Vianey Velasquez Cruz y Otros.
Expediente 1802/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1802/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Vianey Velasquez Cruz y Otros.
- Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca
- Vianey Velasquez Cruz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Previo citatorio...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por VIANEY VELASQUEZ CRUZ, SOFÍA PÉREZ BAUTISTA, JUAN CARLOS VELASQUEZ CRUZ, CRISTIAN VELASQUEZ CRUZ, RIGOBERTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, DORAIDA VICENTE GÓMEZ, ADILENE ARAGÓN RAMÍREZ, SAULO GALIZ MARTÍNEZ Y JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, contra actos del Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca y otras autoridades; con registro de este Juzgado 1802/2016; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno. Ahora bien, la demanda de garantías debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama del Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca y otras autoridades, la integración del expediente de investigación número DGAI/EI/177/2015, seguido en su contra como policías estatales, y como consecuencia el inicio del procedimiento administrativo bajo el número de expediente SSP/CEDP/CRD/E.D/157/2016. Ahora bien, el artículo 1º de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dicen: "ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111 segundo párrafo e inciso C de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. La presente Ley no será aplicable a las materias de carácter electoral, de justicia agraria y laboral, resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos, con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; ni por las dictadas por el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social. NI (SIC) con los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos ni por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal". "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)". De ahí, que el citado acto controvertido, es susceptible de ser impugnado ante los Juzgados de Primera Instancia en Materia Contenciosa Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el procedimiento previsto por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, ordenamiento, este último, que en términos de su numeral 185 no requiere mayores requisitos que la Ley de Amparo exige para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Luego, la parte quejosa debió agotar en contra del acto que impugna en esta instancia constitucional el procedimiento administrativo ante los citados órganos jurisdiccionales, dado que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, regula la tramitación del citado procedimiento. Sin que sea óbice que la parte agraviada aduzca entre las violaciones reclamadas vicios de fundamentación y motivación, lo que implica considera vulneradas las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; no por ello puede considerarse se esté en presencia de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues de estimar procedente el juicio de amparo por el simple hecho de hacer referencia a violaciones de preceptos constitucionales, sin que el afectado cumpla la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el criterio de los quejosos para optar, entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis sostenida por el entonces único Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, DEBEN AGOTARSE LOS, PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS AUN Y CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES A PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. Aun y cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado, lo cierto es que, substancialmente se impugnan violaciones a las leyes ordinarias e indirectamente los de la garantía de legalidad que contemplan los preceptos supraindicados, esto es, al lado de las violaciones directas a la Constitución, se alegan violaciones al procedimiento seguido por la responsable para imponer multas, por no cumplir con los requisitos de seguridad e higiene, así como no instalar comisión mixta de capacitación en la empresa y pretende también que no le sea aplicable la Ley Federal del Trabajo, sino "un reglamento de aplicación federal", por tratarse de una empresa minera; de lo anterior, es claro que contrario a lo alegado, sí estaba obligado el hoy recurrente a intentar, previo al juicio de garantías el recurso que establece el artículo 23 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; en consecuencia, no hay razón para pretender, que por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones de garantías de legalidad por estimar que se vulneran preceptos de leyes secundarias violación a la garantía de audiencia, no debe agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes; lo contrario, esto es, de estimar procedente el juicio de amparo por el simple hecho de hacer referencia a violaciones de preceptos constitucionales, sin que el afectado cumpla la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el criterio del quejoso para optar, entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. En ese contexto, al no agotar la parte quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo, el medio ordinario de defensa previsto por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, por virtud del cual pudo haberse modificado, revocado o nulificado los actos reclamados, se actualiza en la especie la citada causal, que impone desechar de plano la demanda de garantías, atento a lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y únicamente autorizadas para tal fin a las personas que se indican, sin gozar de las amplias facultades que otorga el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten ante este órgano jurisdiccional estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y, advirtiéndose que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesado, en notificación por lista de veinte de agosto y diligencia de veintiocho de octubre de dos mil quince, sin que hayan dado cumplimiento a lo solicitado; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que fueron conminados en dichas diligencias, por lo que se ordena realizarle las subsecuentes notificaciones mediante lista de acuerdos, aún las de carácter personal. En atención a lo anterior y vista la razón asentada por el Actuario Judicial de este Juzgado de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, se ordena al mismo, realice la notificación de la sentencia de quince de noviembre del presente año, a las citadas partes, en los términos indicados en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE.
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