez que es impresa, que se le da la orden a la computadora para que imprima la nota respectiva, sale con un folio especifico, esto es, con un número determinado, con el número de cliente que se asignó, el precio de compra o de venta y no se puede modificar, y como para la recepción de dinero de las órdenes de compras, la expedición de tickets y de estas notas de venta, se realizan ante la caja respectiva y la persona que atiende la caja, pero para modificarlas tiene que tenerse la autorización del administrador central de esa plataforma, de ese programa de micro chip y se necesita el binomio indecidible de la modificación de estos documentos a través de la cajera y la autorización de la administradora; puntualizando que para realizar una modificación de alguna de las notas ya impresa, tenía que dejar de subsistir la nota original, porque era inmodificable, y se podía crear una nueva nota pero con un nuevo folio; además que la auxiliar contable, *** (quejosa), tenía una clave única, que era necesario que se le requiriera por parte de la cajera, ***, *quejosa* a fin de poder operar alguna modificación o cancelación de la notas. Que cuando se retornó al negocio, se realizó un inventario físico a la negociación para saber su situación financiera; que *** informó de un faltante de mercancía de materiales en patio del negocio, siendo aproximadamente *725,867.71 pesos (Setecientos veinticinco mil ochocientos sesenta y siete pesos 71/100 M.N.*, esto en la ausencia de cemento, mortero y yeso, que los ingresos obtenidos eran pocos y el producto que había salido era mucho, al indagar la situación financiera del negocio se enteró de notas de ventas que habían sido modificadas, porque la nota original que le entregan a los clientes y que consignaba la realidad de la compra de material, se amparaba ante la empresa con un precio menor y se ingresaba menos dinero al negocio de lo que salía en realidad en mercancía; es decir, no coincidía el monto de la venta ni la operación, tampoco la cantidad de material vendido por esas ventas por importes menores; además esas ventas se agregaban a los cortes de caja diarios realizados por la encargada de la caja, *** (quejosa), y que se obtuvieron a manera de espejo dos notas, la real por la cantidad y el material que verdaderamente había obtenido el cliente, y la modificada por una cantidad de mercancía menor y de dinero menor, que era lo que se registraba a la empresa, siendo que la cajera no podía hacer una modificación o alteración en las notas, pues esas las podía hacer antes de imprimirse y si se realizaban esas modificaciones, solo eran con la autorización, consenso o voluntad de la administradora del micro chip, que era la que autorizaba a la cajera para hacer esas operaciones, y que se quedaban con el diferencial de lo que verdaderamente se vendía con la cantidad minúscula que ingresaba a la empresa; también que tal actuar no podían ser circunstancias meramente accidentales o errores humanos, debido al número, al caudal de notas y al número alto del numerario que tenía como déficit la empresa. Denuncia de hechos con la cual el juez responsable considera que quedaron establecidas las circunstancias de tiempo modo y lugar de los hechos. Aunado a que tal denuncia de hechos fue debidamente concatenada por el Juez natural al considerar lo expuesto por la testigo ***, empleada de la persona moral, con el puesto de auxiliar contable, y estaba bajo la dirección de la imputada *** quejosa* quien tenía la autorización de firmas en los cheques, realizaba transferencias electrónicas de pagos de las instituciones bancarias, confirma que el sistema de operaciones era través del microchip y que dicha quejosa era la que administraba este sistema y también conjuntamente con la cajera *** *quejosa*, la administradora tenía que realizar las autorizaciones de las ventas a crédito y también refrenda que ella era la que tenía la clave de acceso principal de la cual carecían los demás trabajadores y que además el sistema de microchip; señala que cuando se hacía la modificación de una nota impresa tenía que cancelarse y ponerle un nuevo folio; y reiteró lo expuesto en la denuncia, ya se hizo un inventario físico de la mercancía existente en la bodega y una auditoria respeto a la situación financiera de la empresa, además se detectó un faltante el cual se dio a conocer por parte de ***, por un aproximado de la cantidad de *700,000.00 pesos moneda nacional,*setecientos mil pesos M.N. 00*100*. Asimismo, el juez de control también relacionó la testimonial de *** y quien dio a conocer que ***, son los socios de la empresa denominada Madeira, S .A. de C.V., y da a conocer los objetos principales que tiene la empresa así como la ubicación y el tiempo que han tenido laborando, también confirmó que dejó a *^ encargada del negocio, porque tuvieron que trasladarse por motivos personales a la ciudad vecina de El Paso, Texas, y reiteró lo que dijo ***, que comenzaron a obtener la duplicidad de notas para ingresar menos dinero del que realmente se había enterado por compras de material y utilizar el dinero en efectivo para ingresar menos cantidad; confirma también lo que dice Rafael de que no estaban autorizadas este tipo de operaciones y reitero que cuando se hacían modificaciones a las notas impresas