Veronica Torres Rebollar

Expediente 1135/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1135/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
22/12/2021

Partes del expediente

  • Veronica Torres Rebollar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno fue remitido al día hábil siguiente, al Juzgado Octavo de distrito en el Estado de Morelos, Verónica Torres Rebollar, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable. Acto reclamado: ".De las autoridades ordenadoras juez Noveno Civil., Actuario., se reclama: 1.- Orden de intervención, congelamiento y sustracción de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO III 2020) 072540010990862328 (FONDO IV 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020,. 2.- Los oficios 809, 947, 948, 949, 950, 951, 952 dirigidos a BBVA Bancomer., Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Banco Nacional de México.; Banco Mercantil del Norte, .; Santander.;. De las ejecutoras. 1.- La ilegal intervención, congelamiento y sustracción de las cuentas bancarias. 2.- La expedición de los cheques de folios 0005187 y 0005186." SEGUNDO. Previo auto aclaratorio el treinta de octubre de dos mil veinte, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, desechó la demanda en cuanto al Secretario de Acuerdos del Juez responsable, admitió por las restantes responsables, radicó el asunto con el número de expediente 874/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El uno de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, declaró ser incompetente para seguir conociendo del asunto, y ordenó remitir el juicio de amparo 874/2020, a esta autoridad. CUARTO. El tres de diciembre de dos mil veinte, esta autoridad recibió el oficio 20122/2020, al que se anexó el juicio de amparo 874/2020, y por acuerdo de cuatro de diciembre siguiente, aceptó la competencia planteada, radicó el asunto con el número 1135/2020, sin necesidad de requerir los informes justificados al ya obran en autos, así como emplazar al tercero interesado, y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de intervención, congelamiento y sustracción de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO iii 2020) 072540010990862328 (FONDO iv 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020. Los oficios 809, 947, 948, 949, 950, 951, 952 dirigidos a BBVA Bancomer., Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Banco Nacional de México.; Banco Mercantil del Norte, .; Santander. La expedición de los cheques de folios 0005187 y 0005186. Cabe precisar que los actos reclamados derivan de los acuerdos de treinta de abril, su aclaración de veintitrés de mayo ambos de dos mil diecinueve y diligencia de embargo de catorce de junio de ese año. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridades responsables, Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, actuario de su adscripción (adhiere), pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la juez, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil 452/2006-1, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por su parte la responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores, negó el acto reclamado, sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez responsable se desprende que le girado el oficio 947 a fin de realizar la investigación y aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa, en ese tenor se le tiene por cierto el acto reclamado. Por su parte la responsable Banco Mercantil del Norte, al rendir el informe justificado hizo manifestaciones respecto al acto reclamado, y remitió constancias relativas al oficio 950, derivado del juicio ordinario civil 452/2006-1, que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por tanto, se le tiene por cierto el mismo. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional en cuanto al acto reclamado consistente en desahogar todas las pruebas admitidas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. El artículo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la interpretación armónica del artículo y fracciones transcritos con anterioridad, se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Tomo VI Página 107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer" En el caso, el juicio en que se actúa fue incoado por Verónica Torres Rebollar, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, contra actos del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, actuaria de su adscripción, con sede en Cuernavaca, a quien le atribuye la orden de intervención, congelamiento y sustracción de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO iii 2020) 072540010990862328 (FONDO iv 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020, que la parte quejosa no precisa el acuerdo de donde deriva la orden de intervención, congelamiento y sustracción, sin embargo, el juez responsable al rendir el informe justificado acepta que lo reclamado deriva de los acuerdos de treinta de abril y su aclaración de veintitrés de mayo ambos de dos mil diecinueve, así como de la diligencia de embargo llevada a cabo por el actuario del juez responsable el catorce de junio de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil 452/2006-1. A la par, del sistema de seguimiento de expedientes SISE, ante este Juzgado Federal, existe radicado el diverso juicio de amparo 918/2019, promovido Verónica Torres Rebollar, Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, contra actos del Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, con sede en Cuernavaca, a quien le reclamó -". Acuerdo de fecha 23 de mayo del año 2019 y 30 de abril de 2019,. .La diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha 