Verónica Chávez Cruz

Expediente 654/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
654/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Verónica Chávez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio 18398/2019, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, mediante el cual acusa de recibo el similar 14826/2019, de diecisiete de mayo último, por el que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada y devolvió los autos del juicio de amparo 1140/2018, del índice de dicho Juzgado; asimismo, comunica que el mismo se avocó al conocimiento del asunto y no insiste en declinar competencia. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente auxiliar, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, lo que podrá realizarse, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto vigésimo citado. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta que antecede, se tiene por recibido del Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, residente en San Andrés Cholula, el oficio 16049/2019, en el que comunica que por resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en autos del expediente 1140/2018 de su índice, declaró, que dicho Órgano Jurisdiccional carece de competencia legal para conocer la demanda de amparo y con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, ordenó remitirla con treinta y ocho anexos, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la cual correspondió, por razón de turno, conocer a este Juzgado Segundo de Distrito. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 654/2018-III-B que le corresponde, en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, de manera respetuosa, este juzgador no acepta la competencia planteada para conocer del juicio constitucional que remite el Juez declinante, en atención a las siguientes consideraciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito, se advierte que se establecen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: a) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la procedencia de las otras exige esta ejecución o que trate de ejecutarse. Y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla en cita se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes. Así, se advierte que el legislador prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. Asimismo, se observa la pretensión del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia. En el caso, del análisis a las constancias que integran el juicio de amparo 1140/2018, se advierte que los actos reclamados por la quejosa, consisten esencialmente en: Las órdenes de aprehensión, citación o presentación y cateo, así como su respectiva ejecución. Al respecto, las autoridades responsables, tanto ordenadoras como ejecutoras: Jueces Primero y Sexto de Distrito Mixto en el Estado de Quintana Roo con residencia en Chetumal; Jueces Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo de Distrito Mixto en el Estado de Quintana Roo con residencia en Cancún; Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Federales en el Estado de Puebla; Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal en Puebla Capital: Director de la Agencia Estatal de Investigación Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Quintana Roo y Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla, negaron la existencia de los actos que respectivamente de les reclamaron. Contrario a lo anterior, el diverso Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, residente en Cancún, rindió su informe en sentido afirmativo (foja 92 del expediente 1140/2018), respecto de la orden de aprehensión que emitió el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en contra de la quejosa y otros. Así, de acuerdo con la disposición legal antes transcrita, se advierte que, dadas las características y naturaleza del acto reclamado, se actualiza la hipótesis de competencia precisada en el inciso b), relativo a cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda. Ello es así, porque la orden de aprehensión reclamada, en principio, tiene ejecución material, consistente en la detención de la aquí quejosa por parte de las autoridades ejecutoras, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la peticionaria del amparo. Luego, la quejosa señaló como autoridades ejecutoras al Director de la Agencia Estatal de Investigación Dependiente de la Fiscalía General; Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General, ambos del Estado de Puebla, y Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización de la Policía Federal Ministerial en la propia entidad federativa. Autoridades que si bien negaron la existencia del acto reclamado, dada su naturaleza y las funciones que desempeñan, son autoridades que se encuentran obligadas a dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que el agente del Ministerio Público les ordene ejecutar, por lo que su negativa no excluye la competencia del Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en dicha entidad. Además, dicha negativa no se traduce en la certeza definitiva de que el mandamiento no habrá de ejecutarse en dicha entidad, toda vez que algunas de las aludidas responsables ejecutoras son federales dependientes de la Fiscalía General de la República, las cuales tienen jurisdicción en todo el territorio nacional, lo que patentiza el hecho de que cualesquiera de sus agentes adscritos, tiene facultad de ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales en cualquier entidad donde se encuentre la quejosa; máxime que la orden de aprehensión se libró a solicitud de un Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; o bien, puede solicitarse la correspondiente colaboración a la Policía Estatal. Asimismo, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, la aquí quejosa, bajo protesta de decir verdad, refirió que: ". personas que se dijeron ser agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y Elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos en el Estado de Puebla y en colaboración con elementos de Policía Federal Ministerial del Estado de Quintana Roo, se presentaron en mi domicilio particular ubicado en Calle 25 veinticinco "A" sur, número 13707 trece mil setecientos siete, del Fraccionamiento San Isidro Castillotla, de esta ciudad de Puebla, Puebla, con el propósito de privarme de mi libertad sin expresar el motivo que tengan para ello, llevando una supuesta orden de aprehensión consigo.". Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas como anexos del referido juicio de amparo (foja 1911 del anexo 4), se desprende que la aquí quejosa, además de ser originaria del Estado de Puebla, se desempeñaba laboralmente en la ciudad del mismo nombre en dicha entidad, como agente de la Policía Judicial adscrita a la Comandancia Especializada en Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de ese Estado, como acreditó con su credencial oficial con número de folio 501, en su comparecencia de trece de julio de dos mil seis, dentro de la averiguación previa 002/FEADP/2006, lo que demuestra que con independencia de que la amparista señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de donde es oriunda, también tenía su centro de trabajo y lo desempeñaba en ese lugar. Así, es inconcuso que, existe un principio de prueba de que la orden de aprehensión puede ser ejecutada en el Estado de Puebla. Por tanto, al asegurar la quejosa bajo protesta de decir verdad que en la ciudad donde reside, trata de ejecutarse la orden de aprehensión referida, la competencia para conocer del referido juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en ese lugar, por lo que es el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, residente en San Andrés Cholula, quien debe seguir conociendo del presente juicio, pues fue quien previno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIII.P.A. J/1 (10a.), sostenida por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, página 3100, Libro 52, marzo de 2018, tomo IV, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2016328, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." Así como la tesis I.6o.P.97 P (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 2093, Libro 50, del Tomo IV, Enero de 2018, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015956, que dispone: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SI EN LA DEMANDA SE SEÑALAN AUTORIDADES EJECUTORAS FEDERALES, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA TRATA DE EJECUTARSE. Si en la demanda de amparo el quejoso, bajo protesta de decir verdad, aseveró que a su domicilio se han presentado agentes de la autoridad a efecto de privarlo de su libertad, y que esas autoridades ejecutoras federales son dependientes de la Procuraduría General de la República, atento a la naturaleza del acto (orden de detención o aprehensión), y que éstas tienen jurisdicción en todo el territorio nacional, por lo que cualquiera de sus agentes adscritos está facultado para ejecutar mandamientos judiciales y ministeriales, se concluye que dicho mandato puede ejecutarse en cualquier lugar en donde pueda ser localizado el quejoso, como lo es su domicilio; en consecuencia, el competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el quejoso aseguró que trató de ejecutarse la orden, es decir, su domicilio; criterio que es inaplicable cuando en el juicio de amparo sólo se señalan autoridades ejecutoras locales, y éstas niegan el acto de ejecución que se les atribuye." En ese contexto, es inconcuso que la competencia para conocer de los actos reclamados por la parte quejosa, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, segundo párrafo de la Ley de Amparo, recae en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante quien se presentó la demanda de amparo, por lo que este Juzgado no acepta la competencia planteada. En consecuencia, con copias certificadas de dicho sumario, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y devuélvanse los presentes autos y anexos al citado Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, residente en San Andrés Cholula, para que en su caso, dé trámite al juicio, decline su competencia, o plantee el conflicto competencial correspondiente. Notifíquese y regístrese.

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