Veronica Bernardina Morales Hernández

Expediente 652/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 26 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
652/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • -
  • Veronica Bernardina Morales Hernández
  • - y Otros.
  • VERONICA BERNARDINA MORALES HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de setiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del expediente y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hicieran uso de ese derecho; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I). En sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil veintiuno (foja 102-116), por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado a **********, para el efecto que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente **********, en la que al resolver la reclamación interpuesta por el demandado **********, redujo la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente en dicho asunto por auto de veinticuatro de agosto del mismo año, del treinta y cinco al veintitrés por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el deudor alimentario, correspondiendo un veinte por ciento a la menor y el tres por ciento a su progenitora. 2. En su lugar, emitiera una nueva determinación en la que, con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a derecho proceda el referido recurso de reclamación, pero en la que se subsanen las deficiencias señaladas en el fallo protector, lo que implica que conforme al derecho humano de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, se resuelva de manera fundada y motivada. 3. En el entendido que en la nueva determinación que se emita deberá reiterar la decisión de dejar intocado el porcentaje de pensión alimenticia decretado a favor de la menor de iniciales **********. II) En proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno (foja 127), se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. III) Mediante oficio 4698/2021 (foja 133), recibido en este órgano jurisdiccional el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias con la resolución de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, con la cual pretendía dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 134-144). IV) En acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (foja 145) se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que al efecto hubieran hecho uso de ese derecho. V) Por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se determinó que las constancias con las cuales pretendía dar cumplimiento la autoridad responsable se encontraban incompletas, por lo que se requirió nuevamente para que remitiera copia certificada, completa, legible y ordenada de la resolución que había dictado el trece de agosto del presente año (foja 151). VI) Mediante oficio 4980/2021 recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable en cumplimiento al requerimiento señalado en el párrafo anterior, remitió la resolución completa de trece de agosto de dos mil veintiuno en cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 157-168). VII) Por proveído de uno de septiembre del año en curso se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CABALMENTE CUMPLIDA. Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, realizó lo siguiente: Mediante resolución de trece de agosto de dos mil veintiuno (fojas 157-168) dejó insubsistente la diversa de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente **********, en la que al resolver la reclamación interpuesta por el demandado **********, redujo la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente en dicho asunto por auto de veinticuatro de agosto del mismo año, del treinta y cinco al veintitrés por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el deudor alimentario, correspondiendo un veinte por ciento a la menor y el tres por ciento a su progenitora. Asimismo, emitió una nueva resolución en la que resolvió de nueva cuenta el citado recurso de reclamación, y al respecto acordó lo siguiente: El recurrente, aquí tercero interesado, manifestó que la medida fijada de manera provisional en cuanto a la pensión alimenticia a favor de la parte actora, aquí quejosa, era ilegal, improcedente, arbitraria y fraudulenta, ya que ésta confesó que percibe un sueldo quincenal de aproximadamente $********** (**********), como trabajadora de la empresa denominada **********; lo cual constituye una confesión que conforme al artículo 320 del Código Procesal Civil, hace prueba plena, evidenciando que no requiere de alimentos. Asimismo, refirió de manera aislada que queda sin recursos para cubrir la renta de donde habita, ropa, calzado, transporte, servicios, entre otros, sin embargo, considerando lo estipulado en el artículo 228 del Código Civil del Estado, el reo debe probar sus excepciones, circunstancia que no sucede en su escrito de reclamación, ya que no ofrece prueba alguna para acreditar lo dicho, quedando el argumento solo en afirmaciones. Por otra parte, se encuentra comprobado el parentesco que une al deudor alimentario como progenitor de la menor de identidad resguardada, con el acta de nacimiento número ********** de fecha veinticinco de junio de dos mil diecisiete, documental que tiene pleno valor, de la que se advierte que en la actualidad cuenta con ********** meses de edad. También que, ********** no acreditó el estado de necesidad en el que se pudiera encontrar, ya que la misma es clara en decir que desde su relación de concubinato labora, lo que a la fecha de presentación de su demanda continúa realizando, y que es la única persona que labora de su hogar; resultando preponderante el derecho que le corresponde a las acreedoras y el que le compete al reo, sin dejar de observar que ambas partes tiene derecho y obligación de disfrutar, satisfacer o cubrir los rubros que comprende el concepto de alimentos, considerando la hipótesis prevista en el artículo 242 del Código Sustantivo Civil, esto es, la posibilidad del que debe dar los alimentos y la necesidad del que debe recibirlos. La parte actora, aquí quejosa, exhibió los recibos de pago de los gastos que eroga, siendo estos: colegiatura mensual en el Centro Escolar **********, al que asiste la menor de iniciales **********, por la cantidad de $********** (**********) y $********** (**********) y $********** (**********); la cantidad de $********** (**********) por mensualidad en ********** al que asiste la menor; $********** (**********) de la división del recibo de consumo de energía eléctrica, ya que el mismo es bimestral, y $********** (********** pesos) por consumo de agua potable (aclarándose que dicha cantidad es así porque se desprende tiene adeudos anteriores, desconociendo la causa del mismo), siendo los anteriores los gastos fijos mensuales por la suma de $********** (********** pesos). El juez responsable consideró como pagos anuales comprobados los siguientes: compra de uniformes por la cantidad de $********** (**********), y pago de inscripción al ciclo escolar ********** por la cantidad de $********** (**********), dando