14 de junio de 2019.". Con la puntualización, que mediante sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitida por esta autoridad, sobreseyó el juicio en razón a que, contra el acto reclamado procede un medio de impugnación, por lo que no agotó el principio de definitividad, y, por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria; este último dato, constituye un hecho notorio por estar publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia VI.1º.P.J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia II.T.20K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 226, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 189309, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De ese modo, es incuestionable que el acto reclamado que la parte quejosa refiere como orden de intervención, congelamiento y sustracción de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO iii 2020) 072540010990862328 (FONDO iv 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020, resulta impreciso, pues, el juez responsable refiere deriva de los acuerdos de treinta de abril y su aclaración de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, y diligencia de embargo realizada por el actuario de catorce de junio de ese año, acto reclamado en este controvertido fue materia del diverso juicio de amparo 918/2019, del índice de esta autoridad federal, que está totalmente concluido, pues por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno causó ejecutoria y se ordenó su archivo definitivo, promovido por la aquí quejosa Verónica Torres Rebollar, Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, contra las mismas autoridades Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, con sede en Cuernavaca, y, el propio acto reclamado. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI.2o. J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I.6o.T. J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Por tanto, respecto de dicho acto procede sobreseer en el presente juicio de amparo en este aspecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al aseguramiento de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO III 2020) 072540010990862328 (FONDO IV 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020, y expedición de los cheques 0005187 y 0005186, que reclama de las autoridades ejecutoras. Se actualiza una causa de improcedencia en los términos siguientes: El artículo 107, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." Del precepto constitucional transcrito, se desprende que, por regla general, las violaciones cometidas durante el procedimiento (violaciones procesales) que hayan afectado las defensas de la parte quejosa y trascendido al resultado del fallo, las partes que hayan figurado en la controversia de origen deberán hacerlas valer en el amparo directo o principal o adhesivo. Por excepción las partes que figuren en la controversia pueden combatir las violaciones procesales en el juicio, a través del amparo indirecto, cuando las mismas sean de ejecución irreparable (o de imposible reparación), una vez que se hayan agotado los recursos que, en su caso, procedan. En cuanto a la irreparabilidad del acto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señala que para efectos del amparo indirecto, son actos de imposible reparación cuando afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, contra dichos actos el quejoso que es parte en el juicio, debe agotar los recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, según se desprende del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución. Lo anterior, se corrobora con lo previsto en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." Ahora bien, y para un mejor conocimiento del asunto, se hace necesario señalar los antecedentes más relevantes que dieron origen al acto reclamado por los peticionarios de amparo, entre los que se destacan: El trece de febrero de dos mil dieciséis, Rersa Maquinaria y Construcciones Sociedad Anónima de Capital Variable, en la vía ordinaria civil demandó al Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos las prestaciones precisadas en su escrito de demanda, que fue registrado con el expediente 452/2006. Mediante sentencia definitiva de doce de diciembre de dos mil seis, se condenó por incumplimiento de contrato al Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, a pagar a la actora aquí tercero interesada las cantidades precisadas en los resolutivos, cuarto, quinto, sexto y séptimo. El veintiséis de abril de dos mil siete, en el toca civil 186/2007-8, los Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, confirmaron la sentencia definitiva de primer grado. En sesión de veintiuno de septiembre de dos mil siete, en el amparo directo 464/2007, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió no amparar al quejoso Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos. Por escrito de cinco de junio de dos mil ocho, el actor ahora tercero interesado solicitó en la vía de ejecución forzosa y en forma parcial la ejecución de la sentencia definitiva de doce de diciembre de dos mil seis, en sus resolutivos cuarto, quinto y sexto, el que se proveyó en la misma fecha. El veintitrés de enero de dos mil nueve, se resolvió el incidente de liquidación parcial de la sentencia definitiva, declarándolo procedente por la suma de $5,193,235.99 pesos. El treinta de abril de dos mil diecinueve, en ejecución de sentencia se ordenó llevar a cabo diligencia de embargo, contra el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, únicamente en cuanto a participaciones que correspondan al fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, podrán ser afectadas