estas tenían que cancelarse y darle un nuevo folio por la empresa para evitar que fueran motivos de operaciones maliciosas o que perjudicaran; que también laboraba y auxiliaba a su esposo en el manejo y la operación de la empresa, y tuvo comunicación con la impetrante *** (quejosa) y le hace de su conocimiento que ella se iba a incorporar al negocio por llevar a cabo una verificación en la forma en que había trabajado la empresa cuando ellos estuvieron al frente, y *** *quejosa* le da a conocer que no es posible que le diera a conocer en qué circunstancias se encontraba en ese momento, porque padecía en una enfermedad terminal que era cáncer, además confirmó que Dora Dina era la administradora y que **^ era la cajera, y que la primera imputada tenía la clave que le había dado el ingeniero Federico Ferreiro, que era el representante de la empresa que les vendió el programa de microchip a Madeira y le dio la clave a *** para que realizará las operaciones, esto de manera confidencial y especial, y confirma que no se podían hacer las modificaciones por las circunstancias anteriores; asimismo, indicó que ***, era quien los apoyaba con la contabilidad externa de la empresa y era quien realizaba los informes fiscales para hacer los pagos, que requerían estas instancias, derivado de los impuestos que tenían que pagar; también da a conocer todas y cada una de las notas que a manera de ejemplos encontraron duplicadas de los meses de enero del dos mil diez a enero del año dos mil once, es decir, los documentos que se encontraban alterados. Luego, el juez responsable enfatiza que lo expuesto en la denuncia de hechos, lo relacionó en razón de las circunstancias en que comúnmente se lleva a cabo esa infracción penal, con las testimoniales de ***, que en esencia hace saber que son empleados de la empresa moral quejosa, con puestos, respectivamente, jefe de patio y auxiliar de patio, quienes dan a conocer también las actividades que realizan (atender a los clientes, proveedores para recibir el material que se compra y para autorizar que salga el material que se vende e incluso entregarlo a los clientes ahí mismo o entregarlos específicamente al domicilio) y también establece que la administradora o auxiliar contable era ***, por las instrucciones que le había realizado el señor Aguilera, dueño del negocio, y confirman las demás circunstancias de modo tiempo y lugar señaladas en la denuncia de hechos. También, el juez responsable para acreditar el vínculo laboral con el negocio, concatenó las documentales en las cuales se aprecia que las imputadas renunciaron al trabajo de la negociación, así como el oficio signado por el Instituto Mexicano del Seguro Social donde se estableció el registro patronal y las bajas de las imputadas. También, añadió que conforme a la pericial elaborada por ***, contador contable, se pudo determinar las irregularidades en contabilidad de la persona moral Madeira S.A. de C.V., y determinó que tuvo un quebranto económico de *739,909.00 *setecientos treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 00/100 m.n.* En relación a la credibilidad de los datos de prueba, determinó que no hay una razón para considerar que los testigos puedan conducirse con falsedad, porque incluso eran compañeros de trabajo de las imputadas, y en el caso de el dictamen pericial dijo que fue realizado por persona con conocimientos especiales en el área y en ellos se establece cual fue el método utilizado. Luego, para tener por demostrada la agravante, la jueza consideró la circunstancia de que las imputadas contaban con confianza *fe y seguridad depositada* por parte de la víctima, y respecto a la conducta dolosa, señaló que por las funciones propias que realizaban tenían conocimiento de que su proceder era contrario a la norma jurídica y aun así actuaron de manera voluntaria. De ahí que se considera acertado lo expuesto por el juez de control responsable atendido a que en la etapa en que se encuentra esa causa penal, es mínimo el estándar probatorio, basta que existan indicios para que determinar -al menos en esa etapa- que el actuar de las imputadas existía un binomio de conductas, dado que la imputada *** *quejosa*, tenía una clave del programa de contabilidad de la empresa moral *víctima* para que la cajera *** *impetrante de ampar*,, realizara modificaciones o alteraciones de diversas notas de compras, al existir dos notas espejo; es decir, nota original se encontraba la cantidad pagada por el producto, pero la nota espejo se asentaba una cantidad menor al pagado, y ambas notas tenían el mismo folio; lo anterior con el ánimo de apoderarse de la diferencia de ese precio, lo cual ocurrió dentro del periodo de un año *enero de dos mil diez a enero de dos mil once* Sirve al respecto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Volumen 121-126, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, registro 234962, que dispone lo siguiente: *ROBO DE DEPENDIENTES, TRABAJADORES, EMPLEADOS ETCETERA, INTEGRACION DEL DELITO DE, Y NO DEL DE ABUSO DE CONFIANZA. La disposición o sustracción de bienes que se han recibido con motivo de relaciones de trabajo, dependencia o por cualesquiera otra causa (incluyendo empleados de confianza o cajeros), no siempre constituyen abuso de confianza sino que encuentran soluciones diversas en atención a su naturaleza. En efecto, si por motivo de la relación de trabajo, dependencia o función que desempeña, el autor tiene acceso a la cosa, aun con cierta autonomía de su dueño o de quien puede disponer de la misma, pero sin haber recibido la tenencia de la cosa, ni su custodia, el apoderamiento y sustracción de ella constituyen robo, porque la cosa no ha salido de la esfera de custodia del dueño o de quien pueda disponer de ella. Lo expuesto justifica la calificativa de robo cuando es cometido por domésticos o dependientes o encargados contra sus patrones, empresas o establecimientos de comercio. En estos casos, aunque el autor tenga acceso a la cosa, ésta no ha salido de la esfera de custodia del dueño.