Veronica Espinoza Rivera

Expediente 1141/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1141/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/08/2018

Partes del expediente

  • Veronica Espinoza Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    i)Toluca, Estado de México a tres de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio cual el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, hace del conocimiento que por auto de treinta y uno de julio pasado, dicho juzgado se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, asimismo que dicho expediente quedó radicado con el número de juicio de amparo 988/2018-H de su índice; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, del oficio de cuenta, por medio del cual la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, devuelve sin diligenciar el exhorto 397/2018-V, del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se solicitó notificar a las quejosas la radicación del presente juicio de amparo; háganse en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones correspondientes, acúsese el recibo correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al la parte quejosa el proveído de referencia, el presente auto y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista, que se fije en este Juzgado de Distrito. En virtud de lo anterior, toda vez que no existe diligencia pendiente en el presente cuadernillo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como asunto definitivamente concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se ordena el envío del exhorto de cuenta a la autoridad que se avocó del presente expediente, previa copia certificada que se deje en autos. Notifíquese. Toluca, Estado de México a veintiséis de julio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Verónica Espinoza Rivera y Bibiana Patricia Anaya Freyre, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control de Chalco, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1141/2018-V INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que Verónica Espinoza Rivera y Bibiana Patricia Anaya Freyre, reclaman el auto de vinculación a proceso de dieciséis de julio pasado, dentro de la carpeta administrativa 698/2018, del índice del Juez de Control en Chalco, Estado de México, lo que evidencia que dicho acto tiene ejecución en el lugar donde se encuentran las autoridades emisoras. Máxime que también señaló como autoridades ejecutoras al Juez de Control y Juicio Oral, Comisario de Seguridad Pública y Director de Centro Penitenciario y de Readaptación Social, todos de Chalco, Estado de México, lo que evidencia que las consecuencias jurídicas de ese acto de vinculación a proceso, tendrá lugar, en aquel lugar. Es verdad que señalaron al Fiscal y Comisionado General de la Policía de Investigación ambos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como del Ministerio Público de Fiscalía Especializada en Secuestros, Zona Oriente del Estado de México; quienes tienen atribuciones donde este juzgado tiene competencia, sin embargo, del análisis integral de la demanda, no se advierte dato alguno que ponga de manifiesto a aporte algún indicio de que el acto reclamado pudiera tener ejecución en este territorio jurisdiccional. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia por razón de territorio. En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecuta el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía SISE. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. AUTORIZADOS.- En atención al contenido de la certificación de cuenta y por no encontrase registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Isabel Muñoz García, es decir, sólo para oír y recibir notificaciones. DOMICILIO.- En virtud de que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle José Peón Contreras, número 114, Colonia Obrera, en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional ordene a quien corresponda se constituya en el inmueble indicado y notifique el presente proveído a la quejosa; asimismo, la requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio en Toluca, Estado de México, para oír y recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que con posterioridad indique un domicilio para tal efecto en el lugar del juicio. En caso de ser necesario, se habilitan días y horas para la práctica de esta diligencia, de conformidad con el numeral 21, último párrafo de la referida ley. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que deberá firmar electrónicamente el Secretario encargado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA.- Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México a veintiséis de julio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Verónica Espinoza Rivera y Bibiana Patricia Anaya Freyre, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control de Chalco, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1141/2018-V INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que Verónica Espinoza Rivera y Bibiana Patricia Anaya Freyre, reclaman el auto de vinculación a proceso de dieciséis de julio pasado, dentro de la carpeta administrativa 698/2018, del índice del Juez de Control en Chalco, Estado de México, lo que evidencia que dicho acto tiene ejecución en el lugar donde se encuentran las autoridades emisoras. Máxime que también señaló como autoridades ejecutoras al Juez de Control y Juicio Oral, Comisario de Seguridad Pública y Director de Centro Penitenciario y de Readaptación Social, todos de Chalco, Estado de México, lo que evidencia que las consecuencias jurídicas de ese acto de vinculación a proceso, tendrá lugar, en aquel lugar. Es verdad que señalaron al Fiscal y Comisionado General de la Policía de Investigación ambos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como del Ministerio Público de Fiscalía Especializada en Secuestros, Zona Oriente del Estado de México; quienes tienen atribuciones donde este juzgado tiene competencia, sin embargo, del análisis integral de la demanda, no se advierte dato alguno que ponga de manifiesto a aporte algún indicio de que el acto reclamado pudiera tener ejecución en este territorio jurisdiccional. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia por razón de territorio. En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecuta el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía SISE. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. AUTORIZADOS.- En atención al contenido de la certificación de cuenta y por no encontrase registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Isabel Muñoz García, es decir, sólo para oír y recibir notificaciones. DOMICILIO.- En virtud de que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle José Peón Contreras, número 114, Colonia Obrera, en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional ordene a quien corresponda se constituya en el inmueble indicado y notifique el presente proveído a la quejosa; asimismo, la requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio en Toluca, Estado de México, para oír y recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que con posterioridad indique un domicilio para tal efecto en el lugar del juicio. En caso de ser necesario, se habilitan días y horas para la práctica de esta diligencia, de conformidad con el numeral 21, último párrafo de la referida ley. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que deberá firmar electrónicamente el Secretario encargado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA.- Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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