Vianey Cruz Cordero y Otros.
Expediente 765/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Vianey Cruz Cordero y Otros.
- Vianey Cruz Cordero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Auto causa estado. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción IV, (Juicios de amparo indirecto en los que se deseche, declaren improcedente, o declaren sin materia o infundado): a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE). Téngase a la Secretaria, haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos de *************************, así como los ocursos de ************************* y *************************, mediante los cuales, la primera manifiesta su imposibilidad para acreditar la representación legal de los restantes promoventes y solicita se les dé intervención en el juicio en su carácter de terceros interesados, en cuanto a los dos restantes manifiestan que se apersonan al juicio con el carácter de terceros interesados. Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad la petición de los promoventes, toda vez que la demanda no fue admitida, ya que en proveído de treinta de agosto del año en curso, se desechó por notoriamente improcedente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa Vianey Cruz Cordero, a fin de que diera cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de cuatro de agosto del año en curso, para que acreditara la representación de Alejandro Lázaro Cruz García y Maribel Cordero López, sin que haya dado cumplimiento; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y se procede a proveer sobre la demanda únicamente por su propio derecho. Análisis y desechamiento de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto del escrito de demanda, se debe considerar lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura de los artículos antes citados, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo en su integridad, y si encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tiene la facultad para desecharla. Ello, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto cuyo análisis es preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda de amparo. Para esto, el concepto "manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS", en el siguiente sentido, por lo que hace a manifiesto lo define como: el que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo constitucional; y por lo que hace a indudable, el que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. Primeramente debe señalarse que la parte quejosa señaló como antecedentes en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, los siguientes: 1.- En veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la quejosa Vianey Cruz Cordero, y otros, presentaron escrito de denuncia de la sucesión intestamentaria a bienes del extinto Eder Cruz Cordero, la que fue radicada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, con el número del expediente 98/2022, del índice del Juzgado Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca. 2.- En tres de septiembre de dos mil veintiuno (sic), se desahogó la información testimonial en el citado expediente. 3.- Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a Sandra Cecilia Cruz Ignacio, apersonándose a la sucesión intestamentaria a bienes del extinto Eder Cruz Cordero, señalándose fecha y hora para el desahogo de la información testimonial. 4.- Mediante escrito de ocho de diciembre de dos mil veintidós, la quejosa Vianey Cruz Cordero, interpuso recurso de revocación en contra del séptimo párrafo de la parte relativa del acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, recurso que fue admitió el doce de enero de dos mil veintitrés. 5.- En treinta de junio de dos mil veintitrés, se dictó resolución en el recurso de revocación, el cual se declaró improcedente. Dicha determinación constituye el acto reclamado por la quejosa. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo, una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que informa: constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: De la lectura del capítulo de acto reclamado así como de los antecedentes de este, quien esto provee determina que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Numeral que debe ser interpretado, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan [.]" De los normativos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo, por lo que al interpretar en sentido contrario el artículo 107 de la carta magna se tiene que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos que los actos que se pretendan reclamar no sean de imposible reparación. Asimismo, la Ley de Amparo precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, ese tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. En ese contexto, el acto materia de la litis no causa una afectación a la esfera jurídica de la disidente que la legitime para ejercer la acción constitucional, en virtud que en el caso a estudio lo que se pretende reclamar es la determinación de treinta de junio de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del séptimo párrafo de la parte relativa del acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el que el Juez Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en el expediente número 98/2022 de su índice, tuvo a Sandra Cecilia Cruz Ignacio, apersonándose a la sucesión intestamentaria a bienes del extinto Eder Cruz Cordero, señalándose fecha y hora para el desahogo de la información testimonial. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que el acto materia de reclamo en la presente instancia constitucional, el cual ha quedado precisado con antelación, no es de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados; lo anterior es así, pues el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales. De lo anterior, se concluye que la determinación reclamada es un derecho esencialmente procesal. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia antes precisadas, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que han quedado establecida. Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Se cita en apoyo, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta y anexo -consistente en la copia simple del auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictado por la autoridad responsable en el que se le reconoce el carácter de representante común-, signado por Vianey Cruz Cordero, quien además se ostenta como representante común de Alejandro Lázaro Cruz García y Maribel Cordero López; atento a su contenido no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada en auto de cuatro de agosto del año en curso. Al respecto, debe decirse que en el citado proveído de cuatro de agosto pasado, se le requirió a la promovente, para que, dentro del plazo de cinco días contados a partir de su legal notificación, acreditara la representación de Alejandro Lázaro Cruz García y Maribel Cordero López, toda vez que no exhibió documento alguno que lo acreditara. Ahora, es oportuno destacar que la figura jurídica de la representación común -que es la calidad con la que pretende comparecer en nombre de Alejandro Lázaro Cruz García y Maribel Cordero López- está prevista en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca en el artículos 51 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, y conforme a su sentido literal, existe una distinción entre el procurador judicial y el representante común; el primero tendrá las facultades que en su poder le hayan concedido, lo que implica que en ejercicio de la autonomía de voluntad, las personas que conforman un bloque procesal otorgan facultades a una persona para que actúe en el juicio en su representación. Por su parte, el representante común es designado por las personas que forman el litisconsorcio y a falta de designación voluntaria o previo requerimiento, lo hará el Juez, esa representación común se constriñe al ejercicio de todos los derechos de índole procesal en ese juicio y no sustantiva para desistirse, transigir y comprometer en árbitros; salvo que los interesados expresamente le concedan esas facultades. De ahí que la designación de un representante común, no otorga facultades para promover el juicio de amparo que es de naturaleza constitucional, independiente de los derechos procesales y cuestiones sustantivas del juicio en que se hizo la designación. En ese sentido, para estar en condiciones de emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, dígase a la promovente que le subsiste el requerimiento y apercibimiento decretados en auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, esto es, acredite con documento idóneo de fecha igual o anterior a la presentación de la demanda, la representación legal de Alejandro Lázaro Cruz García y Maribel Cordero López, para tenerla por promoviendo el juicio de amparo a favor de los dos últimos mencionados, toda vez que el exhibido con la promoción de cuenta no es apto para tal efecto. Lo que deberá cumplir dentro del plazo de tres días, en términos de la certificación de cuenta, toda vez que al momento de presentar el escrito que ahora se atiende, el plazo otorgado con anterioridad queda suspendido hasta que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, con número de registro 182896, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda" NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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