siempre y cuando cuenten con autorización de la legislatura local, para lo cual se giró el exhorto respectivo al Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos. El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la responsable recibió el exhorto s/n/2019, sin diligenciar, en atención a ello, ordenó nuevamente girar comunicación oficial a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve, aclarando que la cantidad adeudada a la demanda es de $24,535,110.3 pesos. El catorce de junio de dos mil diecinueve, el actuario adscrito al Juzgado civil de Primera instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en cumplimiento a lo ordenado por su titular y a lo dispuesto en los proveídos de treinta de abril y veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Noveno Civil responsable llevó a cabo el embargo de cuentas bancarias y otros activos que sean propiedad de la demanda, que resulta ser el acto reclamado en esta sede constitucional. Como se precisó en párrafos que anteceden, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual señala que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII, del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Lo anterior acontece precisamente en el juicio de amparo, en el que la Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla Morelos, en su carácter de parte demandada -condenado- en el juicio natural 452/2006, reclama el aseguramiento de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO III 2020) 072540010990862328 (FONDO IV 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020, que si bien no señala el acuerdo donde se ordena, ello deriva del embargo de catorce de junio de dos mil diecinueve, al igual que la expedición de los cheques 0005187 y 0005186, relativos a los acuerdos de treinta de abril y veintitrés de mayo ambos de dos mil diecinueve, emitidos en ejecución de sentencia definitiva, dentro de los autos del juicio civil número 452/2006, del índice del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el que el actuario adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en auxilio de las labores del señalado en primer término, embargó diversos bienes propiedad del Ayuntamiento quejoso -cuentas bancarias, contratos de inversión, de plazo fijo o cualquier otro activo que se encuentra a nombre del demandado-. Sin embargo, dicho aseguramiento de cuentas bancarias por conducto de las autoridades ejecutoras Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Mercantil del Norte, derivan de los acuerdos de veintitrés de mayo, y treinta de abril ambos de dos mil diecinueve, que culmina con la diligencia de embargo de catorce de junio de ese año, reclamados, al tratarse de actos en ejecución de sentencia procede el recurso de queja, que si bien en cuanto al aseguramiento de cuentas bancarias interpuso recurso de queja la parte quejosa, que fue resuelto en el toca civil 440/2020-11, que al ser omisa en atender el auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, al no precisar el auto concreto de ejecución al no combatirlo directamente y no proceder la suplencia de la queja, fue declarado inadmisible en consecuencia desechado, lo cierto es que no combatió el acto reclamado mediante el recurso de queja. En efecto, los artículos 553 fracción II y 554 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, textualmente establecen: "Artículo 553. Recurso de queja contra el Juez. El recurso de queja contra el Juez procede: I. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca la personalidad de un litigante; II. Respecto de las interlocutorias y autos dictados en la ejecución de sentencias; III. Contra la denegación de la apelación; IV. Por exceso o por defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia; V. En los demás casos fijados por la Ley. La queja contra los jueces procede aun cuando se trate de juicios en los que por su cuantía no se admite recurso de apelación. Artículo 554. Recurso de queja contra actos de secretarios y actuarios judiciales. El recurso de queja contra actos de secretarios y actuarios podrá interponerse, por: I. Actos ilegales o irregularidades cometidas al ejecutar las resoluciones del Juez; y, II. Por omisiones o negligencia en el desempeño de sus cargos." Por su parte el artículo 616 del ordenamiento legal en cita señala: "ARTÍCULO 616.- RECURSOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. De los numerales trascritos, se desprende que las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencia sólo son recurribles en apelación o queja. En ese contexto, si el artículo 553 fracción II del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, señala que los autos dictados en ejecución de sentencia como en el caso aseguramiento de las cuentas bancarias de mérito, y emisión de los cheques reclamados, al tratarse de actos de ejecución procede el recurso de queja en contra del Juez respecto de los autos dictados en ejecución de sentencia. Recurso que no agotó la solicitante de la tutela constitucional antes de acudir al juicio de amparo, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que lo obliga a agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio constitucional. De lo que se sigue que la impetrante de amparo no agotó los medios ordinarios de defensa por medio de los cuales pudo obtener, en su caso, que el acto que aquí reclama fuese revocado, nulificado o modificado; razón por la que no puede estimarse satisfecho el principio de definitividad, ya que en tal hipótesis resulta imperativo que de existir en contra de dicha diligencia de embargo algún recurso, éste se agote, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio que es