Veronica Hernandez Castañeda

Expediente 570/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
570/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2016

Partes del expediente

  • Veronica Hernandez Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de junio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 81 de la Ley de Amparo contra la sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, aplicable al presente asunto, en términos del transitorio tercero de la vigente Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI, pues los mismo establecen. "SEGUNDO. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por: (.) XXI. Expediente Judiciales: Todos aquellos que recogen las actuaciones que dan origen o se generan dentro de un procedimiento judicial hasta su resolución". "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    DICTADO DE LA SENTENCIA. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 570/2016-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Verónica Hernández Castañeda, mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, promovió demanda de amparo en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se mencionan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: El Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Toluca: IV.- ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 8 de abril de 2016, pronunciado por la autoridad responsable dentro del expediente 203/2016." SEGUNDO. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La quejosa señaló como preceptos constitucionales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se registró la demanda, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron hora y día para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones III, inciso b) y VII de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo; y 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que el acto reclamado es de naturaleza declarativa y carece de ejecución material, y fue ante la jurisdicción de este Juzgado en que se presentó la demanda. SEGUNDO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. La demanda de amparo fue presentada dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, pues el auto que se reclama se notificó a la quejosa el once de abril de dos mil dieciséis; por tanto, en términos de lo previsto en el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México (ley aplicable al procedimiento de donde deriva el acto reclamado), tal notificación surtió efectos el mismo día, por lo cual el plazo transcurrió del doce de abril al dos de mayo del año en curso, previo descuento de los sábados y domingos por considerarse inhábiles. De ahí que si la demanda se promovió el veintiséis de abril anterior, su presentación fue oportuna. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ante todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de ocho de abril de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento judicial no contencioso 2387/2015, en el que se desechó el recurso de queja hecho valer en contra del diverso auto de cuatro de ese mismo mes, que inadmitió la solicitud de inmatriculación administrativa formulada por la quejosa. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado (foja 53), aceptó la existencia del acto reclamado. Ello, se corrobora con la copia certificada del expediente de origen que remitió como complemento, y que por ser un documento público se le concede pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia por ser una cuestión de preferencia y de orden público, deben analizarse en primer orden. Así, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Del precepto transcrito se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún recurso o medio de defensa legal; c) Por medio de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Sin que se desprenda que en la especie el acto reclamado encuadre en alguno de los supuestos de excepción previstos por Ley de Amparo, es decir, que el acto que se impugna importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; constituya una orden de aprehensión o reaprehensión, un auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal o que se trate de persona extraña al procedimiento. Ahora bien, los artículos 1.360, 1.362 y 1.378 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establecen: "Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja." "Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario. "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." La interpretación sistemática de los preceptos legales invocados permite considerar que el recurso de apelación es de naturaleza casuística, por lo que se abren dos posibilidades, que la determinación de que se trate sea recurrible mediante apelación o mediante revocación, dado que este último recurso procede contra los autos que no fueren apelables y los decretos. Luego, como el proveído que desechó el recurso de queja hecho valer por la quejosa no es un auto en contra del cual el código procesal prevea expresamente la procedencia de la apelación -condición necesaria para la admisibilidad de ese recurso, conforme al transcrito artículo 1.378-, de ello deriva la procedencia de la revocación. En efecto, la apelación procede en contra de las sentencias definitivas, así como de las interlocutorias y los autos que específicamente señala la legislación adjetiva civil de la entidad. Luego, si conforme al artículo 1.378 del código mencionado, los autos apelables son los que de manera específica señala la propia legislación adjetiva de la entidad y dentro de dichos supuestos no se circunscribe el auto que desechó el recurso de queja intentado por la peticionaria, es incuestionable que el recurso de revocación es el remedio procesal procedente en su contra. Así, resulta evidente que los autos, como el que ahora se reclama, esto es, que desechó un recurso de queja, no encuadran en las hipótesis de procedencia del recurso de apelación; en cambio, la revocación sí cabe, pues al no proceder aquél medio de impugnación, según se ha demostrado, se actualiza la hipótesis del artículo 1.362 mencionado. Y es que la revocación es un medio impugnativo ordinario (en tanto procede en contra de determinaciones no específicamente determinadas, sino respecto de la generalidad de ellas), horizontal (porque se sustancia ante la misma autoridad judicial que