Velia Jimena Barrera Hijuelos

Expediente 1212/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1212/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Velia Jimena Barrera Hijuelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el ocho de abril del presente año, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el día siguiente a este Juzgado, compareció Velia Jimena Barrera Hijuelos, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, materia común, con número de registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La denegación de justicia al no estarse respetando los plazos y términos contemplados en la Ley Federal del Trabajo, por lo que ha propiciado que el proceso se encuentre dilatado. Advirtiendo de la narración de sus antecedentes que esencialmente reclama, el señalamiento de una fecha lejana para la celebración de la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de pruebas, en el juicio laboral 161/2020. TERCERA. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó su Presidente al rendir su informe justificado; además de que la existencia de dicho acto se corrobora con la documental que adjuntó. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A consideración del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 77, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación: En efecto, en el presente asunto, la quejosa reclama de la Junta responsable, que mediante acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en autos del juicio laboral 161/2020, se fijaron como hora y fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, las once horas con treinta minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; situación que alega, viola sus derechos fundamentales toda vez que no se le está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley. Ahora bien, se afirma que en la especie se surte la causa de improcedencia en estudio, toda vez que, aun cuando se estimaran vulnerados los derechos fundamentales de la quejosa con motivo del acuerdo reclamado, no se podría restituir a la peticionaria del amparo en el goce de los mismos. Ello, debido a que en la especie, el efecto de una posible concesión de amparo sería para que la autoridad responsable dejara sin efecto el acuerdo dictado el veinte de noviembre de dos mil veinte, en lo conducente a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y señalara una nueva data para su verificación, dentro del plazo de diez días previsto en la fracción VIII del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, lo que traería como consecuencia, que la hora y fecha ya establecida para el desahogo de la referida audiencia -veintisiete de mayo de dos mil veintiuno- quedara sin efectos, retrasando aún más la integración del expediente laboral de origen; es decir, el efecto sería contrario a lo que busca la parte quejosa. Se considera lo anterior de esa manera, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se está resolviendo en fecha ocho de abril del año que transcurre, por lo que de no ser recurrida por alguna de las partes, se determinaría ejecutoriada la sentencia el veintisiete de abril del año en curso. Dicha determinación se notificaría a la Junta responsable al día siguiente hábil, esto es, el veintiocho de abril siguiente; la cual contaría con un término de tres días para remitir el auto con el que acredite el cumplimiento y proveyera en relación a la fecha en la que habría de celebrarse la audiencia de que se trata, la cual podrá señalar dentro de los diez días siguientes a dicho auto; es decir, su desahogo podría acontecer en una fecha muy cercana a la actualmente programada, ello tomando en consideración que hubiere alcanzado a notificar a los aquí terceros interesados; imposibilitando jurídicamente que se produzcan los efectos restitutorios de una sentencia concesora de amparo. Por ello, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que respecta al acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta capital, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77, interpretado en sentido contrario, de la propia Ley. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 7/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 281, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió." También se cita como apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 187, Tomo VI, Apéndice 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197245, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." QUINTA. Publicación de datos personales. Toda vez que la parte quejosa, manifestó estar ANUENTE a que se publiquen los datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto; lo cual fue acordado favorablemente mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Velia Jimena Barrera Hijuelos, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 339001400100/JDSJDC/PCM/3981/2021, presentado por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL de Arturo de Jesús Salazar Moo, quien se ostenta apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de cuatro de marzo del año en curso, respecto de la investigación del domicilio de las terceros interesadas Adamant, Adacinco, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable e Inclusión Profesional, Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, téngase por cumplido el referido requerimiento por cuanto hace a la citada autoridad. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento en cuanto al contenido del oficio de cuenta, ni de los diversos AAFY/DG/344/2021 de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán y 700-71-00-01-01-2021-0702, de la Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1", ambos con sede en esta ciudad, los cuales se recibieron en proveídos de doce y dieciséis de los corrientes, lo anterior, toda vez que los mencionados terceros interesados, ya fueron emplazados al presente juicio, tal como se advierte de la razón de notificación por lista de estrados, previo citatorio, de fecha doce de marzo del año en curso, que se encuentra glosado en autos. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 700-71-00-01-01-2021-0702, suscrito por la Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de cuatro de marzo del año en curso, respecto de la investigación del domicilio de las terceros interesadas ********************, ********************e ********************. En consecuencia, téngase por cumplido el referido requerimiento por cuanto hace a la citada autoridad y resérvese hacer pronunciamiento en cuanto a su contenido, hasta en tanto los restantes organismos cumplan con el mismo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe.

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