el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Lo anterior es así, considerando que el Ayuntamiento quejoso al ser parte demandada en el juicio natural, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, interponiendo el recurso de queja en contra del embargo de cuentas bancarias, expedición de cheques y acuerdos de donde derivan, antes de acudir al juicio constitucional, pues comparece en esta instancia de amparo en su carácter de parte y no como tercero extraño al juicio de origen. En mérito de lo anterior, se llega a la conclusión, que al no haberse dado cumplimiento al principio de definitividad bajo el cual se rige el juicio constitucional, puesto que no se agotó el medio de defensa ordinario que prevé la ley que regula el acto reclamado, es decir, el recurso de queja, en contra del aseguramiento de las cuentas bancarias y expedición de los cheques reclamados que derivan de los acuerdos de treinta de abril y veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el cual pudo haber tenido por efecto revocar, modificar o confirmar el acto aquí reclamado; por tal motivo, el incumplimiento de este requisito de procedibilidad, tiene como consecuencia sobreseer el juicio de amparo, conforme lo establece la fracción V, del artículo 63, por actualizarse la causa de improcedencia que deriva de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), por la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 277/2011, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable a página novecientos dos del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". No es óbice para lo anterior que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues esa circunstancia no exime al quejoso de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Se cita en apoyo a las consideraciones señaladas la jurisprudencia VI.2°. C.J/239, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 765, Materia Común, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica la determinación de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa Verónica Torres Rebollar, Sindico Municipal y representante del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, así como como a sus autorizados, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno fue remitido al día hábil siguiente, al Juzgado Octavo de distrito en el Estado de Morelos, Verónica Torres Rebollar, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable. Acto reclamado: ".De las autoridades ordenadoras juez Noveno Civil., Actuario., se reclama: 1.- Orden de intervención, congelamiento y sustracción de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO III 2020) 072540010990862328 (FONDO IV 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020,. 2.- Los oficios 809, 947, 948, 949, 950, 951, 952 dirigidos a BBVA Bancomer., Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Banco Nacional de México.; Banco Mercantil del Norte, .; Santander.;. De las ejecutoras. 1.- La ilegal intervención, congelamiento y sustracción de las cuentas bancarias. 2.- La expedición de los cheques de folios 0005187 y 0005186." SEGUNDO. Previo auto aclaratorio el treinta de octubre de dos mil veinte, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, desechó la demanda en cuanto al Secretario de Acuerdos del Juez responsable, admitió por las restantes responsables, radicó el asunto con el número de expediente 874/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El uno de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, declaró ser incompetente para seguir conociendo del asunto, y ordenó remitir el juicio de amparo 874/2020, a esta autoridad. CUARTO. El tres de diciembre de dos mil veinte, esta autoridad recibió el oficio 20122/2020, al que se anexó el juicio de amparo 874/2020, y por acuerdo de cuatro de diciembre siguiente, aceptó la competencia planteada, radicó el asunto con el número 1135/2020, sin necesidad de requerir los informes justificados al ya obran en autos, así como emplazar al tercero interesado, y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de intervención, congelamiento y sustracción de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO iii 2020) 072540010990862328 (FONDO iv 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020. Los oficios 809, 947, 948, 949, 950, 951, 952 dirigidos a BBVA Bancomer., Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Banco Nacional de México.; Banco Mercantil del Norte, .; Santander. La expedición de los cheques de folios 0005187 y 0005186. Cabe precisar que los actos reclamados derivan de los acuerdos de treinta de abril, su aclaración de veintitrés de mayo ambos de dos mil diecinueve y diligencia de embargo de catorce de junio de ese año. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridades responsables, Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, actuario de su adscripción (adhiere), pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la juez, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil 452/2006-1, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por su parte la responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores, negó el acto reclamado, sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez responsable se desprende que le girado el oficio 947 a fin de realizar la investigación y aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa, en ese tenor se le tiene por cierto el acto reclamado. Por su parte la responsable Banco Mercantil del Norte, al rendir el informe justificado hizo manifestaciones respecto al acto reclamado, y remitió constancias relativas al oficio 950, derivado del juicio ordinario civil 452/2006-1, que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por tanto, se le tiene por cierto el mismo. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional en cuanto al acto reclamado consistente en desahogar todas las pruebas admitidas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. El artículo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la interpretación armónica del artículo y fracciones transcritos con anterioridad, se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Tomo VI Página 107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer" En el caso, el juicio en que se actúa fue incoado por Verónica Torres Rebollar, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, contra actos del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, actuaria de su adscripción, con sede en Cuernavaca, a quien le atribuye la orden de intervención, congelamiento y sustracción de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO iii 2020) 072540010990862328 (FONDO iv 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020, que la parte quejosa no precisa el acuerdo de donde deriva la orden de intervención, congelamiento y sustracción, sin embargo, el juez responsable al rendir el informe justificado acepta que lo reclamado deriva de los acuerdos de treinta de abril y su aclaración de veintitrés de mayo ambos de dos mil diecinueve, así como de la diligencia de embargo llevada a cabo por el actuario del juez responsable el catorce de junio de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil 452/2006-1. A la par, del sistema de seguimiento de expedientes SISE, ante este Juzgado Federal, existe radicado el diverso juicio de amparo 918/2019, promovido Verónica Torres Rebollar, Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, contra actos del Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, con sede en Cuernavaca, a quien le reclamó -". Acuerdo de fecha 23 de mayo del año 2019 y 30 de abril de 2019,. .La diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha 14 de junio de 2019.". Con la puntualización, que mediante sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitida por esta autoridad, sobreseyó el juicio en razón a que, contra el acto reclamado procede un medio de impugnación, por lo que no agotó el principio de definitividad, y, por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria; este último dato, constituye un hecho notorio por estar publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia VI.1º.P.J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia II.T.20K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 226, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 189309, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De ese modo, es incuestionable que el acto reclamado que la parte quejosa refiere como orden de intervención, congelamiento y sustracción de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO iii 2020) 072540010990862328 (FONDO iv 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020, resulta impreciso, pues, el juez responsable refiere deriva de los acuerdos de treinta de abril y su aclaración de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, y diligencia de embargo realizada por el actuario de catorce de junio de ese año, acto reclamado en este controvertido fue materia del diverso juicio de amparo 918/2019, del índice de esta autoridad federal, que está totalmente concluido, pues por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno causó ejecutoria y se ordenó su archivo definitivo, promovido por la aquí quejosa Verónica Torres Rebollar, Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, contra las mismas autoridades Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, con sede en Cuernavaca, y, el propio acto reclamado. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI.2o. J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I.6o.T. J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Por tanto, respecto de dicho acto procede sobreseer en el presente juicio de amparo en este aspecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al aseguramiento de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO III 2020) 072540010990862328 (FONDO IV 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020, y expedición de los cheques 0005187 y 0005186, que reclama de las autoridades ejecutoras. Se actualiza una causa de improcedencia en los términos siguientes: El artículo 107, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." Del precepto constitucional transcrito, se desprende que, por regla general, las violaciones cometidas durante el procedimiento (violaciones procesales) que hayan afectado las defensas de la parte quejosa y trascendido al resultado del fallo, las partes que hayan figurado en la controversia de origen deberán hacerlas valer en el amparo directo o principal o adhesivo. Por excepción las partes que figuren en la controversia pueden combatir las violaciones procesales en el juicio, a través del amparo indirecto, cuando las mismas sean de ejecución irreparable (o de imposible reparación), una vez que se hayan agotado los recursos que, en su caso, procedan. En cuanto a la irreparabilidad del acto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señala que para efectos del amparo indirecto, son actos de imposible reparación cuando afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, contra dichos actos el quejoso que es parte en el juicio, debe agotar los recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, según se desprende del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución. Lo anterior, se corrobora con lo previsto en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." Ahora bien, y para un mejor