Veronica Itzel Solano Flores
Expediente 903/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 34 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Veronica Itzel Solano Flores
- Junta Especial Numero 31 de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión: Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederlas. Devolución de documentos: Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexos: Finalmente, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la autoridad señalada como responsable Presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, un anexo que remitió bajo requerimiento de este juzgado federal, sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo, en el entendido que el sello de recepción del citado anexo hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad federal Verónica Itzel Solano Flores, por su propio derecho y en su carácter de suplente en ausencia del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, por su propio derecho y en su carácter de suplente en ausencia del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos Sánchez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, su Presidente y Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Acto reclamado: ". Acuerdo de fecha 04 de septiembre de 2020." SEGUNDO. El veintiséis de octubre de dos mil veinte, esta autoridad desecho parcialmente la demanda en cuanto a diversa autoridad responsable, admitió la demanda de amparo por las responsables restantes, radicó el asunto con el número de expediente 903/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo emplazó a juicio al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de arresto decretada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el expediente laboral 436/2014, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Su Presidente y Secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, por conducto del Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues así lo manifestaron al rendir el informe justificado, consistente en la orden de arresto girado en contra de la quejosa, así como su ejecución, y la Junta responsable remitió copia certificada del expediente laboral 436/2014, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, ya que se estima que el acto que reclama la parte quejosa, deviene de otro consentido. En efecto, lo preceptos de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Al respecto, resulta necesario citar la jurisprudencia número VI. 2o. J/99, visible en la página 96, tomo VII, febrero de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; cuyo rubro y texto indican: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". La transcripción de los preceptos y criterio jurisprudencial que anteceden, revela que, para los efectos del juicio constitucional se reputan actos derivados de otros consentidos, aquellos que en el procedimiento mismo en el que tienen lugar, son el resultado de otros que no fueron oportunamente atacados, es decir, que tienen como premisa indispensable la existencia de un acto anterior consentido, de tal modo que el posterior, sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Por tanto, las condiciones necesarias para que opere la improcedencia del amparo, por reclamarse en él actos derivados de otros consentidos son las siguientes: a) Que entre los actos consentidos y los actos derivados exista una relación de causalidad; esto es, que los segundos no puedan realizarse sin los primeros; y, b) Que el acto origen del reclamado se hubiera notificado al quejoso, pues no podría decirse que dicho acto inicial fue consentido, si este no se dio a conocer al impetrante, de tal forma que estuviera en aptitud de impugnarlo. Ahora bien, de los antecedentes que informan las constancias allegadas al juicio, destaca para efectos de esta resolución lo siguiente: 1. El doce de enero de dos mil dieciocho, la responsable dictó laudo, en cumplimiento a la ejecutoria en el amparo directo 724/2017, del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo octavo Circuito, donde condena al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al pago de diferencias por diversos conceptos a la inscripción o incorporación retroactiva al régimen de la seguridad social ante la propia quejosa y fovissste, pago de aportaciones de seguridad social, expedición de constancias que acrediten el pago de las cuotas obrero patronales al régimen obligatorio que imparte el ISSSTE, por todo el tiempo que dure la relación laboral. 2. El dos de agosto de dos mil dieciocho, resolvió el incidente de liquidación de laudo, que la cantidad liquida que deberá pagar el demandado por concepto de diferencias asciende a $902,584.95 pesos. 3. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve, dictó acuerdo para que en el término de tres días exhibiera la demandada las constancias a que fue condenada por apercibimiento que de no hacerlo con imponerle una multa de cien salarios mínimos. 4.- El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, nuevamente la responsable concedió un plazo de tres días para exhibir las constancias obrero patronales y su pago, apercibiéndolo nuevamente con imponerle una multa de cien salarios mínimos. 5.- En acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve, la responsable concedió un término de veinticuatro horas para exhibir las constancias obrero patronales, con apercibimiento que de no hacerlo con imponerle un arresto hasta de treinta y seis horas en términos del numeral 731 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, notificado al demandado el siete de junio de ese año. 6. Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, al no cumplir con la exhibición de las constancias obrero patronales la responsable hizo efectivo el apercibimiento de seis de junio de dos mil diecinueve, e impuso a la demandada a través de la quejosa un arresto por veinticuatro horas, y nuevamente requirió de cumplimiento a la demanda con apercibimiento de imponer un arresto hasta por treinta y seis horas, en términos del artículo 731 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, acuerdo que fue notificado a la demanda el veintiocho de junio de dos mil diecinueve. 7.