* Ahora bien, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, la parte quejosa tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal del procedimiento penal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de robo agravado, previsto en el artículo 208, fracción III, en relación al 211, fracción III, ambos del Código Penal para el Estado de Chihuahua, vigente en la época delos hechos. Culminado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, ahora se procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimido por las peticionarias de amparo. Lo conceptos de violación planteados por las quejosas, que como se anticipó resultan infundados, sin que se advierta aspecto alguno que pueda ser suplido en su deficiencia conforme lo establece el artículo 79, fracción III, inciso a*, de la Ley de Amparo; los cuales se estudiaran de forma conjunta al estar vinculados entre sí. Refieren que en la resolución reclamada no se acreditó el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad; resulta infundado dicho disenso, por lo siguiente: En virtud de las reformas realizadas al Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, mediante Decreto 397-08 I.P.O., publicadas en el Periódico Oficial del Estado número 14, del dieciocho de febrero de dos mil nueve, el legislador local suprimió del artículo 280 el concepto de "cuerpo del delito", a fin de armonizar su contenido a lo dispuesto a nivel constitucional en lo referente al auto de vinculación; de ahí que para su emisión, basta que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Es decir, para la emisión de una resolución de esa naturaleza únicamente es necesario que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y respecto de la responsabilidad que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XVII.1*.P.A., sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 3, Décima época, Materia Penal, página 1942, que dice: *AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO *ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la *probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable*, para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad *si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación *en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa*, la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario *de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación.* Respecto, al concepto de violación que señalan que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, no se les hizo saber la causa de la acusación, ni se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que mediaron en la ejecución del delito y modalidades que se les imputa, y que no se les respetaron los derechos que otorga el artículo 20 de la Constitución Federal. De igual forma resulta infundado, toda vez que contrario a lo manifestado por las quejosas, si tenían conocimiento de sus derechos, debido a que a las 9:15:40 del siete de marzo del año en curso, de la reproducción del video de la resolución reclamada, se aprecia que el juez las cuestionó si tenían conocimiento de los derechos que les asistía por el carácter de imputadas, respondieron que sí; no obstante, el juez responsable les preguntó si deseaban nombrar como defensores particulares a los citados licenciados, respectivamente, manifestando las imputadas que sí era su deseo y en el mismo acto los profesionistas en comento aceptaron y protestaron el cargo conferido; además a las 9:19:40 de esa misma fecha, en dicho video se advierte que la fiscal les hizo saber a las imputadas, aquí quejosas, al momento de formular imputaciones los hechos y personas que deponen en su contra. Incluso a las 12:55:09 del diez de marzo del presente año, en el video la fiscal les hizo saber a las hoy quejosas los nuevos datos de pruebas que obraban en la carpeta de investigación, pues señaló lo siguiente: *.. de las declaraciones de los testigos en primer término del ciudadano ***, la comparecencia de la víctima *** de fecha diez de noviembre del año dos mil veintiuno, donde anexa diversas documentales que ya fueron expuestas en la formulación, también la comparecencia de la víctima *** de fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, donde anexa diversas pólizas también expuestas en la formulación, siendo estos datos nuevos su señoría*. Además, a las12:29:41 del once de marzo del año en curso, del video que contiene la resolución reclamada, se advierte que el juez de control responsable señaló lo siguiente: *. nos llevan a establecer que