Vannesa Stephanie Cortez Mena

Expediente 2678/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2678/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Vannesa Stephanie Cortez Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el catorce siguiente a este Juzgado, compareció Vannesa Stephanie Cortez Mena, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de las autoridades siguientes: ORDENADORA Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. EJECUTORAS Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Director de la Policía Estatal de Investigación. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables. Así mismo, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: - Las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención y/o presentación dictadas en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos. No son ciertos los actos que se reclaman de las autoridades responsables: ORDENADORA Jueza Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (promoción 26251). EJECUTORAS Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (promoción 26329). Director de la Policía Estatal de Investigación (promoción 26382). Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (promoción 26205). Todos con sede en esta capital. Lo anterior, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dichas negativas con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por falta de materia; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Vannesa Stephanie Cortez Mena contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el antecedente primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto: agréguese a este expediente el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria del amparo. Lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por acuerdo de nueve de diciembre del año en curso, se tuvo por cumplido el fallo constitucional y se ordenó el archivo de este juicio como asunto concluido. Por otra parte, en relación al diverso escrito signado por el citado autorizado de la parte quejosa, ********************, a través del cual solicita por los motivos que expone, se regularice el procedimiento en este juicio. Al efecto, dígase al autorizado ocursante que no ha lugar de acordar favorablemente su petición, toda vez que si bien como manifiesta, presentó un escrito en fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós, a las veinte horas con cincuenta y cuatro minutos, en contestación a la vista que se dio a la parte quejosa, respecto al cumplimiento por parte de las autoridades responsables. Lo cierto es, que dicho escrito lo presentó electrónicamente, por lo que se tuvo por legalmente recibido en este Juzgado Federal, por conducto de la oficialía de partes del órgano jurisdiccional, hasta el nueve de diciembre de dos mil veintidós, razón por la cual, dado el esquema de trabajo, no pudo ser tomado en consideración al momento de pronunciarse la resolución de esa propia fecha en el que se tuvo por cumplido el fallo constitucional. Sin que ello constituya una violación o actuar negligente de parte de los funcionarios del juzgado federal, dado que la Ley de Amparo sólo obliga a que las promociones de las partes sean acordadas dentro de las veinticuatro hábiles siguientes a su legal recepción, de manera que si fue acordada hasta esta fecha, debe sostenerse que se acordó dentro del término legal correspondiente, por lo que no existe violación alguna. Aunado a que en el caso, no resulta procedente la regularización del procedimiento, en los términos que lo solicita; atendiendo a las siguientes razones. En el caso, de los efectos de la concesión del amparo, como se dijo en la sentencia definitiva, lo fueron para que: "el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, haga lo siguiente: - - - a) Deje insubsistente la determinación de veinte de febrero de dos mil diecisiete, a través de la cual declaró el abandono, de entre otros, del bien inmueble materia del presente juicio de amparo. - - - b) Hecho lo cual, ordene notificar el acuerdo de aseguramiento a las aquí disconformes, siguiendo las formalidades establecidas en los artículos 182-A y 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales.- - - Concesión, que se hace extensiva a los actos reclamados a las autoridades responsable ejecutoras, por no reclamárseles por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar del acto atribuido a la autoridad ordenadora." Lo que dichas autoridades así hicieron y demostraron fehacientemente con los correspondientes oficios y constancias conducentes que remitieron en cumplimiento a la ejecutoria del amparo, de los que se advirtió que siguieron los lineamientos que como directrices se les fijaron en el fallo constitucional. Siendo que del contenido del escrito del autorizado ocursante con el que realizó manifestaciones en relación a la vista que se le dio a la parte quejosa del cumplimiento de la ejecutoria por parte de las autoridades responsables, mismo que acompañó a su escrito que se tiene por recibido en esta fecha, se advierte que solicita se requiera información a las autoridades responsables, que son ajenas a la litis que motivó la concesión del amparo, misma que quedó establecida en párrafos que anteceden. Ello es así, ya que por lo que se refiere al acuerdo de aseguramiento que refiere, el presente juicio de amparo se sobreseyó al haber acontecido un cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto que determinó el abandono del inmueble en cuestión, pues éste sustituyo el acuerdo de aseguramiento ocasionando una desaparición de sus efectos. Por ello es claro que el mismo no es parte de la concesión de amparo. De ahí que no sea factible acordar de conformidad con lo solicitado por el promovente. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán; veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de catorce de noviembre de este año (fecha de vista) se dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación con la vista otorgada con lo informado por la encargada del despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la sentencia constitucional, notificándosele personalmente el quince de noviembre siguiente (última notificación), por lo que el plazo transcurrió del dieciséis al veintidós de noviembre de la anualidad. Así mismo, en el referido auto se apercibió a la parte quejosa que en caso de no hacer manifestación alguna, dentro del término que se le concedió para ello, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera; sin que a la fecha hubiera hecho manifestación al respecto. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones hechas por la parte quejosa y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En principio, cabe señalar que el siete de septiembre de este año (fojas 91 a 96) se dictó sentencia, en la cual, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente expediente y en el segundo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, para el efecto siguiente: "...de que las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo, y en breve término, se emita la calificación registral correspondiente a la solicitud 31220002135, y, en su caso, ordene a la autoridad correspondiente, sea puesto a disposición el documento respectivo a los promoventes, de no existir impedimento legal alguno justificado. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncie en algún sentido..." Posteriormente, por auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia amparadora y se requirió su cumplimiento a las indicadas responsables (fojas 113 y 114). Así, a fin de cumplir con la sentencia de amparo, la encargada del despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede esta ciudad, remitió un oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el diecisiete de noviembre de la anualidad (fecha de recepción), en el que señaló expresamente que mediante resolución de cuatro de agosto de este año, se emitió calificación registral negativa (fecha de cumplimiento) y, al efecto, exhibió el anexo correspondiente (promoción 25779, fojas 120 a 122). Al respecto, cabe indicar que las manifestaciones antes referidas se tienen por acreditadas en términos del informe de la responsable, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al alcanzar valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, ya que fue expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y el cual contiene sello, firma y otros signos exteriores que lo certifica como tal. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo CIX, visible a página 613, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PUBLICOS. Por documento público se entiende aquel cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario investido de la fe pública y el expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones; ahora bien, si el acta no contiene indicación alguna del funcionario que la levantó, y por ende, no es posible determinar si quien la formuló estaba facultado para hacerlo y lo hizo en el ejercicio de sus funciones, debe concluirse que no puede considerarse como documento público y que, por ello, carece de valor probatorio pleno, que es propio de los documentos de esta clase." Máxime que la propia responsable reconoció la existencia de la resolución de calificación registral negativa con la que se cumplimentó el fallo amparador; manifestación que constituye una confesión expresa en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, por analogía en su razonamiento, la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Tercera Parte, visible a página 89, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. ACTOS CONFESADOS EN EL, POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ES BASTANTE PARA TENERLOS POR DEMOSTRADOS. Basta la confesión expresa contenida en el informe con justificación relativo, para que se hubiera relevado al poblado quejoso de aportar prueba alguna al respecto, pues, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, "los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba". En tales condiciones, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que con la emisión de la resolución de calificación registral negativa se concluyó el procedimiento relativo a la solicitud 31220002135, por lo que la nombrada autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto atribuido, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es depurable. Lo anterior, en virtud de que se trata de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico correspondiente coinciden en su totalidad. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha de vista: catorce de noviembre de este año. Fecha de última notificación: quince de noviembre de esta anualidad. Fecha de recepción en este juzgado del oficio de cumplimiento: diecisiete de noviembre de la anualidad. Fecha de último acto de cumplimiento otorgado a la sentencia: cuatro de agosto de este año. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el oficio de cuenta signado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán, y anexo que acompaña; que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a la parte quejosa por el término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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