Verónica Cahuaré García

Expediente 409/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
409/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Verónica Cahuaré García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria relativa al recurso de queja 138/2022, interpuesto por ***, por sí y en representación de su menor hijo B.LL.G.C, parte quejosa, anexando el original del juicio de amparo 409/2022. Ahora bien, de los puntos resolutivos de la ejecutoria en mención, se desprende lo siguiente: "PRIMERO. Es INFUNDADO el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el amparo indirecto 409/2022. TERCERO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, y en representación de su menor hijo B.LL.G.C. CUARTO. La presente sentencia estará a disposición del público para su consulta." Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó, agréguese a los autos únicamente los originales que obran en el mismo; y respecto de las restantes, se ordena su destrucción. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto la superioridad confirmó el desechamiento de la demanda de amparo, este órgano considera innecesario que la comunicación se haga de manera personal, en la medida en que la firmeza adquirida por dicha resolución y el sentido del proveído, no afecta a la seguridad procesal de las partes ni los deja en estado de indefensión, aunado a que el presente proveído no se ubica dentro de los supuestos de notificación personal que indica el dispositivo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, porque no se trata del desechamiento primigenio de la demanda, sino de la confirmación de esa decisión, máxime que los acuerdos pronunciados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-2019, citados con anterioridad, no precisan su notificación en vía personal; por lo anterior, se ordena a los actuarios adscritos que la notificación de este proveído se haga por lista. ARCHIVO Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en Vigor, archívese el presente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. - REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. D. - DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Visto; el oficio firmado Criptográficamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo, además informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto, recayéndole el número 138/2022. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos y téngase a la superioridad acusando recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Visto; el escrito signado por ***, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º., glósese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte impetrante del amparo. En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, en razón de que el treinta de marzo de dos mil veintidós, en autos del juicio de amparo indirecto 409/2022, se desechó de plano la demanda de amparo presentada por ***, y en representación del menor de edad de identidad reservada con iniciales B.LL.G.C. Por tanto, remítase de inmediato el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  4. Principal

    REGISTRO. Vista; la demanda de amparo promovida por ****, y en representación del menor de edad de identidad reservada con iniciales B.LL.G.C, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, con sede en esa ciudad. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absoluta de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible tener una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la jurisprudencia I.1º.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, claramente se advierte que el acto del que primordialmente se duele la parte quejosa, se hace consistir en el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 100/2022, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, con sede en esa ciudad, relativo al juicio de desconocimiento de paternidad, promovido por Fernando González Blanco contra Verónica Cahuaré García, que contiene la orden judicial a fin de que se desahogue la prueba pericial en materia de genética, para determinar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad entre el actor y el menor de identidad reservada. Expuesto lo anterior, este juzgador considera que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "I. . . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.." Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d).- Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causal de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, lo que en el caso no acontece, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 100/2022, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, con sede en esa ciudad, relativo al juicio de desconocimiento de paternidad, promovido por Fernando González Blanco contra Verónica Cahuaré García, que contiene la orden judicial a fin de que se desahogue la prueba pericial en materia de genética, para determinar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad entre el actor y el menor de identidad reservada. En la especie, se considera que en contra del auto reclamado, procede el recurso de apelación contemplado en los artículos 663, 666 y 671, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas que establecen: "ARTICULO 663.- EL RECURSO DE APELACIÓN TIENE POR OBJETO QUE EL SUPERIOR CONFIRME, REVOQUE O MODIFIQUE LA RESOLUCIÓN DEL INFERIOR". "ARTICULO 666.- LA APELACIÓN DEBE INTERPONERSE ANTE EL JUEZ QUE PRONUNCIO LA RESOLUCIÓN, VERBALMENTE EN EL ACTO DE NOTIFICARSE, O POR ESCRITO DENTRO DE CINCO DÍAS IMPRORROGABLES SI SE TRATARE DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA, O DENTRO DE TRES SI FUERA INTERLOCUTORIA O SE TRATARE DE UN AUTO. SE EXCEPTÚA LA APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS JUICIOS EN REBELDÍA, CUANDO NO FUERE NOTIFICADO PERSONALMENTE EL DEMANDADO, O CUANDO SE TRATARE DE LA APELACIÓN EXTRAORDINARIA. LOS AUTOS E INTERLOCUTORIAS SERÁN APELABLES CUANDO LO FUERE LA SENTENCIA DEFINITIVA". "ARTICULO 671.