Verónica Betanzos Pérez
Expediente 785/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/06/2023
Partes del expediente
- Verónica Betanzos Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Verónica Betanzos Pérez. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 20 antes mencionado, del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por la parte quejosa susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obra la comparecencia de la quejosa Verónica Betanzos Pérez, en la que ratificó su escrito presentado en la Oficialía de Parte de este Juzgado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual desahogó la prevención realizada en proveído de diecisiete de mayo de la actual anualidad. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comparecencia de mérito, y se tiene por ratificado el escrito de referencia. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 dispone que el Juez examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem.2 , que determina: De manera que la parte quejosa reclama del Juez de Control, Región Tres del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, con sede en esa ciudad, en concreto, el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que le negó la apertura de audiencia de control judicial, dentro del cuadernillo 11/2023, de su índice, respecto de la negativa del Fiscal del Ministerio Público del Municipio de Villacorzo, Chiapas, de ejecutar la exhumación del cadáver de su extinto esposo Eliasar Velasco Madrigal, solicitado por la parte hoy quejosa. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.3 Sentado lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causal de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causal de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de defensa oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61 en cita.4 Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el presente caso, con relación al acto combatido, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto y regulado por los artículos 456, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales,5 que rige el acto impugnado, mismo que tiene por objeto revocar o nulificar dicho acto, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. De los preceptos normativos citados se advierte que el recurso de revocación es el medio de impugnación que procede contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación en las que interviene la autoridad judicial; medio de impugnación que tiene por objeto que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Que el recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito. Ahora, en lo concerniente al recurso de revocación que establece su procedencia contra "las resoluciones de mero trámite" a que hace referencia el artículo 465 antes transcrito, es conveniente citar el contenido del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales:6 Del numeral citado se desprende que las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional se dividen en sentencias y autos, entendiéndose por las primeras como aquéllas que deciden en definitiva y ponen término al procedimiento, y por los segundos a todos los demás casos. Por ende, las resoluciones de mero trámite que son impugnables a través del recurso de revocación, comprenden a todas aquéllas que no resuelven en definitiva el asunto o ponen término al procedimiento. De ahí que, al tratarse el acto reclamado del acuerdo diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que el Juez de Control Región Tres del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, con sede en esa ciudad, le negó la apertura de audiencia de control judicial, dentro del cuadernillo 11/2023, de su índice, respecto de la negativa del Fiscal del Ministerio Público del Municipio de Villacorzo, Chiapas, de ejecutar la exhumación del cadáver de su extinto esposo Eliasar Velasco Madrigal, solicitado por la parte hoy quejosa, deviene inconcuso que procedía en su contra dicho medio de impugnación, por tratarse de una cuestión de mero trámite. De manera que, la peticionario sí estaba en aptitud de interponer en forma oportuna dicho medio de impugnación, en virtud de ser la parte que interpuso el recurso a que alude el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y además existe la certeza de tal medio defensivo, según quedó precisado en el párrafo que antecede; además, no se está en algún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Aunado a que, como ya se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación del afectado de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance, aparte de que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causal de improcedencia antes invocada. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 35/2020 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760, Décima Época, Materia Penal, con registro digital 2022001, del rublo siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Así como la tesis I.8º.P.25 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada el viernes 12 de julio de dos mil diecinueve, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2020293, la cual se comparte, que señala: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado se ubica en alguna de las excepciones previstas en la propia fracción de ese precepto. Por su parte, del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial; además, conforme al diverso numeral 456 de este ordenamiento, las resoluciones judiciales sólo podrán ser recurridas por los medios y en los casos establecidos por el propio código. Ahora bien, como el acuerdo del Juez de control que determina que es improcedente convocar a la audiencia para la sustanciación del recurso previsto en el artículo 258 del código citado, es de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada, en su contra procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad. En efecto, dada la naturaleza de la determinación recurrida, ésta cuenta con los requisitos establecidos en el artículo citado para que en su contra proceda el recurso de revocación, pues es de mero trámite por no trascender al resultado y no afectar derechos sustantivos del quejoso. DESECHAMIENTO. En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR la demanda promovida por Verónica Betanzos Pérez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obra la comparecencia de la quejosa Verónica Betanzos Pérez, en la que ratificó su escrito presentado en la Oficialía de Parte de este Juzgado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual desahogó la prevención realizada en proveído de diecisiete de mayo de la actual anualidad. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comparecencia de mérito, y se tiene por ratificado el escrito de referencia. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 dispone que el Juez examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem.2 , que determina: De manera que la parte quejosa reclama del Juez de Control, Región Tres del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, con sede en esa ciudad, en concreto, el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que le negó la apertura de audiencia de control judicial, dentro del cuadernillo 11/2023, de su índice, respecto de la negativa del Fiscal del Ministerio Público del Municipio de Villacorzo, Chiapas, de ejecutar la exhumación del cadáver de su extinto esposo Eliasar Velasco Madrigal, solicitado por la parte hoy quejosa. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.3 Sentado lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causal de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causal de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de defensa oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61 en cita.4 Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el presente caso, con relación al acto combatido, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto y regulado por los artículos 456, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales,5 que rige el acto impugnado, mismo que tiene por objeto revocar o nulificar dicho acto, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. De los preceptos normativos citados se advierte que el recurso de revocación es el medio de impugnación que procede contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación en las que interviene la autoridad judicial; medio de impugnación que tiene por objeto que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Que el recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito. Ahora, en lo concerniente al recurso de revocación que establece su procedencia contra "las resoluciones de mero trámite" a que hace referencia el artículo 465 antes transcrito, es conveniente citar el contenido del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales:6 Del numeral citado se desprende que las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional se dividen en sentencias y autos, entendiéndose por las primeras como aquéllas que deciden en definitiva y ponen término al procedimiento, y por los segundos a todos los demás casos. Por ende, las resoluciones de mero trámite que son impugnables a través del recurso de revocación, comprenden a todas aquéllas que no resuelven en definitiva el asunto o ponen término al procedimiento. De ahí que, al tratarse el acto reclamado del acuerdo diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que el Juez de Control Región Tres del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, con sede en esa ciudad, le negó la apertura de audiencia de control judicial, dentro del cuadernillo 11/2023, de su índice, respecto de la negativa del Fiscal del Ministerio Público del Municipio de Villacorzo, Chiapas, de ejecutar la exhumación del cadáver de su extinto esposo Eliasar Velasco Madrigal, solicitado por la parte hoy quejosa, deviene inconcuso que procedía en su contra dicho medio de impugnación, por tratarse de una cuestión de mero trámite. De manera que, la peticionario sí estaba en aptitud de interponer en forma oportuna dicho medio de impugnación, en virtud de ser la parte que interpuso el recurso a que alude el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y además existe la certeza de tal medio defensivo, según quedó precisado en el párrafo que antecede; además, no se está en algún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Aunado a que, como ya se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación del afectado de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance, aparte de que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causal de improcedencia antes invocada. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 35/2020 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760, Décima Época, Materia Penal, con registro digital 2022001, del rublo siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Así como la tesis I.8º.P.25 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada el viernes 12 de julio de dos mil diecinueve, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2020293, la cual se comparte, que señala: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado se ubica en alguna de las excepciones previstas en la propia fracción de ese precepto. Por su parte, del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial; además, conforme al diverso numeral 456 de este ordenamiento, las resoluciones judiciales sólo podrán ser recurridas por los medios y en los casos establecidos por el propio código. Ahora bien, como el acuerdo del Juez de control que determina que es improcedente convocar a la audiencia para la sustanciación del recurso previsto en el artículo 258 del código citado, es de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada, en su contra procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad. En efecto, dada la naturaleza de la determinación recurrida, ésta cuenta con los requisitos establecidos en el artículo citado para que en su contra proceda el recurso de revocación, pues es de mero trámite por no trascender al resultado y no afectar derechos sustantivos del quejoso. DESECHAMIENTO. En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR la demanda promovida por Verónica Betanzos Pérez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto, el escrito signado por Verónica Betanzos Pérez, por medio del cual pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda. Ahora bien, previo a acordar lo que conforme a derecho corresponda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado en día y hora hábil, debidamente identificada a fin de RATIFICAR y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SI LA FIRMA DEL ESCRITO DE CUENTA FUE PUESTA CON SU PUÑO Y LETRA, con las salvedades que implica, toda vez que a simple vista se aprecia que la firma de quien hoy promueve, no concuerda con la plasmada en el ocurso inicial de la demanda; apercibida que de no hacerlo dentro del término aludido, se tendrá por no presentado el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que a la letra dice: "RATIFICACIÓN DE FIRMA EN AMPARO.- Si la firma que calza una promoción, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo y existe duda acerca de la identidad del promovente, no debe rechazarse la promoción, sino ordenar que sea ratificada, previa la identificación del agraviado, en caso de no ser conocido por el personal del juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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