- Por acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, ante la actitud contumaz de la demandada aquí quejosa nuevamente hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, impuso a la quejosa un arresto por veinticuatro horas, que notifico a la demandada el veintiuno de agosto de ese año. 8.- El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la responsable ante el incumplimiento al laudo firme, hizo efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, e impuso a la demandada un arresto por treinta y seis horas, asimismo requirió nuevamente diera cumplimiento de laudo, y apercibió a la demandada con imponerle un arresto hasta por cuarenta y ocho horas de conformidad con el numeral 731 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, orden de arresto que fue recibida por la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca Morelos, el dieciocho de marzo siguiente. 9.- Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, ante el incumplimiento de la demandada al fallo laboral hizo efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, y ordenó girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública para hacer efectivo el arresto por treinta y seis horas, y requirió nuevamente diera cumplimiento de laudo a la demandada con apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas en caso de incumplimiento, que fue notificado el trece de octubre de dos mil veinte a la demandada ahora quejosa; que resulta ser el acto reclamado. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la parte quejosa argumenta en síntesis que la orden de arresto deriva de una resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, de la que manifiesta que no ha sido notificada a la parte quejosa; que en acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, en su notificación no se acompañó la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la cual está realizando el apercibimiento y arresto. En razón de lo anterior, la parte quejosa pretende que se le otorgue la protección de la justicia federal, para que se revoque el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, que hace efectivo un arresto por treinta y seis horas a la ahora parte quejosa que fue ordenado por diverso acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, notificado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, a través de Nayeli Alquicira Domínguez trabajadora del jurídico. Conformada así la controversia constitucional, se reitera que el acto reclamado, constituye un acto derivado de otro consentido, que lo es el acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, que ante la actitud contumaz de la demandada ahora quejosa de cumplir con la ejecución del laudo de exhibir las constancias y pago de las cuotas obrero patronales, apercibió a la demandada en caso de incumplimiento con imponer un arresto hasta de treinta y seis horas, acuerdo que fue notificado al Instituto demandado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. En efecto, dado que este último acto no fue combatido por la parte quejosa, no obstante que le fue notificado por conducto de persona trabajadora del Jurídico de la demandada de nombre Nayeli Aquicira Domínguez, el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Por consiguiente, si a través de esta vía, la parte quejosa se duele de la orden de arresto por treinta y seis horas ordenado en auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, pero no impugnó el diverso acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, que apercibe a la demandada aquí quejosa con imponer un arresto hasta de treinta y seis horas en caso de incumplimiento a la ejecución de laudo, que fue notificado a la demandada el veintiuno de agosto siguiente, es inconcuso que el acuerdo impugnado que si bien señala es de cuatro de septiembre de dos mil veinte, de donde deriva el acto reclamado es el emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, que hace efectivo la orden de arresto por treinta y seis horas decretado en acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, constituye un acto derivado de otro que en su momento consintió. Dicho de otra forma, el acto reclamado carece de autonomía e individualidad, ya que es consecuencia directa e inmediata del acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, donde apercibió a la demandada ahora quejosa con imponerle un arresto hasta por treinta y seis horas en términos del numeral 731 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, en caso de no cumplir con la ejecución del laudo de doce de enero de dos mil dieciocho, que fue notificado a la demandada el veintiuno de agosto siguiente, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia previamente invocada. Máxime, que a la demandada le han sido impuestas diversas medidas de apremio a fin de cumplir con la ejecución del laudo, como son multas, incluso dos arrestos por veinticuatro horas, sin que haya cumplido con su obligación de acatar el laudo firme. Al respecto, resulta aplicable en su parte conducente, la tesis III.1o.A.11 K, consultable en la página 582, tomo III, mayo de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: 'El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.' Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy quince de febrero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que transcurre vista en relación al auto de veintiocho de octubre del año en curso, en el que se proveyó sobre las constancias que remitió la autoridad que ahí se indica; en consecuencia, se difiere la misma para las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al proveído uno de octubre del año en curso, remite las constancias que le fueron requeridas. Por otra parte, dada la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar el anexo I, colocándole carátula de identificación de este juicio, respetando sus folios y rúbricas originales. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, se ordena formar los anexos que correspondan por separado, lo anterior para su mejor manejo y conservación. Asimismo, infórmese a las partes que dichas constancias no formarán parte del expediente electrónico, por lo que podrán ser consultadas en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Lo anterior no causa perjuicio a las partes, ya que, además de que esas documentales están disponibles para su consulta, serán analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe
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