emite la resolución impugnada, de modo que adquiere la calidad de un "remedio", esto es, el medio de impugnación que permite al Juez que dictó la resolución recurrida enmendar por sí mismo el error cometido) y subsidiario del de apelación (puesto que procede si y sólo si la apelación no es procedente). En esa tesitura, se advierte que la quejosa antes de acudir a esta vía constitucional, debió agotar el recurso de revocación, y al no haberlo hecho, no cumplió con el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa con que cuente el impetrante de garantías y que sean susceptibles de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional, por ser éste un requisito de procedibilidad que indefendiblemente debe atenderse. Sustenta lo anterior, la ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, página 211, que dice: "AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGÚN RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente si el acto que se reclama podía ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación conforme a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México." Por consiguiente, se debe estimar que en el caso se actualiza la hipótesis estatuida en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, al haberse colmado las exigencias siguientes: a) La determinación reclamada es una resolución proveniente de tribunal judicial, a saber, por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. b) El acto reclamado es impugnable mediante el recurso de revocación establecido en el numeral 1.362 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad (no encuadra en los supuestos apelables). c) Por medio de dicho recurso, el acto reclamado puede ser confirmado, modificado o revocado. En consecuencia, como ya se dijo, si el acto reclamado en el presente sumario era susceptible de reparación mediante el recurso de revocación y éste no se agotó, debe estimarse que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación del gobernado o quejoso de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que considera le causan perjuicio. Cobra aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página novecientos dos del Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Asimismo, la Jurisprudencia VI.1o. J/85, consultable en Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 67, Julio de 1993, página: 51, Tesis: VI.1o. J/85, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Asimismo, por similitud, sirve de apoyo la tesis III.2o.P.253 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, localizada en la página 2981, del Tomo XXXII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en Octubre de 2010, con número de registro 163653, que indica: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. OBLIGA A AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DEL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE QUEJA PROCESAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad contemplado por el artículo 107 de la Constitución Federal, que exime al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, no opera cuando la resolución que se combate consiste en el desechamiento de un recurso de queja procesal, debido a que no incide en la afectación de la libertad, así, previo a acudir al juicio de amparo, se debe agotar el recurso ordinario de revocación que prevé el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, porque su interposición, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, de existir en ellos algún vicio cuya corrección legal sea procedente, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto; ante lo cual, la omisión de hacer valer el medio de impugnación ordinario de referencia, actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo y obliga a sobreseer en el juicio en términos del numeral 74, fracción III, del invocado ordenamiento legal. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en el recurso de queja se impugne que no se ha dado curso a un incidente de adecuación de la pena; este último que pudiera incidir en la libertad personal y con ello se actualizaría el caso de excepción al principio de definitividad; sin embargo, tal supuesto no acontece, cuando únicamente se reclama el desechamiento de un recurso, porque no tiene que ver con la privación o no de la libertad de la persona, si sólo se trata de una cuestión intraprocesal." No es óbice que el artículo 2.184 del Código de Procedimientos civiles del Estado de México establezca que las resoluciones de ejecución son irrecurribles son irrecurribles, toda vez que se está en el caso de un procedimiento no contencioso, por lo que no aplica dicha regla. En consecuencia, al no haber agotado el recurso de revocación contra el auto de ocho de abril de dos mil dieciséis, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 570/2016-I, promovido por Verónica Hernández Castañeda, por lo motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Mario Jorge Melo Cardoso, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta a través del cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, acusa recibo del exhorto 412/2016, del índice estadístico de este órgano jurisdiccional; asimismo, comunica haber procedido a su diligenciación; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, agréguese a los autos para que obre como corresponda, en virtud de que mediante proveído de veinticinco de abril de año en curso, se tuvo por recibida la comunicación de referencia. Por otra parte, visto el escrito de cuenta, por el cual Ángel Lara García, autorizado del quejoso Manuel de Jesús Palma Morquecho, solicita copias certificadas y simples de diversas constancias; por tanto, con fundamento en los artículos 221 y 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes y, una vez que las labores de este juzgado así lo permitan, expídanse a su costa, las copias de las constancias que solicita, previa razón que por su recibo obre en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V) Agréguense el escrito por medio del cual el representante común de los quejosos, promueve incidente de incumplimiento a la suspensión definitiva, se ordena dar vista a las partes para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, ofrezcan la pruebas que estimen pertinentes para el caso en cuestión. Notifíquese.

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