Veronica Torres Rebollar
Expediente 1043/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Veronica Torres Rebollar
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva, se determinó concederlas. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón suscrita por el actuario adscrito, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte tercero interesada la sentencia dictada en autos; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el fedatario judicial; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, por tanto, se ordena notificar a la mencionada parte procesal la citada determinación, este proveído y todas las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO JACINTO SALINAS TINOCO, POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Verónica Torres Rebollar solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Director General y Notificador o Ejecutor Fiscal, ambos de la Dirección de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado. ".la resolución emitida mediante auto y/o acuerdo de fecha (04) cuatro de septiembre, del año dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio de nulidad, seguido ante la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, identificado bajo el número de expediente TJA/3ª/296/2016, mediante el cual, hace efectivo el apercibimiento decretado en auto dictado en el mencionado expediente consistente en una multa equivalente a (60) sesenta unidades de medida y actualización vigente en 2019. .el pretendido cumplimiento.a través de la emisión del requerimiento con número de oficio o de control MEJ20200179, de fecha 26 de febrero de 2020, expedido por el Director General de Recaudación de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. .la ejecución del requerimiento señalado." SEGUNDO. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1043/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: El acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se hace efectivo el apercibimiento decretado y se le impone una multa por sesenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro del expediente TJA/3ªS/296/2016. La ejecución de la aludida determinación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, negó su existencia, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, no obstante que tal carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Director General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y Notificado Ejecutor adscrito a esta, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado Tercera Sala, consistente en copia certificada de constancias del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente:"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, considerándose por tales aquellos contra los que no se promueva ese juicio dentro de los plazos previstos, en el entendido de que no se estimará consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, salvo que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación. La citada fracción regula la improcedencia por consentimiento tácito; es decir, se refiere a la promoción del juicio constitucional de forma extemporánea. Tal norma jurídica tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. Lo anterior, ya que el juicio de derechos fundamentales es un medio extraordinario de defensa, que procede cuando el gobernado resiente en su esfera jurídica una afectación a sus derechos fundamentales. Sin embargo, la propia ley de la materia prevé plazos para acudir a la instancia constitucional, pues no puede quedar al arbitrio del individuo solicitar la protección constitucional en cualquier momento, ya que se entiende que desde la emisión del acto se produce afectación a sus derechos y, al no hacerlo en los plazos fijados, se entiende que no hubo tal perjuicio. Así, para poder determinar si el juicio de amparo fue presentado de forma extemporánea, se debe atender a los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que expresamente disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día siguiente de su entrada en vigor". En los numerales trascritos se precisan las bases para la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, cuando se impugnan normas de carácter general, haciendo una distinción en los plazos para tal efecto, atendiendo a la naturaleza de la norma. En ese orden de ideas, el juicio de amparo es improcedente respecto de normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se ejerza la vía de amparo dentro de los términos señalados en el artículo 17, que de manera genérica es el de quince días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, que es de hasta ocho años; contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que será de siete años y actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Federal, así como incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que podrá ser en cualquier tiempo. Estos plazos se contarán desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que el agraviado haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que el impetrante se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Salvo cuando se impugne una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ilustra lo expresado, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, registro 165582, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En esas condiciones, es claro que la intención del legislador radicó en establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. La primera hipótesis implica la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este "tuvo conocimiento" del acto reclamado en determinada fecha, lo que implica tener la convicción de que el interesado se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto que se contiene en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "...se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada, conducta que puede considerarse como una confesión expresa del afectado. En el caso, respecto de los actos aquí reclamados se actualiza la primera de las hipótesis anotadas, por las razones que enseguida se expondrán. De inicio, es pertinente acotar que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados se clasifican en dos tipos, esto es, tercero extraño en estricto sentido y por equiparación. a) En estricto sentido, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas; y, b) Por equiparación se considera a quien no ha sido emplazada al juicio en el que debió ser parte, o por haber sido citada a éste en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento del juicio. Así, dicho tercero es la persona -física o moral- que formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y por ende, no se apersonó de modo alguno al mismo. Precisado lo anterior, en el caso la parte quejosa aduce que no fue llamada a la etapa de ejecución del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, del índice de la Tercera Sala Responsable, pues la promovente del amparo aduce por su propio derecho y como Síndico