Veronica Gonzalez Arroyo

Expediente 562/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 32 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
562/2020
Año
2020
Actuaciones
32
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Veronica Gonzalez Arroyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de doce de mayo de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Por consiguiente, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, por sí o por conducto de las instancias administrativas que resulten competentes, provean lo conducente para que: De conformidad con los Acuerdos de veinticuatro de marzo - artículos primero y segundo, y de treinta y uno de marzo ambos de dos mil veinte, por el que se establecen acciones ordinarias y extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las gestiones conducentes, para que, de forma inmediata, se garantice el derecho a la salud de la quejosa, a través del resguardo domiciliario de la trabajadora, lo cual implica que le sea otorgado permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su encargo en el centro de trabajo, hasta en tanto las autoridades competentes determinen el regreso a las actividades laborales de las personas consideradas como grupo vulnerable. En el entendido de que las autoridades responsables, pueden asignar tareas laborales a la parte quejosa, siempre y cuando éstas correspondan a sus funciones cotidianas, debiéndole proporcionar lo necesario para que pueda desempeñarlas dentro de su domicilio particular, debiendo salvaguardar la integridad y salud de la quejosa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia. Aspectos que deben ser considerados con el esencial propósito de reparar, de forma integral, las violaciones al artículo 4° constitucional. . . Asimismo, la presente determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento a la misma, aun cuando éstas no estuvieran señaladas como responsables en el juicio de derechos; ello en acatamiento a la jurisprudencia 236, emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 159, registro 394192 cuyo rubro establece: . Finalmente, debe invocarse como un hecho notorio que de acuerdo a la política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, la implementación de dicha medida para inmunizar a la población en contra de este virus inició a partir de diciembre de dos mil veinte con el personal de salud de primera línea de control de la Covid- 19; mientras que el personal de salud restante así como personas mayores de sesenta años iniciaron en febrero del presente año. Expuesto lo anterior, se establece que la presente concesión (la obligación de mantener en resguardo domiciliario con goce de sueldo), deberá subsistir hasta en tanto se hubiese aplicado de manera completa el esquema de vacunación a la aquí quejosa o en su defecto, quede acreditado de manera fehaciente que ésta se hubiese negado a recibir la misma, pero sin que se le asigne a un área covid. ..." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, las autoridades responsables a través del oficio con terminación 724.2022 de siete de marzo de dos mil veintidós, y oficio con terminación 11365.2022 de cuatro de mayo de dos mil veintidós., respectivamente informó que la quejosa ya completó su esquema de vacunación, y en atención a ello giro el oficio terminación 714.2022 de cuatro de marzo de dos mil veintidós donde le hacen saber la reincorporación a sus labores en un horario ahí establecido, en el servicio de obstetricia, así también, se informó y acreditó que la quejosa el uno de mayo de dos mil veintidós inició sus trámites jubilatorios encontrándose actualmente de licencia con goce de sueldo por jubilación; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al corroborar que la quejosa recibió su esquema de vacunación contra el virus SARS.CoV2 (covid19), y en atención a ello giro el oficio terminación 714.2022 de cuatro de marzo de dos mil veintidós donde le hacen saber la reincorporación a sus labores en un horario ahí establecido, en el servicio de obstetricia, y le hacen de su conocimiento que se le proporcionaran todos los recursos de los que se disponen a efecto de satisfacer al nivel más alto su derecho a la salud, en el sentido de vulnerabilidad que representa a efecto de reducir lo más razonable posible el peligro a eventual contagio de la enfermedad denominada SARS.CoV2 (covid19). Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable garantice el resguardo domiciliario de la trabajadora, lo cual implica que le sea otorgado permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su encargo en el centro de trabajo, hasta en tanto las autoridades competentes determinen el regreso a las actividades laborales de las personas consideradas como grupo vulnerable. En el entendido de que las autoridades responsables, pueden asignar tareas laborales a la parte quejosa, siempre y cuando éstas correspondan a sus funciones cotidianas, debiéndole proporcionar lo necesario para que pueda desempeñarlas dentro de su domicilio particular, debiendo salvaguardar la integridad y salud de la quejosa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia, expuesto lo anterior, se establece que la presente concesión (la obligación de mantener en resguardo domiciliario con goce de sueldo), deberá subsistir hasta en tanto se hubiese aplicado de manera completa el esquema de vacunación a la aquí quejosa o en su defecto, quede acreditado de manera fehaciente que ésta se hubiese negado a recibir la misma, pero sin que se le asigne a un área covid. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se corrobora que la quejosa recibió su esquema de vacunación contra el virus SARS.CoV2 (covid19), y en atención a ello giro el oficio terminación 714.2022 de cuatro de marzo de dos mil veintidós donde le hacen saber la reincorporación a sus labores en un horario ahí establecido, en el servicio de obstetricia, y le hacen de su conocimiento que se le proporcionaran todos los recursos de los que se disponen a efecto de satisfacer al nivel más alto su derecho a la salud, en el sentido de vulnerabilidad que representa a efecto de reducir lo más razonable posible el peligro a eventual contagio de la enfermedad denominada SARS.CoV2 (covid19), tal como se desprende las constancias que adjuntó la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de doce de mayo de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Por consiguiente, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, por sí o por conducto de las instancias administrativas que resulten competentes, provean lo conducente para que: De conformidad con los Acuerdos de veinticuatro de marzo - artículos primero y segundo, y de treinta y uno de marzo ambos de dos mil veinte, por el que se establecen acciones ordinarias y extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las gestiones conducentes, para que, de forma inmediata, se garantice el derecho a la salud de la quejosa, a través del resguardo domiciliario de la trabajadora, lo cual implica que le sea otorgado permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su encargo en el centro de trabajo, hasta en tanto las autoridades competentes determinen el regreso a las actividades laborales de las personas consideradas como grupo vulnerable. En el entendido de que las autoridades responsables, pueden asignar tareas laborales a la parte quejosa, siempre y cuando éstas correspondan a sus funciones cotidianas, debiéndole proporcionar lo necesario para que pueda desempeñarlas dentro de su domicilio particular, debiendo salvaguardar la integridad y salud de la quejosa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia. Aspectos que deben ser considerados con el esencial propósito de reparar, de forma integral, las violaciones al artículo 4° constitucional. . . Asimismo, la presente determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento a la misma, aun cuando éstas no estuvieran señaladas como responsables en el juicio de derechos; ello en acatamiento a la jurisprudencia 236, emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 159, registro 394192 cuyo rubro establece: . Finalmente, debe invocarse como un hecho notorio que de acuerdo a la política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, la implementación de dicha medida para inmunizar a la población en contra de este virus inició a partir de diciembre de dos mil veinte con el personal de salud de primera línea de control de la Covid- 19; mientras que el personal de salud restante así como personas mayores de sesenta años iniciaron en febrero del presente año. Expuesto lo anterior, se establece que la presente concesión (la obligación de mantener en resguardo domiciliario con goce de sueldo), deberá subsistir hasta en tanto se hubiese aplicado de manera completa el esquema de vacunación a la aquí quejosa o en su defecto, quede acreditado de manera fehaciente que ésta se hubiese negado a recibir la misma, pero sin que se le asigne a un área covid. ..." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, las autoridades responsables a través del oficio con terminación 724.2022 de siete de marzo de dos mil veintidós, y oficio con terminación 11365.2022 de cuatro de mayo de dos mil veintidós., respectivamente informó que la quejosa ya completó su esquema de vacunación, y en atención a ello giro el oficio terminación 714.2022 de cuatro de marzo de dos mil veintidós donde le hacen saber la reincorporación a sus labores en un horario ahí establecido, en el servicio de obstetricia, así también, se informó y acreditó que la quejosa el uno de mayo de dos mil veintidós inició sus trámites jubilatorios encontrándose actualmente de licencia con goce de sueldo por jubilación; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al corroborar que la quejosa recibió su esquema de vacunación contra el virus SARS.CoV2 (covid19), y en atención a ello giro el oficio terminación 714.2022 de cuatro de marzo de dos mil veintidós donde le hacen saber la reincorporación a sus labores en un horario ahí establecido, en el servicio de obstetricia, y le hacen de su conocimiento que se le proporcionaran todos los recursos de los que se disponen a efecto de satisfacer al nivel más alto su derecho a la salud, en el sentido de vulnerabilidad que representa a efecto de reducir lo más razonable posible el peligro a eventual contagio de la enfermedad denominada SARS.CoV2 (covid19). Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable garantice el resguardo domiciliario de la trabajadora, lo cual implica que le sea otorgado permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su encargo en el centro de trabajo, hasta en tanto las autoridades competentes determinen el regreso a las actividades laborales de las personas consideradas como grupo vulnerable. En el entendido de que las autoridades responsables, pueden asignar tareas laborales a la parte quejosa, siempre y cuando éstas correspondan a sus funciones cotidianas, debiéndole proporcionar lo necesario para que pueda desempeñarlas dentro de su domicilio particular, debiendo salvaguardar la integridad y salud de la quejosa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia, expuesto lo anterior, se establece que la presente concesión (la obligación de mantener en resguardo domiciliario con goce de sueldo), deberá subsistir hasta en tanto se hubiese aplicado de manera completa el esquema de vacunación a la aquí quejosa o en su defecto, quede acreditado de manera fehaciente que ésta se hubiese negado a recibir la misma, pero sin que se le asigne a un área covid. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se corrobora que la quejosa recibió su esquema de vacunación contra el virus SARS.CoV2 (covid19), y en atención a ello giro el oficio terminación 714.2022 de cuatro de marzo de dos mil veintidós donde le hacen saber la reincorporación a sus labores en un horario ahí establecido, en el servicio de obstetricia, y le hacen de su conocimiento que se le proporcionaran todos los recursos de los que se disponen a efecto de satisfacer al nivel más alto su derecho a la salud, en el sentido de vulnerabilidad que representa a efecto de reducir lo más razonable posible el peligro a eventual contagio de la enfermedad denominada SARS.CoV2 (covid19), tal como se desprende las constancias que adjuntó la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Rita Rivas González, Encargada de la Subdirección Médica, firmando por ausencia de Francisco Durán Pérez, Director Regional del Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante el cual informa que la quejosa completó su esquema de vacunación, refiriendo que por oficio 043.DIR.3268.2021 adjuntó copia certificada de la carta de comprobante de vacunación CODIV-19, en el que aparece el nombre de la quejosa, acreditando que ya completó el esquema de vacunación; así también informa el uno de mayo de la presente anualidad la quejosa inició su trámite jubilatorio, encontrándose actualmente de licencia con goce de sueldo por jubilación, adjuntando la constancia que acredita su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexos registrados con el número de folio 23207, así como con el oficio de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa Verónica González Arroyo, así como a sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha doce de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Rita Rivas González, Encargada de la Subdirección Médica, firmando por ausencia de Francisco Durán Pérez, Director Regional del Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante el cual informa que la quejosa completó su esquema de vacunación, refiriendo que por oficio 043.DIR.3268.2021 adjuntó copia certificada de la carta de comprobante de vacunación CODIV-19, en el que aparece el nombre de la quejosa, acreditando que ya completó el esquema de vacunación; así también informa el uno de mayo de la presente anualidad la quejosa inició su trámite jubilatorio, encontrándose actualmente de licencia con goce de sueldo por jubilación, adjuntando la constancia que acredita su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexos registrados con el número de folio 23207, así como con el oficio de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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