conocimiento del asunto, se hace necesario señalar los antecedentes más relevantes que dieron origen al acto reclamado por los peticionarios de amparo, entre los que se destacan: El trece de febrero de dos mil dieciséis, Rersa Maquinaria y Construcciones Sociedad Anónima de Capital Variable, en la vía ordinaria civil demandó al Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos las prestaciones precisadas en su escrito de demanda, que fue registrado con el expediente 452/2006. Mediante sentencia definitiva de doce de diciembre de dos mil seis, se condenó por incumplimiento de contrato al Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, a pagar a la actora aquí tercero interesada las cantidades precisadas en los resolutivos, cuarto, quinto, sexto y séptimo. El veintiséis de abril de dos mil siete, en el toca civil 186/2007-8, los Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, confirmaron la sentencia definitiva de primer grado. En sesión de veintiuno de septiembre de dos mil siete, en el amparo directo 464/2007, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió no amparar al quejoso Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos. Por escrito de cinco de junio de dos mil ocho, el actor ahora tercero interesado solicitó en la vía de ejecución forzosa y en forma parcial la ejecución de la sentencia definitiva de doce de diciembre de dos mil seis, en sus resolutivos cuarto, quinto y sexto, el que se proveyó en la misma fecha. El veintitrés de enero de dos mil nueve, se resolvió el incidente de liquidación parcial de la sentencia definitiva, declarándolo procedente por la suma de $5,193,235.99 pesos. El treinta de abril de dos mil diecinueve, en ejecución de sentencia se ordenó llevar a cabo diligencia de embargo, contra el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, únicamente en cuanto a participaciones que correspondan al fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, podrán ser afectadas siempre y cuando cuenten con autorización de la legislatura local, para lo cual se giró el exhorto respectivo al Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos. El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la responsable recibió el exhorto s/n/2019, sin diligenciar, en atención a ello, ordenó nuevamente girar comunicación oficial a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve, aclarando que la cantidad adeudada a la demanda es de $24,535,110.3 pesos. El catorce de junio de dos mil diecinueve, el actuario adscrito al Juzgado civil de Primera instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en cumplimiento a lo ordenado por su titular y a lo dispuesto en los proveídos de treinta de abril y veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Noveno Civil responsable llevó a cabo el embargo de cuentas bancarias y otros activos que sean propiedad de la demanda, que resulta ser el acto reclamado en esta sede constitucional. Como se precisó en párrafos que anteceden, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual señala que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII, del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Lo anterior acontece precisamente en el juicio de amparo, en el que la Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla Morelos, en su carácter de parte demandada -condenado- en el juicio natural 452/2006, reclama el aseguramiento de las cuentas bancarias 072540010990850482 (FAEDE 2020) 072540010990875836 (FONDO III 2020) 072540010990862328 (FONDO IV 2020) 072540010990892152 (GASTO CORRIENTE 2020) 072540010990880944 (IMPUESTO PREDIAL) 072540010990866706 (INGRESO PROPIO 2020) 0725400110506545556 MANDO COORDINADO 072540010990847880 NOMINA 2020 072540010990899252 PARTICIPACIONES 2020, que si bien no señala el acuerdo donde se ordena, ello deriva del embargo de catorce de junio de dos mil diecinueve, al igual que la expedición de los cheques 0005187 y 0005186, relativos a los acuerdos de treinta de abril y veintitrés de mayo ambos de dos mil diecinueve, emitidos en ejecución de sentencia definitiva, dentro de los autos del juicio civil número 452/2006, del índice del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el que el actuario adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en auxilio de las labores del señalado en primer término, embargó diversos bienes propiedad del Ayuntamiento quejoso -cuentas bancarias, contratos de inversión, de plazo fijo o cualquier otro activo que se encuentra a nombre del demandado-. Sin embargo, dicho aseguramiento de cuentas bancarias por conducto de las autoridades ejecutoras Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Mercantil del Norte, derivan de los acuerdos de veintitrés de mayo, y treinta de abril ambos de dos mil diecinueve, que culmina con la diligencia de embargo de catorce de junio de ese año, reclamados, al tratarse de actos en ejecución de sentencia procede el recurso de queja, que si bien en cuanto al aseguramiento de cuentas bancarias interpuso recurso de queja la parte quejosa, que fue resuelto en el toca civil 440/2020-11, que al ser omisa en atender el auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, al no precisar el auto concreto de ejecución al no combatirlo directamente y no proceder la suplencia de la queja, fue declarado inadmisible en consecuencia desechado, lo cierto es que no combatió el acto reclamado mediante el recurso de queja. En efecto, los artículos 553 fracción II y 554 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, textualmente establecen: "Artículo 553. Recurso de queja contra el Juez. El recurso de queja contra el Juez procede: I. