Veronica Benitez Gonzalez
Expediente 876/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2023
Partes del expediente
- Veronica Benitez Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Firmeza procesal. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Archivo. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración documental. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo; (artículo 20, fracción IV). 2. A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). 3. De igual forma, se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años (cuaderno principal), con base en el artículo 20 del Acuerdo en comento; y, posteriormente, se procederá a su destrucción o transferencia íntegramente al Archivo de concentración, respectivamente, según corresponda conforme al acuerdo general aludido. ...
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Verónica Benítez González, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 876/2023-VI. DESECHAMIENTO. Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO 2 Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el acto reclamado en el presente asunto es: 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO WORD SISE 3 La resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca 154/2023, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, en la que modificó el auto de apertura a juicio oral, en lo conducente, la exclusión de diversos medios de prueba, así como el monto de la medida cautelar de garantía económica, en la causa de control 189/2020. Ahora bien, hecha la precisión del acto reclamado, se estima procedente desechar de plano la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así pues del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado constituye una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dicha determinación que no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO 4 que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que también dispone el canon fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO WORD SISE 5 "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO 6 reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO WORD SISE 7 Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, toda vez que la resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca 154/2023, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, en la que se ordenó modificar el auto de apertura de juicio oral, en el que se excluyeron diversos medios de prueba y se modificó el monto de la medida cautelar en la causa de control 189/2020, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo, y que la sentencia que se emita puede ser favorable a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.6/2021 (11a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2023589, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, Undécima Época, Tomo II, septiembre de 2021, página 1743, que indica: 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO 8 "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO WORD SISE 9 Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Énfasis añadido. Así como la diversa 1a./J. 23/2021 (11a.), con registro digital: 2023906, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO 10 improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO WORD SISE 11 residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Énfasis añadido. Es aplicable la tesis jurisprudencial I.7o.C. J/3, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 68, agosto de 1993, visible en la página 49 que dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS: La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías". Sin que en el caso se estime actualizada alguna transgresión a derechos sustantivos de la parte quejosa 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO 12 que le implique una carga probatoria injustificada, pues de la propia narrativa efectuada en la demanda de amparo se aprecia que la autoridad señalada como responsable modificó el auto de apertura a juicio a efecto de considerar diversas pruebas previamente excluidas1 , las cuales si bien pudieran generar alguna afectación a la quejosa, estas serían de carácter adjetivo, que pueden ser enmendadas con posterioridad si el Juez o tribunal de juicio oral consideran que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio, y en consecuencia podría dictar una sentencia favorable a sus intereses. Caso contrario, dichas violaciones son susceptibles de ser combatidas mediante el amparo directo, pues en caso de que la sentencia no le sea favorable, podrá hacer valer tal situación como una violación procesal en amparo directo en términos del artículo 171 y 172, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado 1 Precisadas en las fojas 15 a 19, del cuaderno de amparo. 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO WORD SISE 13 Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Finalmente, no se soslaya que la parte quejosa refiera que la modificación del monto de la medida cautelar de garantía económica afecte su derecho a una reparación integral; sin embargo, debe acotarse, que la finalidad primordial de la imposición de las medidas cautelares es garantizar la presencia de la parte acusada en el proceso; máxime que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no hay disposición alguna en el capítulo atinente a "medidas cautelares" que aluda a la noción de reparación del daño. Pues tal reparación es susceptible de obtenerse, cuando se haya emitido una sentencia condenatoria u otro criterio de oportunidad en el que se reconozca la culpabilidad de la persona sujeta al procedimiento penal; para lo cual el artículo 138 de la ley adjetiva que rige el acto reclamado, regula la figura de la "providencia precautoria" y, específicamente, le encomienda el rol de velar por la viabilidad de la reparación del daño, cuya finalidad exclusiva es garantizar este derecho, ya sea mediante el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas y valores financieros. Con lo anterior, la víctima queda protegida durante el juicio, aunque su derecho sólo será exigible en el futuro, es decir, hasta que aquél culmine; y, por ende, en el caso 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO 14 concreto la modificación del monto de la garantía impuesta a las personas acusadas en el procedimiento de origen, tampoco afecta sus derechos sustantivos, pues se insiste, la reparación del daño es susceptible de obtenerse una vez que exista una determinación firme que declare la viabilidad de la reparación del daño. Es aplicable la tesis 1a. XXVII/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital, 2022161, publicada en octubre de dos mil veinte, en el Libro 79, Tomo I, página 276, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "GARANTÍA ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 155, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SU FINALIDAD NO ES GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Hechos: En el marco de un proceso penal, el quejoso combatió -vía juicio de amparo indirecto- el aumento del monto previamente fijado para la imposición de la medida cautelar de garantía económica. Se consideró que el aumento estaba justificado porque era necesario para garantizar la posible reparación del daño en favor de la víctima. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la medida cautelar de garantía económica prevista en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no tiene como objeto salvaguardar la eventual reparación del daño durante el proceso, como sí lo tiene la figura de la providencia precautoria. Justificación: El legislador ha sido cauteloso en confeccionar las causales de procedencia de las medidas cautelares aplicables al sistema acusatorio, pues parte de la premisa de que éstas tienen el potencial real de afectar varios derechos humanos en perjuicio de personas que aún merecen ser tratadas como inocentes, por virtud del principio de presunción de inocencia. También ha procurado un fino balance entre los derechos de las personas acusadas y los de las víctimas. Sin embargo, no hay disposición alguna en el capítulo atinente a "medidas cautelares" que aluda a la noción de reparación del daño. En cambio, el artículo 138 de este ordenamiento regula la figura de la providencia precautoria y, específicamente, le encomienda el rol de velar por la viabilidad de la reparación del daño. Su finalidad exclusiva es 04/04/24 13:54:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.fc.aa PAOLA BEATRIZ MARTINEZ OCAMPO WORD SISE 15 garantizar este derecho, ya sea mediante el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas y valores financieros. La norma impone al Juez el deber de motivar su justificación y lo faculta para revisar o cancelar esa providencia, siempre que la víctima haya tenido posibilidad de ser escuchada. Además, ella no tiene acceso a los bienes o valores garantizados hasta en tanto no exista una sentencia que condene por reparación de daño. La víctima queda protegida durante el juicio, aunque su derecho sólo será exigible en el futuro, es decir, hasta que aquél culmine. Se trata de figuras que, como su nombre y topografía demuestran, guardan independencia lógica." Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Verónica Benítez González, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico "JUANKITA", por tanto, se comisiona al actuario judicial para que realice las notificaciones vía electrónica y se autoriza la consulta del expediente electrónico.... Notifiquese...
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