los sujetos activos, una encargada como administradora y otra como cajera de la empresa MADEIRAS S.A. DE C.V., alteraron diversas documentales de registros contables de la empresa para apoderarse de la cantidad de *739,909.03 pesos *SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL*, estos de la empresa MADEIRAS , S.A. DE C.V., ubicada en la calle Miguel de la Madrid número 7369, y que además, una era la administradora de la empresa y otra la cajera, y que con esto se violó el bien jurídicamente tutelado, que es el patrimonio de la personas, debe tenerse en consideración a juicio a quien resuelve que esto encuentra lo dispuesto por el artículo 208, fracción III del Código Penal vigente en la época de los hechos, pues excede de mil veces el salario mínimo, el monto del apoderamiento, que este apoderamiento se realizó en el periodo que va del año 2010 de enero del año 2010 a enero del año 2011..* Entonces, contrario a lo que señalan las quejosas, sí se les hizo saber la causa de la acusación, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar que mediaron la ejecución del delito y modalidades que se les imputa, aunado a que sí se les respetaron los derechos que otorga el artículo 20 de la Constitución Federal; por ello, resulta infundado tal disenso. También resulta infundado el concepto de violación consistente en que el peritaje contable se realizó un año después de la supuesta comisión del delito; y el acta de cadena de custodia y eslabones de evidencia de trece de febrero de dos mil trece, falte la firma de ***, quien al entregar el día catorce de febrero de dos mil doce, la evidencia al Agente del Ministerio Público, omitió estampar su firma de entrega, sino que únicamente existe la de la persona que recibió dicha evidencia; así como que hubo un peritaje contable que no se le dio la oportunidad de objeción ni combatirlo con otro peritaje o en su caso que el fiscal nombre otro peritaje para no basarse en uno solo. Con respecto, en lo que refiere a que el acta de cadena de custodia y eslabones de evidencia, falte la firma de Víctor del Valle Fernández, quien al entregar la evidencia al Agente del Ministerio Público, omitió estampar su firma de entrega, sino que únicamente existe la de la persona que recibió dicha evidencia; resulta infundado, al margen de que no fue objetado ante el juez de control, no obstante para acreditar el hecho constitutivo de ilícito, el juez natural se concretó en la auditoria y pericial contable, así como la denuncia y los constancias de las notas espejos de las ventas alteradas. En efecto de la visualización de la reproducción del video que contiene la audiencia reclama, se advierte que tanto a las quejosas como a sus defensores, no se les privo de su derecho en la audiencia, pues en todo momento se les dio oportunidad de declarar y realizar manifestaciones, y aun así no objetaron los datos de prueba señalados; además, si bien obra un solo peritaje contable, no obstante, para el etapa primigenia basta con ese solo dato, al margen que el juez responsable relacionó esa pericial contable con el resto del cumulo probatorio. Tampoco se les dejó en estado de indefensión, toda vez que todavía pueden ofertar datos de pruebas, dado que señala que se utilizó un solo perito, ahí tendrá la oportunidad de ofertad diversa pericial, si lo considera. Inclusive, al visualizarse el video a las 13:13:05 del once de marzo del año en curso, la defensa indicó estar de acuerdo con la fiscalía respecto al plazo de tres meses propuesto para el cierre de la investigación complementaria, porque señaló que ofertaría diversos datos de pruebas, entre ellos periciales. Además, es sabido que el auto de vinculación a proceso constituye la autorización de iniciar una investigación formalizada y judicializada. Sin que ese acto procesal por sí mismo prive de la libertad al imputado, sino que su finalidad es la de dar marcha a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial. En ese sentido, válidamente se puede concluir que el estándar que debe existir para dictar la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación. En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio el auto de vinculación a proceso, reclamado en esta vía de control constitucional al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de que se ha dado noticia, infundados los conceptos de violación esgrimidos, como se puntualizó en los párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, visible a página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época, bajo el texto y rubro siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.* Por lo expuesto y fundado, y se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo, Fiscalía General del Estado Zona Norte, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra el acto que reclamaron al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 1755/2013. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado ***, hoy diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe