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca la personalidad de un litigante; II. Respecto de las interlocutorias y autos dictados en la ejecución de sentencias; III. Contra la denegación de la apelación; IV. Por exceso o por defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia; V. En los demás casos fijados por la Ley. La queja contra los jueces procede aun cuando se trate de juicios en los que por su cuantía no se admite recurso de apelación. Artículo 554. Recurso de queja contra actos de secretarios y actuarios judiciales. El recurso de queja contra actos de secretarios y actuarios podrá interponerse, por: I. Actos ilegales o irregularidades cometidas al ejecutar las resoluciones del Juez; y, II. Por omisiones o negligencia en el desempeño de sus cargos." Por su parte el artículo 616 del ordenamiento legal en cita señala: "ARTÍCULO 616.- RECURSOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. De los numerales trascritos, se desprende que las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencia sólo son recurribles en apelación o queja. En ese contexto, si el artículo 553 fracción II del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, señala que los autos dictados en ejecución de sentencia como en el caso aseguramiento de las cuentas bancarias de mérito, y emisión de los cheques reclamados, al tratarse de actos de ejecución procede el recurso de queja en contra del Juez respecto de los autos dictados en ejecución de sentencia. Recurso que no agotó la solicitante de la tutela constitucional antes de acudir al juicio de amparo, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que lo obliga a agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio constitucional. De lo que se sigue que la impetrante de amparo no agotó los medios ordinarios de defensa por medio de los cuales pudo obtener, en su caso, que el acto que aquí reclama fuese revocado, nulificado o modificado; razón por la que no puede estimarse satisfecho el principio de definitividad, ya que en tal hipótesis resulta imperativo que de existir en contra de dicha diligencia de embargo algún recurso, éste se agote, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio que es el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Lo anterior es así, considerando que el Ayuntamiento quejoso al ser parte demandada en el juicio natural, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, interponiendo el recurso de queja en contra del embargo de cuentas bancarias, expedición de cheques y acuerdos de donde derivan, antes de acudir al juicio constitucional, pues comparece en esta instancia de amparo en su carácter de parte y no como tercero extraño al juicio de origen. En mérito de lo anterior, se llega a la conclusión, que al no haberse dado cumplimiento al principio de definitividad bajo el cual se rige el juicio constitucional, puesto que no se agotó el medio de defensa ordinario que prevé la ley que regula el acto reclamado, es decir, el recurso de queja, en contra del aseguramiento de las cuentas bancarias y expedición de los cheques reclamados que derivan de los acuerdos de treinta de abril y veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el cual pudo haber tenido por efecto revocar, modificar o confirmar el acto aquí reclamado; por tal motivo, el incumplimiento de este requisito de procedibilidad, tiene como consecuencia sobreseer el juicio de amparo, conforme lo establece la fracción V, del artículo 63, por actualizarse la causa de improcedencia que deriva de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), por la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 277/2011, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable a página novecientos dos del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". No es óbice para lo anterior que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues esa circunstancia no exime al quejoso de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Se cita en apoyo a las consideraciones señaladas la jurisprudencia VI.2°. C.J/239, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 765, Materia Común, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios de Francisco Javier García Estrada, Director Contencioso y Tania Midori Del Villar Aranda, Directora Contenciosa ambos adscritos a la Dirección General Contenciosa, quienes comparecen mancomunadamente en ejercicio de la facultad de su Titular, en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual en atención al oficio 18974/2020 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, da contestación al requerimiento efectuado. Se tienen por designadas como delegadas de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside. Se tiene únicamente por señalado el correo electrónico que proporciona, como auxiliar para mejor contacto con la responsable, dada la pandemia que se vive en el país. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado de la Sucursal Telecomunicaciones de México Gerencia Estatal Morelos Sucursal Telegráfica, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado por auto de doce de julio actual, informa lo ahí requerido, lo anterior para los efectos legales a que hay lugar. En ese sentido, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito. Atento a lo anterior, en aras de evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al actuario de la adscripción para que se sirva a notificar mediante correo electrónico a la autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio 5133/2021, derivado del proveído de veinticuatro de marzo del presente año. Hecho lo anterior vincule la notificación correspondiente en el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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