Verónica Solano Bautista

Expediente 519/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
519/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2017

Partes del expediente

  • Verónica Solano Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese el sobre postal que contiene el oficio 27143, dirigido al Centro de Salud de San Felipe Tejalapam, Etla, Oaxaca, que devuelve el administrador de Correos, en el mismo lugar; sin que haya lugar a dictar providencia alguna, toda vez que por auto de veinticinco de julio del año en curso, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en vigor en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de treinta de junio de dos mil diecisiete por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción ,en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en este expediente no obran documentos que revistan el carácter de originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo, atento a su contenido, téngase a la presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, enviando las copias certificadas que refiere, mismas que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales, y desahogadas en este acto, en razón de su propia naturaleza. Ahora bien, en el caso, este resolutor estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." En efecto, en la demanda de amparo la quejosa reclama la omisión de dictar el proyecto de resolución en forma de laudo, así como el laudo en el juicio laboral 1011/2013(2). Ahora bien, de la copia certificada que remitió la responsable, que tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°; se desprende que el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, los integrantes de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dictaron el laudo en el juicio laboral 1011/2013 (2). De ahí que, al haberse dictado el laudo en el juicio laboral 1011/2013 (2), el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, lo que aconteció con posterioridad a la presentación a la demanda de amparo (veinticinco de mayo de dos mil diecisiete); es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. En ese sentido, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas en auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Verónica Solano Bautista, contra actos de los miembros de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la Ciudad de Oaxaca; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. En consecuencia, fórmese expediente con el número 519/2017, anótese su ingreso en el libro de gobierno, sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado, pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de garantías; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa al dictar sentencia en este juicio de amparo por cantidades comprendidas en su orden, entre cien a mil unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO PRÓXIMO, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento legal. Ahora bien, se tienen por anunciadas las pruebas documentales públicas y privadas, así como la de informes menciona en su escrito de cuenta, las que se acordarán una vez que las exhiba conforme a derecho. Por otra parte, en relación a las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, este resolutor tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Apoya la consideración anterior, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, que dice: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Resérvese acordar lo relativo al emplazamiento de los terceros interesados en el presente asunto, hasta en tanto obre en autos el informe de la autoridad responsable. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Dése a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.

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