del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, no haber sido notificado personalmente del acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que en cumplimiento al diverso proveído de veintiuno de agosto de ese año, impone una sanción pecuniaria por sesenta unidades de medida y actualización, al no dar cumplimiento a la sentencia de nulidad emitida en dicho juicio administrativo, en el que tiene el carácter de demandado. En relación con la calidad de persona extraña al juicio, es aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la página 56 del Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196932, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Pues bien, de las constancias remitidas por la Tercera Sala responsable, que integran el juicio laboral de origen, en lo que aquí es de interés, destacan los datos siguientes: En acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la Sala responsable, ante la actitud contumaz del ahora quejoso hizo efectivo una multa por veinte unidades de medida y actualización, asimismo, apercibió a los integrantes del Cabildo Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, con imponerles una multa de sesenta unidades de medida y actualización en caso de no cumplir con la sentencia definitiva de cuatro de abril de dos mil diecisiete. Determinación que fue notificada al ahora quejoso mediante oficio 2818/2019, que recibió el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, entregado por el Actuario adscrito a la mencionada Sala. Auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que, ante la actitud contumaz del Cabildo Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de veintiuno de agosto de ese año, e impuso, entre otros, a quien ostenta el cargo de Síndico del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, una sanción económica por sesenta unidades de medida y actualización, al no cumplir con el fallo definitivo emitido en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016. Por oficio 3086/2019, recibido por la parte quejosa el once de septiembre de dos mil diecinueve, entregado por el actuario de la Sala, como se desprende de la razón correspondiente, por el que se notifica personalmente a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que le impone multa por el equivalente a sesenta unidades de medida y actualización. Lo anterior pone de relieve que la parte quejosa como compelida a cumplir la resolución dictada en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, tuvo conocimiento completo tanto del apercibimiento de imponerle una sanción por sesenta unidades de medida y actualización, -auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, notificado el veintinueve de agosto siguiente- como del acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que la hace efectiva, -notificado el once de septiembre de dos mil diecinueve- los cuales por cierto no impugnó en el juicio natural, por lo que se considera que dicha actuación tiene plena eficacia legal; de ahí que es evidente que desde ese momento estuvo en condiciones de promover este juicio de derechos fundamentales, reclamando el apercibimiento así como la imposición de la sanción pecuniaria por sesenta unidades de medida y actualización, ante su actitud contumaz en cumplir la sentencia de nulidad firme, pues contaba con todos los datos necesarios para tal fin. En el contexto anotado, teniendo como punto de partida la indicada data de once de septiembre de dos mil diecinueve, si la demanda de amparo se presentó el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, a través del Buzón Judicial, entonces es evidente que cuando ello ocurrió ya había transcurrido con exceso el término de quince días que para instar la acción de amparo establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que la parte quejosa consintió los actos que ahora reclama. Es aplicable al respecto, por identidad de razones, la tesis XVII.2o.7 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Publicada en la página 1094 del Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo II, Materias Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2021220, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, DEBE INICIAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SE OSTENTEN SABEDORAS DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO NOTIFICADO A SU REPRESENTANTE O APODERADO O SU CONOCIMIENTO NO PROVENGA NECESARIA Y EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, a saber, a partir del día siguiente al en que: a) surta efectos la notificación practicada con las formalidades previstas en la ley del acto, entre las que suele preverse que, tratándose de personas morales, se entienda con su representante o apoderado; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o, c) se haya ostentado sabedor del acto referido o de su ejecución. En estas condiciones, la formalidad relativa a la notificación conforme a la ley del acto, prevista en el primer caso, no es exigible para los otros dos supuestos, porque son excluyentes entre sí, no guardan ningún orden de prelación y su actualización exige requisitos diferentes. Por tanto, el cómputo del plazo mencionado tratándose de personas morales, debe iniciar al día hábil siguiente al en que se ostenten sabedoras del acto reclamado por cualquier medio, aun cuando no haya sido notificado a su representante o apoderado o su conocimiento no provenga necesaria y exclusivamente de éste. Estimar lo contrario privaría de contenido y efecto útil al precepto citado, cuya esencia se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pero además, implica establecer un límite a su alcance mediante la introducción en su interpretación de una clasificación entre personas morales y físicas que no prevé, para exigir requisitos que el legislador no estableció, con la cual se haría nugatoria la aplicación de las dos últimas hipótesis a pesar de que se actualice la certeza objetiva de que el acto reclamado es del conocimiento pleno y completo de su destinatario o que claramente se ostentó sabedor del mismo en una fecha distinta a la precisada en la demanda." Importa acotar que el plazo para la promoción de este juicio de amparo es el genérico de quince días, porque en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, anotados en párrafos que anteceden. Lo anterior, porque no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor. Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Por último, los actos reclamados no ponen en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. En consecuencia, se considera que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea, lo que trae como consecuencia que se actualice el supuesto de actos consentidos tácitamente, pues por tales se entiende aquellos contra los que no se promueve el juicio constitucional dentro del término de quince días que señala el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta ´poca, Tomo XLI, página 658, registro 360827, que establece: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio de derechos fundamentales. Por lo expuesto, fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy catorce de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Verónica Torres Rebollar solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Director General y Notificador o Ejecutor Fiscal, ambos de la Dirección de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado. ".la resolución emitida mediante auto y/o acuerdo de fecha (04) cuatro de septiembre, del año dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio de nulidad, seguido ante la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, identificado bajo el número de expediente TJA/3ª/296/2016, mediante el cual, hace efectivo el apercibimiento decretado en auto dictado en el mencionado expediente consistente en una multa equivalente a (60) sesenta unidades de medida y actualización vigente en 2019. .el pretendido cumplimiento.a través de la emisión del requerimiento con número de oficio o de control MEJ20200179, de fecha 26 de febrero de 2020, expedido por el Director General de Recaudación de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. .la ejecución del requerimiento señalado." SEGUNDO. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1043/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: El acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se hace efectivo el apercibimiento decretado y se le impone una multa por sesenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro del expediente TJA/3ªS/296/2016. La ejecución de la aludida determinación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, negó su existencia, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, no obstante que tal carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Director General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y Notificado Ejecutor adscrito a esta, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado Tercera Sala, consistente en copia certificada de constancias del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, considerándose por tales aquellos contra los que no se promueva ese juicio dentro de los plazos previstos, en el entendido de que no se estimará consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, salvo que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación. La citada fracción regula la improcedencia por consentimiento tácito; es decir, se refiere a la promoción del juicio constitucional de forma extemporánea. Tal norma jurídica tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. Lo anterior, ya que el juicio de derechos fundamentales es un medio extraordinario de defensa, que procede cuando el gobernado resiente en su esfera jurídica una afectación a sus derechos fundamentales. Sin embargo, la propia ley de la materia prevé plazos para acudir a la instancia constitucional, pues no puede quedar al arbitrio del individuo solicitar la protección constitucional en cualquier momento, ya que se entiende que desde la emisión del acto se produce afectación a sus derechos y, al no hacerlo en los plazos fijados, se entiende que no hubo tal perjuicio. Así, para poder determinar si el juicio de amparo fue presentado de forma extemporánea, se debe atender a los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que expresamente disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día siguiente de su entrada en vigor". En los numerales trascritos se precisan las bases para la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, cuando se impugnan normas de carácter general, haciendo una distinción en los plazos para tal efecto, atendiendo a la naturaleza de la norma. En ese orden de ideas, el juicio de amparo es improcedente respecto de normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se ejerza la vía de amparo dentro de los términos señalados en el artículo 17, que de manera genérica es el de quince días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, que es de hasta ocho años; contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que será de siete años y actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Federal, así como incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que podrá ser en cualquier tiempo. Estos plazos se contarán desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que el agraviado haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que el impetrante se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Salvo cuando se impugne una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ilustra lo expresado, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, registro 165582, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En esas condiciones, es claro que la intención del legislador radicó en establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. La primera hipótesis implica la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este "tuvo conocimiento" del acto reclamado en determinada fecha, lo que implica tener la convicción de que el interesado se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto que se contiene en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "...se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada, conducta que puede considerarse como una confesión expresa del afectado. En el caso, respecto de los actos aquí reclamados se actualiza la primera de las hipótesis anotadas, por las razones que enseguida se expondrán. De inicio, es pertinente acotar que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados se clasifican en dos tipos, esto es, tercero extraño en estricto sentido y por equiparación. a) En estricto sentido, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas; y, b) Por equiparación se considera a quien no ha sido emplazada al juicio en el que debió ser parte, o por haber sido citada a éste en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento del juicio. Así, dicho tercero es la persona -física o moral- que formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y por ende, no se apersonó de modo alguno al mismo. Precisado lo anterior, en el caso la parte quejosa aduce que no fue llamada a la etapa de ejecución del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, del índice de la Tercera Sala Responsable, pues la promovente del amparo aduce por su propio derecho y como Síndico del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, no haber sido notificado personalmente del acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que en cumplimiento al diverso proveído de veintiuno de agosto de ese año, impone una sanción pecuniaria por sesenta unidades de medida y actualización, al no dar cumplimiento a la sentencia de nulidad emitida en dicho juicio administrativo, en el que tiene el carácter de demandado. En relación con la calidad de persona extraña al juicio, es aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la página 56 del Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196932, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Pues