Verónica Silva Ipiña
Expediente 709/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/07/2023
Partes del expediente
- Verónica Silva Ipiña
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintidós de junio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Verónica Silva Ipiña y Rigoberto Salas Padilla; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Cabe precisar que el citado Acuerdo General establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Recepción de expediente. Téngase por recibido el oficio número 13070/2023, suscrito electrónicamente por el Juez Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, con la evidencia criptográfica respectiva, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo 642/2023 de su índice, promovido por ********************, contra actos del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, y de otras autoridades, en virtud de declararse legalmente incompetente únicamente por lo que hace a los dos primeros de los nombrados. Expediente y registro. Fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este juzgado, con el número 709/2023-II. Competencia. En virtud de que por resolución de catorce de junio del año en curso, el Juez Primer de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, y vistas las consideraciones en que se funda el homólogo federal, las cuales este comparte el suscrito juzgador, comuníquese, vía interconexión, al declinante que este órgano de control constitucional acepta la competencia planteada. Autoridades señaladas como responsables. 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 5. Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 6. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral. 7. Director de personal del Instituto Nacional Electoral. 8. Director de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral. 9. Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, creado por el Consejo General de Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG135/2023, por el que se da inicio formal a la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto y se crea el Comité Técnico para la implementación de la reforma Electoral 2023. Actos reclamados. A. Del Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras de Diputados y Senadores, se reclama el proceso legislativo en forma destacada, llevado a cabo para la discusión, aprobación, expedición y orden de publicación, así como el acto legislativo mismo consistente en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023, específicamente por lo que hace a los artículos 30 numerales 2 y 4 por derogación; 31 numerales 3 y 5; 32 numeral 1 inciso c); 33 numeral 1 incisos a) y b) por derogación; 38 numeral 3; 44 numeral 1 incisos a), d), gg) y mm); 48 incisos o), p), q); 52 numerales 1 a 4; 57 numeral 1 inciso c), f) por derogación y numeral 2; 61 numeral 1 incisos a) y b), numeral 2 incisos a) y b), numerales 3, 4 incisos a), b), c) y d), y numerales 5 al 10; 62 numerales 1,3,4,5 y 6; 64 numeral 1 incisos a), e) y f) y numeral 2; 71 numeral 1 incisos a) y b), así como numeral 2; 72, numerales 1 al 5:74, numerales 1 al 4; 76, numerales 1 al 4; 80, 80 Bis a 80 Quinquies; 98, numerales 3 y 4; 99 numerales 3 y 5, 116, numeral 1; 125, numerales 1 y 4; 125 bis al 125 Septies; 201 al 206 por derogación; Transitorios Tercero, Séptimo, Décimo Primero, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto. B. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la participación en el proceso legislativo mediante la aprobación, promulgación y orden de publicación que derivaron en el Decreto a que se refiere el inciso A., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023 y en vigor a partir del 3 de marzo de 2023, específicamente por lo que respecta a los artículos 30 numerales 2 y 4 por derogación; 31 numerales 3 y 5; 32 numeral 1 inciso c); 33 numeral 1 incisos a) y b) por derogación; 38 numeral 3; 44 numeral 1 incisos a), d), gg) y mm); 48 incisos o), p), q); 52 numerales 1 a 4; 57 numeral 1 incisos c), f) por derogación y numeral 2; 61 numeral 1 incisos a) y b), numeral 2 incisos a) y b), numerales 3, 4 incisos a), b), c) y d), y numerales 5 al 10; 62 numerales 1, 3, 4, 5 y 6; 64 numeral 1 incisos a), e) y f) y numeral 2; 71 numeral incisos a) y b), así como numeral 2; 72, numerales 1 al 5;74, numerales 1 al 4; 76, numerales 1 al 4: 80, 80 Bis a 80 Quinquies; 98, numerales 3 y: 99 numerales 3 y 5; 116, numeral 1; 125, numerales 1 y 4; 125 bis al 125 Septies; 201 al 206 por derogación; Transitorios Tercero, Séptimo, Décimo Primero, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto. C. Del Consejo General y la Junta General Ejecutiva, ambos del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del C. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral, el C. Director de personal del Instituto Nacional Electoral y el C. Director de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, se reclama la ejecución de las disposiciones normativas a que se refieren los incisos A. y B. anteriores, materializada mediante el Acuerdo INE/CG135/2023, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el 3 de marzo de 2023, por el que se da Inicio formal a la Organización y Aprobación de los Trabajos de Modificación de los Instrumentos Normativos y Administrativos del Instituto y se crea el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/149938, y que se adjunta a esta demanda. D. Del Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, creado por el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, se reclama la inminente ejecución del Acuerdo INE/CG135/2023 a que se refiere el inciso C. anterior, en los términos del Acuerdo SEGUNDO de aquel." