Verónica Betanzos Pérez

Expediente 177/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
177/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Verónica Betanzos Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de febrero de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****************************************Al efecto, se acuerda:****************************************Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes.****************************************ARCHIVO.****************************************Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE.****************************************De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación.****************************************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.****************************************Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente.****************************************REGISTROS CORRESPONDIENTES.****************************************Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.****************************************DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES.****************************************Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo.****************************************NOTIFÍQUESE POR LISTA.********************

  2. Principal

    Visto; el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el diverso suscrito por la Segunda Secretaria de Acuerdos de Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en el que informa que en auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, señaló trece horas del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, para que se lleve a cabo el desahogo de la prueba confesional, a cargo de ********************, por lo que comisionó al actuario de su adscripción para que notificara a la parte actora y demandada en los domicilios procesales que tuvieran señalados en autos; así también, en cuanto al absolvente, determinó que este fuera notificado por conducto de la parte demandada, para que por su conducto hiciera comparecer a dicha persona y en caso de que estuviera impedida para hacerlo, lo hiciera del conocimiento de esa autoridad, dentro del término de veinticuatro horas siguientes, contados a partir de la notificación del acuerdo respectivo. Asimismo, informa que en cuanto a la prueba testimonial a cargo de los ciudadanos ***********, se declaró desierta la prueba por falta de elementos para su desahogo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2.°, agréguese a los autos el oficio y anexos de mérito para que obre como corresponda. Téngase a la autoridad de mérito en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se toma conocimiento de lo informado. En ese tenor, REQUIÉRASE, a la autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que sea notificada de este acuerdo, remita a este juzgado, copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes, del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen. Así también, informe si la parte demandada hizo constar alguna imposibilidad para presentar a ********************, en la fecha y hora que señaló para el desahogo de la prueba confesional a cargo de dicha persona y de ser así, remita copia certificada del proveído que haya recaído a esa manifestación. Apercibido, que de no cumplir con lo aquí ordenado o de no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo, en relación con el 258, de la ley de la materia; SE LE IMPONDRÁ una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en caso de no cumplir con los lineamientos de la ejecutoria, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 177/2023 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto que reclama del 1. Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización 01, Villacorzo, Chiapas. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo número 177/2023-VIII y dese de alta en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido, se advierte que lo que la quejosa reclama esencialmente del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización 01, Villacorzo, Chiapas, es lo siguiente: "La negativa de ejecutar la exhumación del cadáver de mi extinto esposo Eliasar Velasco Madrigal, para ser trasladado del lugar donde fue sepultado Colonia Manuel Ávila Camacho municipio de Villacorzo, Chiapas al panteón de la Colonia Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo, Chiapas." En el caso, es procedente desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que se advierte actualizada la causal de improcedencia deducida de lo previsto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Al respecto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las actuaciones y omisiones del Ministerio Público deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta por parte de la autoridad investigadora en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o la negativa de permitir el acceso a los registros de investigación), sino que en general se trata de actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tengan como efecto evitar dar a conocer las condiciones de la investigación, paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las actuaciones u omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican una paralización de su función investigadora. Entonces, la peticionaria del amparo debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra la negativa de la autoridad investigadora que aquí controvierte. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Así como la diversa cuyo rubro y texto son del tenor siguientes: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que, por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de decisión u omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier determinación u omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. Tiene sustento a lo anterior la tesis de rubro siguiente: RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. III. DESECHAMIENTO. En mérito de lo expuesto, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se ha hecho alusión en líneas que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para recibir oír y notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, el ubicado en ******************** ******************** Y como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, parte in fine, con relación en el diverso 24, párrafo segundo, del mismo ordenamiento legal, a ******************** por así haberlo solicitado. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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