Verónica Trinidad García

Expediente 1411/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1411/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. Matamoros, Tamaulipas.
  • Verónica Trinidad García

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de este expediente y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio promovido por Verónica Trinidad García; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a las autoridades responsables, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo en vigor, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido del fallo afectara el acto que les fue reclamado, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 1411/2021-II, promovido por Verónica Trinidad García, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Matamoros, Tamaulipas, y turnado el veintiocho siguiente a este Tribunal Federal, Verónica Trinidad García, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y la Actuaria de su adscripción, por el siguiente acto reclamado: "4.1.- De la autoridad responsable señalada en el numeral 3 se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículo 873 a 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2.- De la autoridad señalada en el numeral 3.1 se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada COMPONENTES UNIVERSALES DE MATAMOROS, S.A. DE C.V., y las notificaciones personales que deba realizará durante todo el procedimiento." (sic) La solicitante del amparo señaló como prerrogativas fundamentales violadas las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno se registró la demanda en el libro de gobierno con el número 1411/2021-II que le correspondió, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al Fiscal Federal de la adscripción y se señaló fecha para llevar al cabo la audiencia constitucional, misma que una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; ello en razón de que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de la responsable en señalar fecha para el desahogo de una audiencia en un procedimiento laboral, siendo este órgano de control constitucional el que previno en el conocimiento del asunto. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que Verónica Trinidad García, se duele de lo siguiente: a) De la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la omisión en señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 1103/E06/2019 de su índice. b) De la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la omisión en realizar el emplazamiento a la parte demandada en el citado expediente laboral. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, al rendir su informe con justificación negó el acto que le fue reprochado en esta contienda. Sin embargo, de las constancias que allegó con su informe, se desprende la existencia del acto reclamado en esta vía, al día de la presentación de la demanda de amparo, pues fue hasta el dos de diciembre del año en curso, en que señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y también ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el expediente administrativo laboral 1103/E06/2019 de su índice; situación que por ahora es suficiente para evidenciar la existencia del acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al ser una cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, misma que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Para una mejor comprensión del significado de la causal de improcedencia anteriormente transcrita, es necesario observar lo que señala la tesis aislada P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, visible en la página 71, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." El criterio anterior establece que para que concurra la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto reclamado por la parte quejosa quede insubsistente y que las cosas vuelvan al estado actual que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de tal manera, que ese acto ya no le perjudique al agraviado y pueda disfrutar del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para el caso sujeto a estudio, debe resaltarse que la agraviada reclama de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el procedimiento laboral 1103/E06/2019 de su índice. Pero, de las constancias que obran en el presente expediente y que fueron remitidas por la Presidente por ministerio de ley de dicho órgano colegiado, con su informe justificado, se aprecia que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del expediente de origen, señaló fecha para el verificativo de la audiencia inicial en aquel asunto y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, causa de pedir en el escrito de mérito. Es decir, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el procedimiento de origen. Al medio de convicción relacionado, se le otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo; siendo suficiente para acreditar sin lugar a dudas la circunstancia que en él se contiene. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Atento a lo anterior, si originalmente la causa de pedir de la agraviada, lo fue la omisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, en señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 1103/E06/2019 de su índice, y dicha responsable en proveído de dos de diciembre del año en curso, fijó data para el desahogo de la misma y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, resulta por demás obvio que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado y, como consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo procedente sobreseer esta contienda constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la apuntada legislación. Por las consideraciones que la conforman, aplicables al caso concreto, se cita el contenido de la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 193758, visible en la página 38, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Materia Común, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, no pasa por desapercibido que la autoridad que la parte quejosa denominó como Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificada para ello desde el tres de noviembre de dos mil veintiuno, según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 8). Sin embargo, cabe precisar que de las constancias de autos se desprende que al momento en que se presentó la demanda de amparo, que lo fue el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la Junta a la que se encuentra adscrita la Actuaria responsable, aún no ordenaba el emplazamiento de la parte demandada; por tanto, a la fecha en que se presentó el escrito que dio origen a este asunto no existía emplazamiento que realizar por parte de la Actuaria señalada como responsable, por lo que también debe decretarse el sobreseimiento en este asunto, respecto a ella. