Veronica Martinez Garcia

Expediente 4/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
4/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Martínez Bermúdez
  • Veronica Martinez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el acta signada por el Coordinador de Actuarios de este Juzgado, mediante el cual comunica las gestiones que realiza para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de veinticuatro de enero de la presente anualidad, lo que informa para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que no obra constancia de notificación personal a la parte quejosa Verónica Martínez García, encomendada mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; la cual fue turnada el veinticuatro de noviembre del citado año al actuario judicial que por número le correspondía realizar tal encomienda, sin que a la fecha obre constancia de notificación en autos ni en el expediente electrónico; por lo anterior, y para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al Coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional que realice las gestiones necesarias para que sea notificada de manera personal a la parte quejosa el citado auto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte denunciante, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno Téngase por recibido el escrito de Alejandro Martínez Bermúdez, por su propio derecho y en su carácter de diputado integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del estado de Morelos contra actos del Congreso del estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Desechamiento de la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad Con fundamento en el artículo 105, fracción II, de la Constitución general, 55, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desecha la denuncia presentada en atención a que es notoriamente improcedente. De la lectura efectuada al escrito de cuenta, se desprende que el promovente reclama la emisión del "Acuerdo parlamentario por el que se modifica la integración de las Comisiones Legislativas y Comités de la LV Legislatura del Congreso del estado de Morelos". Lo anterior, por considerar que es contrario a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020. Sin embargo, este juzgado de distrito se encuentra impedido para analizar el defecto en el cumplimiento de las sentencias emitidas por el Máximo Tribunal del país, tal y como se expondrá a continuación: El artículo 105, fracción II, de la Constitución general contempla que es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el conocer de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Por su parte, el artículo 55, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, el recurso de queja es procedente contra la parte condenada, por exceso o defecto en el cumplimiento de una sentencia emitida con base en ese ordenamiento. Finalmente, el artículo 10, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución general. Bajo ese orden de ideas, si el promovente planteó el presente medio de defensa en términos de los artículos 47, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 210 de la Ley de Amparo, debe tenerse por improcedente ya que el reclamo no deriva de la aplicación de una norma general declarada inválida, sino de un defecto en el cumplimiento de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad. En efecto, en términos de las normas antes mencionadas, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad permite que cualquier persona haga valer, ante un Juez de Distrito, que se le han aplicado normas declaradas inválidas previamente y, en caso de resultar fundada, el Juez ordenará a la autoridad aplicadora dejar sin efectos el acto denunciado. Es decir, se trata de un procedimiento que tiene como presupuesto indispensable la aplicación de una norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga versará precisamente sobre si se llevó a cabo esa aplicación o no. Sin embargo, ello no acontece en el presente asunto, pues se insiste, se trata una denuncia por supuesto incumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad, y por consecuencia, resulta improcedente el medio de defensa planteado.. Hechos: A través de una denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se argumentó que con la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial del propio Estado el 10 de septiembre de 2019, se incumplió lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 25/2008, específicamente en la parte en que se ordenó al Congreso Local subsanar una omisión legislativa a través de la regulación del haber de retiro para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, previsto en el artículo 61 de la Constitución de la entidad, en su texto vigente antes de la reforma que motivó la denuncia y por la que se suprimió lo relativo a dicho haber de retiro. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada en términos de los artículos 47, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 210 de la Ley de Amparo es improcedente cuando el reclamo no deriva de la aplicación de una norma general declarada inválida. Justificación: En términos de las normas antes mencionadas, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad permite que cualquier persona haga valer, ante un Juez de Distrito, que se le han aplicado normas declaradas inválidas previamente y, en caso de resultar fundada, el Juez ordenará a la autoridad aplicadora dejar sin efectos el acto denunciado. En este sentido, se trata de un procedimiento que tiene como presupuesto indispensable la aplicación de una norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga versará precisamente sobre si se llevó a cabo esa aplicación o no". Finalmente, debe decirse que el presente desechamiento no deja al promovente en estado de indefensión ya que, si considera que no se cumplió con la sentencia dictada por el Alto Tribunal, tiene a su alcance el recurso de queja establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico y se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones, incluso las de carácter personal, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo .del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Domicilio procesal y autorizados Para el caso en que el usuario propuesto no se encuentre debidamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yureme Brito Ávila, ya que cuenta con cédula profesional registrada ante el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. . Ahora bien, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, en términos del numeral 2, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Ello en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige el juicio de amparo. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. . Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno Téngase por recibido el escrito de Alejandro Martínez Bermúdez, por su propio derecho y en su carácter de diputado integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del estado de Morelos contra actos del Congreso del estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Desechamiento de la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad Con fundamento en el artículo 105, fracción II, de la Constitución general, 55, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desecha la denuncia presentada en atención a que es notoriamente improcedente. De la lectura efectuada al escrito de cuenta, se desprende que el promovente reclama la emisión del "Acuerdo parlamentario por el que se modifica la integración de las Comisiones Legislativas y Comités de la LV Legislatura del Congreso del estado de Morelos". Lo anterior, por considerar que es contrario a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020. Sin embargo, este juzgado de distrito se encuentra impedido para analizar el defecto en el cumplimiento de las sentencias emitidas por el Máximo Tribunal del país, tal y como se expondrá a continuación: El artículo 105, fracción II, de la Constitución general contempla que es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el conocer de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Por su parte, el artículo 55, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, el recurso de queja es procedente contra la parte condenada, por exceso o defecto en el cumplimiento de una sentencia emitida con base en ese ordenamiento. Finalmente, el artículo 10, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución general. Bajo ese orden de ideas, si el promovente planteó el presente medio de defensa en términos de los artículos 47, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 210 de la Ley de Amparo, debe tenerse por improcedente ya que el reclamo no deriva de la aplicación de una norma general declarada inválida, sino de un defecto en el cumplimiento de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad. En efecto, en términos de las normas antes mencionadas, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad permite que cualquier persona haga valer, ante un Juez de Distrito, que se le han aplicado normas declaradas inválidas previamente y, en caso de resultar fundada, el Juez ordenará a la autoridad aplicadora dejar sin efectos el acto denunciado. Es decir, se trata de un procedimiento que tiene como presupuesto indispensable la aplicación de una norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga versará precisamente sobre si se llevó a cabo esa aplicación o no. Sin embargo, ello no acontece en el presente asunto, pues se insiste, se trata una denuncia por supuesto incumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad, y por consecuencia, resulta improcedente el medio de defensa planteado.. Hechos: A través de una denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se argumentó que con la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial del propio Estado el 10 de septiembre de 2019, se incumplió lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 25/2008, específicamente en la parte en que se ordenó al Congreso Local subsanar una omisión legislativa a través de la regulación del haber de retiro para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, previsto en el artículo 61 de la Constitución de la entidad, en su texto vigente antes de la reforma que motivó la denuncia y por la que se suprimió lo relativo a dicho haber de retiro. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada en términos de los artículos 47, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 210 de la Ley de Amparo es improcedente cuando el reclamo no deriva de la aplicación de una norma general declarada inválida. Justificación: En términos de las normas antes mencionadas, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad permite que cualquier persona haga valer, ante un Juez de Distrito, que se le han aplicado normas declaradas inválidas previamente y, en caso de resultar fundada, el Juez ordenará a la autoridad aplicadora dejar sin efectos el acto denunciado. En este sentido, se trata de un procedimiento que tiene como presupuesto indispensable la aplicación de una norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga versará precisamente sobre si se llevó a cabo esa aplicación o no". Finalmente, debe decirse que el presente desechamiento no deja al promovente en estado de indefensión ya que, si considera que no se cumplió con la sentencia dictada por el Alto Tribunal, tiene a su alcance el recurso de queja establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico y se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones, incluso las de carácter personal, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo .del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Domicilio procesal y autorizados Para el caso en que el usuario propuesto no se encuentre debidamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yureme Brito Ávila, ya que cuenta con cédula profesional registrada ante el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. . Ahora bien, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Ello en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige el juicio de amparo. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. . Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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