bien, de las constancias remitidas por la Tercera Sala responsable, que integran el juicio laboral de origen, en lo que aquí es de interés, destacan los datos siguientes: En acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la Sala responsable, ante la actitud contumaz del ahora quejoso hizo efectivo una multa por veinte unidades de medida y actualización, asimismo, apercibió a los integrantes del Cabildo Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, con imponerles una multa de sesenta unidades de medida y actualización en caso de no cumplir con la sentencia definitiva de cuatro de abril de dos mil diecisiete. Determinación que fue notificada al ahora quejoso mediante oficio 2818/2019, que recibió el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, entregado por el Actuario adscrito a la mencionada Sala. Auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que, ante la actitud contumaz del Cabildo Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de veintiuno de agosto de ese año, e impuso, entre otros, a quien ostenta el cargo de Síndico del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, una sanción económica por sesenta unidades de medida y actualización, al no cumplir con el fallo definitivo emitido en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016. Por oficio 3086/2019, recibido por la parte quejosa el once de septiembre de dos mil diecinueve, entregado por el actuario de la Sala, como se desprende de la razón correspondiente, por el que se notifica personalmente a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que le impone multa por el equivalente a sesenta unidades de medida y actualización. Lo anterior pone de relieve que la parte quejosa como compelida a cumplir la resolución dictada en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, tuvo conocimiento completo tanto del apercibimiento de imponerle una sanción por sesenta unidades de medida y actualización, -auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, notificado el veintinueve de agosto siguiente- como del acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que la hace efectiva, -notificado el once de septiembre de dos mil diecinueve- los cuales por cierto no impugnó en el juicio natural, por lo que se considera que dicha actuación tiene plena eficacia legal; de ahí que es evidente que desde ese momento estuvo en condiciones de promover este juicio de derechos fundamentales, reclamando el apercibimiento así como la imposición de la sanción pecuniaria por sesenta unidades de medida y actualización, ante su actitud contumaz en cumplir la sentencia de nulidad firme, pues contaba con todos los datos necesarios para tal fin. En el contexto anotado, teniendo como punto de partida la indicada data de once de septiembre de dos mil diecinueve, si la demanda de amparo se presentó el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, a través del Buzón Judicial, entonces es evidente que cuando ello ocurrió ya había transcurrido con exceso el término de quince días que para instar la acción de amparo establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que la parte quejosa consintió los actos que ahora reclama. Es aplicable al respecto, por identidad de razones, la tesis XVII.2o.7 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Publicada en la página 1094 del Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo II, Materias Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2021220, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, DEBE INICIAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SE OSTENTEN SABEDORAS DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO NOTIFICADO A SU REPRESENTANTE O APODERADO O SU CONOCIMIENTO NO PROVENGA NECESARIA Y EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, a saber, a partir del día siguiente al en que: a) surta efectos la notificación practicada con las formalidades previstas en la ley del acto, entre las que suele preverse que, tratándose de personas morales, se entienda con su representante o apoderado; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o, c) se haya ostentado sabedor del acto referido o de su ejecución. En estas condiciones, la formalidad relativa a la notificación conforme a la ley del acto, prevista en el primer caso, no es exigible para los otros dos supuestos, porque son excluyentes entre sí, no guardan ningún orden de prelación y su actualización exige requisitos diferentes. Por tanto, el cómputo del plazo mencionado tratándose de personas morales, debe iniciar al día hábil siguiente al en que se ostenten sabedoras del acto reclamado por cualquier medio, aun cuando no haya sido notificado a su representante o apoderado o su conocimiento no provenga necesaria y exclusivamente de éste. Estimar lo contrario privaría de contenido y efecto útil al precepto citado, cuya esencia se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pero además, implica establecer un límite a su alcance mediante la introducción en su interpretación de una clasificación entre personas morales y físicas que no prevé, para exigir requisitos que el legislador no estableció, con la cual se haría nugatoria la aplicación de las dos últimas hipótesis a pesar de que se actualice la certeza objetiva de que el acto reclamado es del conocimiento pleno y completo de su destinatario o que claramente se ostentó sabedor del mismo en una fecha distinta a la precisada en la demanda." Importa acotar que el plazo para la promoción de este juicio de amparo es el genérico de quince días, porque en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, anotados en párrafos que anteceden. Lo anterior, porque no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor. Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Por último, los actos reclamados no ponen en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. En consecuencia, se considera que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea, lo que trae como consecuencia que se actualice el supuesto de actos consentidos tácitamente, pues por tales se entiende aquellos contra los que no se promueve el juicio constitucional dentro del término de quince días que señala el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta ´poca, Tomo XLI, página 658, registro 360827, que establece: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio de derechos fundamentales. Por lo expuesto, fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy catorce de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que Jacinto Salas Tinoco, quedo legalmente emplazado como se aprecia en la constancia que obra en autos, asimismo, se precisa que se encuentra trascurriendo el término de ley para se imponga de autos; por tanto, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan nuevamente para su celebración a las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido de la Licenciada María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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