una suma de $********** (********** pesos); y como gastos esporádicos o eventuales los relacionados a: consulta médica realizada en dos ocasiones (seis de noviembre de dos mil veinte y doce de marzo de dos mil veinte), por las cuales pagó $********** (**********) y $********** (**********), respectivamente, la compra de ropa y juguetes el veintinueve de febrero de dos mil veinte por la cantidad de $********** (********** pesos), dando un total de $********** (********** pesos), los cuales se advierten de las documentales que exhibió, con valor probatorio en términos de los artículos 235, 266 y 333 del Código de Procedimiento Civiles; medios de convicción que concluyen que si la parte actora obtiene como ingreso la cantidad de $********** (********** pesos) mensuales, y sus gastos fijos son por $********** (********** pesos), relativos a la mensualidad de su menor hija, mensualidad de las clases de **********, mitad de consumo de energía eléctrica y pago de consumo de agua potable, le restarían la cantidad de $********** (**********), los cuales se consideran suficientes para que pueda cubrir sus necesidades propias para su subsistencia. Por lo tanto, resultó procedente disminuir la medida inicial, pues la misma no violenta el principio de equidad que consagra la Ley en el artículo 242 del Código Civil del Estado, ya que el demandado, aquí quejoso, no acredita que el porcentaje decretado para la pensión provisional fijada a favor de su menor hija lo deje en estado de insolvencia, sino únicamente por la decretada para su ex concubina. Por cuanto hace a la posibilidad del demandando de otorgar alimentos, se considera que es una persona de ********** años de edad, que acredita su salario como empleado de la **********, por la cantidad de $********** (********** pesos) quincenales, menos deducciones, recibiendo $********** (********** pesos), cantidad sobre la cual recae el descuento relativo al pago de pensión alimenticia provisional; considerando también las necesidades básicas que debe cubrir con el remanente de sus ingresos y poder subsistir diariamente. De ahí que se deben considerar las posibilidades del deudor con el objeto de proteger su subsistencia y no solamente la de sus acreedores. Se abundó respecto a la posibilidad económica del reclamante, que del sueldo mensual de $********** (********** pesos), menos deducciones, le restan $**********, y si se disminuye el veintitrés por ciento de pensión alimenticia, quedaría en $********** (**********) con lo que tendría que cubrir sus necesidades más apremiantes, como son comidas, traslados y gastos del lugar donde habita. Por lo que el 77% (setenta y siete por ciento) que resta de su salario debe ser suficiente para solventar sus necesidades personales, dado que hasta este momento no hay prueba de lo contrario, y en caso de decretar uno mayor sin los elementos probatorios requeridos podría resultar en cantidad superior a quien produce los ingresos, lo que sería en clara desventaja para dicho obligado, imponiéndole cargas que podrían rebasar su capacidad. Finalmente, con lo establecido en el artículo 242 del Código Civil del Estado, se estimó justo y equitativo reducir la pensión alimenticia provisional fijada por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, consistente en el treinta y cinco por ciento al veintitrés por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado, aquí tercero interesado, reducción que se hace únicamente por cuanto hace a la acreedora **********, del quince por ciento al tres por ciento, dejándose firme el veinte por ciento fijado a favor de la menor de iniciales **********. En ese contexto, se considera que el juez responsable atendió los lineamientos indicados en la sentencia amparadora, pues dejó sin efectos la resolución reclamada, y dictó una nueva en la que subsanó los vicios formales destacados en el fallo amparador. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo, carece de relevancia documental y no obran documentos originales. DEPURACIÓN En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvase a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, las copias certificadas las cuales remitió en apoyo a su informe justificado y que obran en un tomo por separado; en virtud que ya no resultan necesarias por haberse dictado la sentencia correspondiente en este juicio. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del juicio de amparo 652/2020 del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que en esta fecha se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ordenándose el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívese este incidente de suspensión como concluido. ARCHIVO En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso a) del aludido Acuerdo General, debido a que se concedió la suspensión solicitada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni billetes pendientes de devolver y que carece de relevancia documental. DEPURACIÓN Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones en las que se haya otorgado la suspensión o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además, deberá formularse el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE De Igual forma, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General en mención, se decreta que el duplicado del incidente carece de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo, así como la fecha del presente acuerdo de archivo. Por lo anterior, dicho expediente judicial es susceptible de destrucción, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio mediante el cual la autoridad responsable remite copia certificada de la resolución con la que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que por escrito y dentro del término de tres días, computado legalmente, manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidas que, de no hacerlo, este juzgado resolverá respecto del cumplimiento dado al fallo protector, con base en los documentos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Se instruye al actuario adscrito para que al momento de la notificación de este proveído entregue a las partes copia autorizada de la resolución que remitió la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Principal

    Debido a que la parte tercero interesado ************, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio mediante el cual la autoridad responsable remite copia certificada de la resolución con la que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que por escrito y dentro del término de tres días, computado legalmente, manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidas que, de no hacerlo, este juzgado resolverá respecto del cumplimiento dado al fallo protector, con base en los documentos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Se instruye al actuario adscrito para que al momento de la notificación de este proveído entregue a las partes copia autorizada de la resolución que remitió la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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