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Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se colige que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad no ha remitido la certificación respectiva sobre las credenciales del defensor de la aquí quejosa, que compareció a la audiencia de vinculación a proceso dictada dentro de la causa penal 1755/2013, a fin de tener la certeza que dicho profesional es licenciado en Derecho. Lo anterior, no obstante la imputada (aquí quejosa) haya promovido por sí la demanda de amparo que originó este asunto, pues de conformidad con la Contradicción de Tesis 405/2017, en concatenación con la Contradicción 1/2020, emitidas por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar dicha actuación, obligación que constituye una garantía en forma de regla que permite aseverar que el derecho de ser defendió por licenciado en derecho fue respetado; y lo anterior, debe corroborarlo esta juzgadora de amparo. Por ende, de conformidad con el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, que dentro del término de tres días a partir de su legal notificación, remita las constancias, debidamente certificadas, que acrediten que el profesional que compareció a la citada audiencia dentro de la causa penal de origen, cuentan con las credenciales atinentes para ejercer como licenciado en Derecho. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de tres de los actuales se dio vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad; por lo que resulta evidente, que aún no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlos. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos versátiles digitales compulsados en formato DVD (por sus siglas en ingles), remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Asimismo, del contenido de las constancias que remitió el juez de control responsable, se advierte que conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le surge el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal 1755/2013, del índice del referido Juez responsable, por lo que, con copia de la demanda del presente asunto, se faculta al actuario adscrito a este juzgado para que lo emplace en términos de ley. Tiene aplicación la jurisprudencia XXVII.3o. J/29 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, visible en el Libro 23, página 3407, Octubre de 2015, Tomo IV, Materia Común, número de registro digital 2010107, cuyo rubro y texto indican: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO- AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DE CORRER TRASLADO CON COPIA DE LA DEMANDA AL AGENTE QUE INTERVINO EN LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. El artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, implícitamente desconocía la calidad de tercero perjudicado al Ministerio Público que hubiera intervenido en el procedimiento penal del que se derivó el acto reclamado, pues sólo reconocía este carácter al ofendido o al beneficiario de la reparación del daño. En cambio, la función del representante social se limitaba a formular alegatos una vez que fuera notificado de la presentación de la demanda, de acuerdo con los artículos 155, párrafo cuarto y 180 del citado ordenamiento abrogado. Por su parte, el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, reconoce expresamente el carácter de tercero interesado al mencionado órgano acusador, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable, con lo que le confiere todos los derechos procesales inherentes a la calidad de parte, como promover incidentes, interponer recursos e intervenir en los que inicien los demás justiciables; ofrecer, rendir y objetar pruebas; solicitar la suspensión y el diferimiento de audiencias; recusar juzgadores; plantear incompetencias, causas de improcedencia y argumentos de constitucionalidad; y, en general, realizar cualquier acto necesario para la defensa del interés que representa. Así, actualmente no basta que se informe al referido fiscal sobre la existencia del amparo para el único efecto de que formule alegatos, sino que resulta indispensable emplazarlo como tercero interesado, mediante la entrega de una copia de la demanda, en términos de los artículos 115 y 116 de la ley de la materia en vigor. Este requisito constituye una formalidad fundamental del procedimiento, pues garantiza que el tercero conozca completa y oportunamente los antecedentes y argumentos aducidos por el quejoso, cuente con los elementos necesarios para ejercer sus derechos procesales y pueda esgrimir una defensa adecuada. En consecuencia, la omisión de correr traslado con copia de la demanda al Ministerio Público que intervino en la causa penal de origen, al constituir una violación a las leyes del procedimiento, amerita que el órgano revisor ordene reponerlo conforme al artículo 93, fracción IV, del citado ordenamiento vigente, siempre que esta irregularidad trascienda o pueda trascender al resultado del fallo." Además, en términos del citado numeral 5, fracción III, pero en su inciso c), de la ley de la materia, le surge el referido carácter de tercero interesado a la moral denominada **********, S.A. de C.V.; por tanto, con copia de la demanda del presente asunto, se faculta al actuario adscrito a este juzgado para que se constituya en el domicilio ubicado en calle ********** en esta ciudad, y emplace a la citada moral, por conducto de por conducto de su representante **********, en términos de ley. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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