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Verónica Trinidad García, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por rendido el informe justificado suscrito por la Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en tal razón, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo en la audiencia constitucional respectiva. En relación a las constancias que se adjuntaron al informe de cuenta, téngase a la autoridad de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 621/2021-IV, promovido por Ernesto Ramírez Pérez apoderado de Moisés Reyes Escudero, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, Ernesto Ramírez Pérez apoderado de Moisés Reyes Escudero, promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "La paralización total del procedimiento dentro del sumario laboral 57/E06/2019, derivada de la conducta omisiva dispensada por Junta responsable en dictar acuerdo relativo a la admisión y desahogo de pruebas ofrecidas por las partes." Asimismo, narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 123 constitucional y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. El siete de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el número 621/2021-IV que le correspondió, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, toda vez que el acto reclamado consiste en una omisión que se verifica dentro del proceso administrativo laboral de origen, a su vez tramitado por la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, además, este órgano de control constitucional fue el que previno en el conocimiento del asunto. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de destacarse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión de emitir el auto que califique las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 57/E06/2019. Luego, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente notificada para ello desde el siete de septiembre de dos mil veintiuno, según se acredita con la constancia de acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 21); por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto que el quejoso le reclama. Tiene aplicación al respecto la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 1011, del Semanario Judicial de la Federación, III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, Octava Época, materia común, que en su rubro y texto dice: "INFORME JUSTIFICADO. OMISIÓN DE RENDIRLO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA. PRESUNCIÓN LEGAL QUE SE ACTUALIZA. Cuando una autoridad responsable es señalada como ordenadora y omite rendir su informe justificado se actualiza la presunción contemplada por el artículo 149 de la Ley de Amparo aun cuando la ejecutora niegue los actos reclamados." CUARTO. Improcedencia Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, se estima que se actualiza el supuesto de la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [.]" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, de la lectura de la demanda de derechos fundamentales puede obtenerse que el quejoso señala como acto principal la omisión de la responsable de dictar el acuerdo relativo a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente administrativo laboral 57/E06/2019. Ahora, de las copias certificadas remitidas por la responsable, mediante oficio 1945/2021 de veinticuatro de septiembre se desprende lo siguiente: I. El catorce de julio de dos mil veintiuno, la responsable proveyó respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en los siguientes términos: De la parte actora: Se aceptan las pruebas ofrecidas de actuaciones y presunciones legales y humanas, confesional expresa y espontánea. Se señalan fechas y horas de las pruebas confesionales a cargo de la demandada. Se desecha la prueba de inspección ocular y compulsa. De la parte demandada: Se aceptan las pruebas ofrecidas de actuaciones y presunciones legales y humanas, documentales privadas. Se señalan fechas y horas para la confesional y testimoniales y ratificación. II. El veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se llevaron al cabo el desahogo de las pruebas confesionales a cargo de la demandada. III. El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se llevó al cabo el desahogo de la pruebas confesionales a cargo de Moisés Reyes Escudero, Olga Catalina Martínez Muñiz y Catalina Bernal Orozco. III. El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno se llevó al cabo el desahogo de la prueba testimonial de María Guadalupe Salinas Martínez, José de Jesús García García y Asceneth Pérez Sánchez. De lo narrado, se desprende que a Moisés Reyes Escudero se le restituyó en el goce de los derechos que dijo le fueron transgredidos; esto es, cambió la situación de incertidumbre en que se encontraba, pues la autoridad proveyó respecto la admisión y desahogo de pruebas, además, realizó las gestiones correspondientes para que estas se llevaran al cabo en las fechas y horas señaladas. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que no solo se revocó el acto reclamado, sino que también se destruyeron todos sus efectos de forma total, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de ahí que deviene improcedente analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser reparada al través de este juicio. Ante la actualización de la causa de improcedencia antes invocada, se sobresee en el presente juicio constitucional respecto al acto reclamado; lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 621/2021-IV promovido por Ernesto Ramírez Pérez en su calidad de apoderado de Moisés Reyes Escudero, respecto de los actos que reclamó de la autoridad responsable precisada en el resultando primero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

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