Verónica Reyes Palacios
Expediente 859/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/10/2023
Partes del expediente
- Verónica Reyes Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el oficio 5598/2023, remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, relativo al juicio de amparo 859/2023-VIII. Conste. La secretaria. Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y glósese a expediente el oficio 5598/2023, remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas; de su contenido se advierte que comunica el proveído de seis de octubre del presente año, por el que hace saber que se admitió a trámite el amparo en revisión promovido por la licenciada Norma Nelly Aguilar Hernández, autorizada legal de la tercero interesada moral fuente de trabajo "Colegio Villa Freinet", en contra de la sentencia concesoria emitida dentro de este asunto el doce de septiembre del año que transcurre; mismo que quedó registrado con el número de amparo en revisión 363/2023. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y glósese al expediente el escrito con anexo, signado por la licenciada Norma Nelly Aguilar Hernández, autorizada legal de la tercero interesada moral fuente de trabajo "Colegio Villa Freinet"; de su contenido se advierte que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia concesoria emitida dentro de este asunto el doce de septiembre del año que transcurre (fojas 48 a 52). En tal razón, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, una vez que las partes queden debidamente notificadas del presente auto, remítase de inmediato el presente expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, así como el original del ocurso con el que se expresan agravios, de igual forma, la copia correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la superioridad. Finalmente, con motivo de lo que antecede, fórmese el cuaderno de antecedentes, al que deberá anexarse copias de las constancias conducentes del juicio en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
VIII... De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa y a la tercera interesada fuente de trabajo "Colegio Villa Freinet", por conducto de su representante legal, el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal...
- Principal
S E N T E N C I A Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 859/2023-VIII, promovido por Verónica Reyes Palacios, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Con el escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, ante este órgano jurisdiccional, la agraviada de mérito promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indican: Autoridad responsable: Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En esta ciudad. Acto reclamado: "La omisión de las citadas Responsables al dar trámite y dictar acuerdo y/o resolución conducente y oportunamente a los citados escritos, mediante los cuales he solicitado resolviera sobre los oficios y el requerimiento de pago y embargo." Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante auto emitido el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se ordenó formar expediente; se admitió a trámite (fojas 30 y 31); se requirió a las autoridades responsables sus informes con justificación (foja 32); se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete (foja 33); se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede (foja 38); y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, y es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de destacarse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión por parte del Presidente, por si y en representación de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como al Secretario de Acuerdos adscrito a la misma, con sede en esta ciudad, respecto de darle trámite a los escritos de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, catorce de junio de dos mil veintidós y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, presentados ante esa dependencia por la parte quejosa, dentro del expediente administrativo laboral 442/E06/2008. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta, por sí y en representación de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como por la Secretaria de Acuerdos adscrita a la misma, con sede en esta ciudad, al momento de emitir sus informes justificados, hicieron saber que si es cierto el acto reclamado (fojas 41 a 46). CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Se procede al estudio del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa (foja 4), el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, al no ser necesaria su transcripción. Así las cosas, se advierte fundado el concepto de violación formulado por la agraviada y suficiente para conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada. Con motivo de lo anterior, conviene precisar que la omisión que constituye la causa de pedir, viola el derecho de petición contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la interpretación del anterior precepto, se tiene que el denominado 'derecho de petición', es la garantía individual en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los siguientes elementos: a) La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que la peticionaria ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. b) La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a tal petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Es importante señalar que, conforme a los diversos criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, para considerar respetada dicha garantía, no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por la promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8° Constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo. Ahora bien, como se anticipó, la peticionaria reclama a través de este medio de control constitucional la omisión por parte del Presidente, por si y en representación de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como al Secretario de Acuerdos adscrito a la misma, con sede en esta ciudad, respecto de darle trámite a los escritos de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, catorce de junio de dos mil veintidós y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, presentados ante esa dependencia por la parte quejosa, dentro del expediente administrativo laboral 442/E06/2008. De lo cual, las ates nombradas al momento de emitir sus respectivos informes, expusieron que si es cierto el acto reprochado por la quejosa. Por lo que, lo antes expuesto denota una flagrante violación al derecho de petición previsto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, se deja establecido que se está ante la presencia de un acto de carácter positivo, ante el cual la autoridad responsable deberá restituir a la agraviada en el pleno goce de su derecho fundamental, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En esas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Verónica Reyes Palacios, para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del expediente administrativo laboral 442/E06/2008 de su índice, de inmediato emita el acuerdo que corresponda en relación con los escritos de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, catorce de junio de dos mil veintidós y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, presentados ante esa dependencia por la parte quejosa, dentro del expediente administrativo laboral 442/E06/2008en cuestión, debiendo quedar enteradas de lo mismo. No pasa desapercibido el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que dado el retardo injustificado en la tramitación del juicio de origen, debía ordenarse a la responsable continuara con el juicio laboral dentro de los términos y plazos de la Ley Federal del Trabajo hasta su total conclusión; es decir, hasta la emisión del laudo, según lo establece la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 45/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Empero, se invoca como hecho notorio que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la citada jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa el mismo dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Verónica Reyes Palacios, conforme a los lineamientos expuestos en el último de los considerandos de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe.
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