Verónica Torres Rebollar
Expediente 1527/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1527/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Verónica Torres Rebollar
- Mario Ocampo Ocampo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente, hubiese recurrido el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la Ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesiscontemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presente debidamente identificada en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Verónica Torres Rebollar por sí y en su carácter de Sindico, Mario Ocampo Ocampo, por si y en su carácter de Presidente Municipal, Rubén Morales Ozaeta, por si y en su carácter de regidor de asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, Israel Alemán Cárdenas, por si y en su carácter de regidor de Educación, Cultura y Relaciones Públicas y Comunicación Social; igualdad y equidad de género, Gilberto Rojas Cárdenas, por si y en su carácter de regidor de Bienestar Social, asuntos Indígenas, Ciencia, Tecnología e innovación, colonias y poblados, Ramiro Macedo Domínguez, por si y en su carecer de regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo, protección del patrimonio, Cristóbal Acevedo Aguirre, por si y en su carácter de Asuntos Migratorios, Turismo, Derechos Humanos y Gobernación y Reglamentos todos del Ayuntamiento de Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otras. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".el ilegal acuerdo de 27 de octubre de 2021, emitido por el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en los autos del juicio TJA/3aS/296/2016 por medio del cual se impone una multa de 100 U.M.A. a todos los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla." Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que es del contenido siguiente: El referido artículo de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La disposición transcrita, establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, el amparo será improcedente o inoperante el concepto de violación. Este principio, aunque tiene varias excepciones, es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos, de modo que para acudir a él, es necesario promover en la vía ordinaria conducente, los recursos que procedan. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". De la simple lectura de la fracción transcrita, así como del criterio jurisprudencial citado, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia los siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto legal. De lo anterior se colige que, el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. El principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, por lo que los quejosos deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias para obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia. Luego, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que el inconforme, previo al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual éste pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el precitado artículo 61, fracción XVIII. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, está condicionado a que se agote, sin distinción alguna, el recurso o medio de defensa que la ley que rija el acto establezca en contra del acto de autoridad que se estime lesivo a las garantías individuales o derechos humanos del impetrante, consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. En efecto, los artículos 98, 104 y 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos indican: "Artículo 98. Se establecen los recursos de queja, reconsideración y excitativa". "Artículo 104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala". "Artículo 105. El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación impugnada, expresando los agravios que dicha actuación cause al recurrente". De los preceptos transcritos, se desprende que en contra de los acuerdos o providencias dictadas por las Salas, el interesado podrá interponer en su contra el recurso de reconsideración, el cual presentará por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en que se haya hecho la notificación de la actuación impugnada al recurrente para que exprese los agravios que estime pertinentes. En esas condiciones, en contra del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en los autos del juicio TJA/3aS/296/2016, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo, agotar el recurso de reconsideración que establece la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aplicable, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de biinstancial, en razón de que con la interposición del recurso previamente indicado, los quejosos tienen la oportunidad de modificar, revocar o nulificar el acto aquí reclamado. Sin que en el caso concreto se justifique alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en virtud de que la determinación reclamada deriva de un controvertido jurisdiccional de naturaleza administrativa, en el cual la inconforme no se ubica en alguna de las excepciones que se indican en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 986, publicada en la página seiscientos setenta y ocho, Tomo VI, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, relativo a los años mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento y/o auto de vinculación a proceso, pues como se ha visto, el acto de molestia, se refiere a la imposición de una multa en contra de la parte quejosa. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. DOMICILIO Se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio citado en su escrito inicial de demanda. Por autorizados para tales efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados que propone, siempre y cuando dichas personas se encuentran registradas sus cedulas en la base de datos de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, se tienen por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. NÚMEROS TELEFÓNICOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS: Se tienen únicamente por señalados los números telefónicos y correos electrónicos proporcionados, como auxiliares para mejor contacto con la parte quejosa, dada la pandemia que se vive en el país, sin que puedan llevarse a cabo notificaciones a través de los mismos, dado que no se encuentra autorizada dicha situación en la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Verónica Torres Rebollar por sí y en su carácter de Sindico, Mario Ocampo Ocampo, por si y en su carácter de Presidente Municipal, Rubén Morales Ozaeta, por si y en su carácter de regidor de asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, Israel Alemán Cárdenas, por si y en su carácter de regidor de Educación, Cultura y Relaciones Públicas y Comunicación Social; igualdad y equidad de género, Gilberto Rojas Cárdenas, por si y en su carácter de regidor de Bienestar Social, asuntos Indígenas, Ciencia, Tecnología e innovación, colonias y poblados, Ramiro Macedo Domínguez, por si y en su carecer de regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo, protección del patrimonio, Cristóbal Acevedo Aguirre, por si y en su carácter de Asuntos Migratorios, Turismo, Derechos Humanos y Gobernación y Reglamentos todos del Ayuntamiento de Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otras. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".el ilegal acuerdo de 27 de octubre de 2021, emitido por el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en los autos del juicio TJA/3aS/296/2016 por medio del cual se impone una multa de 100 U.M.A. a todos los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla." Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que es del contenido siguiente: El referido artículo de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La disposición transcrita, establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, el amparo será improcedente o inoperante el concepto de violación. Este principio, aunque tiene varias excepciones, es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos, de modo que para acudir a él, es necesario promover en la vía ordinaria conducente, los recursos que procedan. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". De la simple lectura de la fracción transcrita, así como del criterio jurisprudencial citado, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia los siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto legal. De lo anterior se colige que, el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. El principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, por lo que los quejosos deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias para obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia. Luego, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que el inconforme, previo al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual éste pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el precitado artículo 61, fracción XVIII. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, está condicionado a que se agote, sin distinción alguna, el recurso o medio de defensa que la ley que rija el acto establezca en contra del acto de autoridad que se estime lesivo a las garantías individuales o derechos humanos del impetrante, consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. En efecto, los artículos 98, 104 y 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos indican: "Artículo 98. Se establecen los recursos de queja, reconsideración y excitativa". "Artículo 104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala". "Artículo 105. El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación impugnada, expresando los agravios que dicha actuación cause al recurrente". De los preceptos transcritos, se desprende que en contra de los acuerdos o providencias dictadas por las Salas, el interesado podrá interponer en su contra el recurso de reconsideración, el cual presentará por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en que se haya hecho la notificación de la actuación impugnada al recurrente para que exprese los agravios que estime pertinentes. En esas condiciones, en contra del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en los autos del juicio TJA/3aS/296/2016, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo, agotar el recurso de reconsideración que establece la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aplicable, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de biinstancial, en razón de que con la interposición del recurso previamente indicado, los quejosos tienen la oportunidad de modificar, revocar o nulificar el acto aquí reclamado. Sin que en el caso concreto se justifique alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en virtud de que la determinación reclamada deriva de un controvertido jurisdiccional de naturaleza administrativa, en el cual la inconforme no se ubica en alguna de las excepciones que se indican en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 986, publicada en la página seiscientos setenta y ocho, Tomo VI, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, relativo a los años mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento y/o auto de vinculación a proceso, pues como se ha visto, el acto de molestia, se refiere a la imposición de una multa en contra de la parte quejosa. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. DOMICILIO Se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio citado en su escrito inicial de demanda. Por autorizados para tales efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados que propone, siempre y cuando dichas personas se encuentran registradas sus cedulas en la base de datos de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, se tienen por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. NÚMEROS TELEFÓNICOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS: Se tienen únicamente por señalados los números telefónicos y correos electrónicos proporcionados, como auxiliares para mejor contacto con la parte quejosa, dada la pandemia que se vive en el país, sin que puedan llevarse a cabo notificaciones a través de los mismos, dado que no se encuentra autorizada dicha situación en la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Verónica Torres Rebollar123/2021
- Verónica Torres Rebollar124/2021
- Veronica Torres Rebollar1041/2020
- Veronica Torres Rebollar1043/2020
- Verónica Torres Rebollar732/2019
- Veronica Torres Rebollar1135/2020
- Veronica Torres Rebollar1040/2020
- Veronica Torres Rebollar1042/2020
- Verónica Torres Rebollar177/2022
- Verónica Torres Rebollar1531/2021
- Veronica Valdez Pedroza356/2014
- Veronica Velazquez Arias1418/2014