- DE LOS AUTOS Y SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS QUE DERIVEN UNA EJECUCIÓN QUE PUEDA CAUSAR DAÑO IRREPARABLE O DE DIFÍCIL REPARACIÓN Y LA APELACIÓN PROCEDA EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, SE ADMITIRÁ EN AMBOS EFECTOS SI EL APELANTE LO SOLICITA AL INTERPONER EL RECURSO, EN EL QUE DEBERÁ SEÑALAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERA EL DAÑO IRREPARABLE O DE DIFÍCIL REPARACIÓN." En efecto, del análisis sistemático de los artículos antes transcritos, se pone de manifiesto que con la interposición del recurso de apelación, se puede revocar o modificar el acto tildado de inconstitucional, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a favor de la parte quejosa, y entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es inconcuso que dicha demanda resulta improcedente. Lo anterior es así, porque al ser apelable la sentencia que se dicte en el juicio de desconocimiento de paternidad, en términos de los artículos 666 y 991, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, es obvio que también son apelables los autos dictados en dicho juicio, por lo que es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponer el recurso de apelación en contra del auto tildado de inconstitucional, pues por virtud del citado medio de impugnación, el acto reclamado puede ser revocado o modificado, y al no agotar ese recurso antes de ocurrir al juicio de amparo, este carece de definitividad, como se dijo. Lo anterior es así, toda vez, que es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en este caso concreto el recurso de apelación contemplado en los preceptos antes anotados, salvo en los casos de excepción, contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, los recursos que procedan, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Por lo que es evidente que en contra del acto reclamado por esta vía constitucional, el medio ordinario de defensa especifico, es el recurso de apelación, establecido en los artículos 663, 666 y 671, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Chiapas. Al caso sirve de apoyo, la jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte TCC, Página 678, con el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No se desconoce el contenido de la Jurisprudencia 1ª/J.17/2003, con el epígrafe "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LAS PERSONAS.", y que prevé que cuando en un juicio civil se admite y se ordena el desahogo de la prueba pericial para determinar la huella genética, con el objeto de acreditar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad, dicho proveído deber ser considerado como un acto de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través del juicio de amparo indirecto; sin embargo, dicha jurisprudencia debe ser entendida bajo el supuesto de que previamente se haya agotado el medio de defensa o recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, de conformidad con lo que establece el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 61, fracción XVIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al estimar que el principio de definitividad opera como regla general, teniendo como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Finalmente, es preciso mencionar que no es obstáculo a lo aquí determinado, que en el caso particular se encuentren involucrados derechos de una menor de edad, toda vez que la Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado con respecto a que contra los actos de imposible reparación, previamente deben agotarse los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los numerales 61, fracción XVIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al estimar que el principio de definitividad opera como regla general, salvo los casos de excepción mencionados en párrafos que anteceden. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo Cobra aplicación la Jurisprudencia del rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Y la Jurisprudencia J/239, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Noviembre de 2003, visible a página 765, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como, la tesis I.5o.C.86 C (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: AMPARO CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. PREVIAMENTE A SU PROMOCIÓN DEBE CUMPLIRSE CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA.", el juicio de amparo indirecto es procedente contra el auto que admite dicha prueba, estableciendo que el mismo debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional; empero no implica una excepción al principio de definitividad, pues ese criterio de manera expresa hace remisión a lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, que sujeta la viabilidad de la acción de amparo en la vía indirecta, al previo agotamiento de los recursos procedentes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados; procede desechar la demanda de amparo promovida por ***, y en representación del menor de edad de identidad reservada con iniciales B.LL.G.C, con fundamento en el artículo 113, de la legislación en comento. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO y AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado a ****, en términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, en virtud de tener registrada su cédula profesional en la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación, y a los diversos mencionados en su escrito, en términos restringidos, por haberlo así señalado. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones a través del usuario OswaldoPP; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. Asimismo, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; por ello, se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio al usuario OswaldoPP. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. De igual manera, respecto del correo electrónico y número de teléfono que proporciona, como medios para establecer comunicación directa, dígasele que toda vez que tal como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, éstos sólo son medios para entablar comunicaciones no procesales con las partes. Por tanto, téngase a la parte quejosa, proporcionando el correo electrónico y número de teléfono que al efecto señala, para que a través de los mismos se puedan entablar comunicaciones no procesales cuyos contenidos serán registrados y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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