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese sentido, el artículo 107 de la Constitución Federal establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de diversos actos, con excepción de aquellos que sean de materia electoral; el cual a la letra dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]" De la disposición constitucional transcrita se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra normas de contenido materialmente electoral. A su vez, el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; [.]" En relación con ese tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterios que permiten establecer cuándo un acto o norma general es de contenido puramente electoral por incidir sobre derechos político-electorales, de cuyo contenido se obtiene, entre otros, lo siguiente: a) La materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos); b) El Tribunal Electoral tiene a su cargo, además de su tradicional facultad para resolver las impugnaciones que se presentan en los procesos electorales federales, el análisis de la constitucionalidad de los actos y resoluciones en esa materia que enuncia el numeral 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conocer del juicio para la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos de votar y ser votado y asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país. Otorgándole además, la facultad de conocer de aquellos actos o resoluciones de autoridades electorales que vulneran la norma fundamental o derechos laborales entre el Instituto y su personal; c) De la interpretación sistemática de los numerales 41, 94, 99 y 105, fracción II, constitucionales, se advierte que el Órgano Reformador de la Constitución estableció -desde las reformas de 1994 y 1996- un sistema integral de justicia en materia electoral, a fin de que en el orden jurídico mexicano existieran los mecanismos para que las leyes y actos en esa materia estén sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, a través de los medios de control y los plazos que impugnación que expresamente estableció para ello; d) Asimismo, del análisis de los preceptos citados se desprende que la Carta Magna establece un sistema integral de defensa, que permite, por una parte, impugnar vía de acción de inconstitucionalidad de leyes electorales, en cuanto se refiere precisamente a lo que atañe exclusivamente a dicha materia; por otro, combatir los actos o resoluciones en materia electoral, entre ellos, los que vulneren el derecho político de los ciudadanos de votar y ser votado; y finalmente prevé en armonía con aquellos medios de control constitucional, el juicio de amparo, a fin de combatir cualquier ley que, aun cuando su denominación o contenido sea esencialmente de electoral, una de sus disposiciones pudiera vulnerar alguna garantía individual y, por ende, el objeto de examen sea sólo ese aspecto, esto es, el juicio de amparo se encuentra acotado, primordialmente, a que se indica en forma estricta sobre los derechos fundamentales de los individuos y, por consiguiente, no serán objeto de impugnación las disposiciones que atañen al ejercicio de derechos políticos; y, e) Concretamente, en relación con el sistema constitucional de justicia en materia electoral, se aprecia que el artículo 99 de la norma fundamental, establece la competencia otorgada al Tribunal Electoral para conocer de las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado. De lo anterior se sigue que el juicio de amparo previsto en el artículo 103 de la Norma Fundamental, no podrá hacerse valer en contra de actos o resoluciones de contenido materialmente electoral. La improcedencia del juicio de amparo no surgirá, entonces, por el sólo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, sino que es el contenido material del acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de amparo, esto es, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. Lo anterior se encuentra contenido en la tesis P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 168997, de rubro y texto: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Aunando a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 61/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 162431, de contenido siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. En el caso, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama: Del Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados y Senadores) y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, lo siguiente: I. La promulgación, discusión, aprobación, expedición y orden de publicación, del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Del Consejo General, Junta General Ejecutiva, Director Ejecutivo de Administración, Director de Personal, y Director de Recursos Financieros, todos del Instituto Nacional Electoral: II. La ejecución de las disposiciones normativas contenidas en el indicado decreto, materializada en el Acuerdo INE/CG135/2023, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General de dicho instituto, el tres de marzo de dos mil veintitrés, por el que se da inicio formal a la organización, y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos de esa institución y se crea el Comité Técnico para la implementación de la Reforma Electoral 2023. Del Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023: III. La ejecución del Acuerdo INE/CG135/2023, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General de dicho instituto, el tres de marzo de dos mil veintitrés, En este sentido, los artículos transitorios del decreto reclamado señalan lo siguiente: "[.] Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada el 22 de noviembre de 1996 en el Diario Oficial de la Federación. Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Nacional Electoral con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y el presente Decreto, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita aquéllas que deban sustituirlas. Cuarto. El presente Decreto no será aplicable en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023. Quinto. Los módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores con que cuente el Instituto Nacional Electoral seguirán operando de forma normal. No deberá alterarse su cantidad con motivo de la restructuración administrativa. Sexto. Los procedimientos, medios de impugnación y actos jurídicos en general que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de su inicio. Séptimo. Entre enero y abril de 2023, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificará la normativa que se deberá adecuar conforme al presente Decreto, para garantizar que, antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, haya emitido la necesaria para proveer el cumplimiento de lo dispuesto en las reformas contenidas. Octavo. Los acuerdos mediante los cuales el Instituto Nacional Electoral haya ejercido la facultad de atracción a la entrada en vigor del presente Decreto, conservarán su vigencia y objeto en sus términos y, en lo aplicable, se ejecutarán en la organización de los procesos electorales federal y locales de 2023-2024. Noveno. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Nacional Electoral, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos ni en los ejercicios fiscales subsecuentes. Décimo. A más tardar en abril de 2023, el Consejo General identificará las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, y planificará su ejecución para que, a más tardar el 1 de agosto de 2023, se haya concluido. Los remanentes presupuestales que se generen con motivo de la presente disposición, deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Décimo Primero. El Instituto garantizará que la reestructuración orgánica que derive del presente Decreto se realice con pleno respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidarán dichos fideicomisos; sus remanentes se entregarán a la Tesorería Federación. Décimo Segundo. Entre enero y mayo de 2023, el Consejo General tomará opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil y competencias idóneas de los vocales operativos, con el fin de que, a más tardar el 1o. de junio siguiente, se tenga concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las Juntas Distritales para determinar de entre ellos, quiénes ocuparán el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalarán con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto. El mismo mecanismo se seguirá respecto de las actuales Juntas Locales para diseñar el proceso de evaluación y determinar la integración de los órganos locales. A más tardar el 15 de agosto de 2023, deberán quedar instalados los órganos locales y las oficinas auxiliares de conformidad con el presente Decreto, para operar en los siguientes procesos electorales. Décimo Tercero. La Secretaría Ejecutiva revisará con las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto las estructuras orgánicas no incluidas en la reestructuración prevista en el presente Decreto, con el fin de compactarlas al mínimo indispensable para su operación. Décimo Cuarto. A más tardar el 1o. de mayo de 2023, el Consejo General emitirá los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto ordenada en el presente Decreto, así como de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Los lineamientos deberán establecer la metodología y políticas para cumplir tal fin, así como criterios técnicos para garantizar la debida alineación de las estructuras orgánicas y ocupacionales con las atribuciones conferidas en los ordenamientos jurídicos aplicables; evitar la duplicidad de funciones con otras unidades administrativas; establecer y justificar la descripción y perfiles de puestos; ejecutar una efectiva valuación de puestos; propiciar el equilibrio en los tramos de control, y evitar saltos jerárquicos en la línea de mando. Las propuestas que se realicen para cada una de las unidades administrativas serán validadas técnicamente por el Órgano Interno de Control. Décimo Quinto. La Dirección Ejecutiva de Administración auxiliará a la Comisión de Administración para definir y realizar, a más tardar el 1o. de agosto de 2023, los cambios en las asignaciones presupuestales, adscripción de personal, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y demás bienes utilizados por las unidades administrativas sujetas a la reestructuración señalada en el presente Decreto. Décimo Sexto. En la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, el Consejo General del Instituto emitirá los nombramientos de titulares de Direcciones Ejecutivas conforme a la reestructuración ordenada en el presente Decreto. Décimo Séptimo. Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente Decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación. De inmediato, el Consejo General nombrará de entre los directores ejecutivos, a un encargado de despacho. En la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023- 2029 que cumpla los requisitos correspondientes. Décimo Octavo. El Instituto expedirá un nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional a más tardar el 30 de julio de 2023, con el fin de unificar sus dos sistemas: del Instituto y de los organismos públicos locales. Décimo Noveno. Los Congresos de los Estados realizarán las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria conforme al presente Decreto antes de noventa días del inicio del proceso electoral de 2023-2024. Vigésimo. Los Organismos Públicos Locales realizarán las adecuaciones de sus estructuras orgánicas para establecer la estructura ocupacional mínima señalada en el artículo 99, párrafos 3 y 4 de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contenida en el presente Decreto, antes de noventa días del inicio del proceso electoral local de 2023-2024. Vigésimo Primero. Se ratifica a los actuales Consejeros Electorales del Consejo Generales y al titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral para seguir en funciones hasta en tanto concluyan su encargo para el periodo en que fueron designados por la Cámara de Diputados. Vigésimo Segundo. El Congreso de la Unión creará una comisión de estudio para la implementación del voto electrónico, con la participación del Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para diseñar de manera gradual, cierta, segura y austera, un sistema de votación que utilice las tecnologías de la información y telecomunicaciones para facilitar la emisión del voto, con certeza absoluta y seguridad comprobada, en resguardo del ejercicio del voto libre y secreto. En un lapso máximo de cinco años deberá presentar al Congreso sus resultados. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales se abstendrán de destinar recursos para el diseño e implementación de sistemas de votación que ajenos a los resultados de la Comisión señalada en el presente transitorio. Vigésimo Tercero. A más tardar en la sesión ordinaria de mayo de 2023, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá un reglamento único que regule el funcionamiento de su estructura orgánica, así como la organización y el funcionamiento de las comisiones del Consejo General y los órganos del Instituto. Vigésimo Cuarto. Los "libros de registro" a que se refieren la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos podrán convertirse en sistemas informáticos que permitan garantizar la generación de bases de datos oficiales sobre los asuntos mandatados por dichos ordenamientos. Vigésimo Quinto. El Instituto Nacional Electoral, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizará un nuevo cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales de su personal y de los organismos públicos locales, para ser aplicados dentro de los 180 días siguientes a la fecha referida, con el fin de adecuar las remuneraciones a los topes establecidos en el artículo 127 constitucional. En ningún caso, se considerará que el personal de Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales realizan un trabajo especializado o técnico calificado que justifique una excepción al límite establecido en la fracción II del párrafo segundo de la disposición constitucional señalada. Vigésimo Sexto. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración, deberá emitir lineamientos que regulen las funciones de su personal de la rama administrativa, conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto. Vigésimo Séptimo. La Comisión de Administración y el Pleno de la Sala Superior emitirán los acuerdos necesarios para garantizar que la entrada en vigor del presente Decreto se realice con pleno respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Vigésimo Octavo. Las normas establecidas en los artículos 11 bis, párrafo 1, de la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales y 44, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos serán vigentes, en tanto no se homogenicen las fechas de elección de las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas para garantizar que la elección paritaria de dichos ejecutivos en una sola circunscripción. Vigésimo Noveno. Se abrogan todos los acuerdos o resoluciones emitidos por la autoridad electoral que vulneren el derecho a la libertad de expresión o al libre ejercicio periodístico. Trigésimo. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 11 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se computará el inicio del ciclo de las postulaciones a las gubernaturas y jefatura de gobierno de las entidades federativas a partir de la elección de 2024. Ahora bien, los quejosos ********************, acuden a la instancia constitucional, como Vocal Secretaria y Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Distrital 04 Matamoros, Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral, respectivamente según se advierten de las constancias que acompañó a su demanda de amparo. De los preceptos mencionados se obtiene que la reforma electoral implica una modificación orgánica, estructural y de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral, siendo el Consejo General la institución encargada de su ejecución donde uno de los fines es el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Así, los peticionarios de amparo alega que se viola su derecho al trabajo, a la estabilidad en el ejercicio de la función pública, entre otros. Esto es, la reforma electoral establece que desaparecen las Juntas Distritales Ejecutivas, y una disminución del SPEN al eliminar diversas vocalías en las juntas locales y distritales y desaparición de la Rama Administrativa, tiene como consecuencia privar diversos derechos labores relacionados con la estabilidad en el empleo. Por lo que se concluye que la causa de pedir versa sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo de los peticionarios del amparo que serán ejecutadas por el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General. Es decir, las modificaciones a las condiciones de trabajo de los agraviados, tienen como finalidad modificar las remuneraciones y otras prestaciones al empleo o cargo que ostenta, diversas a las que ahora tienen. Modificaciones salariales y de funciones que constituyen conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y los promoventes del amparo. Por ello, tal diferencia laboral debe ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio respectivo que se rige por disposiciones en esa materia, pues tiene que ver con la aplicación del Decreto reformatorio de leyes electorales. Por contener un criterio orientador, se cita la tesis P. LXXX/2000 del Pleno del Máximo Tribunal Constitucional del país, con número de registro digital 191699, que refiere: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES QUE CONTENGAN NORMAS EN MATERIA DE TRABAJO O QUE SE REFIERAN A CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE DICHO ÓRGANO Y SUS SERVIDORES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99, fracciones III, VI y VIII, y párrafo quinto, de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros conflictos, las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal que, en lo general, violen normas constitucionales o legales, además de tener competencia no sólo para conocer de los conflictos o diferencias laborales que surjan entre dicho tribunal o el Instituto Federal Electoral y sus servidores, sino también sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de algún precepto constitucional. En estas condiciones, los actos de aplicación de leyes electorales que, como el artículo 169, inciso g), párrafo I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contengan normas en materia de trabajo o que se refieran a conflictos o diferencias laborales que se presenten entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, no pueden ser examinados dentro del juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues existe un régimen especial establecido para la resolución de tales cuestiones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral." En consecuencia, lo procedente es, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda que dio lugar a este expediente, pues de acuerdo a lo antes expuesto, existen motivos manifiestos e indudables de su improcedencia. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a los promoventes; lo que además tiene el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio el desechamiento de la demanda de amparo, y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el peticionario de amparo acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Acceso al expediente electrónico. Respecto a la solicitud de acceso al expediente electrónico del presente asunto por la parte quejosa; en términos del artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se autoriza a la persona que se encuentra registrada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario ********************, para que tenga acceso y pueda consultar el expediente electrónico, así como para recibir notificaciones que tengan el carácter de personal ordenadas en el juicio que nos ocupa. Acceso a la información. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.
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